Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán de manera periódica durante las próximas semanas para negociar la reforma de pensiones en base a los acuerdos que alcance la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta necesidad de encuentros periódicos ha sido trasladada a los agentes sociales por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la reunión que ha celebrado en la tarde de hoy con los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

En la reunión, que ha durado algo menos de dos horas y en la que ha quedado constituida la mesa de diálogo social sobre pensiones, el ministro ha subrayado que espera que la Comisión del Pacto de Toledo «cierre pronto un acuerdo sobre sus recomendaciones», para lo que considera que «el borrador de 2019 es un gran punto de partida».

Escrivá ha indicado que los agentes sociales son «pieza clave» para consolidar los acuerdos políticos y «conferirles durabilidad», por lo que se establecerán «reuniones periódicas» sobre la reforma de pensiones «durante las próximas semanas».

El ministro ha reiterado que, si el Pacto de Toledo cierra sus recomendaciones en las próximas semanas, espera poder impulsar «una modificación normativa antes de final de año, con rango de ley».

En ella, el Gobierno quiere incluir un marco estable para revalorizar las pensiones, de forma que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo, y trasladar gradualmente los gastos impropios de la Seguridad Social, superiores a los 20.000 millones de euros, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De esta forma, el sistema aligeraría su carga, ya que si el Estado asume los gastos que soporta la Seguridad Social indebidamente, el sistema no estaría en déficit.

LOS SINDICATOS PIDEN CORREGIR LA REFORMA DE 2013

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha trasladado a Escrivá que es imprescindible derogar las reformas de 2013, acabar con el factor de sostenibilidad, vincular la revalorización de las pensiones al IPC y también volver a la mesa de negociación «en el momento en el que se dejó en 2011».

«Hay que recuperar el debate y las cuestiones que estaban pendientes de desarrollar en 2011», ha apostillado Álvarez, que ve también fundamental que las personas que tienen 40 o más años cotizados no vean mermada su pensión en función del momento en el que se hayan jubilado. Además, el líder sindical ha mostrado su deseo de llegar a un acuerdo y cree que esto pasa por separar la financiación de la Seguridad Social «de tal manera que aquellos gastos impropios no corran a cuenta de las cuotas de los afiliados».

Por otro lado, ha insistido en que UGT no va a renunciar a que las nuevas tecnologías paguen impuestos, porque, «pensando en los próximos 50 años este será un elemento clave para poder mantener un sistema sostenible, justo, equitativo y que dé suficiencia a todos los trabajadores del país».

Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, ha insistido en que ésta ha sido una reunión importante en la que ha trasladado al Gobierno la necesidad de dar certidumbre, tanto a los pensionistas actuales como a los futuros, para que sepan que en España «va a haber un sistema de pensiones público suficiente».

También ha apuntado que espera que se pueda llegar a un consenso más amplio entre las fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo, dada la importancia que tienen las recomendaciones de esta Comisión para el futuro del sistema.

En el corto plazo, ambos sindicatos creen que hay que abordar «de manera inmediata» la corrección de la reforma de pensiones de 2013, que se garantice la revalorización de las pensiones conforme al IPC por ley y que «se saque de la caja de la Seguridad Social los gastos impropios», que consideran que tiene que asumir el Estado a través de transferencias y no mediante préstamos, «como viene haciendo hasta ahora».

Para CCOO y UGT, con estas primeras medidas, tanto el diálogo social como el Pacto de Toledo estarían «en buena situación para el objetivo último, que es financiar de forma sostenida y sostenible el sistema público de pensiones en las próximas décadas».

Por la parte sindical, al encuentro han asistido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, acompañado por el secretario de Políticas Públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto con la secretaria de Empleo, Seguridad Social y Políticas Sociales, Mari Carmen Barrera.

Los consejeros de Agricultura y Pesca del Partido Popular han emitido un comunicado en el que niegan que se haya alcanzado ningún acuerdo nacional sobre la Política Agraria Común (PAC) que deberá defender el Gobierno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE).

La secretaria de Agricultura de los populares, Milagros Marcos, ha acusado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de mentir y le ha exigido «que deje de jugar con los intereses de los agricultores españoles».

De este modo, los titulares de Agricultura de las comunidades presididas por el PP exigen a Planas que desvele cuál es la postura que defenderá en Bruselas y le piden transparencia con los agricultores del país, tras el consejo consultivo celebrado esta tarde.

