La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta ha solicitado al Gobierno de España garantías para que la actividad pesquera de arrastre en el Mediterráneo sea al menos como en 2020 para la subsistencia de la flota y ha defendido la necesidad de compensaciones inmediatas tras los inaceptables compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Unión Europea, que dejan al sector en una situación insostenible.

El director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, ha participado este viernes en la reunión convocada por la Secretaría General de Pesca, dependiente del ministerio, con las comunidades autónomas y representantes del sector. La Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno de España una defensa más sólida de los intereses de los pescadores para que en el futuro no se sigan recortando más recursos que son fundamentales en el litoral mediterráneo español. La flota andaluza ya ha hecho un esfuerzo al pasar de 212 a 93 barcos antes de la aprobación del nuevo Reglamento y un nuevo esfuerzo hace inviable su supervivencia.

«Las medidas que nos han trasladado, con recortes que incluyen vedas permanentes en determinadas zonas, provocan que la actividad deje de ser rentable. Las condiciones son cada vez más duras y se reducen las posibilidades de pesca, pero tampoco se ofrecen alternativas», ha explicado el director general.

Las reducciones en las cuotas afectan directamente a 300 barcos andaluces y 2.000 pescadores entre el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz. Martínez Malia comprende el malestar y comparte la preocupación general del sector, al tiempo que lamenta que «no se está apostando por una actividad fundamental para la economía de muchas familias. A pesar de lo mal que lo están pasando, los pescadores están dispuestos a colaborar, pero no detectan ni empatía ni predisposición del ministerio».

De hecho, se han adoptado decisiones sin tener en cuenta el impacto y la recuperación del caladero, que ya ha supuesto el recorte del 10%, basado en datos científicos desactualizados, pues en el día de hoy se ha reconocido que hasta 2022 el Instituto Español de Oceanografía no dispondrá de datos fiables.

Por todo ello, Andalucía ha solicitado que se garantice la actividad este año, que se presume igual de duro que 2020, y se modifique el Reglamento para poder recuperar días perdidos. La próxima semana está prevista una reunión para seguir estudiando la zonas de gestión proponer algo asumible por el sector y evitar que se produzcan imposiciones irreversibles.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) se redujo en todos los subesctores de las administraciones públicas, que engloba la Administración Central, comunidades autónomas, entidades locales y fondos de la Seguridad Social, durante el mes de noviembre de 2020.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, en el caso de las comunidades autónomas, el PMP se situó en noviembre en 32,26 días, lo que supone una reducción del 2,74% (0,91 días) con respecto al mes anterior. Por su parte, el PMP de la Administración Central se cifró en 28,65 días en noviembre, 1,94 días menos que en octubre.

Las entidades locales tuvieron un plazo de pago a proveedores de 66,49 días en noviembre, lo que supone un descenso de 1,93 días con respecto al mes anterior, mientras que el PMP registrado en los fondos de la Seguridad Social en noviembre fue de 11,94 días, 2,35 días menos que en octubre.

Con respecto a las comunidades, Cataluña fue la que registró un PMP más alto, con un promedio de 44,63 días, seguida de Baleares (44,09 días), Madrid (37,22 días) y Asturias (37,07 días). En contraposición, Murcia fue la que registró un nivel más bajo, con 6,76 días, por delante de Galicia (18,90 días) y Extremadura (20,47 días).

En relación a la composición del PMP en las comunidades autónomas, la ratio de operaciones pagadas se situó en 26,70 días y la de operaciones pendientes de pago en 37,88 días. Esto supone un incremento de 0,12 días con respecto a las operaciones pagadas, y una bajada de 2,90 días en la ratio de operaciones pendientes de pago en comparación con octubre.

En noviembre, ninguna comunidad presentó un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad.

Por otra parte, el importe de la deuda comercial ascendió 5.093,94 millones de euros durante el pasado mes de noviembre, equivalente al 0,46% del PIB nacional. La cifra supone un incremento de 607,86 millones en comparación con el mes anterior.

