La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que la digitalización «es una urgencia y una prioridad» para el Gobierno de España

Calviño ha sido la encargada de clausurar el 14ENISE Spirit de forma telemática, donde ha señalado que España cuenta «con una hoja de ruta -España Digital 2025-, que permitirá impulsar la transformación de nuestra estructura más inclusiva y sostenible».

En este sentido, ha señalado que eventos como este «son un punto de colaboración» para empresas, profesionales y expertos, ya que tienen un doble objetivo como «es incrementar las capacidades en seguridad digital y fomentar una red de expertos en ciberseguridad».

Además, ha recordado que los incidentes cibernéticos «causan daño en sí mismos y suponen un impacto negativo», cuando en las cuestiones de digitalización «la confianza es clave» por ser tan relevante en estos años y que «será aún más en las próximas décadas».

Apoyándose en datos ofrecidos por el Foro Económico Mundial ha explicado que en 2022 «el 55 por ciento del PIB Global estará digitalizado» y esta situación supondrá «un riesgo para la seguridad digital que exige seguir trabajando para proteger a todos en el ciberespacio».

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que la ciberseguridad «no entiende de fronteras» y ha manifestado la necesidad de «trabajar de forma coordinada» en dos esferas diferentes como «son la interna y la oportunidad económica que representa este sector».

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España «se toma muy en serio» la ciberseguridad y lo muestra «trabajando en la línea telefónica 017, el centro de operaciones de ciberseguridad o el apoyo a estos emprendedores de este sector.

También, ha dejado patente que quieren que España «sea uno de los países más ciberseguros» y ha avanzado que el Incibe reforzará su actuación «para incrementar las capacidades de ciberseguridad, fomentar el desarrollo empresarial y potenciar la visibilidad internacional.

LEÓN, CANDIDATA AL CENTRO EUROPEO DE CIBERSEGURIDAD

En esta línea, ha incidido en «fomentar la participación pública» y apostar por «crear un mecanismo de ayuda al sector privado» y que suponga un beneficio mutuo en cuanto a la ciberseguridad se refiere.

Como ejemplo ha puesto la presentación de León por parte del Gobierno de España como candidata a albergar el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad.

Una iniciativa que ha calificado como «un proyecto de país» con el objetivo de «mejorar las capacidades de ciberseguridad de toda Europa« y donde ha explicado se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León.

El anticipo de las ayudas europeas que podrá pedir España en 2021 se limitará a unos 6.000 millones de euros si el Gobierno mantiene su renuncia a solicitar los préstamos los préstamos del fondo europeo de recuperación, como consta en el borrador de plan de recuperación presentado hace días por el presidente Pedro Sánchez.

Según diversas fuentes, la negativa del Gobierno a pedir por ahora una parte de los créditos a su disposición con cargo al plan europeo de reconstrucción económica impide que las autoridades españolas puedan acceder a un adelanto equivalente al 10% de todo el dinero asignado a España. Es decir, 14.400 millones de los aproximadamente 144.000 millones que en total están disponibles.

A pesar de ello, el Ejecutivo confía en que a lo largo del próximo año lleguen a España los 25.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (RFF, por sus siglas en inglés), además de otros 2.000 millones de euros en fondos regionales procedentes del programa React-EU.

El reglamento sobre el funcionamiento del RRF –principal instrumento del fondo de recuperación– estipula que los Estados miembros podrán pedir un anticipo equivalente al 10% de las transferencias que tienen asignadas y, «si procede», al 10% del préstamo que hayan solicitado.

A España le corresponden aproximadamente 59.000 millones de euros en subvenciones directas a través de este programa y el Gobierno ya ha anticipado que pedirá todas ellas entre 2021 y 2023. Por lo tanto, podrá solicitar el 10% de esta cantidad ya en 2021, que sería de 5.900 millones (la cifra aumentará al tener en cuenta precios corrientes y no precios de 2018, que se utilizaron en la negociación del fondo).

Además, cada Estado miembro puede solicitar préstamos con un valor de hasta el 6,8% de su renta nacional bruta de 2019, lo que significa que España tiene la posibilidad de pedir créditos por un importe de hasta 84.770 millones de euros desde que entre en vigor el RRF y hasta el 31 de agosto de 2023.

Pero el plan desvelado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, excluye por el momento la posibilidad de que España pida algún préstamo a Bruselas. En consecuencia, no podrá recurrir a esa parte del anticipo, que podría alcanzar en su horquilla más alta los 8.500 millones.

«Sólo puedes recibir un anticipo de la cantidad que se te ha asignado. Si no solicitas nada del componente de préstamos, entonces no puedes recibir nada», han confirmado fuentes comunitarias preguntadas sobre esta interpretación de las normas.

