José Bogas (Endesa) defiende que la industria española avance en el hidrógeno verde

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El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha defendido este jueves que la industria española tendría que tomar posiciones en actividades, como el hidrógeno verde, «que abarcan, crean y abren mundos tecnológicamente distintos».

Lo ha dicho en una conferencia durante la 31 Trobada Empresarial al Pirineu, que, bajo el título ‘Reiniciem l’economia’, tiene lugar de forma telemática durante la tarde de este jueves, después de posponerse la edición presencial inicialmente prevista para los días 11 y 12 de junio debido a la pandemia de coronavirus.

«Deberíamos tratar de que, en toda la cadena de valor, la industria española se sitúe allí. Lo hicimos en la energía eólica y creo que hay grandes empresas españolas eólicas. No lo hicimos lamentablemente en la energía solar», ha dicho.

Bogas ha defendido que, ahora que van a tratar de entrar al hidrógeno, se deberían generar inversiones y la oportunidad de que haya empresas que sean capaces de participar en toda la cadena de valor, y que «se quede tecnológicamente esto en España».

«Es fundamental porque hay muchas de las actividades que no se pueden remplazar por suministro eléctrico. Lo que hay que reemplazar es combustible por hidrógeno», ha añadido.

Considera que estas inversiones fomentarían el crecimiento del PIB y del empleo y repercutirían positivamente en la pequeña y mediana empresa, aunque ha lamentado que el gran peso de las pymes en la economía dificultará la recuperación, entre otros factores, como el endeudamiento, sobre todo el privado.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Para Bogas, esto lleva a un modelo de colaboración público-privada, en alianza con empresas que, como Endesa, «tienen la capacidad de invertir», y es optimista al respecto porque cree que su sector en general y Endesa en particular serán importantes vectores de crecimiento y generación de empleo.

Tenemos que hacer una colaboración sabiendo cuáles son los objetivos y teniendo, tanto el Gobierno como las empresas, la flexibilidad necesaria para adaptarnos en cada momento. Hay que colaborar entre ambos y creo que lo estamos haciendo», ha añadido.

Bogas ha insistido en la rebaja del precio de la electricidad para que ésta pueda consumirse más eficientemente y en mayor cantidad, y ha advertido de que, si se cree que el sector eléctrico es un vector esencial en la descarbonización, hay que incentivar el uso de la electricidad bajando su coste.

Ha sostenido que el papel de la compañía en la reactivación económica tendría que ser fundamental pero ha advertido de que lo será aún más si hay la colaboración que permita facilitar e incentivar que se pueda liberar el potencial inversor.

«La colaboración público-privada es necesaria, funciona y es más importante que cualquier otra herramienta», ha defendido.

Bogas ha insistido en que la electrificación de la sociedad va a ser el mejor camino hacia la recuperación y el futuro sostenible, con el horizonte en la transición digital y energética.

Sobre los fondos europeos, ha dicho que recibirlos no será una tarea fácil y que será necesario desplegar una estrategia integral «de país» y coordinada que facilite la identificación de propuestas de inversión de la mano de empresas tractoras.

Ubisoft, beneficiada por confinamientos, multiplica sus ganancias hasta 21 M€

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La productora y editora francesa de videojuegos Ubisoft registró un beneficio de 21,1 millones de euros en el primer semestre de su año fiscal, finalizado en septiembre, lo que supone multiplicar por 24 las ganancias de 900.000 euros que contabilizó en el mismo periodo del ejercicio anterior, según se desprende de las cuentas publicadas este jueves por la compañía.

«La industria de los videojuegos se está beneficiando de un buen momento. Es por mucho el segmento de entretenimiento de más rápido crecimiento y está generando interacciones sociales e implicación de los consumidores sin precedentes», ha explicado el cofundador y consejero delegado de la empresa, Yves Guillemot.

Los ingresos entre abril y septiembre fueron de 757 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del año pasado. De esa cifra, 655,4 millones de euros procedieron de la venta de productos digitales, un 22% más que hace un año. A su vez, de la facturación digital, hasta 371,7 millones procedieron de ingresos recurrentes (suscripciones, publicidad, o contenido descargable).

Los costes asociados a las ventas se situaron en 101,9 millones de euros, un 5,4% más, al tiempo que los costes de desarrollo alcanzaron los 282,2 millones de euros, un 8,3% menos, y los de marketing se contrajeron un 5%, hasta 180 millones de euros. Los gastos generales y administrativos experimentaron un incremento del 18,9%, hasta 108,2 millones de euros.

Los PGE regarán la línea de AVE en Extremadura con 335 millones

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 recoge que la línea de Alta Velocidad en Extremadura contará con 335 millones de euros y el tren convencional con 41,8 millones de inversión, mientras que en materia de carreteras se dedican 31,2 millones de euros y obras concretas como la variante de Zafra en la carretera N-432 o el tramo de la autovía extremeña A-58 entre la A-66 y el río Ayéela en Cáceres.

Así se recoge en el proyecto de PGE, que han sido presentado por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, en una rueda de prensa en la tarde de este jueves en la que ha destacado que recoge las inversiones que Extremadura «necesita en este momento, priorizando aquellas de mayor importancia para la Comunidad Autónoma».

Para la delegada, son unos presupuestos «reales», en los que «cuando se identifican cada una de las obras son obras que se van a llevar a cabo porque los proyectos que se tienen sobre las mismas o están en situación de licitarse o están en situación de redactarse o de aprobarse», de manera que «no se plantean como folletos de una inmobiliaria».

En algunos casos, ha continuado, se pueden ver cuantías que disminuyen con relación a otros presupuestos en determinadas obras, lo cual «no significa» que la obra no se vaya a hacer «sino que se adecua lo que se va a hacer el año que viene con el importe que se va a gastar en esa inversión« porque «de nada valía» que determinadas actuaciones contaran con presupuestos «muy altos para un año concreto si después ni siquiera estaban elaborados los proyectos», como en la duplicación de la carretera de Sevilla a la salida de Badajoz que «ya va a ser una realidad.

En concreto y en materia de ferrocarril, la inversión en este sentido en la Comunidad Autónoma de Extremadura asciende a 311,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 15 por ciento frente al año anterior y al que, adicionalmente, la delegada ha agregado que el Ministerio destinará 20,9 millones en 2021 para la financiación de los servicios ferroviarios declarados Obligación de Servicio Público en Extremadura.

Sobre esto último, ha explicado que la Administración General del Estado subvenciona más del 86 por ciento del precio del billete de sus servicios declarados Obligación de Servicio Público en la comunidad extremeña.

En cuanto al corredor Extremadura-Madrid de Alta Velocidad, ha detallado que Adif continuará con la ejecución de los proyectos y obras de los tramos de alta velocidad entre Madrid y Extremadura con una dotación total para nueva línea en 2021 de 250 millones de euros; que contempla la dotación necesaria para las obras del tramo Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz que «estará para finalizarse con los plazos previstos», a la vez que continuarán las obras entre Navalmoral y Plasencia en un tramo que «también está muy avanzado».

Se incluye además dotación para de la instalación del bloqueo de liberación automática (BLAU) Illescas-Navalmoral con una consignación total para 2021 de 6,1 millones de euros, de los que en Cáceres corresponden 1,3 millones de euros; y se continúa con el estudio informativo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo Madrid-Oropesa, que «prácticamente está finalizado» y que, como ha apuntillado García Seco, «ha retrasado más esta infraestructura puesto que no ha podido todavía licitarse las obras al no contar con el mismo».

Para la delegada del Gobierno, el Corredor Atlántico es «importante», como también lo es la dotación, dentro de las inversiones en ferrocarril, de 43,8 millones de euros para la línea Mérida-Puertollano que en la provincia de Badajoz suponen 34,6 millones de euros; a la vez que se destina una dotación de 23 millones para la renovación de vía de las líneas Huelva-Zafra y Mérida-Los Rosales que, en Badajoz, contarán con 11,7 millones de euros.

Ha agregado igualmente que el presupuesto de Renfe contempla una dotación total de 4,7 millones de euros para la realización de inversiones en talleres, mejora y adquisición de material rodante, «grandes reparaciones» por 2,9 millones, así como mejora de accesibilidad en trenes o seguridad en la circulación. Además, se continuará colaborando en el desarrollo de las plataformas logísticas de Badajoz, Mérida y Navalmoral, con una inversión de 5,63 millones de euros.

INVERSIONES EN CARRETERAS

En su intervención, Yolanda García Seco ha hecho hincapié en que, en materia de carreteras, se «adaptan de forma exacta y coherente» los presupuestos al avance de las distintas infraestructuras; y ha puesto en valor que estos PGE «van a sentar las bases para las infraestructuras del futuro en materia de carreteras», dado que se ha trabajado «mucho en pelear por tener un tren digno» en la región pero «no» se pueden «olvidar algunas demandas que también se han quedado en saco roto en los últimos años» con proyectos «muy ilusionantes» que «se paralizaban totalmente».

Así, ha resaltado que en el proyecto de presupuestos se recogen 31,2 millones de euros en inversiones para carreteras en Extremadura, y que, adicionalmente y a través del capítulo VII, se incluye una partida de 200.000 euros para el convenio con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia con el objeto de adecuar la Avenida de Martín Palomino y de España.

En cuanto a obras concretas, los presupuestos destinan una partida de 4 millones de euros para la variante de Zafra en la carretera N-432 y otra partida de 4 millones para la licitación del «primer tramo importante» de la nueva autovía extremeña, la A-58, entre la Ruta de la Plata A-66 y el río Ayéela, en Cáceres.

