La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desestimado la solicitud de Correos para excluir los meses de marzo, abril y mayo de las mediciones de los plazos de entrega del Servicio Postal Universal (SPU), al considerar que la justificación aportada por el operador postal «no es suficiente».

Según explica el regulador, Correos ha basado su solicitud en reclamar como supuestos de fuerza mayor tanto la crisis sanitaria como el conjunto de medidas normativas aprobado por el Gobierno para frenar el avance del virus.

Por ello, el operador postal pidió la autorización ante Competencia de la deducción de estos tres meses de la medición de los plazos de entrega, de conformidad con lo previsto por la norma técnica de ‘Medición del plazo de entrega de extremo a extremo, para envíos individuales de correo prioritario y de primera clase’.

Esta norma aplica a las mediciones de los plazos de entrega de la carta ordinaria y del paquete azul, que son la base para valorar el grado de cumplimiento por parte de Correos de uno de los objetivos de calidad exigibles en la prestación del SPU.

No obstante, la sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC ha considerado que la fuerza mayor que invoca Correos «no resulta suficientemente fundada a la luz del principio de continuidad» establecido en la Ley Postal, toda vez que la propia compañía comunicase que el servicio se siguió prestando aún en los momentos más complejos de la crisis sanitaria y del estado de alarma.

Por ello, el organismo regulador ha estimado que los eventos alegados por Correos, aunque impactaran en el operador, no lo hicieron «con una intensidad tal que se viera impedido para la prestación del SPU en todos y cada uno de los días del trimestre considerado, cuando menos con total imprevisibilidad e igual incidencia una vez desencadenada la pandemia y ya conocido el sentido de las normas adoptadas a raíz de la misma».

Aun así, la CNMC no descarta considerar el impacto que hayan podido tener en el ejercicio 2020 las circunstancias comunicadas por el operador, que tienen su causa en la crisis sanitaria generada por el coronavirus Covid-19, a la hora de valorar el cumplimiento de los plazos de Correos.

GM Food Iberica ha inaugurado la reforma del Gros Mercat de Figueres (Girona), el primer supermercado ‘cash&carry’ que se abrió en España en el año 1970, coincidiendo con el 50 aniversario de su apertura, en un acto con aforo reducido, ha informado la empresa en un comunicado este miércoles.

El evento también ha servido para conmemorar los 95 años de la empresa, que nació en Figueres en el año 1925. GM Food inició el proyecto de renovación de su primer supermercado hace unos meses para adaptarlo a la necesidad de sus clientes con una inversión de 2,4 millones de euros, y proseguirá esa adaptación a supermercados de Girona, Palamós y Olot (Girona).

Las mejoras consisten una renovación integral del espacio con un nuevo concepto del mercado de frescos que incluye frutería, carnicería, pescadería y refrigerados, con una mayor presencia de productos locales, de más de 100 proveedores de la provincia de Girona, y con una superficie 1.294 metros cuadrados (m2) de los 8.000 que tiene el lugar.

Además, también se ha hecho una mejora en la bodega, con presencia de vinos de Denominación de Origen (DO) de la zona, el impulso de la venta de productos ecológicos y también el paso al uso de energías más sostenibles en el supermercado para ser más beneficiosos con el medio ambiente.

El director general de GM Food, Luis Labairu, ha asegurado que esta renovación es el paso hacia el futuro de los supermercados ‘cash&carry’. «No solo adaptamos los centros creando un nuevo modelo de espacio con una nueva implantación de las secciones, sino que se establece una nueva relación con el cliente, con un contacto más directo, cercano y personalizado con nuestros especialistas», ha señalado.

La compañía estadounidense de telecomunicaciones Verizon contabilizó un beneficio neto atribuido de 4.357 millones de dólares (3.677 millones de euros) en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un descenso del 16,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las cuentas trimestrales publicadas este miércoles por la empresa.

La facturación entre julio y septiembre alcanzó los 31.543 millones de dólares (26.601 millones de euros), un 4,1% menos. Los ingresos procedentes de los servicios cayeron un 1,2%, hasta 27.431 millones de dólares (23.133 millones de euros), mientras que los originados por la venta de móviles se contrajeron un 20%, hasta 4.112 millones de dólares (3.467 millones de euros).