Los países europeos podrán pedir un préstamo en cualquier momento antes de agosto de 2023 aunque no lo hayan hecho antes, pero no está claro si hacerlo después da derecho a optar a un nuevo anticipo. Aunque fuera así y España lo hiciera, este adelanto no llegaría antes de que finalizase 2021.

El reglamento que regirá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia todavía se encuentra en fase de negociaciones entre los Estados miembros y también en el Parlamento Europeo, pero las mismas fuentes descartan que la redacción de esa parte de la normativa esté en cuestión.

Con todo, el Gobierno confía en que a lo largo del 2021 lleguen a España los 25.000 millones del que prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que confía en que pueda recibir unos 19.000 millones de euros con desembolsos distintos al anticipo.

Esto exige –además de que las complicadas negociaciones a nivel europeo concluyan lo antes posible– que el plan español sea aprobado durante la primera mitad del año y que posteriormente se cumplan los requisitos necesarios para desbloquear los primeros pagos.

Preguntado precisamente este miércoles por el hecho de que algunos Estados miembros hayan anunciado que por ahora no pedirán préstamos, el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, ha mostrado su confianza en que estos países «reflexionen» porque las condiciones de los créditos europeos «son mucho más favorables» que las que ofrece el mercado.

Sobre el caso concreto de España, el austriaco ha asegurado que no ha contactado con la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, pero ha subrayado que con su experiencia en las instituciones comunitaria será «muy consciente» de todos los «aspectos y elementos» del RRF.

La asociación Hostelería Madrid ha asegurado este miércoles que la situación económica de las empresas hosteleras de Madrid capital es «mala o muy mala» para el 71 por ciento de ella, mientras que el 21,4 por ciento ha sostenido que tendrá que cerrar porque factura menos del 80 por ciento que el año anterior.

Según los datos del ‘Informe sobre el Estado de la Hostelería de la Comunidad de Madrid’ que muestra la situación de las empresas en la región durante el mes de octubre, el 25,4 por ciento de las empresas han calificado su situación financiera de «mala» y el 46,4 por ciento de «muy mala».

Entre las causas que afectan a la «crisis de las empresas», los empresarios han destacado la gestión deficiente de la crisis por parte de la clase política, en un 81,3 por ciento; las restricciones de actividad en las pymes de hostelería, en un 70 por ciento; seguido el cierre a las 23 horas (63,7%), la limitación de aforo en sala (63,5%) y el alarmismo que se genera en los medios (61,6%).

Hostelería Madrid recoge que las medidas que las empresas consideran más importantes para apoyar a las pymes son las ayudas al alquiler (82,7%) y la rebaja del IVA a la hostelería (77,7%). También, la ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero (72%) y la ampliación de los plazos de devolución de los créditos ICO (64,6%).

Los empresarios también han valorado la gestión de las diversas administraciones ante la crisis del Covid-19. El que sale peor parado es el gobierno central, con una gestión considerada como ‘desastrosa’ por parte del 67,6 por ciento de los empresarios de Madrid», ha sostenido la organización.

DATOS EN MUNICIPIOS

Por otro lado, las empresas de hostelería ubicadas en otros municipios de la Comunidad de Madrid han considerado que tienen una situación financiera también «mala» (45,5%) y «muy mala» (36,3%), pero ninguna afirma estar en la situación de tener que cerrar.

En cuanto a las principales causas, los empresarios destacan también en primer lugar la gestión deficiente de la crisis por parte de la clase política (95,4%) y las restricciones de actividad en las pymes de hostelería (72,7%), seguido de la preocupación ciudadana por la crisis sanitaria (45,4%).

En relación a las medidas más importantes para apoyar a las pymes, destacan las ayudas al alquiler (76,2%) y la rebaja del IVA de la hostelería (68,2%). Además, un 72,7 por ciento de empresarios de hostelería de otros municipios madrileños han considerado «desastrosa» la gestión del Gobierno central.

En este sentido, el director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, ha asegurado que «queda más que demostrado que el sector hostelero no se ha sentido apoyado».

«Para nosotros, las pymes de hostelería que levantamos nuestras persianas cada día para apenas cubrir gastos, necesitamos que las administraciones conozcan los obstáculos que debemos superar para poder salir adelante. Los empresarios han reconocido que una de las medidas que más afectan a su actividad es el cierre a las 23 horas junto con la limitación del aforo en sala y la suspensión de la barra», ha añadido.