La cartera de Hacienda ha explicado que la evolución del PMP y de la deuda comercial están relacionadas con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Con respecto a las entidades locales, Las Palmas de Gran Canaria registró el mayor PMP, con un promedio de 135,08 días. Le siguieron Sevilla (43,38 días) y Palma (30,17 días). En el otro lado, Barcelona (12 días) fue la que registró el PMP más bajo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado una propuesta con las líneas estratégicas que marcarán su actividad para los próximos seis años (Plan Estratégico 2021-2026) y las actuaciones previstas en los próximos dos años para su desarrollo (Plan de Actuaciones 2021-2022) y que tendrán como prioridad aspectos como la defensa de los consumidores, la digitalización y la transición ecológica.

En un comunicado, la CNMC informa de que, dada la relevancia de estos documentos para el futuro de la competencia en los mercados en el próximo periodo y los importantes retos que plantea, ha decidido someter ambos planes a un proceso de consulta pública, que estará abierto hasta el próximo 22 de febrero.

La Comisión detalla que, en un contexto socioeconómico como el actual, condicionado por la pandemia del Covid-19, ha fijado como sus prioridades para el próximo quinquenio la defensa de los consumidores, la digitalización de todos los sectores que supervisa y la transición ecológica.

En este sentido, subraya que la existencia de una competencia efectiva entre las empresas y la promoción de los principios de buena regulación seguirán siendo una de sus prioridades, «dados los beneficios que generan para la sociedad».

Para ello, incide en que serán claves la incorporación de la nueva normativa europea y sus instrumentos en política de competencia. Además, mantendrá una estrecha vigilancia en todos los sectores productivos, con especial atención al digital y a otros afectados por la crisis del Covid-19 (farmacéutico, asegurador, funerario o financiero).

Asimismo, se centrará en la detección de posibles prácticas fraudulentas que afectan a la contratación pública y reforzará la actividad de promoción de la competencia, a través de una colaboración decidida con la sociedad civil y las administraciones públicas.

MERCADOS DE ACTUACIÓN

En los mercados energéticos favorecerá el papel activo del consumidor, de forma que tenga acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles y pueda tener cada vez más control sobre sus consumos. Además, promoverá la innovación en redes, la operación del sistema y los mercado minoristas, fomentando las inversiones eficientes en redes eléctricas y gasistas para integrar las energías renovables.

En el ámbito de las telecomunicaciones y el sector audiovisual, la CNMC también pondrá el foco en el consumidor y prestará especial atención a la conectividad y el respeto a los derechos de los usuarios. Todo ello, en un entorno lleno de nuevos actores y plataformas digitales, que ofrecen distintos y novedosos hábitos de consumo«, incide.

Asimismo, agrega que la transición ecológica se verá también reflejada en la liberalización del sector ferroviario en España, que culminará en los próximos meses. «La CNMC supervisará este mercado clave y vigilará que su buen funcionamiento garantice fórmulas de transporte menos contaminantes y que faciliten la movilidad de los ciudadanos», añade.

En esta línea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también señala que los consumidores serán el centro en la supervisión del sector postal.

MEDIOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Por otro lado, la Comisión señala que cimentará las actuaciones de su plan estratégico en varias líneas de acción internas y externa, para lo cual aprovechará «al máximo» las sinergias de la institución, gracias a la existencia de sus equipos multidisciplinares.

Asimismo, garantizará un nivel de interlocución adecuado con todos los actores relevantes en su actuación y potenciará su presencia internacional, tendiendo los puentes necesarios para afianzar la presencia de España en el desarrollo económico y social, particularmente en Europa, Latinoamérica y el área mediterránea.

Un total de 18 ciudades españolas y más de 500 inversores se han dado cita, en formato virtual, en la tercera edición de ‘Invest in Cities’, una iniciativa de atracción de inversión a ciudades medias españolas, impulsada por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la consultora de inversión Grupo PGS.