«El PP pide al ministro que aclare a qué se refiere con un amplio consenso en los reglamentos», recoge el comunicado, en el que la secretaria Marcos recuerda que la última postura común sobre la última reforma de la PAC se alcanzó en 2018 bajo el Ministerio de Isabel García Tejerina (PP), «que dejó la negociación avanzada con un acuerdo con varios países para una PAC sin recortes».

Por último, el PP aclara que nunca se ha apartado de la negociación, pero indica que «para avanzar en estos términos, antes es necesario que se presente un documento para buscar los puntos de entendimiento y sacarlo adelante con una votación y solo estará dispuesto a alcanzar acuerdos que no perjudiquen al campo español».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, espera que Estados Unidos retire los aranceles impuestos a productos españoles como consecuencia de la resolución de este martes de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los subsidios a Boeing, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

«Se trata de un buen resultado para la Unión Europea y para España, pues confirma que Estados Unidos no cumplía con las directrices del primer panel sobre Boeing», ha valorado la ministra. En este sentido, ha subrayado que las medidas adoptadas por EEUU han penalizado de forma desproporcionada a la industria agroalimentaria española.

Maroto espera que Washington retome las negociaciones para evitar que la UE aplique los aranceles de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) que la OMC le ha autorizado a imponer sobre productos estadounidenses.

Según ha recordado el Ministerio, el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones su «oposición frontal» a la imposición de aranceles como consecuencia de este conflicto de Airbus y Boeing y siempre ha defendido la búsqueda de una «solución negociada.

«En ausencia de solución negociada, y de no eliminarse las contramedidas por parte de EEUU, la Unión Europea se verá obligada a ejercer sus derechos a imponer las contramedidas arancelarias oportunas», ha alertado Industria.

Tras conocerse la resolución de la OMC, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que la UE se compromete de manera «positiva y constructiva» a decidir los próximos pasos con EEUU, con la «fuerte preferencia» de llegar a un acuerdo. «De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada», ha señalado.

El Banco de España ha avisado este martes de que las empresas se enfrentan todavía a retos «muy significativos» y ha pedido medidas de apoyo y liquidez, con una recalibración» de los ERTE, avales y flexibilidad en la gestión de impuestos, así como mejoras en los procedimientos de insolvencias y la contención de costes financieros y no financieros ante una estimación de unas necesidades de liquidez de unos 230.000 millones de euros, de los que menos de la mitad se podrían cubrir usando sus activos líquidos y recurriendo al importe no dispuesto de sus líneas de crédito, quedando pendientes unos 125.000 millones pendientes de cobertura.

Durante su intervención en un acto de la Cámara de Comercio de España, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha avisado de que la solvencia de muchas sociedades no financieras se ha deteriorado por el aumento del endeudamiento y la caída de los ingresos, a lo que se suma el carácter «incompleto y desigual» de la recuperación que «no favorece una rápida mejoría de la situación financiera de las compañías».

Además, ha indicado que el eventual agotamiento del alivio financiero proporcionado por algunas medidas (como el período de carencia de los préstamos garantizados) antes de que se asiente la recuperación supone un «elemento de riesgo».

Por ello, ha pedido el mantenimiento de unas condiciones financieras agregadas «favorables», apelando a la política monetaria común como «elemento clave anti-fragmentación» y al papel de la confianza y la necesidad de una estrategia integral de recuperación y crecimiento, con los fondos europeos, reformas estructurales para aumentar la capacidad de crecer sosteniblemente y una estrategia «creíble» de consolidación fiscal post-crisis.

También ha demandado medidas de apoyo a las rentas y la liquidez, como la actualización y recalibración de ERTES, avales, flexibilidad en la gestión impuestos y cotizaciones de la Seguridad Social, de acuerdo a la evolución de la crisis.

En paralelo, ha pedido sobre los procedimientos de reestructuración de deudas mejoras en los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias que redunden en una mayor «eficiencia y agilidad», para «salvar más empresas viables».

Ve relevante anticiparse a un escenario de necesario despalancamiento empresarial postCovid, siendo «clave» el papel de la competitividad, cuyos resortes a corto plazo pasan por la contención de costes financieros y no financieros y flexibilidad; y a largo plazo por la productividad y las reformas.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Arce ha explicado que la fuerte caída de la facturación ha elevado las necesidades de liquidez de las empresas, especialmente en los sectores más afectados, y ha precisado que la parte nuclear de las necesidades de crédito viene determinada por los vencimientos de pasivos financieros.

En concreto, el Banco de España estima unas necesidades de liquidez de unos 230.000 millones de euros del tercer al cuarto trimestre, de los que 25.000 millones serían generadas por la actividad de explotación, unos 200.000 millones por amortizaciones de deudas y en torno a unos 10.000 millones generadas por la inversión.