El negocio de los free tours o tours turísticos gratuitos está siendo cuestionado desde las asociaciones de guías turísticos de todo el mundo que aseguran que es una competencia desleal, una afirmación que no es apoyada por expertos legales que entienden que no es una deslealtad sino una innovación en los modelos de negocios turísticos.

Recientemente, en Florencia, la normativa sobre tours turísticos ha sido modificada tras la presión de las asociaciones de guías turísticos. Para ello han puesto especial foco en los free tours, a los que consideran una competencia desleal.

Una afirmación rechazada por diversos expertos legales que aseguran que desde el punto de vista de los guías turísticos, no existe vulneración de derechos recogidos en los Reglamentos europeos, ni en el propio derecho laboral italiano.

«La libre prestación de servicios es una de las libertades básicas y principio fundamental del Tratado de la Unión Europea», explica la abogada de Estremslex, Inmaculada Estrems.

Para Manuel Barba, abogado y especialista en marketing jurídico y desarrollo de negocio es una innovación en el modelo de negocio que ciertamente sí genera una competencia en el sector.

«Se ha buscado trabajar sobre la relación con los clientes y el canal digital, con una oferta muy apetecible que va ligada a la satisfacción y experiencia del usuario. La retribución es variable, riesgo que acepta el guía. ¿Deslealtad? No, innovación en modelo de negocio», justifica.

Para Reimel Ariosa, abogado en Gowper (firma legal especializada en startups y nuevas tecnologías) «este modelo disruptivo, como servicio de la sociedad de la información que es, está amparado por el derecho comunitario vigente» y es plenamente compatible con el derecho de la competencia.

NUEVO SOLUCIÓN PARA EL SECTOR.

Es un momento complicado para los profesionales del turismo, con más de 15.000 guías sin clientes. Desde GuruWalk, plataforma española que a día de hoy agrupa al mayor número de guías free tour a nivel mundial, defienden que los free tours no son un problema, sino una solución al nuevo paradigma del sector turístico por la versatilidad y libertad que ofrecen, y porque además no dependen exclusivamente del turista extranjero.

«Existe una campaña coordinada para criminalizar el free tour. ¿Por qué van en contra de un modelo que funciona mejor en vez de aprovecharlo? De hecho, hoy en día la gran mayoría de guías que realizan free tours son oficiales.», asegura Juan Castillo, fundador de la empresa de origen valenciano GuruWalk, que está presente en 105 países de los cinco continentes, 19 de ellos en Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile…) y 700 destinos (130 de ellos en España).

Muchos guías consideran que el turismo como se conocía antes tardará en volver y cuando vuelva lo hará de manera diferente. Las visitas de free tour son un modelo de negocio al alza», asegura María Aranzazu Labrador, guía oficial de Segoviafreetour, para quien este tipo de tours supone que la cultura se accesible a todos los bolsillos.

La Comisión Europea estima que podrá emitir los primeros bonos para financiar el plan europeo de recuperación de 750.000 millones de euros durante el verano de 2021, un calendario que retrasa por tanto la llegada de estas ayudas hasta al menos la segunda mitad del próximo año.

Bruselas no podrá emitir deuda hasta que reciba el visto bueno de los Estados miembros y éstos ratifiquen en sus parlamentos nacionales el incremento del techo de recursos propios de la UE, algo que fuentes comunitarias no esperen que suceda hasta el segundo trimestre del próximo año, debido al retraso que acumulan ya las negociaciones sobre el presupuesto comunitario.

Por eso, el Ejecutivo comunitario cree que «una perspectiva bastante realista» apunta a que no podrá acudir a los mercados financieros para captar fondos hasta el verano. «Esperamos poder ir a los mercados en el verano del próximo año», han señalado las mismas fuentes.

La Comisión Europea captará deuda «a gran escala» por primera vez en su historia durante los próximos meses, en palabras del comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, que ha presentado en una rueda de prensa este miércoles los principales datos de la primera emisión europea de bonos sociales para financiar el fondo europeo contra el desempleo.

En concreto, Bruselas emitirá más de 900.000 millones de euros hasta 2026 (unos 800.000 para el fondo de recuperación y otros 100.000 del SURE), la «gran mayoría» entre 2021 y 2024. Esta cifra, sumada a la deuda de 50.000 millones que las instituciones europeas heredan de la crisis financiera, elevarán las obligaciones de la UE a cerca del billón de euros.

En este contexto, la Comisión confía en que la experiencia que se gane durante los siguientes meses con las nuevas emisiones del SURE pueda servir para allanar este camino y reforzar la confianza de los inversores en la UE como nuevo actor en los mercados de deuda.