En concreto han sido los alcaldes de Marbella, Granada, Guadalajara, Miranda de Ebro, Sagunt, Puertollano, Benavente, Talavera de la Reina, As Pontes, Lugo, San Juan de Aznalfarache, Martos, Coslada, Pinto, San Javier, Algete y Monzón y el presidente de la Diputación de Guadalajara quienes han acudido al encuentro junto a los inversores y representantes del gobierno.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, ha mostrado su apoyo a este encuentro, al que ha calificado como «una oportunidad muy interesante para atraer inversión en un momento muy necesario para la reactivación económica».

Méndez ha señalado que «la accesibilidad de las administraciones locales, regionales y autonómicas es clave para convencer al potencial inversor de la idoneidad de una ciudad concreta; esa coherencia es especialmente apreciada por los inversores extranjeros que necesitan ver cómo cada uno de los niveles prioriza su inversión.

AUMENTAN LOS FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

En su alocución, la secretaria de Estado de Comercio ha recordado además que, «desde el segundo trimestre de 2020, se ha observado un aumento de los flujos de inversión extranjera en España y esto nos sitúa en una senda de optimismo reservado y de recuperación de la inversión que tan importante es para la atracción de talento y el impulso de la riqueza nacional».

Las ciudades participantes han presentado ante los asistentes las oportunidades de inversión y las ventajas competitivas con las que cuentan sus territorios como Ciudades Atractivas para la Inversión. Una inversión, según palabras de Méndez, «más necesaria que nunca, pues permitirá revitalizar las economías locales tras estos duros meses de pandemia».

En la inauguración del acto también intervino el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien ha recordado que «entre el 80%y el 90% de la inversión extranjera se localiza en Madrid y Cataluña», y señaló que ‘Invest in Cities’ contribuye a favorecer la»deslocalización de la inversión», afianzando a las empresas de diferentes localidades de España.

Por su parte, el presidente de Grupo PGS, Pablo Gimeno, ha destacado «la importancia de apostar por iniciativas como éstapara impulsar el tejido empresarial de los municipios españoles, revitalizar sus territorios y garantizar su crecimiento sostenible; contribuyendo, así, a mejorar la economía en su conjunto.

«España ofrece grandes oportunidades para la inversión; ‘Invest in Cities’ es el mejor escaparate para poner en valor la riqueza que esconde nuestro país», ha recalcado Gimeno.

Tras la apertura institucional han tenido lugar distintas mesas redondas en las que numerosos expertos de empresas como Telefónica, October España, CBR España, ID Logistics Iberia, Mapfre, Suma Capital, Envac Iberia, Fi-Group y Borrox Finance han debatido sobre cuestiones como la innovación, el desarrollo sostenible, la logística, las smart cities o la importancia de la colaboración público-privada para lograr mayor desarrollo económico.

Más de 700 hosteleros se han sumado hasta la fecha a la demanda colectiva que se presentará la semana próxima ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por los daños y perjuicios soportados por el gremio durante el año 2020. La indemnización que solicitarán será de 55 millones de euros.

El objetivo de este grupo de hosteleros, que aúna a cafeterías, restaurantes y bares en general de todo el territorio nacional, es demandar a la Administración General del Estado y a las CCAA por las pérdidas producidas desde la declaración del primer estado de alarma, de 14 de marzo de 2020.

Fuentes próximas a este grupo que prepara la demanda, señalan que día a día se van sumando más hosteleros a medida que les llega la propuesta, por lo que han puesto de fecha para sumarse hasta el 14 de marzo de 2021, coincidiendo con el aniversario del decreto de estado de alarma.

Si bien la demanda se está elaborando aún, sí que adelantan que interesarán en su escrito indemnizaciones para cada uno de los afectados que sean equivalentes al 75% de las pérdidas de 2020. Matizan que se fundamentan para ello en lo que se ha hecho desde el Ejecutivo alemán.