De este total de necesidades, unos 200.000 millones (el 88% del total) estarían bajo una probabilidad media, alta o muy alta de impago. Algo más de 25.000 millones tendrían una probabilidad baja, pero unos 75.000 millones una probabilidad de impago muy alta.

Según Arce, una parte destacada de las necesidades de liquidez se concentran en sociedades no financieras de baja calidad crediticia, con peor acceso al crédito y las empresas podían cubrir menos de la mitad de estas necesidades usando sus activos líquidos y recurriendo al importe no dispuesto de sus líneas de crédito.

En detalle, unos 45.000 millones sería el importe máximo que se podría cubrir con líneas de crédito disponible; unos 65.000 millones el que se podría cubrir con activos de liquidez en poder de la empresa y el restante monto de 125.000 millones estaría pendiente de cobertura.

No obstante, ha repasado la batería de medidas de política fiscal (apoyo a rentas como moratoria de impuestos, ERTE o programa de avales públicos), política monetaria (financiación del Eurosistema a bancos en condiciones más favorables y aumento de las compras de activos) y políticas financieras (flexibilización de la regulación de liquidez y capital y cambios en el cálculo del capital regulatorio para su aumento, interrupción del pago de dividendos hasta el 1 de enero y adaptación de normas contables).

Estas, ha asegurado, han contribuido a mejorar el acceso de las empresas a la financiación externa y reducir su coste. Respecto a cómo han cubiertos las empresas sus necesidades de liquidez, ha indicado que el grueso de los fondos lo han obtenido mediante préstamos bancarios. De hecho, en el segundo trimestre las empresas cubrieron con ellos el 27% de las necesidades de liquidez estimadas para el período abril-diciembre.

Además, el uso del programa de avales ha sido más intenso por parte de las empresas con peor acceso al crédito (pymes, empresas más arriesgadas y empresas más expuestas al shock), al tiempo que habría impulsado la oferta de crédito a través de una relajación de las restricciones de capital.

En este punto, ha resaltado que las condiciones de los préstamos avalados por el ICO son «claramente favorables», ya que los tipos de interés son más reducidos y el plazo es «sustancialmente mayor», lo que reduce la carga financiera a corto plazo y los riesgos de refinanciación.

No obstante, las empresas también han cubierto una parte de sus necesidades de financiación recurriendo a los mercados de capitales. Esta financiación ha desempeñado un papel menor en comparación con la evolución precovid y se ha dirigido en mayor medida hacia las empresas de mayor tamaño y menos afectadas por la perturbación, ha detallado Arce.

PERSISTENCIA ELEVADA DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

De igual forma, Arce ha explicado que se produjo un retroceso «muy acusado» de la actividad en el primer semestre como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y las medidas de contención, que dio paso a una recuperación «gradual» en el tercer trimestre, junto a una «pérdida gradual del dinamismo», cuando el PIB crecerá entre un 13% y un 16,6%.

Las previsiones del Banco de España apuntan a un desplome económico de entre el 10,5% y el 12,6% este año, un avance del PIB entre el 4,1% y el 7,3% en 2021 y de entre el 1,9% y el 3,3% en 2022.

Según Arce, los riesgos se encuentran sesgados «a la baja» en los próximos trimestres, ligados a la evolución epidemiológica y a la disponibilidad de un tratamiento eficaz y, también, a otros riesgos procedentes del entorno exterior.

Además, el déficit se situaría en 2020 entre un 10,8% y 12,1% del PIB, para luego reducirse en los años siguientes, hasta alcanzar un 5,8% en 2022. En paralelo, ha apuntado que la deuda aumentará «significativamente» en 2020 y mostraría una «persistencia elevada» en los próximos años

La tecnología ‘blockchain’ tiene el potencial de elevar el producto interior bruto (PIB) mundial en 1,76 billones de dólares (1,5 billones de euros) para 2030, según concluye un estudio realizado por la consultora PwC y publicado este martes.

Por países, el mayor impacto tendrá lugar en China, con 440.000 millones de dólares (374.827 millones de euros), seguida de Estados Unidos, con 407.000 millones de dólares (346.742 millones de euros). En Alemania, Japón, Reino Unido, India y Francia el impacto económico será, como mínimo, de 60.000 millones de dólares (51.116 millones de euros). En lo que respecta a España, el impacto estará en torno a los 24.000 millones de dólares (20.446 millones de euros), con el potencial de crear 227.000 empleos.

Esta tecnología, y su abanico de aplicaciones, será un vector clave en el proceso de digitalización y transformación de la economía española», ha indicado Antonio Requena, socio responsable de ‘blockchain’ en PwC.