El Ejecutivo comunitario logró captar este miércoles 17.000 millones de euros en bonos sociales a diez y veinte años, registrando una demanda que multiplicó casi por catorce esta cifra y alcanzó los 233.000 millones de euros.

Fue la primera emisión de la UE para el fondo europeo contra el paro (bautizado como SURE), en virtud del cual estos fondos serán traspasados a las capitales en forma también de préstamos para financiar parte de su gasto en programas para evitar despidos masivos por la pandemia, como los ERTE españoles.

El interés de los bonos a diez años colocados en esta operación fue del -0,24%, mientras que el de la deuda a veinte años se situó en el 0,13%. En los dos casos los rendimientos fueron algo más altos que los del bono alemán equivalente.

Las autoridades europeas se han mostrado sorprendidas por las peticiones registradas en dicha captación, que no esperaban de tal calibre. El optimismo ha provocado que fuentes comunitarias califiquen la irrupción de la UE como «un punto de inflexión» en los mercados de deuda.

Las cinco entidades seleccionadas por los servicios económicos europeos para esta colocación, de un grupo de veinte entidades financieras interesadas en participar como intermediarios, fueron Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura y UniCredit.

Los gestores de fondos coparon más del 40% del total en los dos tipos de bonos. Los fondos de seguros y pensiones representaron el 13% en las letras a veinte años y el 6 % en las de diez años, mientras que bancos centrales y otras instituciones oficiales compraron el 37% de los bonos con vencimiento en 2030 y el 13% de los que vencerán en 2040.

En cuanto a su distribución geográfica, Alemania, Francia y Reino Unido fueron los lugares de procedencia del 50% de los compradores de deuda a diez años y el 59% de la deuda a veinte años. Los inversores de fuera del bloque en el primer caso representaron u 16% del total en el primer caso y un 8% en el segundo.

Las organizaciones de consumidores y las plataformas de defensa de clientes lamentan que el Tribunal Supremo haya determinado que las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) no son abusivas a pesar de que sí encuentra falta de transparencia, lo que, a su juicio, «respaldaría los abusos del sector bancario».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la falta de transparencia, sea cual sea, impide al consumidor tomar una decisión fundamentada, por lo que no comprende los motivos que llevan al Alto Tribunal a determinar que la cláusula es válida.

En este sentido, OCU explica que muchos bancos no informaron a sus clientes de manera comprensible de que el IRPH es un índice que se calcula teniendo en cuenta los datos que la propia entidad proporciona, sin explicar con cuadros comparativos históricos la evolución de este índice y del Euribor a fin de que el cliente pudiera ver que el primero siempre ha estado por encima del segundo.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción considera la interpretación «absolutamente bochornosa». A la espera de conocerse el texto íntegro de la sentencia, que se redactará en los próximos días, la organización cree también que el Supremo «se pliega una vez más a los intereses de la banca» con una interpretación «forzada» de la legislación.

«Parece que el Supremo ha vuelto a las andadas plegándose a los intereses de la banca», ha señalado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ha tildado de «escandaloso» lo ocurrido con las resoluciones de los cuatro recursos analizados.

De su lado, Adicae critica que el Tribunal Supremo «se haga trampas» de nuevo a sí mismo y retuerza sus interpretaciones para contradecir al TJUE y a la doctrina más especializada sobre el control de transparencia para darle la razón a la banca entrando en una espiral de resoluciones a favor del sector.

ADICAE: «FALTA DE TRANSPARENCIA IMPLICA ABUSIVIDAD»

Ante esta interpretación, Adicae cree que ahora habrá que aclarar en qué consiste el concepto de transparencia. La organización recoge la definición del catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Supremo Javier Orduña, que establece que «la falta de transparencia implica irremediablemente la abusividad». «Parece que el Tribunal Supremo no está por esas», lamenta Adicae.

El consejero delegado de Reclama Por Mí, Javier Moyano, cree que es precipitado para sacar una conclusión a falta de la sentencia íntegra. «Todavía no podemos sacar una conclusión, no podemos decir si es una noticia favorable o no para los consumidores», ha añadido.

En su opinión, es mejor esperar para leer bien todo el contenido y entender en qué se ha fundamentado el Supremo. A partir de ahí, el responsable de Reclama Por Mí insiste en que ya se podrán sacar las conclusiones y se sabrá qué camino hay que tomar.

Según lo anunciado este miércoles, Moyano asegura que existen muchas dudas sobre la interpretación y se cuestiona si la falta de transparencia no implica directamente abusividad.

Igualmente, la codirectora legal de reclamador.es, Almudena Velázquez, considera que sin el texto completo no puede valorar adecuadamente, pero sí que valora que el resumen emitido por el Alto Tribunal le produce «una absoluta decepción y estupor, ya que dejaría desprotegidos a los afectados por IRPH».