El coste de los servicios prestados avanzó un 0,7%, hasta 7.955 millones de dólares (6.708 millones de euros), mientras que el de los equipos vendidos descendió un 20,1%, hasta 4.379 millones de dólares (3.692 millones de euros). De su lado, los gastos de venta, generales y administrativos repuntaron un 1,7%, hasta 7.339 millones de dólares (6.189 millones de euros).

A cierre del trimestre, Verizon sumó 1,75 millones de clientes en comparación con un año antes, hasta situarse en 120,32 millones. De esa cifra, 116,2 millones eran clientes de contrato, mientras que 4,1 millones eran de prepago.

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2020, el beneficio neto atribuido se redujo un 6,8%, hasta 13.213 millones de dólares (11.142 millones de euros), mientras que la facturación se situó en 93.600 millones (72.928 millones de euros), un 3,6% menos.

Las grandes ciudades se enfrentan a los elevados índices de contaminación y, a principios de 2020, el Consejo de Ministros declaró la emergencia climática en España, con el propósito de potenciar la transición ecológica de ayuntamientos y comunidades, poniendo al ciudadano y su salud en el centro.

Y es que el principal factor contaminante y causante de la mala calidad del aire en las áreas metropolitanas es el tráfico, según laEscuela de Organización Industrial (EOI). Una de las soluciones para hacer frente a este problema ha sido la creación de Las Zona de Bajas Emisiones, que han permitido a Barcelona reducir 550.000 desplazamientos de vehículos más contaminantes en la ciudad, ​​un tercio del total.

Ante esta nueva perspectiva, Stuart está trabajando para cumplir con las medidas tomadas por los Ayuntamientos y comparte los mismos objetivos de mejora de calidad del aire. La empresa está apostando por soluciones tecnológicas que consigan reducir la congestión de las ciudades a través de envíos de paquetes más optimizados y eficientes.

La aplicación del BigData a la logística ha permitido a la compañía desarrollar el sistema de multi entregas que facilita a cualquier comercio o e-commerce planificar varias entregas a la vez partiendo del mismo punto de recogida (establecimiento, empresa o almacén urbano), y basándose en las preferencias de horario del usuario.

Actualmente, el servicio Multi Entregas de Stuart facilita a los drivers colaboradores entregar de media 3.1 paquetes por viaje, ahorrando un 59% los kilómetros recorridos en las grandes ciudades. Si hablamos de números totales, la empresa en España ahorró 629.532 kilómetros en el primer semestre del 2020 gracias a este servicio.

Stuart crea la ruta más eficiente y el comercio sólo debe elegir el destino, el tamaño del paquete y decidir si el envío del paquete se hace de forma inmediata o programada. Y es que, aparte de reducir la mancha ecológica, Stuart representa una fuente de ahorro en recursos y costes para los e-commerce y cualquier tipo de comercio. De hecho, el servicio Multi Entregas supone alrededor del 20% de los envíos totales de la compañía, frente al 10% que representaba en junio de 2019, un aumento exponencial en tan solo un año.

“En un mundo donde cada vez es más evidente la escasez de recursos, la sostenibilidad se ha convertido en la única estrategia posible para asegurar el futuro de los negocios. Vivimos en tiempos de cambio, y dentro de ese cambio es evidente la nueva mentalidad de las generaciones más jóvenes respecto a la preservación del medio ambiente”, según David Guasch, Director General de Stuart en España.

«El modelo de negocio de Stuart está basado en el cuidado de nuestro entorno. Gracias a nuestro servicio Multi Entregas luchamos contra esta emergencia social que supone la contaminación en las grandes ciudades. Además son los propios consumidores quienes cada vez demandan productos y servicios más respetuosos y ecológicos».

El consejo de administración de Sacyr ha sustituido su actual Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por una nueva Política Marco de Sostenibilidad que busca crear valor para todos sus grupos de interés, incluyendo al conjunto de la sociedad.

Según informa la compañía constructora y concesionaria, esta nueva política favorecerá también el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas en materia medioambiental.