Según el documento, en 2025 la tecnología experimentará un «punto de inflexión» a partir del cual comenzará a emplearse a gran escala. Entre los principales sectores que harán uso de ella está el de la salud, el financiero, el logístico, el de la distribución y el sector público.

Entre los principales usos identificados por PwC se encuentran el seguimiento y rastreo de productos, medios de pago y para el sector financiero, gestión de identidades y aplicación en contratos y en la resolución de conflictos.

Los hosteleros madrileños facturaron un 25% más durante el puente del Pilar en comparación con cualquier otro fin de semana, ha señalado Hostelería Madrid en un comunicado.

«La mayoría de empresarios de Madrid consideran que el puente ha ido bien», han recogido apuntando que les ha beneficiado «el buen tiempo y que los madrileños han salido a disfrutar de su ciudad».

Los mejores días de consumo han sido el sábado a mediodía y el domingo a mediodía, según los datos de los hosteleros. Las cenas han tenido menos peso en el consumo «por la hora de cierre a las 23 horas. Las comidas han supuesto el 60% del consumo, mientras que las tardes han generado un 20% y las cenas otro tanto.

Según el sondeo realizado entre el sector, las mayores preocupaciones de los empresarios van dirigidas a «nuevos confinamientos y la hora de cierre a las 23 horas».

El Gobierno ha valorado positivamente la homogeneización de criterios de movilidad en la Unión Europea aprobada como recomendación este martes y que recoge la postura de España sobre la exclusión del cierre de fronteras y el establecimiento de límites flexibles a la movilidad, siempre bajo criterios sanitarios objetivos.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, este acuerdo es «un primer paso» para reactivar la actividad turística internacional porque recoge medidas proporcionadas y predecibles que permiten mejorar la confianza de los viajeros.

Asimismo, valora positivamente la preferencia por la realización de test en origen y/o destino como medida prioritaria ante las cuarentenas. «Seguiremos trabajando para alcanzar esta regla general que permita en condiciones de seguridad sanitaria recuperar los flujos de turistas internacionales, un elemento clave para reactivar nuestro sector turístico», ha remarcado la ministra.

El Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Unión Europea, formado por los ministros de Asuntos Europeos de los Estados de la UE, ha adoptado en su sesión de este martes, celebrada en Luxemburgo, la recomendación sobre el enfoque coordinado de la UE para la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia.

La recomendación, adoptada en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), pese a tratarse de un texto fundamentalmente indicativo y de mínimos, persigue establecer unos criterios y datos estandarizados que garanticen una libre circulación segura y no discriminatoria en el ámbito de la Unión Europea, refuercen los mecanismos de coordinación y mejoren la información a los ciudadanos. Hasta ahora, cada Estado miembro había establecido las restricciones a ciudadanos provenientes de otros países según sus propios criterios y directrices, muchas veces diferentes entre sí.

España acoge positivamente esta recomendación ya que refleja su postura en elementos fundamentales como la exclusión del cierre de fronteras como medida a adoptar, la protección a la movilidad de colectivos de particular sensibilidad y relevancia y la regionalización de la evaluación y de la implementación de medidas. Se hace, además, una mención específica a los territorios periféricos y ultraperiféricos, como las islas, para las que España ha defendido un tratamiento singularizado.

Asimismo, la recomendación recoge una mención expresa a la preferencia por la realización de test en origen y/o destino frente a las cuarentenas -o autoaislamientos- e invita, asimismo, a que los Estados sigan cooperando en el reconocimiento mutuo de resultados y en los formularios de localización de pasajeros, abriendo la posibilidad a un formulario europeo.

El representantes de Comercio de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, ha señalado que están dispuestos a encontrar una solución al conflicto que mantienen con la Unión Europea sobre las ayudas a Boeing y Airbus y ha recalcado que Europa no podría imponer aranceles a los productos estadounidenses porque Washington ya ha revocado la exención fiscal de la que se beneficiaba Boeing.

Este martes, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado su autorización para que la UE imponga aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.

Sin embargo, Lighthizer señala que la UE «no tiene ninguna base válida para tomar represalias contra ningún producto estadounidense» y que cualquier imposición de aranceles basada en una medida que ha sido eliminada «es claramente contraria a los principios de la OMC y obligará a una respuesta de los Estados Unidos».