El director del área de asesoría jurídica de Tecnotramit, David Viladecans Jiménez, adelanta que este pronunciamiento supondrá que gran parte de las reclamaciones interpuestas hasta la fecha sean desestimadas, dado que las mismas estaban basadas sólo en la falta de transparencia, pero no analizaban en cambio la abusividad de la cláusula.

La doctrina del Tribunal Supremo de diciembre de 2017 estableció que el IRPH, al ser un índice oficial publicado en el BOE y utilizado por diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio y, por tanto, no es abusivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del pasado 3 de marzo, consideró que la falta de transparencia es determinante para poder considerar abusivo, estableciendo que la incorporación en los contratos del índice IRPH debe someterse a los controles de transparencia establecidos y por tanto su posible abusividad si no supera dichos controles.

Este miércoles, el Supremo se ha vuelto a pronunciar ante la falta de claridad y el caos acumulado en los distintos juzgados y audiencias provinciales, si bien ha determinado que aprecia falta de transparencia y no de abusividad.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la consejera del Mar de la Junta de Galicia, Rosa Quintana, han mantenido este miércoles un encuentro por videoconferencia en el que la representante del Ministerio ha transmitido que España trabaja para conseguir unas posibilidades de pesca que garanticen la estabilidad del sector.

Respecto a las próximas negociaciones en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea para determinar los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas del año próximo, Villauriz ha recordado su compromiso para conseguir unas posibilidades de pesca que garanticen la estabilidad de las empresas pesqueras, siempre sobre la base de las recomendaciones científicas.

En la reunión, ambas partes han coincidido en la necesidad de cerrar las negociaciones del acuerdo de pesca con Reino Unido lo antes posible y de forma equilibrada, ya que sus resultados van a influir en la planificación de la actividad pesquera del año próximo.

Respecto a las cuotas que son fijadas en el seno de Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), la secretaria general se ha felicitado por el buen estado en el que se encuentra la población de atún blanco (bonito) lo que, a solicitud de España, ha llevado a la Comisión Europea a proponer un incremento de la cuota en un 12,5% para 2021.

También han abordado la «compleja situación» que está atravesando la flota de palangre de superficie, derivada de la bajada de precios de las principales especies objetivo y a la que se suma la dificultad de comercialización de las capturas accesorias de marrajo dientuso, en el Atlántico norte, debido a la inclusión de esta especie, desde noviembre de 2019, en el anexo II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES

Villauriz ha reconocido el esfuerzo realizado por esta flota para reducir las capturas incidentales en los últimos años y ha indicado que la Administración española trabaja en la búsqueda de soluciones que permitan una aplicación coherente del sistema Cites con las normas de gestión aprobadas en la Iccat en el ámbito europeo e internacional.

El Departamento ha precisado que el objetivo es la igualdad de condiciones para todas las flotas en aras de garantizar la recuperación de este stock.

En relación con la ejecución del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), la secretaria general de Pesca ha reiterado su «preocupación» por la importante separación de la senda de gasto, que, de no corregirse, podría impedir la aplicación del Plan financiero 2014-2020 en su totalidad.

Por otro lado, Villauriz ha informado a la consejera gallega sobre las negociaciones que se han abierto con Portugal para alcanzar un acuerdo de pesca que continúe la «senda de colaboración y buena vecindad» entre ambos países.

De esta forma, ya se ha planteado a las autoridades portuguesas un texto de acuerdo en el que se reflejan las demandas del sector pesquero español. El documento se orienta en la línea de aplicar de forma homogénea, a las flotas de ambos países, las medidas técnicas en vigor en cada uno de ellos, como redes y artes de pesca, así como de armonizar el cumplimiento de las normas aplicables a los buques.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que la incertidumbre y la falta de confianza de ciudadanos, empresarios e inversores «daña más» la economía que las restricciones de movilidad por los rebrotes, y ha asegurado que la recuperación se intensificará en 2021, pero dependerá del control de los brotes, de la evolución sanitaria en Europa y de shocks como el Brexit.

En todo caso, ha asegurado que se seguirá aprobando nuevas medidas y revisando algunas de las existentes para apoyar el tejido productivo, empresarial y social, como los avales del ICO o mecanismos de reestructuración empresarial.

Así lo ha adelantado Calviño durante la clausura del XIX Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), celebrado en Valencia, en la que ha marcado la necesidad de combatir las «fragilidades» previas a la pandemia, como el alto nivel de paro, la desigualdad, la emergencia climática o el reto demográfico.

