El 75% de los profesionales de la inversión cree que las firmas que han recibido ayudas públicas durante la crisis del coronavirus no deberían pagar dividendos a sus accionistas ni compensar a sus ejecutivos con bonus, según una encuesta de CFA Institute a nivel global.

En cuanto a otras posibles actuaciones, un 83% de los expertos coincide en que no se debería considerar la prohibición de las ventas a corto por parte de los reguladores.

En lo referente al impacto de la crisis en la gestión de activos, un 39% de los analistas prevé quiebras a gran escala y también una aceleración de la automatización para reducir los costes.

A nivel de efectos sobre el empleo, el 54% de los encuestados no ve ningún cambio en los planes de contratación de su empresa y el 36% informa de una congelación de la contratación, mientras que un 9% anticipa una reducción de personal.

Igualmente, el informe contempla una próxima consolidación, así como la divergencia entre mercados emergentes y desarrollados, y un posible freno a la globalización de los mercados financieros.

En cuanto a la ética de los profesionales en esta crisis, el 45% ve probable que provoque «conductas de dudosa ética en la industria de gestión de inversiones», principalmente en los mercados menos desarrollados.

CAMBIO DE ASIGNACIONES ESTRATÉGICAS

Dada la volatilidad del mercado, cerca del 75% de los encuestados asegura que analiza este factor antes de tomar una decisión sobre la asignación de activos.

El 25% restante de los profesionales afirma que ha modificado «de forma significativa» sus asignaciones estratégicas debido a los efectos de la inestabilidad.

Este cambio de estrategia ha sido más notable en las carteras de América Latina, el 44%, y en el sudeste asiático, un 38%, a diferencia de Europa y América del Norte.

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas se redujo ligeramente el pasado mes de abril hasta el 4,77%, frente al 4,80% de un mes antes.

Según los datos del Banco de España, esta cifra supone un recorte en la mora bancaria de casi un punto porcentual con respecto a abril de 2019, cuando se situó en el 5,70%.

Las cifras incluyen el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que, desde enero de 2014, han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito.

Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad se situaría en el 4,89%, puesto que el saldo de crédito fue de 1,17 billones de euros en abril de 2020 al excluirse el crédito de los EFC.

Por su parte, los créditos dudosos crecieron por segundo mes consecutivo, hasta los 57.690 millones de euros en abril, un 0,61% más que en marzo. Respecto al quinto mes del ejercicio precedente, el saldo decreció un 15,6%.

También volvió a crecer el crédito total del sector, situándose un 1,44% por encima del mes anterior, hasta 1,121 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,98% respecto a abril de 2019. Coincidiendo con el inicio de la crisis del coronavirus, en el mes de marzo el crédito había roto con tres meses consecutivos a la baja, al repuntar un 1%.

Las provisiones de las entidades financieras se situaron en 36.663 millones de euros en abril, lo que supone un descenso del 0,87% respecto al mes precedente, en el que esta partida había repuntado un 3%. Frente al mismo mes de 2019, la caída fue del 12,6%.

El presidente de Puig y del Instituto de Empresa Familiar, Marc Puig, ha resaltado la «gran contribución» de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) durante la crisis del Covid-19, sin los cuales hubiera habido «muchos EREs» y ha abogado por un tejido empresarial competitivo para mejorar el nivel de paro de España.

«Sin un tejido empresarial competitivo no tendremos posibilidad de mejorar el nivel de paro en España, a todas luces inaceptable», ha señalado durante su intervención en la Cumbre Empresarial de la CEOE.

Asimismo, Puig ha explicado el impacto de la pandemia en su compañía, con presencia en más de 150 países y cuyas ventas exteriores representan el 85% del negocio, y ha señalado que las ventas cayeron un 87% en abril y un 75% en mayo.

Durante la crisis sanitaria, todas las fábricas de Puig cerraron menos la que se adaptó a la fabricación de geles hidroalcohólicos, según ha explicado el directivo, quien ha resaltado que pese al confinamiento y al impacto en la demanda, la compañía acometió «la mayor operación de su historia» con la compra de Charlotte Tilbury.

Puig ha resaltado las consecuencias de la pandemia y ha señalado que lo importante es saber canalizar los recursos para que el mayor número de empresas pueda sobrevivir, porque «si viene un nuevo confinamiento, las consecuencias serían desastrosas».

