La compañía EasyJet ha captado cerca de 419 millones de libras (460 millones de euros) mediante una colocación de acciones, lo que ha reforzado su liquidez en un contexto marcado por el fuerte impacto del coronavirus en la industria de la aviación.

La oferta de títulos, equivalente a casi el 15% de la base de acciones existentes, se colocó al precio de 703 peniques por acción, lo que representa un 5% de descuento con respecto al precio de cierre del 24 de junio, según ha explicado la compañía con sede en Luton, Inglaterra, este jueves.

EasyJet ha señalado que ahora dispondrá de más de 3.000 millones de libras de efectivo (3.326 millones de euros), teniendo en cuenta hasta 350 millones de libras (388 millones de euros) que se recaudarán de las transacciones de venta y arrendamiento de sus aviones.

La liquidez también se ha visto impulsada por un gasto de efectivo ligeramente inferior a lo esperado, ya que más clientes optan por aceptar vales para vuelos cancelados en lugar de pedir reembolsos.

La mayor compañía de descuentos de Gran Bretaña fue una de las primeras aerolíneas europeas en empezar a impulsar sus servicios a medida que se aliviaban los cierres de fronteras, reanudando los vuelos internos en el Reino Unido y Francia.

El Gobierno y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae han alcanzado un acuerdo para prorrogar hasta el 30 de septiembre la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos que se habilitó con la llegada de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, firmará el acuerdo a las 15.00 horas de hoy con los responsables de ATA, UPTA y Uatae, Lorenzo Amor, Eduardo Abad y María José Landaburu, respectivamente, según ha informado su Departamento.

Esta prestación extraordinaria, que finalizaba su vigencia el próximo martes, se puso en marcha a mediados de marzo para aquellos autónomos con importantes caídas de su facturación u obligados al cierre de su actividad.

LOS AUTÓNOMOS GANAN LA BATALLA

Las tres organizaciones de autónomos reclamaban al Gobierno la extensión de la prestación extraordinaria por cese de actividad y que se permita su acceso, con carácter retroactivo, a los llamados autónomos de temporada, aquellos que trabajan sólo unos meses al año, como los feriantes o los músicos, y que suelen darse de alta en el sistema a partir de abril, por lo que quedaron fuera de la prestación al no estar inscritos en la Seguridad Social en el momento en que se declaró el estado de alarma.

Desde ATA se había pedido al Gobierno que los autónomos que tengan restricciones a su actividad en al menos un 50%, sean estas limitaciones estatales, autonómicas o provinciales, puedan mantener la prestación extraordinaria, al igual que los que registren caídas de la facturación considerables respecto al año anterior o, en su defecto, respecto al primer trimestre.

En el primer caso, la organización de Lorenzo Amor planteaba que la duración de la prestación abarque hasta el último día de mes en el que finalice la restricción y, en el segundo, que se perciba mientras se mantenga tal caída de las ventas.

MÍNIMO 6 MESES

Asimismo, ATA reclamaba que se facilite a los autónomos de temporada el acceso, con carácter retroactivo, a la prestación extraordinaria cuando acrediten una cotización de al menos 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019. En este caso, pedía que la prestación se reciba durante seis meses como mínimo.

En línea similar, UPTA quería que se diera acceso al cobro de un subsidio o una ayuda económica a los «miles» de autónomos fijos discontinuos y de temporada que ahora mismo carecen de prestación.

Desde Uatae también se demandaba la prórroga de la prestación extraordinaria y el acceso a la misma de los autónomos de temporada, y se pedía también corregir el criterio normativo actual por el que se requiere, para la prestación ya cobrada correspondiente al tramo del 14 al 31 de marzo, que las pérdidas del 75% se acrediten desde el día 1 de ese mes, a pesar de que durante la primera quincena del mismo la actividad fue normal.

LA REGULACIÓN ACTUAL

En su regulación actual, la prestación extraordinaria, que ya han cobrado más de un millón de autónomos, conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima.

A esta prestación tiene acceso cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

En el caso de algunos colectivos como el régimen agrario, del mar – con unas actividades muy estacionales- o de la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de esos sectores.

Para solicitarla no se necesita el periodo mínimo de cotización exigido para otras prestaciones, pues sólo es necesario estar en alta como autónomo en el régimen correspondiente y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el solicitante viniera percibiendo, como por ejemplo, orfandad o viudedad.