Calviño ha afirmado que estas siguen siendo las prioridades del Gobierno, así como avanzar hacia un modelo productivo «más responsable ecológica y socialmente» aprovechando los cambios tecnológicos.

Tras la «intensa» caída del PIB en el segundo trimestre por la pandemia, ha asegurado que la recuperación se «mantiene» y en el tercer trimestre se ha registrado un avance «intenso» gracias a las medidas implementadas desde marzo, con una previsión de que se «intensifique» en 2021, aunque ha avisado de que la evolución económica desde el cuarto trimestre dependerá de varios factores.

Entre ellos ha citado la eficacia en el control de los rebrotes y garantizar un entorno de «seguridad y confianza» en ciudadanos y empresas, ya que es la «base» para estimular la demanda, y «la experiencia muestra que lo que más daña la economía, más que las restricciones, es la incertidumbre y la falta de confianza de ciudadanos, empresarios e inversores.

También se ha referido a la evolución sanitaria del resto de Europa, ya que España es una economía «muy abierta y repercuten decisiones de otros países que tendrán un impacto difícil de calcular, por no hablar del turismo», y a shocks disruptivos como el Brexit o posibles tensiones comerciales como los otros factores que determinarán la marcha económica.

No obstante, ha remarcado que la situación es «muy cambiante, muy volátil y extremadamente compleja», por lo que hay que tomar las previsiones con «extremada prudencia», si bien ha resaltado que hay algunas «certezas», como la actuación «con decisión» del Gobierno desde marzo con un paquete de medidas «sin precedentes» que son «eficaces» para mitigar el impacto económico y social.

A este respecto, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá actuando «dónde y cuándo» sea necesario para apoyar el tejido productivo y proteger el empleo. De hecho, ha apuntado que el Ejecutivo trabaja con las entidades financieras y la Comisión Europea para ver cómo se adaptan los avales del ICO para contribuir a la estabilidad de las empresas acogidas a esos instrumentos.

Asimismo, ha resaltado que hay un compromiso «fuerte y unánime» para dar una respuesta europea a la pandemia y que los organismos financieros están comprometidos con dar una respuesta global frente al riesgo financiero, para lo que España participa en todos los organismos internacionales y en la red multilateral para reforzar la seguridad mundial en apoyo de los países con posiciones más frágiles.

Además, ha querido trasladar a los empresarios y directivos la «certeza» de que la necesidad de articular respuestas en el corto plazo no hará perder de vista los retos a medio y largo plazo, que a su vez permitirán una recuperación «más robusta y sostenible», lo que ha inspirado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos cuatro ejes pasan por la transición ecológica, digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

IMPULSARÁ LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Esta «hoja de ruta» contempla la inversión de hasta 140.000 millones en seis años procedentes de los fondos europeos, para lo que se desplegarán en el proyecto de PGE de 2021 medidas con inversiones por 27.000 millones con un «impacto inmediato», y cuyas reformas elevarán el crecimiento potencial por encima del 2% en el medio plazo.

De la inversión prevista en los tres primeros años (72.000 millones), ha destacado que un tercio, unos 20.000 millones, se destinarán a la digitalización.

«Nos quedan meses duros por delante y es innegable que existen riesgos que debemos sortear y saber reaccionar con mesura, prudencia y decisión», ha enfatizado Calviño, quien ha apreciado la necesidad «en tiempos de cambio» de «liderazgos transformadores», y ha asegurado que el Gobierno impulsará la colaboración público-privada en el Plan de Recuperación, de la mano de los agentes sociales.

En este sentido, ha subrayado que los directivos y empresarios han de tener un «papel fundamental» en la transformación de los procesos productivos y la reactivación, y ha confiado en que «pronto» se vea la «luz al final del túnel».

FAINÉ PIDE CONSENSO POLÍTICO Y ANIMA A «DEJARSE LA PIEL» EN PROYECTOS

Por su parte, el presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha agradecido a Felipe VI su presencia y se ha referido a la realidad «muy cruda y especialmente grave» en España, que lleva a pensar que no parece «fácil» lograr una recuperación «rápida», pero ha remarcado que se sabe lo que hay que hacer para superar las adversidades desde el rol de los empresarios y los directivos.

Por ello, ante un «mapa de escenarios y riesgos más borroso que nunca», ha pedido creer en las posibilidades y pensar que España puede estar entre los países «delanteros» tras la Covid, para lo que ha pedido cumplir los «deberes pendientes» acelerando medidas macroeconómicas y microeconómicas para poder recibir los fondos europeos e impulsar el crecimiento.