El plan prevé así garantizar la creación de valor para los accionistas y el resto de grupos de interés. «Esta nueva política contiene el marco en el que Sacyr implementa la sostenibilidad como la piedra angular de su plan estratégico y está impulsada por el consejo de administración, que es el órgano responsable de aprobar las políticas de sostenibilidad», señala la empresa española.

Serán la comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y el comité de Sostenibilidad los encargados de proponer, poner en marcha y supervisar todas las iniciativas que el grupo desarrolla en este campo.

Sacyr defiende que con este plan «quiere impulsar el trabajo que ya viene desarrollando en materia de sostenibilidad y la colaboración con todos sus grupos de interés en la lucha contra el cambio climático, el fomento de la diversidad y la conciliación, así como velar por la salud y la seguridad e impulsar el impacto social positivo de sus actividades».

Entre los ámbitos comprendidos en esta política se encuentran la lucha contra la desigualdad y discriminación, la calidad y satisfacción del cliente, el respeto del medioambiente, el impulso de la formación y cualificación del equipo humano, la innovación y el fomento de iniciativas y planes de acción que protejan los derechos humanos y tengan un impacto social positivo y sostenible.

El empresario mexicano Carlos Slim, que ostenta importantes participaciones en varias empresas españolas, ha vuelto a recomendar a las autoridades que eleven la edad de jubilación en 10 años, hasta los 75 años de edad, y que instauren una jornada de trabajo semanal de tres días con 11 horas cada uno de ellos.

Así lo ha manifestado Slim durante su participación telefónica en el XIX Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), donde ha realizado una exposición ‘académica’ sobre el cambio de civilización que cree que el conjunto de la sociedad está viviendo ahora.

En este sentido, pese a que apunta a los jóvenes como los más «privilegiados» en términos de salud de cara a esta pandemia, considera que son también los más perjudicados desde incluso antes de la pandemia a la hora de encontrar trabajo.

Por ello, cree que una jornada semanal de tres días de 11 horas cada uno permitiría abrir el mercado laboral a más personas, al tiempo que retrasar la jubilación 10 años rebajaría el coste de las pensiones, desahogando las cuentas públicas para destinar recursos a ese «cambio de civilización hacia la tecnología.

Centrándose en España, donde controla el 81% de la constructora FCC y el 71% y 5,5% de las promotoras inmobiliarias Realia y Metrovacesa, respectivamente, entre otras inversiones, cree que hay «uno de los mejores capitales humanos del mundo», pero que hay que capacitarlo y encaminarlo a las nuevas tecnologías.

Mientras que considera que a Europa le cuesta hacer cambios porque ya está instalada en un estado de «confort», Slim ha señalado que España tiene «una gran oportunidad» para poder intentar adaptar el mismo progreso de Estados Unidos o China, donde señala que sí han aprovechado el cambio tecnológico para «renovarse y reinventarse», fundando empresas como Amazon o Alibaba.

«No se trata de una civilización en la que hay cambios sino de un cambio de civilización. El virus está impidiendo llegar ahí, a una sociedad que se sustente en el bienestar de los demás, pero más allá de los problemas graves económicos y de mortalidad, al final saldremos con una situación y perspectivas más prometedoras», ha finalizado.

Santalucía ha anunciado este miércoles el lanzamiento de nuevos productos de ahorro-jubilación e inversión, en concreto 7 nuevos planes de pensiones y dos nuevos productos «que se colocan a la vanguardia de los unit linked», gestionados por Santalucía Asset Management .

Según explica la aseguradora, los planes de pensiones Santalucía VP Objetivo Jubilación 2025, 2035, 2045 y 2055, se adaptan al ciclo de vida de los clientes, de modo que la inversión se modifica con el tiempo por la gestora para adaptarla al perfil del riesgo del partícipe, con la adecuada ponderación de renta fija y variable cada momento.

Por su parte, Santalucía VP RV Europea Élite y Santalucía VP RV USA Élite, son planes destinados a aquellos que quieran invertir en renta variable en Europa y Estados Unidos, respectivamente, y cuya fecha de jubilación no esté próxima.

Mientras que Santalucía VP Gestión Estable, se enmarca en la categoría de renta fija a corto plazo y está destinado a aquellos con un perfil de riesgo muy conservador o cuya jubilación esté muy próxima.