Sobre esta última, ha apuntado que «esa primera licitación es la conversión en autovía de la carretera de Cáceres a Badajoz» y que «en un tiempo récord se ha conseguido algo que era una petición de los extremeños muy antigua». «Va a ser una realidad, por fin vamos a tener una autovía Cáceres-Badajoz», ha recalcado.

En el apartado de estudios y proyectos, los presupuestos contemplan las partidas «necesarias» para las futuras actuaciones en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura, que permitirán avanzar en la redacción de los estudios informativos de la autovía A-43 Mérida-Ciudad Real, de la Autovía A-81 Badajoz-Espinel, de la Autovía A-83 Huelva-Zafra o el acondicionamiento de la N-502 entre Talavera de la Reina y Almadén, en la provincia pacense.

También se incluye proseguir con el proyecto del enlace de Almendralejo Sur en la A-66 y el proyecto de duplicación de la N-432 en Badajoz; iniciar los trámites para la licitación de la variante de Malpartida de Cáceres; seguir trabajando en el estudio informativo de la Ronda Sur de Cáceres (conexión A-58 con A-66) y avanzar con el proyecto del nuevo puente en Cabezuela del Valle en la N-110, una vez superada la tramitación ambiental.

Para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial de la Red de Carreteras del Estado en Extremadura, se incluye una partida de 21,2 millones de euros en estas cuentas que destinan 1,2 millones de euros en actuaciones de rehabilitación arquitectónica y, en concreto, en las obras en el Teatro Cine María Luisa de Mérida por 569.000 euros; la Alcazaba árabe de Badajoz por 10.000 euros y pendiente del proyecto del ayuntamiento; el Museo de los pueblos de colonización de Valdelacalzada por 627.000 euros o una actuación en Granadilla por 10.000 euros.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 recoge por su parte una partida para Extremadura de 11,16 millones de euros, mientras que, en Cultura, García Seco ha destacado 1,2 millones de euros para la climatización del Museo Nacional de Arte Romano y otras partidas destinadas al inicio de la rehabilitación del Museo de Cáceres y la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, o la concesión de beneficios fiscales al evento ‘Año Santo Guadalupense 2021’, que «tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público».

Los agricultores asumen los sobrecostes de las medidas sanitarias

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Los agricultores están asumiendo los sobrecostes de aplicar todas las medidas sanitarias en el campo con el objetivo de no trasladarlos al precio final del producto. Así lo constata un análisis realizado por Fundación Ingenio que agrupa a más de 10.000 agricultores, empresas, cooperativas y explotaciones familiares del Campo de Cartagena.

En muchos casos se trata del 100% de los sobrecostes, pero alertan de que es una situación «insostenible en el tiempo» por el «fuerte impacto» que ha generado en el campo y «la pérdida de productividad», según informaron fuentes de la Fundación en un comunicado.

Por ello, los agricultores solicitan ayuda a las administraciones para hacer frente a estos gastos adicionales. «No queremos que repercuta en el precio final, pero no podemos solos», reconoce la dueña de una pequeña explotación agraria familiar. «Si no se toman medidas, el año que viene los precios pueden subir hasta un 50% y eso sí repercutirá en el consumidor final», añade otro agricultor.

En algunos casos estos sobrecostes ascienden a más del 30% del precio de producción. «En la última campaña de marzo a noviembre, las medidas adoptadas representan 35.000 euros extra», señala el propietario de una de las cooperativas. Otras empresas suben esa horquilla de gastos adicionales hasta los 100.000 euros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD VOLÁTILES

Los agricultores han asumido «plenamente» todas las medidas de seguridad sanitaria y los protocolos de lucha contra la Covid-19, aunque lamentan la «volatilidad» de algunas de las medidas exigidas por las autoridades. «Varían de un día a otro», reconocen. Incluso fueron de los primeros en adoptar medidas de protección, «antes incluso de que fueran obligatorias», señalan varias cooperativas.

Además, como sector estratégico han redoblado esfuerzos para mantener la actividad y surtir de alimentos a la población durante los meses más duros de confinamiento y de cara a las previsibles restricciones de esta segunda ola. «Somos un sector esencial, hemos adoptado todas las medidas sanitarias necesarias para que nuestros productos sean de la máxima seguridad y seguiremos haciéndolo», asegura otro propietario.

Reparto de mascarillas y guantes entre los trabajadores, dispensadores de gel hidroalcohólico, colocación de mamparas de seguridad, duplicar puestos o realización de pruebas serológicas y PCRs a los trabajadores son algunas de las medidas adoptadas.

«Ante un positivo es necesario testear a todo el personal y como las pruebas tardan tanto tiempo en tener los resultados, nos vemos obligados a contratar más personal o acudir a centros privados para no paralizar la producción», explica la propietaria de una cooperativa.

También han tenido que realizar otras actuaciones como la readecuación de instalaciones, aumento de medidas de desinfección en almacenes y locales, reestructurar espacios para que los trabajadores mantengan la distancia de seguridad o implementar charlas de capacitación al personal para asegurar la correcta implementación de todas las medidas.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana eleva sus cuentas un 53%

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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reivindicado la vivienda como «política clave» y la reorientación de las políticas del transporte en las partidas de su departamento en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021, que ascienden un 53%, hasta los 16.664 millones de euros.

En la presentación de las nuevas cuentas, en un acto celebrado en la sede de su Ministerio en Madrid y retransmitido telemáticamente, Ábalos ha destacado esta cifra como «un cambio radical de tendencia» en el que la inversión alcanza, ha asegurado, «el nivel más alto de los últimos diez años», con la que «se supera el viejo enfoque de la austeridad», sin necesidad de aplicar recortes de gasto, y se utiliza la inversión como forma de impulsar la actividad y acelerar la recuperación.

CASI 5.000 MILLONES DEL FONDO DE RECUPERACIÓN

Este departamento concentrará 4.982 millones de euros del Plan de Recuperación previsto por el Gobierno para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, de los cuales 1.651 millones irán a rehabilitación y renovación urbana y 1.177 millones a movilidad sostenible en entornos urbanos y metropolitanos, zonas de bajas emisiones y Cercanías.

En infraestructuras, 1.259 millones de euros de fondos europeos irán dirigidos a corredores europeos (Atlántico y Mediterráneo), 462 millones a la red Transeuropea de Transporte, 192 millones a intermodalidad y logística y otros 240 millones de euros se dirigirán a ayudas para la digitalización del transporte.

MULTIPLICA POR 5 LAS PARTIDAS DE VIVIENDA

En su presentación de las cuentas, Ábalos ha destacado que en sus Presupuestos «la política de vivienda se alza como política clave» para la recuperación económica, con la mayor dotación reservada de siempre, multiplicando por cinco su dotación, hasta los 2.252 millones de euros. Si en 2020 se preveían transferencias a comunidades y ayuntamientos, para el próximo año serán de 1.934 millones, a través de convenios y concurrencia competitiva.

En este Presupuesto se incluyen 1.150 millones para el programa de recuperación en entornos residenciales, para rehabilitación y edificación; 81 millones para actuaciones en sostenibilidad y digitalización de edificios de todos los niveles de la Administración; 30 millones para rehabilitación arquitectónica, 215 millones para el plan de vivienda para alquiler asequible; 354 millones para el plan de vivienda vigente y más de 20 millones para convenios locales en planes de agenda urbana.

SE DISPARA LA INVERSIÓN EN CERCANÍAS HASTA LOS 1.500 MILLONES

Respecto al Transporte, Ábalos ha reivindicado la reorientación de estas políticas, dirigidas en el caso del transporte ferroviario a la red convencional «abandonada durante muchos años» y al transporte metropolitano –«el Cercanías, el que más viajeros mueve y más críticas suscita», ha dicho– y también las conexiones portuarias, cuya situación ha tildado de «lamentable».

Así, ha asegurado una dotación récord para Cercanías, que aumenta un 160% con 1.500 millones de euros y las obligaciones de Servicio Público de Renfe; ayudas por 410 millones para la transformación de las flotas de autobuses y 5 millones para iniciar la Estrategia Estatal de la Bicicleta.

«Apostamos por ciudades con mejor transporte público y por medios saludables y menos dependientes del vehículo privado», ha aseverado Ábalos, destacando que por primera vez Transportes asumirá las subvenciones a consorcios metropolitanos, reservándose hasta 373 millones.

Asimismo, ha explicado la previsión también de 345 millones para actuaciones en Zonas de Bajas Emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes, dirigiendo estos fondos a proyectos a través de concurrencia competitiva de comunidades y ayuntamientos para peatonalizaciones, carriles bici, carriles bus, gestión digital de la movilidad, o aparcamientos disuasorios.

EL FERROCARRIL, EL 42% DE TODA LA INVERSIÓN

En el caso de la red de alta velocidad, ha señalado que la prioridad pasa por completar los comprometidos corredores Atlántico y Mediterráneo, a los que se dirigen buena parte de los fondos europeos que llegarán al Ministerio.

La inversión en el ferrocarril recibe 1.567 millones de euros más que en 2020, un 36% más, representando el 42% del total de la inversión del Ministerio, con el crecimiento del presupuesto de Adif Convencional y de Renfe. Además de la inversión en Cercanías, se reservan 4.370 millones para el conjunto de la Red Transeuropea y para actuaciones de intermodalidad y logística.

CARRETERAS, TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

En Carreteras, el Presupuesto aumenta hasta llegar a los 2.340 millones, dirigiendo 1.240 millones a dotaciones de conservación de la red del Estado, un 58% más que lo previsto en 2020.