Según señala en un comunicado, el Estado de Washington ha promulgado el proyecto de ley 6.690 del Senado, que, con efecto a partir del 1 de abril de 2020, elevó los tipos impositivos de las operaciones de compraventa aeroespaciales al nivel generalmente aplicable, con lo que «se eliminó la única medida ilegal». Por tanto, consideran que, según las normas de la OMC, la UE no podría aplicar las contramedidas autorizadas al haberse eliminado la medida que genera controversia.

No obstante, destaca que su país está dispuesto a trabajar para solucionar el conflicto y «restablecer la competencia leal y la igualdad de condiciones» en el sector aeronáutico.

Hace un año, la OMC autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles por un valor total de 7.500 millones de dólares (unos 6.400 millones de euros) a productos importados de Europa como represalia por las ayudas que la Unión Europea había dado a Airbus. Por ello, EE.UU. impuso aranceles a la Unión Europea en un 15% para los productos de aviación civil y un 25% para los demás, entre los que se incluyen el vino o el aceite.

En el comunicado emitido este martes, EE.UU. indica que mantiene los aranceles debido a que la Unión Europea no ha retirado los «miles de millones de euros de subvenciones ilegales», pero que, para «maximizar las posibilidades de éxito en las negociaciones, han actuado con moderación al negarse a imponer a la UE la totalidad de las contramedidas autorizadas».

Tras el anuncio de este martes por parte de la OMC, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la UE se compromete de manera «positiva y constructiva» a decidir los próximos pasos con EE.UU., con la «fuerte preferencia» de llegar a un acuerdo. «De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada», ha señalado.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha recomendado mantener los estímulos fiscales hasta que se afiance la recuperación de la economía, ya que su retirada prematura sería demasiado perjudicial.

Durante su intervención en un acto celebrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el banquero central ha reconocido que los países de la eurozona saldrán de la crisis con unos niveles de deuda pública no vistos «en décadas», por lo que será necesario un programa de consolidación fiscal para volver a una senda sostenible.

«Sin embargo, a corto plazo, el daño causado por la retirada prematura de las medidas de apoyo excedería cualquier posible coste de mantenerlas hasta que la recuperación muestre señales de suficiente fortaleza», ha subrayado De Cos. El gobernador del Banco de España ha intervenido en el acto en calidad de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y sus comentarios no se han referido a ningún país en concreto.

Pese a la necesidad de mantener estímulos, De Cos ha indicado que, dada la «heterogeneidad» de los efectos de la crisis, durante la fase de recuperación sería recomendable que las ayudas fueran «mucho más focalizadas» y que su duración se ajustase a la de la crisis.

«Tendría sentido valorar la posibilidad de que las acciones dirigidas a ayudar a las empresas no involucren un aumento de sus obligaciones financieras como, por ejemplo, ayuda directa o, en algunos casos, a través de inyecciones temporales de capital», ha agregado el gobernador.

Además, De Cos ha afirmado que es necesario que a nivel europeo se acometa una «agenda ambiciosa de reformas estructurales» para elevar el potencial de crecimiento de la economía de la eurozona, que «ya era bajo antes de la crisis».

Con respecto a la política monetaria, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE ha asegurado que «no hay espacio para la complacencia», por lo que los estímulos del instituto emisor se tendrán que mantener hasta que se alcance la recuperación. Además, no ha descartado que la autoridad monetaria tenga que ser recalibrada o que se tengan que aprobar nuevas medidas.

«También es crucial que mantengamos la flexibilidad en la implementación de nuestro programa de compra de activos contra la pandemia [PEPP] para eliminar cualquier problema potencial de fragmentación financiera», ha apostillado.

Un total de 471 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año, 34 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 7,8%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De estos fallecimientos, 393 se produjeron durante la jornada de trabajo, 51 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 14,9%. Los 78 accidentes mortales restantes registrados hasta el octavo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 17 menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 17,9%.

El dato de mortales incluye los 15 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que ocurrieron todos ellos en el centro o lugar de trabajo habitual y que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 2 en Andalucía (1 en Granada y 1 en Sevilla), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 2 en Madrid.

En conjunto, hasta agosto se contabilizaron 302.301 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 27,5% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019. Del total de siniestros, 267.261 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 35.040 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 26,2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 35,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 264.611 hasta agosto, un 26,3% menos, y los graves fueron 2.257, un 20,5% menos que a un año antes. En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 34.477 accidentes de carácter leve (-36%) y 485 de gravedad (-27,8%).