«Hagamos que se creen empresas, que las pequeñas se hagan medianas y que las medianas se conviertan en grandes para mejorar la productividad», ha afirmado.

El presidente de Puig ha resaltado además que es una responsabilidad no dejar sólo deudas a la siguiente generación como consecuencia de los gastos derivados de la crisis, por lo que ha reclamado control de déficit público, al tiempo que ha señalado que se debe reducir la economía sumergida reduciendo el uso del papel moneda y fomentando el uso digital del dinero. «No pongamos todos los esfuerzos en aumentar los impuestos de los que ya los pagan», ha reclamado.

Por otro lado, ha resaltado que España es el segundo país exportador mundial en perfumería y en este sentido ha afirmado que no piden nada a la Administración, «solo un terreno fiscal neutro», porque, de lo contrario, se corre el riesgo de seguir viendo empresas cuyo centro de decisión se traslada al extranjero.

La cifra de negocios de la industria se desplomó un 40,8% el pasado mes de abril respecto al mismo mes de 2019, su mayor retroceso de toda la serie histórica, iniciada en 2002, como consecuencia de la crisis sanitaria y del permiso retribuido recuperable para actividades no esenciales que provocó una paralización casi total de la industria en la primera mitad de abril.

Con esta caída, la facturación de la industria encadena dos meses consecutivos de tasas negativas, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca el crecimiento experimentado por la fabricación de productos farmacéuticos, rama que elevó sus ventas un 5% interanual en abril.

Por el contrario, la industria del automóvil experimentó una bajada interanual del 90,5% en su cifra de negocios. Colateralmente, precisa el INE, se produjo un descenso en la producción y una significativa bajada de los precios en las coquerías y el refino de petróleo, lo que ha provocado una disminución del 72,1% en la facturación de esta actividad.

También destacan los retrocesos anuales de las ventas en prendas de vestir (-80%); en la fabricación de artículos de joyería, bisutería e instrumentos musicales (-78%); en la industria del cuero y calzado (-72,2%), y en la fabricación de muebles (-70,9%).

Además, aunque los productos alimenticios han sido los bienes que mayoritariamente han consumido los hogares durante el mes de abril, la industria alimentaria también ha visto reducida su cifra de negocios un 5%, tras la subida anual del 13,9% que experimentó en marzo.

Por sectores, todos ellos recortaron su facturación en abril. Los mayores descensos de las ventas en tasa interanual se registraron en la energía (-72,1%) y los bienes de consumo duraderos (-67,5%), seguidos de los bienes de equipo (-63,1%), de los bienes intermedios (-35,6%) y de los bienes de consumo no duradero (-16,6%).

Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria también bajó un 40,8% interanual en el cuarto mes del año, también el mayor descenso de la serie.

En términos mensuales (abril sobre marzo) y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se hundió un 28,7%.

TODA LAS COMUNIDADES RECORTAN VENTAS

La cifra de negocios de la industria disminuyó respecto a abril de 2019 en todas las comunidades autónomas.

Los mayores retrocesos se produjeron en País Vasco (-50%), Galicia y Navarra (-48,3% en ambos casos) y Comunidad Valenciana (-47,1%), mientras que los menores correspondieron a Extremadura (-9,9%) y, mucho más lejos, Madrid (-29,3%).

El presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Alfonso Merry del Val, ha solicitado en la cumbre de empresarios un «gran compromiso nacional» para dinamizar el consumo y crear empleo tras la crisis del coronavirus, que está afectando seriamente a las empresas españolas, y que el Gobierno no convierta la economía en un «infierno fiscal y legislativo».

«Desde Anged demandamos un gran compromiso nacional para impulsar y recuperar el optimismo y la confianza, el consumo de los hogares y la seguridad del turismo. Somos conscientes de que el empleo es un factor decisivo para recuperar el consumo. No podemos convertir nuestra economía en un infierno fiscal y legislativo», ha apuntado el directivo durante su participación en la cumbre empresarial organizada por la CEOE.

Merry del Val ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no haya trazado un plan «concreto y claro» para la reconstrucción y ha advertido de que esta indefinición tendrá un coste para la confianza y la seguridad jurídica, además de cuestionar consensos básicos, así como la propia imagen de España.