Se aumentan también las dotaciones para el transporte marítimo y el sistema portuario, donde se prevén 1.141 millones en las que se incluyen transferencias a Salvamento Marítimo por más de 130 millones, mejoras en los accesos terrestres a los Puertos y promoción de tecnologías y alternativas en su red.

Por su parte, el transporte Aéreo cuenta con un presupuesto de 1.063 millones, con la previsión de Aena de invertir 923 millones para incrementar la calidad de servicio, seguridad operacional, compromisos medioambientales y optimizar la capacidad, cumpliendo así con el DORA, mientras que Enaire contempla 126 millones para los requerimientos del Cielo Único Europeo.

BONIFICACIONES AL TRANSPORTE

Ábalos también ha detallado que se contemplan en las cuentas ayudas tradicionales para el sector y para los usuarios como son las OSPs ferroviarias (1.205 millones), 24 millones para familias numerosas y 104 millones para bonificaciones a viajeros y mercancías en autopistas de peaje.

Asimismo, aumentan un 54%, hasta 911 millones, las ayudas para el transporte extrapeninsular, dando así respaldo presupuestario a las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo del 75% de los residentes de los territorios extra peninsulares, partida que, ha asegurado Ábalos, «no estaba considerada en los presupuestos heredados de 2018».

Finalmente, también se incorporan nuevas ayudas con la financiación europea por valor de 240 millones para la digitalización de empresas, renovación parque móvil de mercancías (vagones, locomotoras, camiones), tecnologías y energías alternativas en los sectores ferroviario y marítimo, innovación en el transporte de mercancías, en definitiva ayudas que irán directamente a las empresas del transporte.

La OCDE se compromete de nuevo a acordar el impuesto digital en 2021

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha vuelto a mostrar su compromiso de llegar a un acuerdo sobre la fiscalidad de los gigantes digitales para mediados de 2021, al tiempo que ya subrayado que es necesario no retirar los estímulos económicos antes de tiempo.

En la declaración conjunta emitida al término de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, que se reúne con carácter anual, los países miembros del organismo han explicado que sus «prioridades» son reactivar las economías, apoyar los empleos, promover el desarrollo de energías limpias e incentivar las infraestructuras de calidad y sostenibles.

Los países se han comprometido a llegar a una solución «basada en consensos» sobre la fisicalidad de empresas digitales para mediados de 2021, aceptado así el calendario propuesto por la organización a mediados de mes.

«Asegurar la sostenibilidad de la deuda debería ser tomado en consideración en todo momento, pero empezar la consolidación fiscal demasiado pronto podría poner en peligro la recuperación», han alertado los países firmantes de la declaración.

Además, han destacado que la pandemia ha puesto de manifiesto la «necesidad» de una cooperación internacional «fuerte», así como de instituciones multilaterales «transparentes y efectivas.

«Reconocemos la importancia de la cooperación internacional con los países en desarrollo, incluyendo a través de ayuda al desarrollo oficinal y más acciones que puedan ser necesarias para mitigar el impacto de la pandemia», han asegurado los países.

Lingotes Especiales reduce a la mitad su beneficio hasta septiembre, con 4,5 millones

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El fabricantes español de piezas de hierro para el sector automovilístico Lingotes Especiales registró un beneficio antes de impuestos de 4,5 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 48% en comparación con los 8,67 millones que ganó en el mismo periodo de 2019.

Según datos de la compañía presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre enero y septiembre la facturación fue de 64,07 millones de euros, un 25% menos que los 85,4 millones que ingresó entre enero y septiembre del ejercicio anterior.

De este total, 11,5 millones provienen de ventas realizas en España, mientras que la firma exportó piezas por valor de 52,57 millones de euros. Así, el resultado de explotación (Ebitda) de Lingotes Especiales fue de 9,02 millones de euros, un 31% menos.

«La excepcional situación que provocó la paralización del sector en prácticamente el mundo entero fue de tal calado que no permite hacer comparación con ningún periodo anterior, ni siquiera con las grandes crisis como la que se produjo en 2008 y 2009», ha lamentado la compañía.

Por ello, ha señalado que la mejora de los resultados en el último trimestre es un «muy buen dato», teniendo en cuenta que entre julio y septiembre la empresa facturó «prácticamente la misma cifra» que en los mismo meses de 2019 y espera una evolución similar de cara al cuarto trimestre.

El Supremo obliga al Estado a pagar 1.350 millones a Santander, CaixaBank y Bankia por el caso Castor

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El Tribunal Supremo ha estimado, en parte, el recurso presentado por las entidades financieras Santander, CaixaBank y Bankia contra el Estado al que reclamaban una indemnización por daños y perjuicios y condena al Estado a abonarles 1.350 millones de euros, cantidades que, en distinto porcentaje, habían pagado para adquirir el derecho de cobro de la indemnización.

Estas entidades financieras adelantaron en su día el dinero de la indemnización a Escal-UGS por la cancelación de las operaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado a 21 kilómetros frente a la costa de Vinaroz (Castellón).

Se trataba de una explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural que formaba parte de la planificación obligatoria que fijaba la Ley de Hidrocarburos de 1998, cuyo fin era abastecer al sistema gasista español y tendría una duración de 30 años, más dos periodos prorrogables de diez años cada uno.

La Administración central reconocía a Escal-UGS el derecho en exclusiva a desarrollar, construir y operar las mencionadas instalaciones, que debía tener listas en aproximadamente 38 meses, para después acometer el llenado del almacén.

La primera fase terminó en 2012 y el 5 de julio de ese año se puso en funcionamiento, de modo que se habilitaba a la concesionaria a inyectar el gas colchón, lo que generó el derecho a la retribución pactada en el título concesional. Aquella inyección de gas se acometió en tres fases, hasta que en la última de ellas, durante los meses de julio a septiembre de 2013 comenzaron a detectarse movimientos sísmicos que generaron en la zona una gran alarma social y que motivaron que el 26 de septiembre de aquel año se suspendieran las operaciones.

Ante la paralización, un año más tarde, en julio de 2014 Escal solicitó el derecho a ejercer la renuncia anticipada de la concesión y que se le reconociera una compensación por las inversiones realizadas que se fijaron en 1.350.729.000 euros.

SANTANDER PERCIBIRÁ MÁS DE 688 MILLONES

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha acordado así a acceder a la indemnización «del total de la deuda» reconocida en favor de las entidades Banco Santander, que percibirá el 50,94 por ciento (más de 688 millones); CaixaBank, el 34,05 por ciento (casi 460 millones) y Bankia el 15 por ciento (algo más de 202 millones).

Además, de estas cantidades las entidades percibirán el interés legal desde que interpusieron en 2018 para reclamar daños y perjuicios producidos con ocasión de la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos del Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes sobre el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Asimismo, anula esta resolución porque considera el Supremo que no está ajustada al ordenamiento jurídico. Si bien, no condena en costas al Estado.

Del mismo modo, el fallo impugna la desestimación por silencio del Consejo de Ministros ante la reclamación de daños y perjuicios ocasionados a los tres bancos, porque había pagado a Enagas los 1.350.729.000 euros por la adquisición de un derecho de cobro que Escal-UGS tenía constituida.

Ese derecho de cobro en favor del sistema gasista tenía un plazo de 30 años por la indemnización que, por ese mismo importe tuvo que pagarse por cuenta del Estado a la concesionaria del depósito de gas subterráneo Castor, una vez que el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones ante la serie sísmica que llegó a superar en alguna ocasión la magnitud 6 en la escala Ricther.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que la pretensión de la indemnización se basaba en la responsabilidad del Estado legislador, porque el derecho de cobro del sistema gasista del que eran titulares las entidades bancarias había sido constituido por el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre. Pero aquella norma fue declarada parcialmente inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre de 2017. De ese modo, la declaración de inconstitucionalidad declara la nulidad del derecho de cobro del que eran titulares los Bancos recurrentes.

Para el Supremo es «indudable» que cuando se declaró la inconstitucionalidad de esas medidas, los legítimos titulares del derecho de cobro eran los tres bancos recurrentes y, por tanto, deben ser considerados los perjudicados en esta exigencia de responsabilidad.

Por último, añade que es la ley la que directamente les hace acreedores del pagador, sin actividad administrativa o privada alguna. Del mismo modo, destaca el tribunal que los bancos son los que el mismo día en el administrado adquiere su condición y asume la obligación de pago a la originaria concesionaria, hacen ese importante pago.

Concluye también que el pacto del Real Decreto Ley «no fue a tres bandas, sino a cuatro», porque, según añade, no cabe ignorar que en realidad en ese pacto estaban incluidos los bancos, que hacían el pago de las instalaciones que pasaban a titularidad pública y en plazo más que perentorio.

Trabajadores de Alu Ibérica denuncian el «silencio» de la Xunta

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Trabajadores de la planta de Alu Ibérica en A Coruña se han concentrado ante dependencias de la Xunta para denunciar el «silencio» del Ejecutivo gallego ante la situación por la que atraviesa la planta y pedirle que ejerza sus «competencias» en materia industrial.

«Ya no quieren saber nada de nosotros», ha lamentado el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, en el marco de una protesta en el que los participantes han coreado lemas como ‘Conde, Feijóo, queremos soluciones’, en referencia al vicepresidente segundo y el presidente autonómico, respectivamente.

Corbacho ha incidido en que la Xunta «es parte de la solución». «Estaba ahí con ese acuerdo final para un plan industrial, sin ejecutar», ha remarcado. A ello, ha sumado los «presuntos delitos» que, según el comité, se podrían estar cometiendo ante los incumplimientos que, sostienen, hay en la factoría tras el proceso de venta.