MÁS DE 18.492 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 302.301 siniestros con baja registrados hasta agosto, 283.809 los sufrieron asalariados (-28,2%) y 18.492 correspondieron a trabajadores autónomos (-14,9%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el octavo mes del año, un total de 249.885 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 26,9% menos que hasta agosto de 2019, mientras que 33.924 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 36,2% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 247.704 hasta agosto de 2020, un 27% menos, y los graves alcanzaron los 2.328, un 21,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 33.924 accidentes de carácter leve (-36,3%) y 446 de gravedad (-28,8%).

Por su parte, de los 18.492 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta agosto, 17.376 (-14,1%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.116 (-24,7%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 330.972 accidentes laborales sin baja, un 30,4% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta agosto, la estadística recoge que un total de 1.346 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 1.328 fueron leves, 13 grave y 17 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.539 personas se dieron de baja por accidente laboral (+6,1%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.320 personas (-57,4%). En abril fueron 16.099 accidentes (-61,6%), en mayo 26.776 (-46,4%), en junio 34.819 (-23,9%), en julio 38.606 (-23,3%) y en agosto 28.791 (-16,9%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.111 accidentes (-1,9%) y 1.193 en el segundo (-70,8%), situándose en abril en 1.697 (-74,4%), en mayo en 2.803 (-62,8%), en junio en 4.162 (-40,2%), en julio en los 4.752 (-34,1%) y en agosto 3.171 (-33,1%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 28 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+75%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 43 personas (+104,8%), mientras que en abril fueron 37 (+2,8%), en mayo 42 (-19,2%), en junio volvió a subir, hasta 51 (+44,7%), en julio fueron 45 (-28,6%) y en agosto 34 (-12,8%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado, en tanto que en mayo subieron a 8 (-33,3%), en junio fueron 5 (-44,4%), en julio se elevaron hasta 11 (-45%) y agosto fueron 6 (-33,3%).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo en la posición a defender por España en la recta final de la negociación de la Política Agraria Común (PAC).

En concreto, Planas ha presidido este martes los consejos consultivos de política agraria y política pesquera como encuentros previos al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará los 19 y 20 de octubre en Luxemburgo.

En la reunión, el titular de Agricultura ha solicitado la participación activa de las regiones para que agricultores y ganaderos españoles cuenten con un modelo de aplicación de la PAC «más justo y sostenible».

Planas ha instado a las CCAA a colaborar en el diseño del Plan Estratégico para que los productores dispongan de una política clara y sencilla que responda a las necesidades detectadas en los distintos sectores.

Agricultura ha precisado que está previsto que en las próximas semanas se celebren reuniones y grupos de trabajo para definir el modelo para España, basado en una política «clara, sencilla, justa y sostenible» que atienda las necesidades reales de agricultores y ganaderos.

El titular del ramo confía en que en este Consejo de Ministros se cierre el acuerdo político de la PAC para que puedan continuar las negociaciones a tres bandas: Consejo, Parlamento y Comisión Europea, con el objetivo de que los reglamentos de aplicación se publiquen en el primer semestre de 2021.

Estas reuniones serán paralelas a las que España realizará para avanzar en el Plan Estratégico, ya que el objetivo es presentar a la CE el borrador en abril de 2021.

Respecto al reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), en la que España ha logrado incluir al aceite de oliva, a través del artículo 167 bis, el ministro defenderá que se incluya en el reglamento transitorio para que se puede aplicar desde 2021. Esta medida permitirá al sector del aceite de oliva desarrollar normas de comercialización que redunden en una estabilización de los precios.

En la reunión sobre pesca, Planas ha indicado que España defenderá los intereses del sector respecto a las capturas de bacalao ártico y de gallineta nórdica, en las consultas anuales que en breve comenzarán entre la UE y Noruega en el marco del acuerdo bilateral de pesca que mantienen.

Aena ha mostrado este martes su «disposición a colaborar» con cualquier medida de prevención del coronavirus en las islas Canarias siempre que así lo hayan acordado las diferentes autoridades con competencias sanitarias, según han indicado a Europa Press fuentes del gestor aeroportuario.

Así se ha expresado Aena después de publicar Canarias7 que el departamento canario de turismo había enviado una carta pidiendo la colaboración de la empresa pública para hacer test en los aeropuertos y que habría quedado sin respuesta.

Las mismas fuentes explicaron que la misiva no había sido respondida porque fue recibida este mismo martes y que su voluntad es y ha sido siempre la de «colaborar» en todo lo que «las autoridades sanitarias acuerden».

Así, remarcaron que carecen de competencias en materia sanitaria y que la solicitud debe ser remitida a las autoridades competentes del Gobierno central.