ELABORADA POR EXMAGISTRADOS DEL SUPREMO Y DEL CONSTITUCIONAL

La demanda colectiva, cuya estrategia jurídica ha sido encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, ya cuenta con la adhesión de hosteleros de referencia como la chef Begoña Fraire, del restaurante ‘Étimo’ de Madrid, Alfonso García Muñiz, de la ‘Taberna Casa Alfonso’ de Barcelona, Pepa Muñoz de ‘El cuenco de Pepa’, Juanjo López de ‘La tasquita de enfrente’, Iñaki López del Grupo Sagardi, y Alfonso Pastor del Grupo Caterdata, entre otros.

Por otro lado, señalan que esta demanda colectiva, que surge ajena a las asociaciones de hosteleros y que está abierta incluso a restauradores que hayan tenido que cerrar sus negocios definitivamente, cuenta en su elaboración con varios exmagistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, subrayan, tienen amplia experiencia en este tipo de asuntos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha recibido, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzado por el Gobierno para movilizar los recursos del fondo de recuperación ‘Next Generation EU’, más de 750 solicitudes que potencialmente podrían movilizar una inversión público-privada en torno a 30.000 millones de euros.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mostró «muy satisfecha» con la elevada participación en una iniciativa cuyo objetivo es movilizar proyectos tractores en sectores estratégicos y sus cadenas de valor «con amplio impacto sobre su competitividad, productividad y generadores de empleo, que contribuyan a la doble transición verde y digital y a la cohesión territorial».

«Demuestra el gran interés de las empresas españolas en mejorar y crecer gracias a la colaboración público-privada y a las ayudas europeas, a pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia», dijo.

Según informó el Ministerio, existe una gran variedad de sectores y cadenas de valor involucradas, destacando entre otras las siguientes: agroalimentario, automoción, turismo, economía circular, industria electrointensiva, papel, naval, fabricación de equipos electrónicos, aeronáutica, espacio y retail.

Además, las propuestas muestran una participación que incluye la totalidad del territorio nacional e involucra a las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

Una vez que ha finalizado el plazo de recepción de las propuestas en la consulta pública, se está realizando admisión y análisis inicial de la documentación presentada. A las propuestas que les falte información se les emplazará a que completen esa información.

EN FEBRERO, PRIMERA CATEGORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

De esta manera, en febrero se tendrá una primera categorización de propuestas y se iniciará un proceso de evaluación de las manifestaciones de interés (MDI) presentadas que puede durar semanas en función de la complejidad de los proyectos presentados.

Las manifestaciones de interés buscan recabar la información imprescindible que permita desarrollar las líneas estratégicas y guiar la acción del Ministerio en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las convocatorias que surjan tras la manifestación de interés estarán sujetas en todo momento a los criterios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación.

Adicionalmente, el Ministerio dirigido por Reyes Maroto, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pyme, dispone de un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado llamado Financia Industria, que informa sobre posibilidades de financiación pública de cualquier administración para aquellas empresas que deseen llevar a cabo un proyecto industrial.

La contratación de seguros agrarios ha experimentado una evolución muy positiva en 2020, tanto desde el punto de vista de las pólizas contratadas, como de la superficie, producción y capital asegurados, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, el número de pólizas ha crecido un 5%, hasta las 416.000, mientras que la superficie asegurada ha alcanzado los 7,8 millones de hectáreas, un 23% más.

Estos datos de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, demuestran la implantación, cada vez más arraigada, de la cultura del seguro agrario.

Agricultura ha precisado que se trata de una tendencia favorable que contribuye al objetivo del Departamento de garantizar, independientemente de las contingencias climáticas o de otro tipo, las rentas de las explotaciones agrarias.