«La clase política tiene que dar una solución con lo que pasa con el aluminio primario, se prometió un escenario de futuro viable», ha recordado. Por otra parte, ha dicho que no tienen información de la auditoría que, según ha explicado, se les dijo que la Xunta encargaría a sus servicios jurídicos sobre la situación de la planta.

Y en el día de esta nueva jornada de protestas de los trabajadores, con una movilización también convocada ante la fábrica, el grupo municipal de Marea Atlántica ha informado que ha propuesto a la Corporación coruñesa la lectura de una declaración institucional en el próximo pleno en apoyo a los cuadros de personal de las fábricas de Alu Ibérica, en A Coruña, y de Alcoa, en Cervo (Lugo).

En el texto, se solicita también la intervención de las factorías por parte del Estado y la investigación de la venta de las instalaciones de la fábrica coruñesa.

Viscofan gana 87,9 millones en los nueve primeros meses, un 21% más

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Viscofan ganó 87,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 21% en relación al mismo periodo de hace un año, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fabricante y comercializador de envolturas artificiales de celulosa, colágeno y plásticos para productos cárnicos elevó un 7,4% sus ventas en este periodo, hasta alcanzar los 671,9 millones de euros.

Viscofan ha señalado que en un entorno de «incertidumbre y volatilidad» debido al coronavirus, que ha afectado al comportamiento de los consumidores en todo el mundo, la demanda de envolturas ha tenido un comportamiento creciente a nivel global.

Por áreas geográficas, en Europa y Asia, que concentraron el 53,9% de la actividad de Viscofan, los ingresos crecieron un 3,7% frente al año pasado, mientras que en Norteamérica –donde genera el 31,5% de su cifra de negocio– y en Latinoamérica –que copa el 14,6%– ascendieron un 16,1% y un 4,1%, respectivamente.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en este periodo en los 169 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 18%, gracias a los mayores ingresos en un contexto de alta actividad productiva, las eficiencias productivas alcanzadas y los ahorros procedentes de la nueva tecnología de celulósica y fibrosa en España.

En los nueve primeros meses del año, la compañía ha invertido 27,2 millones de euros, un 26,8% menos que el mismo periodo del ejercicio precedente.

Por su parte, la deuda bancaria neta a cierre de septiembre de 2020 se sitúa en los 14,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 65,3% frente a los 42,5 millones de euros registrados en diciembre de 2019, mientras que la deuda financiera neta a cierre de septiembre baja a los 53,6 millones de euros.

El presidente de Viscofan, José Domingo de Ampuero y Osma, ha destacado el crecimiento de la compañía en este periodo. «Nuestros resultados financieros se sitúan por encima de las expectativas iniciales a pesar de contar con un escenario más adverso de lo previsto en las principales divisas comerciales», ha indicado.

Además se ha congratulado de haber podido «atender el incremento de la demanda». «Algo que ha sido posible gracias al aumento de la gama de productos en las diferentes tecnologías, la flexibilidad para adaptarnos al nuevo contexto mundial, la excelencia industrial en nuestros centros productivos, los ahorros generados en la nueva planta de celulósica y fibrosa en España, y al buen trabajo de todo el equipo humano», ha subrayado.

Sin embargo, ha lamentado que durante este periodo «desafortunadamente no todo ha sido positivo», ya que fallecieron dos personas en el incendio originado en la zona de oficinas de las instalaciones en Serbia el pasado mes de julio.

Ferrovial pierde 498 millones de euros hasta septiembre

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Ferrovial registró unas pérdidas de 498 millones de euros en los primeros nueve meses del año, ampliando en cerca de 400 millones los ‘números rojos’ registrados en el mismo periodo del año anterior, afectada principalmente por el descenso de los tráficos en el aeropuerto de Heathrow y en el de las carreteras, tras las restricciones a la movilidad aplicadas en gran parte del mundo para contener el avance del Covid-19.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el negocio de construcción logró compensar en parte este descenso, ya que sus ingresos se incrementaron un 14,2% en este mismo periodo, sobre todo en Estados Unidos y Polonia, a pesar de la situación creada por el Covid-19.

No obstante, las cifras de los nueve primeros meses del año incluyen esta vez el impacto de los aeropuertos, la provisión de 39 millones de euros por el programa de reestructuración corporativa y el resultado registrado en las actividades discontinuadas, así como la decisión judicial sobre Autema, todo ello afectando negativamente al resultado.

En concreto, el negocio de aeropuertos se vio fuertemente impactado por la pandemia, lo que desencadenó una reducción de los tráficos de Heathrow en un 68,9% en los nueves primeros meses del año y en un 73,1% en el caso de los aeropuertos de AGS.

Por su parte, los tráficos de la división de autopistas comenzaron a mostrar una recuperación, desde que en abril alcanzasen su punto más bajo, cuando se suavizaron las restricciones y se reabrió la economía.

En su conjunto, los ingresos del grupo presidido por Rafael del Pino ascendieron a 4.569 millones de euros hasta septiembre, un 11% superiores a los contabilizados un año atrás, mientras disparó su resultado bruto de explotación (Ebitda) hasta los 241 millones de euros, frente a los 20 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Excusas para cambiar de Comunidad Autónoma sin recibir una multa

El pasado domingo el Gobierno aprobaba una nueva declaración de Estado de Alarma en todo el territorio nacional para que las comunidades autónomas puedan contar con el sustento jurídico necesario para aplicar las medidas que convengan, según sea la situación epidemiológica de cada región. La idea es que se prolongue hasta el 9 de mayo de 2021, algo extraordinario que necesita el consenso del Congreso de los Diputados ya que el periodo estipulado para esta medida es de quince días. En esta ocasión el Estado de Alarma, al menos por el momento, no supondrá un confinamiento domiciliario como ocurrió entre los meses de marzo y junio, pero sí va a limitar la libertad de circulación y de movimiento, así como los aforos en establecimientos hosteleros y las reuniones sociales, tanto en lugares públicos como privados.

CIERRES PERIMETRALES

Una de las limitaciones que más preocupan a los ciudadanos son las derivadas de los cierres perimetrales de determinadas zonas, como es el caso de muchas Comunidades Autónomas que han decidido impedir la entrada y la salida de viajeros, para contener la oleada de contagios que sigue sumando nuevos casos positivos diariamente, a un ritmo alarmante. Si embargo existen excepciones a esta restricción, siempre y cuando estén debidamente justificadas y que están recogidas en el decreto del Estado de Alarma que se ha publicado en el BOE.

control policía

EXCUSAS PARA CAMBIAR DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

Durante el Estado de Alarma, podemos traspasar el perímetro de una comunidad autónoma a otra en los siguientes casos:

  • Para acudir centros o establecimientos sanitarios (hospital, centro de salud, farmacia).
  • Cumplir con obligaciones laborales.
  • Asistir a centros educativos, ya sea como estudiante, docente o cualquier otro cargo relacionado, incluyendo las escuelas de educación infantil.
  • Regreso al lugar de residencia habitual.
  • Asistencia y cuidado a personas vulnerables, niños, mayores, dependientes o con discapacidad.
  • Desplazamiento a gasolineras, para repostar, a sucursales bancarias o entidades de seguros.
  • Para requerimientos por parte de órganos notariales, judiciales o públicos.
  • Renovación de documentación oficial o trámites administrativos que no se puedan aplazar.
  • Exámenes o pruebas oficiales.
  • Por situación de necesidad o causa de fuerza mayor.
  • Cualquier otra actividad de similar naturaleza, debidamente justificada y acreditada

guardia civil estado de alarma

DESPLAZAMIENTOS ENTRE COMUNIDADES SIN CIERRE

El decreto de Estado de Alarma indica también que si una persona que reside en una Comunidad Autónoma sin cierre perimetral, desea desplazarse a otra CCAA en la misma situación, podrá hacerlo sin ningún inconveniente, incluso aunque tenga que cruzar varias regiones que sí estén confinadas, siempre y cuando pueda justificarlo a las autoridades. Estas restricciones, así como el levantamiento de las mismas, serán valoradas por los gobiernos regionales que también podrán establecer el periodo de tiempo durante el que se prolongarán las limitaciones. Por ejemplo las festividades nacionales son fechas complicadas en las que expresamente se busca incrementar la dureza de las medidas para impedir todo lo posible el tránsito de personas.

toque de queda

¿Y AL EXTRANJERO?

Si las regiones confinadas limitan con otro país, las fronteras internacionales no se encontrarán afectadas, aunque en el caso de tener que viajar, es necesario comunicarlo al Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el Real Decreto está especificado que «no estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito», lo que significa que atravesar un territorio no será ningún problema, siempre que el origen y el destino estén libres de restricciones, incluso si el destino es otro país.

cierre perimetral

 

 

 

 

Renfe cambiará o devolverá gratis los billetes ante las restricciones de movilidad

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Renfe facilitará la devolución o cambio de billete de forma gratuita a todos los viajeros que no tengan su desplazamiento adecuadamente justificado o no deseen viajar entre el 29 de octubre y el 20 de noviembre, ambos inclusive, ante los cierres perimetrales adoptados por gran parte de las comunidades autónomas de cara a los próximos puentes festivos.

La compañía ha informado de que esta medida es aplicable a cualquier billete para servicios Ave, Larga Distancia, Avant o Media Distancia Convencional, ante las medidas extraordinarias de restricción de movilidad que se están generalizando en todo el ámbito nacional.

De esta manera, los viajeros podrán optar por la devolución del importe íntegro del billete, sin gastos de anulación, o por un nuevo billete para otra fecha sin gastos de cambio.