La patronal de la gran distribución ha subrayado que la situación del comercio es «crítica». «Según el último informe de la OCDE, durante el estado de alarma y la desescalada, el comercio ha restado 9,5 puntos al PIB. En el mejor de los escenarios, en 2020 el comercio perderá unos 30.000 millones de facturación, sobre todo, en categorías de no alimentación donde la caída de las ventas ha superado el 50%», ha explicado.

Merry del Val ha asegurado que «solo con el desarrollo de las empresas y la iniciativa privada» se volverá a generar riqueza y empleo. Lejos del intervencionismo, esta confianza en el sector privado es esencial y debe guiar la acción del Gobierno hacia la recuperación», ha indicado.

El directivo ha advertido de que las empresas deberán realizar «sacrificios colosales» para evitar unas cifras de paro que «producen escalofríos», por lo que aboga por la negociación y el acuerdo entre empresarios y sindicatos en una mesa del diálogo social. «El Gobierno debe asumir su único rol: facilitar y promover acuerdos sociales amplios y generosos», ha resaltado.

AMPLIAR HORARIOS DE APERTURAS

El presidente de Anged ha recordado que desde que se decretó el estado de alarma, el comercio ha cerrado 91 días. «Tenemos que tomar medidas excepcionales para recuperar, aunque sea en parte, esta pérdida ingente de actividad y empleo que repercute directamente también en nuestra industria. Por ello, es razonable impulsar un gran pacto para ampliar horarios de apertura a domingos y festivos durante 2020″, ha demandado.

Por otro lado, Merry del Val ha vuelto a solicitar las «mismas reglas» para el comercio físico y al ‘online’. «Si el comercio no abre, el consumidor comprará cada vez más por Internet, como ha hecho masivamente durante la pandemia. Debemos competir todos con las mismas reglas y ofrecer oportunidades a todo el comercio», ha señalado.

De esta forma, considera que «no» es el momento de contrarreformas, si no de «medidas excepcionales», que ayuden a empresas y trabajadores a adaptarse a la emergencia y nueva realidad para mantener el máximo nivel de empleo. «El camino contrario llevará al colapso del mercado laboral», ha advertido.

La patronal de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour considera que «no es razonable» endurecer la carga impositiva a empresas y hogares, algo que considera «anacrónico». Necesitamos incentivar el empleo, impulsar la inversión y compensar el derrumbe de la actividad. Y ampliar el apoyo fiscal y financiero a todas las empresas para que puedan hacer frente a sus obligaciones con proveedores y acreedores», ha señalado.

LOS SUPERMERCADOS PIDEN «SEGURIDAD JURÍDICA» 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha pedido a las instituciones «seguridad jurídica» para la reactivación económica, así como un marco normativo laboral que «incentive la contratación y la formación de los trabajadores», que esté basado en la flexibilidad y que permita que mediante el diálogo social se puedan alcanzar acuerdos para que se mejore la productividad.

La asociación, que cuenta entre sus asociados con Carrefour, Alcampo, Eroski, Lidl o Supercor, también ha solicitado, al igual que ha hecho Anged, que exista «igualdad» entre el comercio físico y el ‘online’.

«El crecimiento del comercio ‘online’ durante el estado de alarma ha sido una realidad. Hay que avanzar en la liberalización de horarios comerciales y eliminar cargas en la apertura de nuevos establecimientos para que el comercio físico pueda competir en igualdad con el ‘online’ y seguir siendo generador de riqueza y de empleo», ha subrayado Del Pino.

Además, el presidente de ACES ha destacado la necesidad que tiene el sector en contar con un convenio sectorial estatal de supermercados, que dé estabilidad y seguridad a las empresas.

«Necesitamos un marco fiscal que favorezca el crecimiento, haciendo que la estabilidad presupuestaria venga de la ampliación de las bases de recaudación y no del aumento de cargas tributarias», ha destacado durante su intervención.

De esta forma, Del Pino cree que la unidad de mercado, la libertad económica y la libre competencia son la «mejor receta para mejorar la competitividad» de la economía española y promover la innovación.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Fondo de Reserva de Garantía para la industria electrointensiva, una medida que «va a permitir acompañar el desarrollo de los ‘PPA’ (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo) con plantas de generación renovable.