Por sectores, destacan los incrementos que han experimentado el sector de los cítricos (8%), y, sobre todo, los cultivos de herbáceos extensivos. En volumen, la producción asegurada ha alcanzado los 41 millones de toneladas, que suponen un 7% más que en 2019, mientras que el capital asegurado registra un nuevo récord, al superar los 15.200 millones de euros, casi 1.000 millones más que el año anterior, que suponen un incremento del 7%.

Otras magnitudes del seguro se han mantenido en los mismos parámetros del año anterior. Así, el coste global de los seguros ha sido de 794,5 millones de euros que suponen apenas un 1% de incremento (783,4 en 2019).

Las subvenciones de Agricultura se han situado en torno a los 237 millones de euros, cifra estable a la de 2019, y las indemnizaciones por los siniestros han llegado a los 585 millones, algo menos que los 592 del año precedente.

El sistema de seguros agrarios español se configura como un complejo mecanismo de contribución público-privada que contribuye a la estabilidad de las rentas de las explotaciones agrarias, al protegerlas frente a las adversidades climáticas u otros fenómenos naturales.

El Departamento que lidera Luis Planas es un «firme defensor» de los seguros agrarios y, por eso, ha trabajado para que Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incluya un incremento en esta partida. Así, se van a destinar 40 millones de euros más, pasando de 211 a 251 millones la dotación de financiación adicional a las pólizas de agricultores y ganaderos.

El Departamento ha indicado la importancia de estos seguros en un inicio de año donde el medio rural ha sufrido las consecuencias de la borrasca ‘Filomena’.

Aunque aún se desconoce la cuantía total, dado que se sigue haciendo la evaluación, los cultivos más afectados por esta borrasca han sido las hortalizas de invierno, como la lechuga, la alcachofa, la coliflor y el brócoli, además de los cítricos y los cultivos permanentes y de arbustos, que han sufrido el peso de la nieve.

El plazo de tres meses que dio la ley del teletrabajo a las empresas para formalizar los acuerdos de trabajo a distancia no derivados de situaciones excepcionales del Covid se cumple este viernes, 22 de enero.

Según ha recordado en La Sexta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes entra en vigor la parte de la ley del teletrabajo que establece que las empresas que tenían pactos y acuerdos de trabajo a distancia deben tenerlos acomodados a la norma actual.

La ley del teletrabajo, vigente en su mayor parte desde el pasado 13 de octubre, contemplaba un plazo de tres meses para que el acuerdo de trabajo a distancia regulado en la norma se formalizara.

También se daba un plazo de tres meses para que las empresas efectuaran las adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes, que no derivaran de convenios o acuerdos colectivos.

Según la ley del teletrabajo, el acuerdo de trabajo a distancia debe realizarse por escrito, pudiendo estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior. En todo caso debe formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.

La empresa debe entregar a la representación sindical una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones en un plazo no superior a diez días desde su formalización, que la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega. Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo.

Cuando no exista representación legal de las personas trabajadoras también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.

Sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el acuerdo de trabajo a distancia debe recoger, entre otros puntos, el inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los elementos muebles, y la enumeración de los gastos que pudiera tener el trabajador por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.

Además, debe figurar en dicho acuerdo la duración del mismo; el horario de trabajo; el porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia si lo hubiera; el centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita el trabajador a distancia; el lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador para desempeñar su labor; los medios de control empresarial de la actividad, y la duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la Covid-19 les resulta de aplicación la normativa laboral ordinaria, aunque sí están obligadas a dotar a sus teletrabajadores de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

Los trabajadores de Alcoa en Cervo (Lugo) han respaldado con un 87% de los votos el acuerdo entre comité y dirección para suspender la huelga, condición que la empresa ponía para reiniciar las negociaciones de la venta de la fábrica a la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI).

En concreto, el referéndum al que el comité sometió el preacuerdo durante toda esta semana ha salido a favor del sí con 648 votos (el 87,2%), frente a 84 votos en contra (el 11,3%), siete en blanco y cuatro nulos.