Ha incidido en su intervención en la necesidad del consenso político y de que los políticos se comprometan a una agenda de reformas estructurales «amplias, profundas y estables», ya que «es lo que va a exigir la UE» y es un «excelente paliativo» de las restricciones presupuestarias actuales, además de que pueden impulsar la confianza de los inversores y crear «incentivos favorables» para la recuperación.

«La culminación de las reformas pasa por alcanzar consensos políticos amplios; solo hay que confiar en la racionalidad de los líderes políticos», ha agregado.

Sobre el fondo de recuperación europeo, ha pedido que se aprovechen «todas las posibilidades» del mismo y ha instado a los empresarios y directivos presentes en el acto a «dejarse la piel» en los proyectos, ya que su importancia «va mucho más allá de los recursos financieros». Está en juego la imagen la reputación y la relevancia internacional de las empresas españolas», ha enfatizado.

La Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a un total de 11.013 trabajadores de Glovo tras las actuaciones realizadas en 2019 y en lo que va de año, según han señalado fuentes conocedoras.

En concreto, la Inspección ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones durante el año pasado y este año por las que se solicitan más de 16,2 millones de euros a la compañía por las cotizaciones impagas de estos trabajadores considerados falsos autónomos.

Las actuaciones responden por un lado a denuncias de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CNT, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu y SAT) y por otro a actuaciones de oficio de la propia Inspección, según adelantaba ‘elDiario.es’.

Sobre las denuncias de los sindicatos, se llevaron a cabo en un primer momento siete actuaciones, que consiguieron el alta de 4.275 ‘riders’ y por las que se le pidió a la empresa algo más de 8,2 millones de euros.

Posteriormente, también por denuncias de los representantes de los trabajadores, se realizaron 15 órdenes de servicio, por las que se dio de alta en la Seguridad Social a 4.976 trabajadores y se le exigió a Glovo más de 5,7 millones de euros.

Mediante las investigaciones de oficio de la Inspección de Trabajo se realizaron 8 actuaciones más, con las que se consiguieron el alta de 1.762 trabajadores y por las que se le solicitó a la compañía casi 2,22 millones de euros.

Esta campaña es de las más grandes que ha hecho la Inspección de Trabajo en este tipo de plataformas, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones.

Las inspecciones realizadas entre 2019 y 2020 se han llevado a cabo en diferentes provincias de la geografía nacional, como en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz.

DIÁLOGO SOCIAL

Precisamente este miércoles Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como ley de ‘riders’ que la normativa no se centre solo en este colectivo de trabajadores, sino que abarque a todos los falsos autónomos.

«La mesa no se va a ceñir a los ‘riders’, sino que se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales», ha apostillado CCOO en declaraciones tras el encuentro.

Los interlocutores sociales volverán a reunirse con el Ejecutivo el próximo miércoles por la tarde con propuestas concretas. En el encuentro de hoy se ha debatido el marco general de la situación por la que atraviesan estos trabajadores y será a partir de la semana que viene cuando se debatirán las propuestas.

Desde el comienzo del mandato de Yolanda Díaz al frente del Ministerio, la ministra ha dejado claro en reiteradas ocasiones que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede «desvirtuar» la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.

Además, el Ministerio siempre ha defendido que los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometidos «a las mismas reglas» que los modelos de negocio clásicos para «equiparar» los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.

El departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.

La automatización de la fuerza laboral se ha acelerado a raíz de la pandemia de coronavirus, lo que sugiere que para 2025 el reparto del trabajo será prácticamente al 50% entre las máquinas y las personas, lo que puede contribuir a un aumento de la desigualdad, según advierte un estudio del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

«Para el año 2025, los empresarios dividirán a partes iguales el trabajo entre personas y máquinas», señala el informe, que anticipan un auge de la automatización en enfocadas al tratamiento de información y los datos, así como en las tareas administrativas y trabajos manuales rutinarios en puestos de trabajo administrativos y productivos.

Según las estimaciones del WEF, para 2025 la tasa de automatización de la fuerza labora será del 47%, frente al actual 33%, mientras que los empleos desempeñados por seres humaron representarán el 53%, muy por debajo del 67% actual.

Asimismo, la organización responsable del Foro de Davos calcula que dentro de cinco años las máquinas habrán desplazado unos 85 millones de empleos, aunque estiman que la automatización puede permitir la aparición de otros 97 millones de puestos de trabajo, principalmente en sectores como los cuidados, las industrias tecnológicas de la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, y en los campos de creación de contenidos.