Estas operaciones se podrán realizar, dentro del periodo de validez de los billetes, a través de los habituales canales de venta (www.renfe.com, taquillas de estaciones, agencias de viaje, etc.).

Para los clientes con títulos multiviaje de Ave y Larga Distancia adquiridos antes del 29 de octubre de 2020, Renfe procederá a una ampliación automática en 23 días de los plazos de validez y viaje para todos los abonos BonoAve y Bono Colaborativo en vigor.

Desde el pasado 3 de octubre en que comenzaron las restricciones a la movilidad en Madrid como consecuencia de la Covid-19, ampliadas progresivamente a otras comunidades autónomas y provincias españolas, Renfe ha devuelto más de 6 millones de euros a los viajeros que han tenido que anular sus billetes. En total, Renfe ha devuelto este mes más de 130.000 billetes, la mayor parte de ellos con origen o destino en Madrid.

De esta manera, Renfe reafirma su responsabilidad y compromiso con la sociedad a través de una política generalizada de cambios y anulaciones gratuitos y con devolución del importe íntegro de los billetes anulados a todos los viajeros.

Durante el estado de alarma aprobado en España desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio pasados, Renfe devolvió casi un millón de billetes a sus clientes, por un importe total de 38,5 millones de euros, en una operación sin precedentes por parte de la compañía.

El total acumulado en billetes reintegrados a los viajeros desde el inicio del confinamiento asciende a 45 millones de euros.

Las medidas que las autoridades sanitarias han establecido para viajar en España durante las diferentes fases de la pandemia, y las propias medidas adoptadas por Renfe antes, durante y después de embarcar a bordo de los trenes, están permitiendo que el transporte ferroviario se realice cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene, destaca la compañía.

Renfe ha recibido la certificación Aenor frente a la Covid-19 para el transporte de viajeros en los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Avant, y mantiene una estrecha coordinación con las autoridades sanitarias para evitar la transmisión del virus en los trenes.

Accionistas de Abengoa piden a la CNMV que ejerza de «arbitro» en la próxima junta extraordinaria

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Accionistas de Abengoa agrupados en la asociación AbengoaShares han anunciado este jueves que «en los últimos días han reclamado formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que supervise la junta general de accionistas extraordinaria, convocada para los días 16 y 17 de noviembre. «Confiamos en ganar y tememos que Urquijo se resista; por eso pedimos a la CNMV que actúe de árbitro», han afirmado los accionistas.

Los accionistas de AbengoaShares reclaman a la CNMV que asista presencialmente a la junta extraordinaria «para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas y el buen funcionamiento», han explicado en un comunicado.

AbengoaShares aduce como ejemplo de sus dudas sobre el funcionamiento de la junta extraordinaria «los errores con las tarjetas de voto remitidas por la mayor parte de los bancos, o el hecho de que los accionistas con acciones depositadas en el BBVA hayan empezado a recibir desde el miércoles misivas desde la empresa para que se piensen el voto en la JGE lo que demuestra el temor que tiene el actual consejo a dicho evento».

Sobre el nuevo plazo ofrecido por la compañía a la Junta de Andalucía, situado en el viernes 6 de noviembre, para que aporte los 20 millones que le anunció a la CNMV, AbengoaShares ha afirmado que «nadie se cree estas amenazas porque los acreedores tienen mucho más que perder si la empresa quiebra».

Los accionistas han sostenido que el 17 de noviembre «es más que probable que haya un cese del actual consejo y que el nuevo consejo anulará acuerdos y depurará responsabilidades».

AbengoaShares afirma que no descarta algún tipo de acercamiento o solución por el consejo de Abengoa en los próximos días, que permita solucionar el conflicto sin que el cese del actual consejo deba materializarse.

«AbengoaShares sigue esperando un acercamiento por parte de la empresa que permitiese desbloquear la situación, pero lamentablemente este no se ha producido», han argumentado.

Estamos multiplicando las conversaciones con altos profesionales para construir un equipo de gobierno a la altura de Abengoa, con el talento que merece y necesita la compañía», ha indicado la plataforma de accionistas de Abengoa.

AbengoaShares ha sostenido que la empresa ha perdido los tres últimos años de despegue de la fotovoltaica, por lo que recuerdan que Solaria «renació de sus cenizas mientras nosotros nos enfrascamos en EPC con márgenes bajos en algunos casos».

La plataforma de accionistas han reprochado al presidente de la compañía, Gonzalo Urquijo, su «deslealtad» al incumplir el mandato de la junta de accionistas de vender activos no estratégicos evitando la situación supuesta de ‘default’ técnico de la matriz, la cual ha atrapado a miles de accionistas que van a perder todos sus ahorros si el ‘plan Urquijo’ se materializa.

¿Cuáles serán las restricciones de los cementerios durante el puente?

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Ante la celebración este domingo del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, numerosas ciudades han impulsado una serie de medidas para evitar aglomeraciones en los cementerios, pero sin dejar el servicio de visitas. Así el Ayuntamiento de Valencia ha optado por restricciones de aforo y división por zonas. Concretamente, el Cementerio General de la ciudad estará compartimentado en cuatro áreas.

Banco de España constata que la banca resistiría a un escenario adverso de crisis

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El Banco de España ha constatado en su prueba de estrés que el conjunto del sector bancario español sería capaz de resistir el impacto de la crisis del Covid-19, en parte, gracias a las medidas de apoyo, si bien ha anticipado efectos negativos sobre sus ratios de solvencia.

La edición de otoño del Informe de Estabilidad Financiera alerta de que la segunda ola del coronavirus puede retrasar la recuperación económica e incrementar los riesgos derivados de la pandemia, entre los que sitúa la baja rentabilidad de las entidades bancarias y el potencial deterioro de su solvencia.

Los dos escenarios que utiliza el test de estrés del Banco de España son una caída del PIB del 1,6% para el periodo 2020-2022 (escenario base) y del 5,7% (escenario adverso), mientras que las entidades se dividen en tres grupos: las que están sujetas a la supervisión directa del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y que cuentan con una actividad internacional más significativa, el resto de entidades supervisadas directamente por el MUS y aquellas bajo supervisión directa del Banco de España (de menor tamaño y sin actividad internacional destacable).

El primer grupo de entidades, que parten de una ratio CET1 de 11,9%, experimentarían en 2022 una disminución de su ratio de 2 puntos bajo el escenario base (hasta 9,9%) y de 3,9 puntos en el escenario adverso (hasta 8%).

Por su parte, el resto de entidades bajo supervisión directa del MUS, que parte de una ratio CET1 del 13%, terminaría 2022 con una ratio del 12% en el escenario base (-1 pp) o del 8,4% en el escenario adverso (-4,6 pp).

Finalmente, las entidades bajo supervisión nacional directa, que parten de una ratio de 17,9%, ven aumentado su ratio en 0,8 puntos en el escenario base, hasta el 18,7%, y la reducen en 1,3 puntos en el adverso, hasta 16,6%.

Según ha explicado el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Ángel Estrada, este tercer grupo de entidades, que mejoran su posición de solvencia en el escenario base y obtienen la menor reducción en el escenario adverso, tienen un modelo de negocio más sencillo y conservador en cuanto a productos, con un mayor peso de préstamos hipotecarios y tenencia pública, así como un limitado alcance geográfico.

De su lado, el primer grupo puede permitirse partir de unos niveles de capital menores gracias a la diversificación de su negocio. «Tienen otras que les permiten absorber con menores pérdidas las perturbaciones que reciben. Es importante mirar los niveles de capital, pero también la capacidad de absorción de shocks de las entidades», ha apuntado.

A raíz de los resultados del test, el Banco de España concluye que el sector bancario español se muestra «capaz de resistir el elevado impacto económico de la crisis sanitaria, con el apoyo del efecto mitigador de las medidas implementadas por las autoridades económicas».

De hecho, el informe advierte de que una reducción o modificación de los programas de apoyo económico y financiero, así como la persistencia de los efectos negativos de la pandemia sobre la actividad económica, supondría un desafío adicional significativo a la solvencia del sector.

EFECTO DE LAS MEDIDAS MITIGADORAS

El Banco de España ha valorado que las medidas de respuesta a la crisis han permitido absorber el impacto inicial del shock, siendo necesario «evaluar detalladamente las medidas ya implementadas, manteniendo las que se hayan probado más eficaces mientras la recuperación no sea suficientemente autosostenida, y graduándolas para acompañar al crecimiento de la actividad».

Además, Estrada ha avisado de que el deterioro crediticio supondrá que la banca tenga que dotar más provisiones por el aumento de morosidad, lo que se reflejará en su cuenta de resultados.

La prueba de estrés se ha utilizado para estimar el impacto de las medidas de respuesta a la crisis implantadas por las autoridades económicas sobre la solvencia de los bancos españoles, como son los avales ICO, el nuevo programa TLTRO del BCE, el veto al dividendo, las moratorias de crédito o la reforma rápida de la normativa sobre requerimientos de capital.

La provisión de avales públicos al crédito empresarial tiene un impacto mitigador significativo sobre el consumo de capital del sector bancario, absorbiendo un 30,2% en un supuesto intermedio del escenario base y un 27,7% en el escenario adverso, lo que se traduce en una mejora de 1,5 puntos en la ratio CET1 en el primero y de 1,7 puntos en el segundo.