En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Maroto enmarcó esta medida dentro de las «prioridades» que representan para el Gobierno el mejorar la competitividad de la industria electrointensiva.

Según el anteproyecto de Ley por el que se crea esta figura, que vio la luz el pasado mes de febrero, el fondo, que será gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE), cubrirá un total de 600 millones de euros para sus tres primeros años.

En concreto, el fondo estará dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. En lo que se refiere a los años siguientes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) determinarán cada año, a partir del cuarto, cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, las ampliaciones del fondo.

Este fondo, creado como mecanismo de cobertura para el impulso de los ‘PPA’s, con el objetivo de abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores, figura entre las medidas planteadas por el Gobierno para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética.

EL ESTATUTO, «EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS»

Maroto enmarcó la aprobación de este Fondo de Reserva de Garantía como una «medida muy importante» contemplada dentro del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, «que también se aprobará en las próximas semanas», reafirmó.

La ministra destacó que España necesita «reforzar» el papel del sector industrial en el PIB del país y, para ello, apostó por «impulsar» un Pacto para la Industria «de permanencia y que sea elevado a categoría de política de Estado», estando así «salvaguardado de futuros cambios políticos».

Asimismo, valoró la necesidad, puesta especialmente sobre la mesa por la crisis del Covid-19, de forjar «una reserva estratégica de recursos sanitarios». «Seguiremos apoyando a las empresas que apuesten por ello», dijo.

Por otra parte, Maroto indicó que la internacionalización de la empresa española «sigue siendo una prioridad» y afirmó que, en este sentido, se presentará un plan de impulso.

El sector servicios registró un descenso de su facturación del 41,4% en abril, su mayor caída de toda la serie histórica, debido a la crisis del Covid-19 que provocó la declaración del estado de alarma y la entrada en vigor, durante dos semanas, del permiso retribuido recuperable para trabajadores no esenciales, lo que dio lugar a la «casi total» paralización del sector servicios en la primera mitad de abril, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso, que duplica la peor caída registrada en la crisis de 2009 (-20,6%), los servicios encadenan dos meses consecutivos de fuertes retrocesos interanuales como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre la economía.

Por sectores, los mayores retrocesos fueron para las actividades relacionadas con el turismo. Así, los servicios de alojamientos, de comida y bebida y las agencias de viajes recortaron sus ventas más de un 90% respecto a abril de 2019.

Dentro del sector del comercio, las ventas de vehículos de motor y motocicletas se desplomaron en abril un 84,4% interanual, y dentro del transporte, los más relacionados con pasajeros (ferrocarril, taxi, terrestre y aéreo) fueron los más perjudicados, con retrocesos de la facturación de más del 70% en tasa anual.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se desplomó también un 41,4% interanual en abril, la mayor caída de la serie histórica, iniciada en el año 2000.

Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios retrocedió en el cuarto mes del año un 5,5% en tasa interanual, su mayor caída desde septiembre de 2009. El INE subraya que en los datos de empleo hay que tener en cuenta que las personas acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante el estado de alarma siguen formando parte del personal de la empresa.

En términos mensuales (abril sobre marzo) y eliminado el efecto de calendario y la estacionalidad, la facturación del sector servicios se hundió un 26%.

EL COMERCIO FACTURA UN 40,4% MENOS

En abril, las ventas del comercio descendieron un 40,4% respecto al mismo mes del año anterior, con caídas del 83% en las ventas y reparación de vehículos; del 33,2% en el comercio minorista, y del 36,2% en el comercio mayorista.

Los otros servicios recortaron su facturación un 43,1% en el cuarto mes del año, destacando los retrocesos de la hostelería (-94,4%) y de las actividades administrativas y servicios auxiliares (-47,2%). Le siguen el transporte (-41,1%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (-30%) e información y comunicaciones (-16,6%).

Entrando en algo más de detalle, los mayores descensos de las ventas se dieron en los servicios de alojamiento (-95,9% interanual); servicios comida y bebida (-93,7%); agencias de viaje (-92,3%); transporte por taxi (-85,9%), y venta de vehículos (-84,4%).

Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios registró en abril una caída interanual del 5,5%, que fue mucho más acusada en la hostelería (-14,9%) y en las actividades administrativas y servicios auxiliares (-8,3%).