Las tareas en las que las personas están llamadas a conservar su ventaja comparativa incluyen la gestión, el asesoramiento, la toma de decisiones, el razonamiento, la comunicación y la interacción, por lo que se prevé un aumento de la demanda de trabajadores que puedan ocupar puestos de trabajo en la economía ecológica, funciones en la vanguardia de la economía de los datos y la inteligencia artificial, así como nuevas funciones en la ingeniería, la computación en nube y el desarrollo de productos.

«La Covid-19 ha acelerado la llegada del futuro del trabajo», explicó Saadia Zahidi, directora gerente del Foro Económico Mundial, para quien esta aceleración de la automatización y las consecuencias de la recesión causada por la pandemia «han acentuado las desigualdades existentes en los mercados laborales y han revertido los avances en el empleo materializados desde la crisis financiera mundial de 2007-2008».

En este sentido, el estudio refleja que el 43% de las empresas encuestadas están dispuestas a reducir su fuerza laboral debido a la integración de tecnología, mientras que el 41% tiene previsto ampliar el uso de contratistas para trabajos especializados y un 34% prevé ampliar su fuerza laboral debido a la integración tecnológica.

De su lado, el 84% de los empresarios están preparados para digitalizar rápidamente los procesos de trabajo, incluida una importante expansión del trabajo a distancia, afirmando que existe la posibilidad de que el 44% de su plantilla realice teletrabajo. Asimismo, el 78% de los líderes empresariales espera algún impacto negativo del teletrabajo en la productividad de los empleados y alrededor de un tercio de los empresarios espera tomar medidas para crear un sentido de comunidad, conexión y pertenencia entre la plantilla.

El 95% de las agencias de viajes españolas registró una caída drástica o paralización completa de las ventas durante la temporada de verano de este año debido a la pandemia de coronavirus y el 72% considera que en otoño se mantendrá la misma tendencia.

Así se extrae de la encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) sobre la situación de las agencias de viajes en el escenario Covid-19, presentada este miércoles en rueda de prensa por su presidente, Martí Sarrate, en el marco del XX Foro Acave.

El 88% de las agencias encuestadas también considera que la caída de ventas para su empresa en esta temporada 2020 se situará entre el 80% y el 100% respecto al ejercicio anterior; una de cada tres agencias no ha podido retomar la actividad y un 20% se plantea el cierre definitivo, mientras que el 16% manifiesta que espera poder retomar las ventas hasta 2021.

El 87,6% de las agencias consultadas ha efectuado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) total o parcial este año y un 21,6% ha tenido que realizar despidos de uno o más trabajadores.

En cuanto al teletrabajo, el 55% de las plantillas de las agencias encuestadas ha teletrabajado durante este año y un 4% ha manifestado que han cerrado su oficina definitivamente para pasarse a la atención virtual de sus clientes vía teletrabajo.

En el ámbito de agencias emisoras, el 93,3% de ellas señala que han sufrido el mayor impacto en los viajes vacacionales, mientras que para las receptivas los segmentos de negocio más afectados por la crisis sanitaria son el de negocios y turismo urbano.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado este miércoles su segunda emisión de un bono verde, con vencimiento del 30 de abril de 2026, por un importe de 500 millones de euros, con una demanda seis veces superior que ha superado los 3.000 millones de euros.

La operación, la segunda de este tipo que realiza el banco público tras la inaugural de abril de 2019, ha cerrado con un ‘spread’ de 7 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo y ha sido dirigida por BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC e ING, según fuentes del mercado citadas por ‘Bloomberg’.

Durante la clausura del XIX Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), celebrado en Valencia, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha adelantado esta segunda emisión de un bono verde por el ICO.

Calviño ha indicado que el Gobierno va a trabajar para garantizar que el problema de liquidez de las empresas no se convierta en un tema de solvencia que pueda poner en peligro la continuidad de las empresas «viables.

Por ello, ha dicho que el Ejecutivo trabaja junto a las entidades financieras y la Comisión Europea para ver cómo se adaptan los avales del ICO con el fin de seguir contribuyendo a la estabilidad de las empresas acogidas a estos instrumentos.

Según se establece en el programa marco de bonos verdes del ICO, estas emisiones sirven para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y usos de la tierra y gestión sostenible del agua.

El programa permite también la medición del impacto de los proyectos elegibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello en el marco de los «Green Bond Principles» emitidos por ICMA.

A mediados del pasado mes de mayo, el ICO lanzó también una emisión de bonos sociales por importe de 500 millones de euros para financiar operaciones que contribuyan a mitigar el impacto del Covid-19, con una demanda siete veces superior, lo que supuso un nuevo récord de suscripción en una operación de bonos lanzada por la entidad, a pesar del entorno de incertidumbre creado por la pandemia.