El veto a los dividendos y el nuevo programa TLTRO también tendrían un efecto positivo, pero menor que el de los avales. Bajo la hipótesis de que el programa del BCE se mantiene en vigor hasta 2022, se estima que el volumen de ingresos adicional implicaría una mejora de la ratio de CET1 de 0,37 puntos en el escenario base y de 0,38 puntos en el adverso, mientras que el la restricción al dividendo permitiría ganar entre 0,45 y 0,56 puntos de ratio CET1 en el escenario base y de entre 0,32 y 0,53 puntos en el adverso.

El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España ha resaltado durante la presentación del informe la importancia que ha tenido la recomendación de no pagar dividendos y ha recomendado «ser muy prudente» en este sentido, debido a la incertidumbre que todavía pesa sobre la economía. «Parece mucho más razonable acumular lo que podamos y, en caso de que las cosas vayan mejor de lo esperado, soltarlo», ha sostenido.

De su lado, las moratorias tendrían un efecto positivo a corto plazo sobre la solvencia, pero sería transitorio y no se incorpora en la ratio estimada por el Banco de España para 2022. De hecho, el organismo ve probable que, una vez termine el periodo de carencia, exista «un riesgo elevado de que dichos hogares pasen a una situación de dudosidad si no se ha normalizado la actividad económica», ya que son las familias más vulnerables las que han recurrido a esta medida.

FUSIONES, INSTRUMENTO ÚTIL CONTRA LA CRISIS, PERO NO EL ÚNICO

En este escenario de incertidumbre, el Banco de España estima conveniente que las entidades mantengan una actitud vigilante sobre la evolución de su activo, adopten una gestión del riesgo flexible y favorable a la recuperación de la actividad y exploren cauces eficaces para mejorar su eficiencia.

Sobre este último punto, el Banco de España afirma que las entidades tienen margen para mejorar su eficiencia, recortando costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. En concreto, apunta que los procesos de consolidación del sector bancario «podrían ser un instrumento útil de respuesta a la crisis, siempre y cuando las entidades presenten un plan de negocio que genere valor y permita aprovechar las sinergias existentes».

El organismo cree que las operaciones transnacionales europeas permitirían profundizar en la Unión Bancaria, incorporar mayores posibilidades de diversificación y mejorar los incentivos para la digitalización, si bien tendrían un impacto inmediato más reducido en la reducción de costes.

Femsa gana un 86,3% menos hasta septiembre, con 121,2 millones

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El conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa) registró un beneficio neto de 3.108 millones de pesos mexicanos (121,2 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone una contracción del 86,3% en comparación con los 21.962 millones de pesos (882,2 millones) ganados en el mismo periodo del año anterior, según se desprende de su informe de resultados trimestrales.

La reducción en las ganancias se debe a un incremento en impuestos y otros gastos no operativos, donde se refleja un pago extraordinario al Sistema de Administración Tributaria de México de 5.733 millones de pesos (219 millones de euros), así como el deterioro de algunos activos de Coca-Cola Femsa y el cierre de las operaciones de Speciality’s Café and Bakery durante el segundo trimestre.

A su vez, afectaron sobre el beneficio unos mayores gastos por intereses y un impacto negativo en relación a la participación de Femsa en los resultados de Heineken.

Durante el periodo, los ingresos totales alcanzaron los 363.155 millones de pesos (14.585 millones de euros), un 2,9% menos; debido al impacto de la pandemia de Covid-19 en los resultados del segundo y el tercer trimestre en las diferentes unidades de negocio.

Los ingresos del grupo en su división minorista cayeron un 1,7%, con 134.508 millones de pesos (5.399 millones de euros), mientras que su rama de productos sanitarios generó unos ingresos de 47.852 millones de pesos (1.921 millones de euros), un 9% más. La división de gasolineras sufrió una caída de los ingresos del 27,5%, hasta los 25.808 millones de pesos (1.035 millones de euros).

De su lado, Coca-Cola Femsa, que es el embotellador público más grande de productos de Coca-Cola en el mundo, registró una caída de las ventas del 5,3%, con 135.015 millones de pesos (5.418,2 millones de euros).

El resultado bruto de explotación de la compañía se redujo en un 6% hasta septiembre, con 51.062 millones de pesos (2.048 millones de euros); mientras que el resultado operativo cayó un 18,8%, con 28.323 millones de pesos (1.136 millones de euros).

En el tercer trimestre, Femsa alcanzó una cifra de negocio de 126.501 millones de pesos (5.078,1 millones de euros), un 3% menos; con un beneficio neto de 4.691 millones de pesos (188,3 millones de euros), un 51,2% menos.

El director general de la compañía, Eduardo Padilla, ha señalado que tras haber observado unas «incipientes tendencias de recuperación y después de dos trimestres de estar a la defensiva», Femsa se plantea de nuevo oportunidades crecimiento en el medio y largo plazo, por lo que están preparando «algunas jugadas más ofensivas».

«Estas incluyen reactivar nuestra estrategia de expansión de tiendas en Femsa Comercio, acelerar las iniciativas digitales en toda nuestra plataforma, y de manera selectiva considerar pequeñas adquisiciones en algunas de nuestras verticales de negocios actuales», añade Padilla.

Eurocámara y 27, lejos aún del acuerdo para el presupuesto

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Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (en nombre de los gobiernos europeos) han acercado sus posturas sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, pero siguen manteniendo importantes diferencias con respecto al presupuesto comunitario de los próximos siete años.

Los equipos de ambas instituciones se han reunido a lo largo de esta semana para avanzar en los dos asuntos. Aunque se han constatado avances en cuanto al sistema que vinculará las ayudas europeas a que no se adopten medidas a nivel nacional que pongan en peligro los intereses financieros de la UE, persiste el bloqueo en las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027.

«Atmósfera constructiva y ORIENTADA A conseguir resultados en la reunión de hoy sobre el Estado de derecho. Un acuerdo está al caer», ha celebrado en Twitter el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, que representa a la Comisión Europea en estas negociaciones.

Un portavoz del Gobierno alemán, que lidera las negociaciones en nombre de las capitales europeas como presidencia de turno de la UE, ha calificado la última reunión de este jueves sobre el Estado de derecho como «muy constructiva y productiva. Las posiciones están «bastante cerca», ha dicho un alto funcionario europeo.

A su vez, fuentes parlamentarias reconocen todavía «les faltan algunos metros para llegar a la meta,» aunque «parece que lo conseguirán». En un comunicado, el Parlamento Europeo ha señalado que «todo está todavía por cerrar», así como que sus representantes se sentarán de nuevo en la mesa de negociación en noviembre una vez haya mantenido «debates internos».

En lo que sí coinciden ambas partes es en el hecho de que los últimos contactos sobre el presupuesto comunitario se han saldado con «ningún avance». «Las negociaciones siguen siendo muy complicadas, sigue habiendo lagunas importantes», ha dicho el portavoz del Gobierno alemán sobre este asunto.

La Eurocámara, por su parte, ha acusado a los gobiernos de rechazar «ciegamente» una nueva propuesta sobre cómo introducir los casi 13.000 millones de euros en costes en intereses derivados del plan de recuperación en el presupuesto de los próximos siete años.

En concreto, los eurodiputados apostaban por mantener este dinero fuera del MFF pero «sin distribuirlo entre programas europeos emblemáticos» con el objetivo de «dejar un margen significativo que sería muy bienvenido para financiar necesidades imprevistas».

Las negociaciones de estos dos asuntos son clave para poner en marcha el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, cuya entrada en vigor se retrasará al menos hasta mediados de febrero en el mejor de los escenarios.

Para que la Comisión Europea pueda emitir deuda, necesita el visto bueno unánime de todos los gobiernos de la UE. Hungría y Polonia ya han avanzado que están en contra de cualquier mecanismo que ligue los fondos europeos al Estado de derecho, por lo que podrían utilizar su desacuerdo para bloquear el plan de relanzamiento.

Además, aunque Varsovia y Budapest se dieran por vencidas y aceptasen el acuerdo que salga de este tema con el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales tienen que ratificar la decisión sobre el techo de recursos propios de la UE (que en la práctica es lo que permite a Bruselas captar fondos en los mercados) en un proceso que se prolongaría entre dos o tres meses.

La presión fiscal en España, entre las más bajas de la eurozona

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La presión fiscal en España, el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, se situó en 2019 en el 35,4%, en línea con el dato del año precedente, pero situándose por debajo de la media del 41,1% de la UE y del 41,6% de los países de la zona euro, según los datos publicados por Eurostat.

De este modo, España fue el séptimo país con menor presión fiscal entre los diecinueve de la eurozona en 2019.

Sólo Irlanda (22,7%), Lituania (30,4%), Letonia (31,4%), Malta (32,1%), Estonia (33,3%), y Eslovaquia (34,6%) contaban el pasado año con una presión fiscal inferior a la española, teniendo en cuenta solo los países de la eurozona. Fuera de la moneda única, también tenían una presión fiscal menor Rumanía (26,8%) y Bulgaria (30,3%), mientras que en el fue del Reino Unido (35,3%).

Así, España se situaba lejos de las medias tanto de la zona euro (41,6%) como del conjunto de la UE (40,1%), así como de las grandes economías del euro, que superaban el 40%: Francia situó su presión fiscal en 2019 en el 47,4%, Italia en el 42,6% y Alemania en el 41,9%.

Francia fue el país de la UE con mayor presión fiscal, seguido de Dinamarca (46,9%) y Bélgica (45,9%), por delante de Suecia (43,6%), Austria (43,1%), Italia (42,6%) y Finlandia (42,3%).

Comparado con 2018, la presión fiscal se incrementó en una docena de países, con el mayor incremento anual en Chipre (desde el 33,5% en 2018 al 35,6% en 2019), seguido de Dinamarca (desde el 45,1% al 46,9%).