AENA «HA COLABORADO Y COLABORA» CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

«Una vez tomada una decisión, Aena cooperará como siempre ha hecho. Aena ya ha colaborado y colabora por ejemplo con el Gobierno de Canarias en los aeropuertos para la toma de temperatura a los pasajeros insulares y peninsulares, y lo hace con Sanidad Exterior aportando recursos humanos y materiales a su disposición», indicaron.

Por último, indican que es posible que si los test, en línea con el protocolo propuesto por la consejería de Turismo canaria, se realizarán hasta 48 horas antes de la salida del vuelo dichos test no tendrían que hacerse necesariamente en los recintos aeroportuarios.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han vuelto a unirse para reclamar a los gobiernos que utilicen las pruebas de Covid-19 como medio para reabrir las fronteras de forma segura y restablecer la conectividad mundial, así como para evitar el colapso de la industria de la aviación con un apoyo financiero que no genere deuda.

Según han explicado las organizaciones internacionales, estas medidas protegerían a los países de la importación de casos de Covid-19, evitarían una crisis de empleo en el sector de los viajes y el turismo, y asegurarían que la estructura crítica de la aviación siga siendo viable.

El Grupo de Acción sobre el Transporte Aéreo (ATAG) estima que 46 millones de puestos de trabajo están en peligro debido a la pérdida de conectividad causada por la crisis de la Covid-19. La gran mayoría de ellos (41,2 millones de empleos) se encuentran en el sector de los viajes y el turismo que depende de la aviación, mientras que el resto (4,8 millones de empleos) se reparten entre el empleo directo en la aviación, incluidos los aeropuertos y las aerolíneas.

La Asociación de Aeropuertos prevé que sufrirá una reducción del 60% en sus ingresos, mientras que la organización de las aerolíneas estima que los ingresos del sector caerán un 50%.

«Necesitamos actuar rápidamente. Las pérdidas de empleos dentro y fuera de la industria aumentan cada día y con cada trabajo perdido la recuperación y el impacto en la economía en general se hace aún más difícil», ha alertado Alexandre de Juniac, consejero delegado de IATA.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con una caída del 1,09%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.875,2 enteros, lastrado fundamentalmente por el sector bancario y el turístico.

El índice perdía así la cota psicológica de los 6.900 puntos, en una semana que estará marcada por el inicio de la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos y por los contactos entre republicanos y demócratas para aprobar un paquete de ayudas frente a la pandemia antes de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

Los inversores han conocido además que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado la suspensión «temporal» de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra el nuevo coronavirus después de que uno de los participantes voluntarios presentase «una enfermedad inexplicable».

En Reino Unido, el final del confinamiento vino acompañado por un fuerte aumento de la tasa de paro, que se situó en el 4,5% entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el mismo periodo del año precedente, con alrededor de 1,52 millones de desempleados registrados.

En España, el Tesoro Público ha captado este martes 935 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en el rango alto previsto, y ha ahondado notablemente en los tipos negativos en ambos papeles registrando mínimos históricos en la primera subasta celebrada tras reducir las emisiones de este año en 15.000 millones de euros.

Además, la confianza empresarial se ha disparado un 10,5% en el cuarto trimestre, respecto al trimestre anterior, su mayor alza desde el comienzo de la serie en 2013.

En este escenario, las mayores caídas del Ibex 35 las han presentado Bankinter (-5,01%), CaixaBank (-4,86%), Bankia (-4,62%), Banco Sabadell (-4,31%), IAG (-4,09%), BBVA (-4%), Meliá (-3,42%), Banco Santander (-3,32%) y Aena (-3,31%).

En el terreno positivo únicamente se han situado seis valores: Cellnex (+1,55%), PharmaMar (+1,21%), Viscofán (+0,79%), Siemens Gamesa (+0,78%), Iberdrola (+0,68%) y Enagás (+0,26%).

El resto de plazas europeas también ha finalizado en ‘rojo’, con caídas del 0,53% para el Ftse 100 de Londres, del 0,64% para el Cac 40 de París, del 0,91% para el Dax de Fráncfort y del 0,81% para el Mib de Milán.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, marcaba un precio de 40,39 dólares y el crudo Brent, de referencia para Europa, de 42,54 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 68 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,144%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1742 ‘billetes verdes’.

El PSOE, el PP y Ciudadanos han pactado este martes en el Congreso una iniciativa, apoyada también por Unidas Podemos, que llama al Gobierno a alcanzar un Pacto por la Industria y que define varios ejes de actuación para el mismo.

Esta iniciativa, que partía de una proposición no de ley defendida por el PSOE, ha sido finalmente aprobada en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo con apoyos también de Esquerra Republicana, el PNV, el BNG y Foro Asturias. Por su parte, Vox ha votado en contra y EH-Bildu ha optado por la abstención.