UNIT LINKED

Los dos nuevos productos unit linked de Santalucía se llaman, Maxiplan Selección Dinámica y Maxiplan PIAS Selección Dinámica. El primero, es un seguro vida que permite a los clientes, a cambio de una prima única o periódica, aprovechar las mejores oportunidades del mercado pudiendo elegir entre múltiples opciones de inversión de diferentes gestoras para dar respuesta a todos los perfiles de riesgo.

El segundo, abarca un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) formalizado como un seguro de vida- ahorro, en el que el cliente también puede elegir entre múltiples opciones de inversión den función del perfil de riesgo.

“Estos lanzamientos responden al compromiso de Santalucía Vida y Pensiones de ofrecer siempre los mejores vehículos de inversión y ahorro para la jubilación, contando en todo momento con el apoyo de una red de distribución de corredores y agentes financieros expertos en planificación y asesoramiento profesional” señala Rodrigo Fernández-Avello, director general de este área en un comunicado.

El Grupo Iberdrola ha alcanzado el 98,25% de la australiana Infigen una vez concluido el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) formulada sobre la totalidad de los valores vinculados emitidos por la compañía y cotizados en la Bolsa de Valores australiana, ha informado Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 21 de agosto, la energética española, que amplió hasta este miércoles el plazo de su oferta sobre Infigen, ya consumó la toma de control de la compañía, incluida la estrategia del grupo, al obtener la mayoría en su consejo de administración.

En concreto, Iberdrola cuenta con cuatro de los siete miembros que conforman el órgano rector de la energética australiana. Los representantes de la compañía española en el consejo son David Mesonero, Sergio Hernández de Deza, Regina Reyes Gallur y Felipe Castresana.

GUERRA DE OPAS

A finales de septiembre, la compañía liderada por Ignacio Sánchez Galán inyectó financiación por unos 277,2 millones de euros a Infigen, que destinó este préstamo al pago y cancelación de tres de sus cuatro líneas de financiación existentes.

La OPA de Iberdrola sobre Infigen valoró la australiana en unos 893 millones de dólares australianos (unos 553 millones de euros). El grupo consiguió ganar así la ‘batalla’ que mantuvo con UAC Energy Holdings (UAC).

En esta ‘guerra’ de OPAs, Iberdrola contó desde el principio con el respaldo de los fondos The Children’s Investment Master Fund y CIFF Capital UK LP (TCI Funds), que aceptaron la oferta de la española.

Iberdrola incorporaba así a Infigen a su cartera renovable, que al cierre del primer semestre alcanzaba los 58.000 megavatios (MW), fundamentalmente en Europa y en América.

IBERDROLA SE LANZA AL MERCADO AUSTRALIANO

Infigen es titular de instalaciones de generación eólica terrestre con una capacidad instalada de 670 MW, 268 MW de activos de generación convencional y almacenamiento de energía de respaldo (‘firming’), la producción de 246 MW de capacidad de generación renovable propiedad de terceros adquirida en firme mediante contratos de compraventa de energía y una cartera de proyectos eólicos y solares en distintas fases de desarrollo por una capacidad total superior a un gigavatio (GW).

En noviembre del año pasado, Iberdrola decidió desembarcar en el mercado australiano con la construcción de un proyecto híbrido solar y eólico con una capacidad de 320 MW.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido una mayor apuesta por los contratos de compra venta de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) como vía para impulsar las renovables en España, más allá de las subastas de capacidad ‘verde’ que prevé retomar el Gobierno antes de que finalice este año.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, Galán consideró que el Gobierno debería emprender las medidas necesarias en este sentido, ya que hay empresas «dispuesta a invertir» en energía a largo plazo.

«Vamos a respetar la política que está elaborando el Gobierno, pero me parece que hay muchas personas que están dispuestas a proporcionar el dinero, y lo que hay que hacer es negociar con los clientes», dijo.

EL ANDÉVALO Y HEINEKEN

En este sentido, puso el ejemplo de la planta fotovoltaica en El Andévalo (Huelva), inaugurada recientemente y que suministrará energía ‘verde’ a la cervera Heineken. «Creo que hay que plantear este tema», añadió.

