Las comunidades gobernadas por el Partido Popular aprovecharon este lunes la primera Conferencia Sectorial de Transportes en cuatro años para denunciar lo que han calificado de “abandono” de las infraestructuras estatales. La reunión, presidida por el secretario de Estado José Antonio Santano —en ausencia del ministro Óscar Puente—, sirvió de escenario político para un pulso territorial que es también un pulso presupuestario.
El consejero gallego Diego Calvo, ejerciendo como portavoz de los ejecutivos autonómicos del PP, fue el encargado de verbalizar la línea común de las regiones. Su diagnóstico: desinterés institucional y una inacción que, según sus palabras, ha obligado incluso a acudir a los tribunales.
La convocatoria tardía como arma política
El dato que sobrevoló toda la jornada fue el lapso transcurrido desde la última Conferencia Sectorial, celebrada en 2022. Cuatro años de silencio, un período en el que, según denunció Calvo, “algunas comunidades han tenido que recurrir a la justicia” para forzar la convocatoria, en alusión directa al recurso presentado por la Comunidad de Madrid.
Ese vacío institucional se convirtió en el principal argumento de los consejeros populares para sostener que el Gobierno central ha marginado a las regiones en la planificación de las infraestructuras básicas, desde el ferrocarril hasta las carreteras. La ausencia del ministro Puente, que no participó en la reunión, alimentó la percepción de que la cita era más un acto formal que un verdadero espacio de negociación.
Sin embargo, el episodio judicial madrileño refleja una tensión que va más allá de la anécdota. La obligación de convocar esta conferencia está recogida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y su incumplimiento sostenido empieza a ser esgrimido como prueba de un desequilibrio territorial en la toma de decisiones.
¿Desinterés o inversión récord? Las cifras de un pulso autonómico
La réplica del Ministerio no se hizo esperar. En una nota de prensa difundida tras la reunión, el departamento de Transportes enumeró cifras para contrarrestar la narrativa de abandono. La más destacada: 7.000 millones de euros destinados a la renovación del material rodante ferroviario, una partida que el Gobierno califica como una de las mayores de la historia reciente del sector en España.
A ello se suma la autorización de más de 1.000 millones de euros en nuevos contratos de conservación y explotación de carreteras, una red que suma 26.525 kilómetros y que soporta más de la mitad del tráfico del país. Además, se presentó la puesta en marcha del nuevo modelo de contratos COEX, así como herramientas de digitalización y descarbonización.
No obstante, estas promesas de inversión no aplacaron las críticas autonómicas. Los consejeros populares insistieron en que los anuncios llegan tarde y que el orden del día inicial ni siquiera incluía los puntos que consideran esenciales: el estado real del ferrocarril convencional, la modernización de la red viaria secundaria y la suficiencia de los recursos para el mantenimiento ordinario.
El pulso no es solo presupuestario: es un síntoma de un modelo de cogobernanza de las infraestructuras que lleva años enquistado.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
Esa conferencia de ayer no fue solo una rendición de cuentas. En la práctica, funciona como un termómetro de la confianza entre el Ministerio y las comunidades. La lectura que emerge es la de un sistema de financiación de infraestructuras que, bajo la apariencia de grandes cifras, oculta una distribución territorial opaca y una interlocución discontinua. La inversión de 7.000 millones, por ejemplo, se concentra en la renovación de trenes —en su mayoría para cercanías y media distancia en grandes núcleos urbanos—, mientras que las regiones del PP reclaman más peso para las líneas que vertebran el noroeste o el interior.
El contexto no es nuevo. La última Conferencia Sectorial de 2022 ya había dejado un reguero de quejas sobre la falta de seguimiento. Desde entonces, el Plan de Recuperación ha inyectado fondos europeos condicionados a proyectos concretos, pero la percepción de abandono se ha acentuado en territorios como Galicia, Castilla y León o Andalucía, donde los tramos de carretera y las frecuencias ferroviarias dependen en buena medida de las partidas del Estado.
Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una formalidad administrativa. La Conferencia Sectorial es, o debería ser, el espacio donde se fijan prioridades y se calibran las necesidades reales. Su convocatoria tardía, unida al recurso judicial de Madrid, evidencia una fractura que va más allá de los colores políticos y toca el modelo mismo de la España de las autonomías en materia de movilidad.
El próximo paso será ver si este encuentro se traduce en un calendario de seguimiento o si, como temen los consejeros del PP, la reunión queda en un intercambio de reproches sin consecuencias concretas. En este punto del viaje, la hoja de ruta sigue sin estar clara.