El texto aprobado, reclama al Gobierno un Pacto por la Industria «salvaguardado de eventuales y futuros cambios políticos, con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario, con una gobernanza definida», que cuente con la participación de comunidades autónomas y agentes sociales, y que de él «emane una futura Ley de Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital.

Este pacto, señala el Congreso, debe estar alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contener varios ejes de actuación, como adecuar los sistemas formativos para mejorar la empleabilidad y la formación de trabajadores, facilitar el acceso de financiación bancaria y no bancaria y «racionalizar el marco regulatorio».

Asimismo, reclama medidas dirigidas a promover el crecimiento de las pymes industriales, mejorar la profesionalización en la gestión, la reducción de costes del transporte y la distribución, apoyar la internacionalización de las empresas, y apostar en ellas por la digitalización y su actividad innovadora.

MEJORA DE TECNOLOGÍA EN EQUIPOS Y PROCESOS

Por otro lado, el Congreso se refiere al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, para el que pide «planes de inversiones en proyectos tractores europeos vinculados a la transformación digital y la transición ecológica en ecosistemas industriales de oportunidad».

En este sentido, llama a poner «especial énfasis en el apoyo a la mejora de tecnología en equipos y procesos», y apoyar a las empresas industriales «con los mismos instrumentos y en la misma cuantía que lo hacen otros países europeos. «De igual modo, se abrirán estos planes al fomento de actividades de regeneración, reciclaje y aprovechamiento de residuos, tendiendo a iniciativas de economía circular», señala en este punto el texto aprobado por la Cámara Baja.

PLAN DE LA AUTOMOCIÓN Y ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Finalmente, el texto aprobado reclama un plan específico para la automoción con ayudas a la compra de nuevos vehículos bajos de emisiones, más inversión en I+D+i para desarrollar en España baterías e impulsar medidas de inversión, internacionalización y comercialización con el objetivo de atraer inversiones productivas en el territorio y facilitar las exportaciones.

Por último, también llama a aprobar la regulación del anunciado Estatuto de consumidores electrointensivos «que permita reducir los costes de suministro eléctrico de la industria electrointensiva de acuerdo a la normativa comunitaria».

UN NUEVO PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Por otro lado, la Comisión de Industria ha aprobado otra iniciativa, esta de Unidas Podemos, con los votos del PSOE, ERC y EH-Bildu, para diseñar un plan de reindustrialización, con la elaboración de un mapa de inversiones estratégicas y tecnologías innovadoras, la mejora de infraestructuras y la reducción de la dependencia tecnológica y energética.

La iniciativa también pide criterios de exclusión en las ayudas a empresas con sedes en paraísos fiscales y que estas ayudas contengan obligaciones de mantenimiento de la actividad, revisar las agendas sectoriales para responder al nuevo contexto postCovid, la elaboración de un informe sobre la inserción de la producción industrial española en las cadenas globales de valor y más fondos para los programas de industrialización en los próximos Presupuestos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ya que cada año en España se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y calculan que con entre 15.000 y 17.000 efectivos más se podría reducir a la mitad.

Así lo ha señalado la organización después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, con el que transpone la última directiva europea y refuerza el control sobre los contribuyentes para evitar la elusión y el fraude fiscal.

En este contexto, Gestha advierte de que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ocupando el puesto 18 entre los 28 países europeos y la decimocuarta posición de los 19 países de la zona euro.

La tasa sumergida promediada entre 1991 y 2015 en España se sitúa en el 24,52%, frente al 16,01% de la media ponderada sumergida en la UE-28, y al 16,6% de la media sumergida en la euro zona-19.

DICE QUE CON 15.000 EFECTIVOS SE REDUCIRÍA LA MITAD

Por otra parte, Gestha asegura que con un cuerpo superior técnico y entre 15.000 y 17.500 efectivos más a medio plazo, la economía sumergida podría reducirse a la mitad.

En este sentido, subraya que el «punto débil» de las medidas de los sucesivos planes especiales, leyes antifraude y para el control de los gastos públicos es que no se han acompañado con medidas referidas a los medios personales con los que cuenta la AEAT, la IGAE y otros centros directivos del Ministerio de Hacienda para hacerlas cumplir con generalidad.

Por ello, tres décadas después, Gestha cree que es hora de que se cree el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para dar mayores competencias y funciones a los 8.480 técnicos de Hacienda que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A de las áreas operativas en la AEAT y los 1.014 técnicos de auditoria y contabilidad que representan el 90,8% en la IGAE.