Iberdrola gestiona acuerdos de compraventa de energía a largo plazo en mercados como España, Portugal, el Reino Unido, Estados Unidos y México, procedentes de proyectos eólicos y fotovoltaicos con una capacidad instalada de más de 2.500 MW.

En España, la compañía ha promovido esta modalidad con carácter pionero con empresas de sectores como la banca, las telecomunicaciones, la industria cervecera, la distribución y las marcas deportivas.

ELIMINAR EL LÍMITE DE INVERSIÓN 

Galán también insistió en reclamar al Ejecutivo la eliminación del límite de inversión actualmente existente a las actividades de distribución con el objetivo de permitir al sector la aceleración de las inversiones.

«Tenemos que ser más ambiciosos y aumentar las inversiones, más ambiciosos en cuanto a objetivos de renovables, y para ello necesitamos más redes», dijo el presidente de Iberdrola.

En otro sentido, Galán destacó la apuesta de la energética por el hidrógeno verde, para la que ha creado una nueva unidad de negocio, ya que puede ser una solucion en aquellas áreas donde no se pueda llevar a cabo la electrificación.

Así, señaló la alternativa de la generación de amoniaco verde, como la planta que el grupo desarrolla en Puertollano (Ciudad Real) en alianza con Fertiberia. A este respecto, Galán adelantó que en los próximos días Iberdrola anunciará «planes más ambiciosos» en esta línea también con Fertiberia.

SIN INVERSIONES EN MÉXICO

Por otra parte, el presidente de Iberdrola advirtió de que el grupo no prevé invertir en México hasta que el Gobierno del país no aclare su política energética, después de que en los últimos tiempos el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya lanzado ataques contra las energéticas españolas con presencia allí, especialmente dirigidos a Iberdrola.

«No estamos haciendo las políticas energéticas, las elaboran los gobiernos», dijo el directivo, añadiendo que la compañía prevé completar su actual plan inversor y que no iniciará nada hasta clarificarse la situación en el país.

«Si dicen que no inviertan empresas extranjeras, no lo haremos», aseguró, señalando que de todas maneras las inversiones en el país representan «muy poca cosa en el balance».

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha incidido en la importancia de traducir los planes de transición energética en «proyectos concretos», ya que está transformación será uno de los elementos tractores tras el Covid-19 para generar inversión y empleo en una economía «francamente dañada».

Durante su intervención en el XIX Congreso de Directivos CEDE, Reynés ha remarcado que el reto de transición energética es anterior a la crisis generada por la pandemia del Covid-19, dado que hace ya tiempo que la sociedad demanda una forma de generar, transportar, distribuir y consumir energía que sea «más compatible» con el medio ambiente.

En este sentido, ha añadido que la diferencia tras la pandemia es que la transformación energética va a ser «uno de los motores tractores» de la inversión en los próximos años, «teniendo en cuenta que más que nunca el país y el mundo necesitan tractores de inversión y de generación de empleo en un momento en el que la economía está francamente dañada».

AVANCE TECNOLÓGICO

Asimismo, ha remarcado que las empresas cuentan ahora con la tecnología para abordar este proceso tras el «gran avance tecnológico» que se ha producido en muchos frentes, así como que las compañías ya no son solo distribuidoras de bienes y servicios, sino que también están «comprometidas con la sociedad.

En este contexto, ha remarcado que el «gran reto» es ser capaces de canalizar estos planes de transición en «proyectos concretos» que puedan salir adelante, bien porque su modelo de negocio así lo permite o porque sean capaces de adaptarse adecuadamente al paquete de estímulos que van a llegar de Europa.

Reynés ha remarcado que este proceso se encuentran tanto las compañías individualmente como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que está alineada en una forma de buscar una forma de captar, dirigir, canalizar e implementar estos proyectos.

En el caso concreto de las compañías energéticas, el presidente de Naturgy ha subrayado que no solo quieren, sino que también van a ser, los impulsores de la economía del hidrógeno, de la generación distribuida y de la digitalización de las redes, que serán los aspectos tractores de esos proyectos de desarrollo.