El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo (TUE) ha avalado este jueves la sentencia del Tribunal General que establecía una similitud entre el portal de compraventa Wallapop y una marca catalana de ropa deportiva Walla, que comercializa la empresa Unipreus, por lo que pide que desestime el recurso de casación de Wallapop.

En 2018, el Tribunal General cuestionó el registro de Wallapop como marca comunitaria por las similitudes con la empresa leridana. En principio, esta sentencia no afecta al uso de la marca en España, sino al registro como marca comunitaria.

Ahora en sus conclusiones, el abogado general establece que el Tribunal General entendió correctamente que Wallapop ofrece, entre otros servicios o con carácter específico, una plataforma en línea o servicios de intermediación o gestión, y no servicios de venta propiamente dichos.

EL CONFLICTO DE LAS MARCAS

Sin embargo, el irlandés Gerard Hogan considera la similitud de los canales de distribución de las marcas en conflicto, ya que los mismos productos se pueden encontrar en ambas plataformas. Desde el punto de vista de un consumidor son canales de distribución similares, es en este punto donde más intensamente entra en juego el riesgo de confusión entre las dos marcas.

El Abogado General reitera que el hecho de que el Tribunal General haya declarado que el calzado deportivo que vende Unipreus en línea también se ofrece en la plataforma de Wallapop demuestra por sí solo que esto es así, aunque la venta al por menor en línea la lleven a cabo usuarios de la plataforma y no la propia Wallapop.

Sus conclusiones avalan que la naturaleza de los servicios de ambas marcas era, al menos, similar en bajo grado. Y señala que el operador de una galería comercial virtual como la plataforma de Internet alojada por Wallapop también se puede considerar como venta al por menor.

Sobre los servicios que ofrece el portal como la valoración de usuarios, clasificación de productos o comentarios, el abogado general entiende que este tipo de servicio informativo no se diferencia de los servicios informativos que prestan comercios tradicionales.

Con respecto al recurso de la plataforma digital que alegaba que no compite con comercio tradicional sino con otros portales digitales, el abogado irlandés también lo desestima señalando que ha de considerarse que los servicios controvertidos compiten claramente entre sí. Cree, además, que la distinción entre los servicios online y en tienda física no tiene en cuenta la realidad del mercado, los cambios en los hábitos de los consumidores respecto a las compras en Internet y, sobre todo, la percepción del consumidor medio.

La banca española tiene problemas de disponibilidad de alguna de sus operativas básicas la mitad de los días del año debido al mal rendimiento de sus infraestructuras tecnológicas, según un informe realizado por la tecnológica española Orizon.

En el análisis de cinco grandes bancos españoles, Orizon ha detectado un incremento de las incidencias al inicio y final de mes, periodos en los que las operaciones de los grandes bancos –que superan los 2.000 millones de transacciones diarias por entidad– pueden multiplicarse hasta por tres.

El número de transacciones necesarias para generar un euro de margen bruto se ha multiplicado por tres en la última década, mientras que el coste unitario por transacción ha descendido un 50%, con lo que los costes en infraestructuras y mantenimiento de las aplicaciones ha aumentado un 20%, según el informe.

BAJA CALIDAD

El principal problema al que se enfrenta la banca española es «la baja calidad de su software desde el punto de vista conceptual», más aún si se tiene en cuenta, apunta el estudio, que a lo largo del año una entidad lo modifica en un 50%, aproximadamente.

Como consecuencia de esta baja calidad, la banca española soporta unos sobrecostes de sus infraestructuras tecnológicas de un 10% y que este exceso de coste llega a ser del 15% en el caso del mantenimiento de sus aplicaciones.

El informe señala que los tiempos de respuesta de los sistemas son excesivos hasta en un 50% de las ocasiones por incumplimiento de los contratos de servicios por parte de proveedores, con su consiguiente impacto sobre ciertas operaciones del negocio, que no son ejecutadas a tiempo.

A juicio de Orizon, esta situación es «claramente subsanable» ya que el 70% de las problemáticas tecnológicas de la banca siguen patrones claros, repetitivos y, por tanto, previsibles.

SIN CAPACIDAD PARA EVALUAR EL IMPACTO

Por último, el estudio de Orizon señala que la banca del país no tiene capacidad para evaluar qué impacto tiene en el negocio la inversión en nuevas infraestructuras tecnológicas, y son, por restricciones normativas, «fuertemente conservadores en innovación tecnológica.

El análisis de las inversiones realizadas en tecnología durante los últimos diez años constata que la mayoría se dedican al mantenimiento de las infraestructuras existentes y en una progresión creciente. En 2008, la inversión en innovación supuso el 49,3% de los costes y el 50,7% se dedicó a mantenimiento, mientras que actualmente es del 40% y 60%, respectivamente.