Por el contrario, se observaron recortes en trece países de la UE, siendo las mayores bajadas las registradas en Bélgica (desde el 47,1% al 45,9%), Grecia (desde 42,7% al 41,9%), Suecia (desde 44,4% a 43,6%) y Francia (desde 48,2% a 47,7%).

ESTRUCTURA DE INGRESOS EN ESPAÑA.

En cuanto a la estructura de ingresos fiscales en España, el mayor peso en el año 2019 correspondió a las contribuciones sociales, con el 12,9%, por debajo de la media del 15,1% de la zona euro y del 14,2% de la UE 27.

Los impuestos a la producción y las importaciones representaron en el caso de España el 11,7% del PIB, también inferior a las medias de la zona euro y la UE, del 13,3% y del 13,7%, respectivamente.

Dentro de este apartado, los ingresos por IVA en España fueron el pasado año del 6,5%, frente al 6,9% de la media de los países de la moneda única y el 7,2% del promedio del bloque en conjunto.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio en España alcanzaron el 10,4% del PIB, por debajo de la media del 13% tanto en la zona euro como entre los Veintisiete.

Banco de España dice que la segunda ola pone en peligro la recuperación

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El Banco de España ha avisado de que las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios intensificará los riesgos para la estabilidad financiera y podría lastrar la recuperación de la actividad económica, que a finales de 2022 no habrá alcanzado aún los niveles precrisis, según sus previsiones.

Así lo pone de manifiesto en la edición de otoño del Informe de Estabilidad Financiera, en el que además ha incluido el resultado de un test de estrés a la banca que indica que el sector es capaz de resistir el elevado impacto económico de la crisis sanitaria, si bien una reducción de los programas de apoyo económico y financiero, así como la persistencia de los efectos negativos de la pandemia en la actividad económica podrían tener un impacto significativo en su solvencia.

En concreto, el informe advierte de que los brotes de coronavirus podrían intensificar riesgos como la debilidad financiera de empresas y hogares, la rentabilidad de la banca y el aumento de la deuda pública, cuya materialización dependerá «crucialmente» de la reacción de las políticas económicas y el mantenimiento de los estímulos, que deberán ajustarse temporalmente a la duración de la crisis y enfocarse en los agentes más afectados.

Según ha advertido el Banco de España, una recuperación más lenta de lo esperado incrementaría la vulnerabilidad financiera de empresas y hogares, dilatándose la reactivación del empleo y el gasto en consumo e inversión, lo que también impactaría en la rentabilidad y solvencia de las entidades, al tener que asumir mayores costes por el deterioro de sus activos.

Según los escenarios que maneja el organismo, «a finales de 2022 no se habría alcanzado aún el nivel de actividad previo de crisis». A tenor de estas proyecciones, presumiblemente no todas las empresas podrán recuperar un nivel de actividad similar al que tenían antes de la pandemia y aquellas que experimenten una recuperación más débil o hayan acumulado un volumen muy elevado de deuda «podrían encontrarse con dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras», ha advertido la institución.

Para que las empresas en esta situación no presenten problemas de viabilidad empresarial a largo plazo, el Banco de España ha apuntado que la reestructuración de su deuda, mediante carencias, alargamientos de los plazos de devolución, quitas o la conversión de la deuda en acciones «podría ser una alternativa factible».

«Aunque esta vía supone la materialización de pérdidas para los acreedores, en muchos casos, estas serían probablemente más acotadas que las que experimentarían con la liquidación empresarial. La supervivencia de la empresa evita el coste económico que supondría su cierre en términos de pérdidas de empleo y tejido productivo», ha explicado.

ACTITUD VIGILANTE ANTE EL PREVISIBLE AUMENTO DE LA MORA

En cuanto a la repercusión en el ámbito financiero, el Banco de España no ha constatado aún un aumento de los dudosos o de la ratio de mora, pero ha advertido de que en la primera mitad de 2020 las entradas de dudosos no han podido ser compensadas totalmente por las recuperaciones y salidas de fallidos, lo que contrasta con la evolución observada desde el final de la crisis de 2008.

«La crisis actual podría provocar un incremento adicional de los flujos de entrada en dudosos en los próximos trimestres, lo que se uniría a una mayor dificultad por parte de las entidades para liquidar este tipo de activos problemáticos mediante operaciones de venta», ha avisado el Banco de España, quien ya ha visto que la morosidad del crédito al consumo ha subido un 20%.

Por otro lado, señala que las moratorias de crédito han sido utilizadas, en mayor medida, por los hogares más vulnerables, lo que hace prever al organismo, una vez terminado el periodo de carencia, que exista «un riesgo elevado de que dichos hogares pasen a una situación de dudosidad si no se ha normalizado la actividad económica».

«De cara al futuro, es necesario una adaptación prudente y ordenada de estos programas al desarrollo de la situación económica para evitar que una retirada brusca precipite los potenciales episodios de crisis de liquidez», ha advertido.

Ante la posible materialización de deterioros crediticios adicionales en los balances bancarios, el informe indica que las autoridades «deberían estar preparadas para dar una respuesta adecuada» que evite una interrupción del flujo de financiación de la economía que afecte negativamente a la recuperación.

Por todo ello, ha resaltado la conveniencia de que las entidades mantengan una actitud vigilante sobre la evolución de su activo, adopten una gestión del riesgo flexible y favorable a la recuperación de la actividad y exploren cauces eficaces para mejorar su eficiencia.

En cualquier caso, el informe dice que las entidades tienen margen para mejorar su eficiencia, recortando costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. En concreto, apunta que los procesos de consolidación del sector bancario «podrían ser un instrumento útil de respuesta a la crisis, siempre y cuando las entidades presenten un plan de negocio que genere valor y permita aprovechar las sinergias existentes».

El organismo cree que las operaciones transnacionales europeas permitirían profundizar en la Unión Bancaria, incorporar mayores posibilidades de diversificación y mejorar los incentivos para la digitalización, si bien tendrían un impacto inmediato más reducido en la reducción de costes.

Los últimos test de estrés a la banca muestran que el conjunto de entidades bancarias españolas cuenta con colchones de capital significativos para absorber las potenciales pérdidas, pero podrían ver una reducción importante de su solvencia, especialmente si se reducen o modifican los programas de apoyo económico y financiero. Además, sigue pidiendo a las entidades «prudencia» en la distribución de dividendos ante la situación de incertidumbre.

REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA

El informe reconoce que la respuesta de las administraciones públicas a la crisis ha servido para mitigar en buena medida el impacto súbito inicial de la pandemia sobre hogares y empresas, pero ha supuesto un importante aumento de la deuda pública que, de mantenerse en el tiempo, representa «un elemento de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento de los mercados».

En este sentido, el Banco de España ve preciso elaborar un plan de reequilibrio de las cuentas públicas que reduzca el endeudamiento y que se ponga en marcha una vez que se consolide la senda recuperación económica.

«La corrección requerirá de un esfuerzo muy grande que debe retrasarse hasta que la economía española se haya recuperado plenamente de los efectos de la crisis. Será entonces cuando las autoridades tendrán que implementar un programa creíble y suficiente de consolidación fiscal a lo largo de un período dilatado de tiempo, que proporcione margen de respuesta ante otras posibles perturbaciones y favorezca el crecimiento a largo plazo», indica el informe.

Amor: los autónomos van a sufrir un «sablazo» con la subida de las cotizaciones

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El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que mañana los autónomos van a sufrir un «sablazo injustificable con la que esta cayendo» debido a una subida de las cotizaciones sociales.

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha señalado que los trabajadores por cuenta ajena «van a pagar 30 euros más en su cuota al aplicar la subida de tipos de cotización que se debió aplicar en enero (tres euros al mes por 10 meses no cobrados)», pero que se ha aplazado hasta el mes de octubre con carácter retroactivo.

«Aplican una subida con carácter retroactivo en el peor momento, ¡qué error!», ha apostillado Amor. Hasta ahora, los autónomos estaban pagado el 30% de su base de cotización, aunque desde enero de este año tenían que haber abonado el importe correspondiente al 30,3%. No obstante, este incremento mensual será de tres euros si el autónomo cotiza por la base mínima.

Esta subida de las cotizaciones a partir de enero de 2020 se recogía en el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

El incremento de los tipos de cotización de autónomos se acordó con la intención de aumentar el ámbito de protección del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos (RETA), al incorporar de modo obligatorio la totalidad de las contingencias que hasta el momento tenían carácter voluntario, como la protección por cese de actividad y las contingencias profesionales.

En concreto, el decreto establecía un tipo de cotización por cese de actividad del 0,8% para 2020, del 0,9% para 2021 y decía que, a partir de 2022, el tipo de cotización sería el que se establezca con carácter definitivo para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De su lado, en el caso de la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización para este año sería del 1,1%. En 2021, será del 1,3% y a partir de 2022 también se establecerá vía Presupuestos.

Lagarde promete para diciembre un paquete de medidas

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El Banco Central Europeo (BCE) «recalibrará» todas las herramientas a su disposición sin descartar ningún elemento para alcanzar el equilibrio más eficaz entre las distintas medidas para combatir el impacto adverso de la segunda oleada de contagios sobre la economía y las perspectivas de inflación, que han provocado una pérdida de impulso mayor de lo previsto en la recuperación de la zona euro.

«La recuperación económica de la zona euro está perdiendo impulso de manera más intensa de lo previsto con un claro deterioro de las perspectivas», ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, decidió mantener sin cambios este jueves sus medidas.