«La banca española no dispone de un enfoque metodológico hacia la medición de la eficiencia tecnológica ya que las herramientas usadas a tal fin son incapaces de analizar la complejidad actual de los sistemas. En la mayoría de los casos, este tipo de herramientas son diseñadas por los propios equipos de tecnología, por lo que no están vinculadas a los procesos de negocio», ha explicado el CEO de Orizon, Ángel Pineda.

La firma de servicios profesionales Auren ha llegado a un acuerdo con la red social profesionales LinkedIn para el análisis de datos de recursos humanos (RR.HH.) de las empresas, según ha informado la compañía en un comunicado.

Auren destaca que con este acuerdo, alcanzado a través de su división de consultoría de RR.HH. de Auren Blc, interpretará y analizará correctamente la información que recoge la red social profesional «más grande del mundo» en este sentido.

Auren Blc es especialista en soluciones People Analytics (análisis de personas), un método basado en datos que permite analizar retos y oportunidades en el entorno laboral, con el objetivo de lograr el éxito empresarial y permitir a las empresas tomar mejores decisiones.

Este tipo de análisis ayuda a las empresas a determinar qué candidatos son los más idóneos para diferentes tipos de puestos de trabajo, identificar a aquellos aspirantes que encajan mejor con la cultura de la empresa o permite evaluar la efectividad de los canales y procesos de reclutamiento y contratación, entre otras variables.

La nueva alianza se presentará oficialmente el próximo 2 de julio en la sesión ‘La evolución e impacto de People Analytics en las empresas en España’, en la que participarán los representantes de ambas compañías.

S&P Global Ratings prevé que el déficit tarifario reaparecerá este año en el sistema eléctrico, por primera vez desde 2013, debido a la «dramática» caída en la demanda de energía por la crisis del Covid-19, aunque considera que el impacto para las eléctricas y las renovables será «manejable y temporal».

En un informe, la agencia de calificación señala que los anteriores déficits tarifarios en España han pesado sobre el sector eléctrico y han penalizado en gran medida el desempeño financiero de los operadores.

No obstante, afirma que, esta vez, debido al nuevo marco regulatorio, el déficit potencial será «manejable y temporal» para las ‘utilities’ y las energías renovables españolas, aunque las herramientas de ajuste siguen sin probarse», destaca el analista de crédito de S&P Global Ratings Gonzalo Cantabrana Fernández.

S&P ve «sólido» el marco regulatorio para las redes de transmisión y distribución de energía en España y estima que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030 trazado por el Gobierno «no creará ningún nuevo déficit tarifario estructural.

CAÍDA DE LA DEMANDA 

De todas maneras, anticipa que, de acuerdo con los datos actuales, el consumo de electricidad disminuirá aproximadamente entre un 6% y un 8% este año, «dependiendo de la velocidad de recuperación, que también determinará el consumo en 2021», añade el analista de S&P.

El sistema eléctrico español acumuló déficits de tarifa año tras año entre 2000 y 2013, lo que debilitó la posición financiera de los operadores del mercado y arrojó una sombra sobre las inversiones españolas en infraestructura energética durante años.

Con la reforma del mercado eléctrico de 2013, se buscó evitar tales déficits, proporcionar una mayor visibilidad y restaurar la confianza de los inversores.

Así, desde 2014, no ha habido más déficit en el sistema eléctrico, que, al contrario, ha acumulado un superávit desde ese año hasta 2018 de casi 1.700 millones de euros, aunque de este importe se han utilizado 649,8 millones de euros para cubrir diferentes partidas. De esta manera, existe un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de algo más de 1.000 millones de euros.

Además, el déficit tarifario anterior a 2013 se ha recortado gradualmente y se situaba en unos 16.600 millones de euros en 2019, una reducción que S&P considera «uno de los principales elementos que sustentan la sostenibilidad del sistema eléctrico español».

Por otra parte, la agencia de calificación prevé que ese déficit tarifario todavía pendiente anterior a 2013 se reembolse por completo en 2028.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avisado este jueves de que un trabajador que haya sido despedido de manera ilegal y readmitido como consecuencia en su antiguo puesto conserva el derecho a vacaciones anuales retribuidas durante ese periodo de ausencia o bien a una compensación si al término de la relación laboral no las ha disfrutado.