Lagarde, que cumple su primer año al frente del instituto emisor de la eurozona, ha destacado el deterioro experimentado particularmente por el sector servicios, señalando que los riesgos para la economía de la zona euro aparecen «claramente inclinados a la baja».

De hecho, la banquera central ha admitido que, tras un tercer trimestre que puede superar las expectativas, se espera que «noviembre sea muy negativo» por lo que el dato del PIB del cuarto trimestre se situará probablemente por debajo de lo esperado y no puede descartarse incluso que vuelvan a registrarse cifras negativas de crecimiento.

De este modo, la presidenta del BCE ha asegurado que la entidad examinará con cuidado los datos entrantes para que, con sus nuevas proyecciones macroeconómicas, que se conocerán en diciembre, evaluar los riesgos y «recalibrar sus instrumentos de la manera apropiada para contrarrestar el negativo impacto de la pandemia en la recuperación».

«Todos los miembros estuvieron de acuerdo en la necesidad de actuar», ha indicado Lagarde, desvelando que los técnicos de la institución han comenzado a examinar todas las opciones sobre la mesa. «Miraremos todo», ha asegurado la francesa, comprometiéndose a hacer uso mientras tanto de todos los instrumentos disponibles con flexibilidad.

En este sentido, ha insistido en que esta recalibración de instrumentos puede abarcar cualquier aspecto de los programas, incluyendo tanto la duración de los mismos, como su volumen, exigencias de garantías o composición. «Los comités están trabajando en ello», adelantó.

«Lo hemos demostrado en la primera oleada y lo haremos en la segunda», ha afirmado Lagarde, recordando que, en cualquier caso, «la unanimidad no es necesaria para actuar».

En cuanto a la evolución de los precios, Lagarde ha defendido que la eurozona no se encuentra en deflación, a pesar de registrar tasas negativas, ya que esta evolución corresponde a elementos puntuales como el desplome de los precios de la energía y la bajada del IVA en Alemania, por lo que adelantó que espera que la inflación se mantendrá en territorio negativo el resto hasta principios de 2021, cuando debería comenzar a subir.

Por otro lado, la presidenta del BCE ha señalado que, al margen del aspecto político, las inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, representan junto al ‘Brexit’ uno de los dos grandes eventos geopolíticos cuyo resultado puede afectar «en un sentido u otro».

En su reunión de este jueves, el BCE ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo, en el 0,25%.

Al igual que en otros comunicados anteriores, el BCE ha explicado que estima que el precio del dinero se mantendrá en sus «niveles actuales o más bajos» hasta que considere que los pronósticos de inflación «convergen robustamente» con un nivel lo suficientemente cerca, pero por debajo, del 2%.

La autoridad presidida por Christine Lagarde también ha decidido mantener intacto su ritmo y volumen de compra de activos. Así, el banco central seguirá adelante con las compras flexibles bajo su programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP), cuyo volumen total alcanza los 1,35 billones de euros.

Repsol no descarta futuras alianzas o una salida a Bolsa de su negocio de renovables

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Repsol no descarta futuras alianzas o una salida a Bolsa de su negocio renovable para impulsar el crecimiento de su apuesta por las energías renovables.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, señaló que la alianza con Ibereólica Renovables en Chile para su expansión internacional en renovables puede servir «de pista» para lo que hará la compañía en este negocio.

Así, subrayó que la estrategia en las renovables del grupo pasan por trabajar en contar con una mejor estructura financiera que permita impulsar la rentabilidad y «conseguir el doble dígito», lo que podría incluir ‘join-ventures’, asociaciones o una posible oferta pública en el futuro de este negocio.

En el caso de Chile, el grupo alcanzó este verano un acuerdo, cerrado este mismo mes de octubre, con el Grupo Ibereólica Renovables, que le da acceso a una cartera de proyectos en Chile que esta compañía tiene en operación, construcción o desarrollo, de más de 1.600 MW hasta el año 2025 y la posibilidad de superar, gracias a esta alianza, los 2.600 MW en 2030.

A este respecto, Imaz indicó que no a ser un negocio «que demande efectivo» debido a que se va de la mano con un socio y a que el desarrollo de los proyectos van vinculados a contratos de compraventa a largo plazo (PPA’s, por sus siglas en inglés).

UGT llama a la tranquilidad ante el plan de ajuste del Sabadell, que contempla hasta 2.000 salidas

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La sección sindical estatal de UGT en Banco Sabadell ha querido llamar a la tranquilidad después de conocerse que la entidad financiera planea poner en marcha un plan de prejubilaciones y bajas voluntarias que afectará, en un principio, a un máximo de 2.000 empleados.

De este modo, UGT pide evitar las «llamadas al alarmismo», ya que todavía no se cuenta con información ni datos concretos, y ha subrayado su posición protagonista para liderar el proceso de negociación.

El sindicato se encuentra a la espera de que la dirección de Banca Sabadell les convoque para facilitarles información fidedigna sobre sus planes, lo que espera que previsiblemente ocurra «en los próximos días».

Banco Sabadell tiene intención de reducir la plantilla en España en hasta 2.000 empleados con el fin de adaptar el negocio a la nueva realidad competitiva y a la digitalización, si bien el número de puestos definitivos que se verán afectados dependerá en todo caso del acuerdo que se logre alcanzar con la representación sindical.

A este recorte se suman los 900 trabajadores que saldrán de su filial británica, TSB, durante 2021, tras el cierre de 164 oficinas en Reino Unido, un ajuste confirmado por Banco Sabadell el pasado mes de septiembre.

Día Internacional del Ictus: Detectar los síntomas es clave y puede salvar vidas

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En la lucha contra el Ictus cada segundo cuenta, por eso hoy 29 de octubre se celebra el Día Internacional del Ictus. Cada seis minutos una persona sufre un ictus. Detectar los síntomas es clave y puede salvar vidas:

  • Debilidad muscular.
  • Dificultad para hablar y comprender.
  • Dolor súbito de cabeza.
  • Problemas de coordinación.
  • Falta de sensibilidad en la cara y en una parte del cuerpo.

Dada la prevalencia de esta patología, el Dr. Francisco José Gil López, Neurólogo del Instituto de neurociencias del Hospital El Pilar nos explica un poco más sobre qué es un ictus, cuáles son los factores de riesgo y cómo actuar cuando aparece.

La Organización Mundial de la Salud define el ictus como un síndrome compuesto de signos clínicos de rápido desarrollo de trastornos focales (a veces globales) de la función cerebral, que duran más de 24 horas o llevan a la muerte sin ninguna causa aparente más que su origen vascular. Así pues, el ictus es una enfermedad neurológica grave en la que de forma súbita se produce una alteración de las funciones cerebrales debido a un problema en la circulación sanguínea cerebral.

Existen dos tipos de ictus: el ictus isquémico, también conocido como infarto cerebral o embolia, en el que se produce la interrupción del flujo sanguíneo en una de las arterias que irrigan el cerebro, y el ictus hemorrágico, en el que se produce una rotura de una de estas arterias cerebrales.

Prevalencia del ictus

El ictus es una enfermedad muy frecuente que afecta sobre todo a personas de edad avanzada. Se estima que anualmente alrededor de 17 millones de personas sufren un primer ictus en el mundo y que 6,5 millones de personas fallecen debido a este evento, situando el ictus en la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera en España. En España, la incidencia del ictus es variable dependiendo de las regiones, pero se sitúa alrededor de 200 casos por 100000 habitantes/año para la población total y en torno a 600 casos por 100000 habitantes/año para la población mayor de 65 años.

La mayoría de los síntomas de un ictus aparecen de forma súbita. En el cerebro, las funciones cerebrales están muy localizadas, por lo tanto, los síntomas dependerán de las regiones cerebrales en las que se haya producido la alteración del flujo sanguíneo cerebral. Los síntomas que podemos percibir serían una alteración del habla, una alteración del lenguaje, una pérdida de visión o una pérdida de fuerza (debilidad de brazo/pierna).

Además de la elevada mortalidad, el ictus se asocia a importantes discapacidades, incluyendo la pérdida de la visión y/o del habla, parálisis y secuelas cognitivas. Estas consecuencias no sólo conllevan un detrimento significativo de la calidad de vida de los pacientes, sino también un incremento de los costes de salud.

Los factores de riesgo que pueden dar lugar a un ictus son múltiples: la edad, la hipertensión arterial, las cifras elevadas de colesterol o triglicéridos, la diabetes, el sedentarismo, el síndrome de apnea del sueño o el consumo de tóxicos (tabaco, alcohol y drogas).

Respuesta frente al ictus

El código ictus es la organización de la asistencia a los pacientes con ictus en las primeras horas de la enfermedad con el objetivo de abrir la arteria que está ocluida lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un ictus se pierden 2 millones de neuronas, y esto se consigue mediante tratamientos farmacológicos o mecánicos mediante cateterismo. Por eso es importante el reconocimiento temprano de los síntomas de un ictus para avisar al servicio de emergencias y poder recibir atención médica hospitalaria inmediata.

Como norma general se puede decir que de cada 3 pacientes que sufren un ictus, uno se recuperará bien, otro quedará con secuelas importantes, y otro puede morir en los meses siguientes. La rehabilitación en estos meses siguientes al ictus ayuda a mejorar, pero sobre todo ayuda a adaptarse a la nueva situación del paciente.

El ictus es una enfermedad que se puede prevenir. El 80% del riesgo de un ictus se puede evitar con hábitos de vida saludables, como seguir una dieta sana, hacer ejercicio físico de forma regular y evitando la obesidad, el sedentarismo y el consumo de tóxicos

Frente a los síntomas del Ictus no lo dudes, acude al hospital.

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