La Justicia europea responde en su sentencia a cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales de Bulgaria e Italia sobre los casos de dos trabajadoras que reclaman este derecho, tras haber sido despedidas ilegalmente y haber sido readmitidas. En ambos casos, la relación laboral con sus respectivos empleadores se resolvió más tarde.

Con todo, el Tribunal con sede en Luxemburgo aclara también que cuando el trabajador haya ocupado un puesto de trabajo diferente durante el periodo transcurrido entre el primer despido y su readmisión, entonces el derecho a vacaciones se podrá exigir al nuevo empleador.

El fallo explica que el período comprendido entre el despido ilegal y la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo debe asimilarse a un período de trabajo «efectivo» a fin de determinar el derecho a vacaciones anuales retribuidas.

En este sentido, la sentencia del TUE recuerda que si un trabajador no puede cumplir sus cometidos por una razón imprevisible y ajena a su voluntad, como una enfermedad, el derecho a vacaciones anuales retribuidas no puede quedar supeditado al requisito de haber trabajado efectivamente.

A juicio del Tribunal europeo, el hecho de que un trabajador se haya visto privado de la posibilidad de trabajar por un despido declarado ilegal resulta una circunstancia «imprevisible y ajena» a su voluntad, al igual que se interpreta de ese modo una incapacidad laboral por enfermedad.

Mutualidad de la Abogacía y Mutualidad de la Ingeniería han anunciado un acuerdo por medio del cual se crea la sociedad Avanza Mutual de Seguros y Reaseguros S.A., dedicada a la comercialización de productos de seguro colectivo e individual y de ahorro entre los profesionales de la Ingeniería, sus Colegios y sus Asociaciones profesionales.

La operación está pendiente de aprobación por las asambleas generales de ambas mutualidades y de la obtención de las autorizaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que resulten aplicables.

Mutualidad de la Abogacía aportará «su fortaleza y respaldo financiero a la sociedad» con el objetivo de realizar una inversión rentable participando en la comercialización de productos de seguro y ahorro para ingenieros, mientras que la Mutualidad de la Ingeniería aportará «su cartera y sus recursos saneados» con el fin de prestar un mejor servicio a su colectivo.

Según han afirmado, la creación de esta sociedad conjunta tendrá «un impacto muy beneficioso para las dos partes«, al permitir aprovechar sinergias, mejorar su posición en el mercado y sus capacidades de previsión social e inversión y generar oportunidades para sus mutualistas actuales y futuros.

PRIMERA FASE

En una primera fase y una vez formulado el proyecto de fusión por los respectivos órganos de administración, Mutualidad de la Abogacía creará la sociedad aseguradora Avanza Mutual y Mutualidad de la Ingeniera aportará a esa nueva sociedad sus 60.000 mutualistas y su actual negocio asegurador (a excepción de los mutualistas y la actividad correspondiente a la alternatividad al RETA), quienes mantendrán las mismas condiciones de sus productos contratados que tenían hasta el momento.

Está previsto que esta nueva sociedad esté dirigida por representantes de ambas mutualidades, siendo controlada al 76% por Mutualidad de la Abogacía y al 24% por Fundación Mutualidad de la Ingeniería, con un pacto de socios que compromete que las decisiones relevantes deberán ser acordadas entre ambos.

La Fundación Mutualidad de la Ingeniería, de nueva creación, con los recursos que obtenga de esta participación, podrá incrementar la función social y asistencial que hasta ahora de forma más limitada se venía desempeñando desde la Mutualidad.

SEGUNDA FASE

En una segunda fase, tendría lugar la integración de la unidad de negocio alternativo de Mutualidad de Ingeniería en la propia estructura de Mutualidad de la Abogacía mediante una operación de fusión por absorción, de forma que los 700 mutualistas actuales de Mutualidad de la Ingeniería que eligieron el régimen alternativo al RETA podrían seguir disfrutando de ese servicio de la mano de Mutualidad de la Abogacía, así como los nuevos mutualistas del colectivo ingeniero que elijan el régimen alternativo a partir de este momento.

La integración permitirá que perdure para el colectivo de ingenieros que trabajen por cuenta propia la facultad de optar por un sistema alternativo al RETA para cubrir su previsión social obligatoria fomentando así el valor fundamental del mutualismo.

CRECIMIENTO EN EL MERCADO 

De llevarse a cabo la integración, Mutualidad de la Abogacía se consolidaría como la mutualidad líder en el sector asegurador español y una de las principales entidades aseguradoras en el seguro de vida, dando servicio a más de 265.000 personas entre abogados e ingenieros gestionando un volumen de ahorro de 8.000 millones de euros a través de la propia entidad y de Avanza Mutual.

De su lado, Mutualidad de la Ingeniería perdurará a través de dos entidades de nueva creación, la sociedad Avanza Mutual y la Fundación.

El presidente de Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ha asegurado que la operación supone para la entidad «una gran oportunidad de integración» que, de llevarse a cabo, le permitía crecer y consolidarse en el sector asegurador español, ampliando su alcance para ofrecer soluciones aseguradoras a un nuevo colectivo profesional, el de los ingenieros.

«Más que nunca en estos tiempos inciertos, tras el cambio social que vivimos con la Covid-19, defendemos con energía el carácter mutual del seguro y su condición de bien social, para evitar posibles situaciones de precariedad de los ciudadanos ante la falta de previsión o cobertura. Esta operación nos permitiría reforzar el concepto de la alternatividad, así como los valores del mutualismo, que se basan en la confianza, la solidaridad y la transparencia, entre otros y, nos situará en una posición más ventajosa para ofrecer, en un futuro, nuevas prestaciones a nuestros mutualistas y sus familias», ha señalado.

De su lado, el presidente de Mutualidad de la Ingeniería, Adolfo Rodríguez González, ha resaltado que el acuerdo supone «un salto en el nivel del servicio y valor» que presta a los ingenieros individual y colectivamente.

«Tenemos una Mutualidad saneada y con un fuerte potencial de crecimiento que, unido al tamaño y fuerza financiera de Mutualidad de la Abogacía, podremos aprovechar adecuadamente en favor del ingeniero, tanto a través del servicio de la nueva aseguradora como a través de la nueva Fundación, llamada Fundación Mutualidad de la Ingeniería», ha apuntado.

Liberbank ha vendido al fondo internacional Patrizia el Parque Industrial de Proveedores de la compañía automovilística Seat, ubicado en el municipio de Abrera (Barcelona), por 26 millones de euros.

La entidad ha contado con el asesoramiento financiero e inmobiliario de Colliers International y de Haya Real Estate para deshacerse de este activo estratégico con ubicación atractiva sobre todo para operadores ligados a la logística.

El parque industrial aloja a los proveedores de Seat en seis naves logísticas y en una oficina y ocupa un área de 47.000 metros cuadrados. Cuenta con conexiones de transporte a las autopistas AP-7 y A-2.

LA MAYOR OPERACIÓN DEL 2020

A pesar de la incertidumbre que todos enfrentamos este año en España y en todo el mundo, seguimos confiando en los sólidos fundamentos de la economía española», ha afirmado el director general de Patrizia en Iberia, Eduardo de Roda.

De Roda ha destacado el trabajo realizado por su equipo en España al haber sido capaz de identificar y negociar la adquisición de este portfolio de activos, en la que constituye la mayor operación llevada a cabo en Barcelona en lo que va de año.

«Esperamos que se produzcan oportunidades igual de excepcionales en el futuro más próximo, a medida que el mercado inmobiliario siga abriéndose», ha añadido el directivo.

Con esta última adquisición, la cartera logística de Patrizia en España asciende a casi 550 millones de euros, lo que representa un 40% del valor total de su cartera en Iberia.

Repsol y Kia han firmado un acuerdo para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como otros servicios asociados en el ámbito de la movilidad eléctrica, para particulares, empresas y concesionarios, convirtiéndose así la energética en el proveedor homologado por el fabricante automovilístico para los vehículos 100% eléctricos y los híbridos enchufables.

En concreto, la firma surcoreana ofrecerá a sus clientes en España la posibilidad de instalar en sus domicilios la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos de Repsol, que además será el instalador preferente de estas infraestructuras de recarga en los 220 puntos de venta de Kia en España.

Así, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz proporciona una solución energética global, con ventajas dentro y fuera del hogar la instalación ‘llave en mano’ del punto de recarga doméstico, servicio de mantenimiento, la opción de contratar una tarifa eléctrica de Repsol adaptada a cada vivienda y beneficios adicionales, como dos recargas gratis al mes en exclusiva para los clientes de Kia.

Además, gracias a este nuevo acuerdo, los clientes de ambas compañías podrán recargar su vehículo en los más de 250 puntos públicos de Repsol con un 50% de descuento en caso de que contraten la tarifa eléctrica para el hogar de la energética, y se beneficiarán de hasta 150 euros de regalo en Waylet, la aplicación de pago de la petrolera, que puede usarse en sus 3.400 estaciones de servicio y en una amplia red de comercios.

REFUERZAN SU ALIANZA

Con este acuerdo, que también contempla soluciones de movilidad eléctrica personalizadas para flotas, empresas y concesionarios, Repsol y Kia amplían los lazos de la alianza que lanzaron hace dos años WiBLE, un servicio de ‘car sharing’ en la Comunidad de Madrid que cuenta con 500 vehículos Kia Niro PHEV y 170.000 usuarios registrados, y que ya ha superado los 1,4 millones de viajes.

Repsol ofrece soluciones para todo tipo de necesidades de movilidad a través del desarrollo de los carburantes más eficientes, el suministro de AutoGas y la expansión de su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, una de las más relevantes de España, compuesta por más de 250 puntos de recarga públicos, entre los que se incluyen 50 de carga rápida, la mayoría situados en estaciones de servicio.

A esto se añaden los dos primeros puntos de recarga ultrarrápida de la Península Ibérica, instalados durante 2019 en estaciones de servicio del grupo, que permiten recargar la batería de vehículos que soporten esta tecnología en un tiempo de entre cinco y diez minutos, similar al que se emplea en un repostaje convencional.

COLABORACIÓN DE AYUNTAMIENTOS

La compañía tiene también firmados acuerdos con los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza y Santander, y con los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, entre otros, para la operación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en vía pública.

Por su parte, Kia, en su estrategia en materia de electrificación y movilidad, ha anunciado el ‘Plan S’, que supone un impulso de los vehículos eléctricos y las soluciones de movilidad personalizadas.

La firma posee una de las gamas electrificadas más completas del mercado, compuesta por vehículos híbridos, híbridos enchufables e incluso dos modelos 100% eléctricos capaces de recorrer 450 kilómetros con una sola carga. Además, la marca surcoreana anunció su programa ’10 Compromisos Kia’, enfocado a impulsar la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

El vicepresidente ejecutivo de Nissan en Rusia y responsable de las operaciones industriales de Nissan Motor Ibérica (NMISA), Frank Torres, ha reclamado diálogo a los trabajadores para empezar a negociar en el marco del proceso de consultas y colaboración tanto al Gobierno como a la Generalitat tras el anuncio de cierre de las plantas en Cataluña.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa telemática, en la que ha advertido a los sindicatos de que «cualquier amenaza o intención de no querer colaborar va en contra de todo», aunque ha declarado estar confiado en que se sentarán a hablar.

«Insistimos en que tiene que haber ese diálogo en el marco donde está amparado Nissan, que es el marco de consultas. Tienen que reconocer a los interlocutores y tienen que entender que si Nissan ha decidido poner a alguien local es con el ánimo de establecer ese diálogo y ver cuál es la mejor solución posible para los empleados», ha insistido, en referencia a su persona.

LA DECISIÓN VIENE DE JAPÓN

En este sentido, ha defendido que él no ha tomado la decisión del cierre, sino que ésta proviene de Japón en el marco de un escenario global por exceso de capacidad productiva: «Si no estuviera Frank Torres y estuviera otra persona la decisión no hubiese cambiado».

Ha explicado que el centro de recambios de Nissan en El Prat de Llobregat (Barcelona), en el que trabajan 114 personas, no ha quedado afectado por el plan de cierre porque han hecho entender que los retos que tiene son distintos a los de la planta productiva: «Hemos convencido a Europa de que el centro de recambios no esté afectado y por eso lo hemos excluido.

Torres ha insistido en que la compañía, tras estudiar la situación de las plantas catalanas, no ha encontrado ninguna solución viable para su futuro en comparación con otras factorías porque tiene una baja capacidad productiva y requiere altos niveles de inversión, lo que se traduce al final en un problema de competitividad.

ACUERDO MENOS «TRAUMÁTICO»

Torres ha sostenido que ahora toca asumir esta decisión y, a través del proceso de consultas, sentarse a hablar cuanto antes para intentar conseguir el mejor acuerdo «y el menos traumático para los empleados».

Preguntado por la posibilidad de relocalizar a empleados de Nissan a otras fábricas, Torres ha dicho que lo primordial es el diálogo y que dentro de él están abiertos a escuchar a todos: «Se tiene que producir dentro del proceso de consultas. Ahí tenemos que dialogar y buscar opciones».

El próximo lunes la compañía empezará con la comunicación a los comités de empresa implicados del proceso de consultas para que puedan asignar a 13 miembros para la comisión de negociación, designada por los comités de los centros implicados en el cierre.