Hubo en total 743 votos emitidos de 964 censados, por lo que la participación se situó en el 77%, según los datos que traslada el propio comité.

Tras este «abrumador resultado a favor del sí», el presidente del comité, José Antonio Zan, ha informado de que han mantenido una reunión con la dirección en la cual se ha puesto el acuerdo «encima de la mesa», para que sea ahora la compañía la que lo devuelva también ratificado.

«En cuanto nos lo envíen firmado por ambas partes podrán empezar a tener paz social y a contratar a los ETT que son necesarios para el funcionamiento diario y hacer indefinidos a los trabajadores del acuerdo del 28 de febrero», ha destacado.

A partir de ahí, Zan espera «que cuanto antes la SEPI se ponga en contacto con Alcoa y ahora sí se siente a negociar» la operación que pueda suponer «la solución y la viabilidad» de la planta de A Mariña.

VUELTA A LA NEGOCIACIÓN

Esta vuelta a la negociación entre la multinacional del aluminio y la SEPI se producirá después de dos decisiones judiciales en contra de las pretensiones de Alcoa de cerrar la factoría de aluminio.

La primera de ellas fue la prohibición de parar las cubas de electrolisis, como medidas cautelares. La segunda, la anulación del despido colectivo que preveía aplicar para más de medio millar de trabajadores.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Teresa Ribera, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, comparecerán en Comisión la próxima semana en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas ante la subida del precio de la luz en las últimas semanas.

Ambas comparecencias habían sido solicitadas por el PP, ERC y Bildu con la intención de aprobarlas en la Diputación Permanente prevista para el próximo lunes, pero finalmente ha sido el Gobierno quien ha decidido comparecer a petición propia.

Concretamente, Ribera acudirá el próximo martes 26 de enero a las 16.00 horas a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para explicar medidas del Gobierno para favorecer la reducción del coste de la electricidad y la protección de consumidores vulnerables, pero también en relación al temporal ‘Filomena’.

En el caso de Garzón, el titular de la cartera de Consumo acudirá el miércoles a la Comisión de Sanidad para explicar este incremento del precio de la electricidad y exponer líneas de trabajo respecto a la misma.

MÁS PAÍS Y TERUEL EXISTE PIDEN UN PLENO CON RIBERA

Por otro lado, Más País y Teruel Existe han reclamado este viernes la celebración de un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para celebrar ahí la comparecencia de Teresa Ribera, cuestionando la razón por la que los precios son mayores pese a un mayor volumen de producción en un momento de mayor necesidad.

Por ello, ambas formaciones reclaman en un escrito, recogido por Europa Press, garantizar el control de las tarifas de servicios básicos, impulsar su descenso ante la transición energética y la disminución de los costes de producción, y diseñar una solución regulatoria de mercado eléctrica que reduzca los precios, reflejando la diversidad de costes de las diferentes tecnologías «de una manera limpia, transparente y ordenada.

Asociaciones de promotores y de propietarios de viviendas en alquiler han mostrado su rechazo a la modificación que ha hecho el Gobierno del real decreto que paraliza los desahucios, al considerar que amplía la protección a la ocupación ilegal.

Así lo han manifestado la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), que señalan que la modificación de este decreto «es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal, que genera graves problemas sociales y económicos».

«Esto convierte a España en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno ilegal. Con este cambio, se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas», aseguran.

Ambas asociaciones creen que esta limitación «carece de todo sentido», sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías.

«No se debe confundir, ni mucho menos equiparar, la necesaria protección de los vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración Pública a la ocupación ilegal», explican.

Por ello, instan al Congreso de los Diputados a votar en contra de la convalidación de este real decreto o, en todo caso, aceptarla a trámite como proyecto de ley, conservando los otros artículos que sí consideran necesarios, pero corrigiendo esta modificación.

Desde APCEspaña y ASVAL insisten en la necesidad de aplicar medidas extraordinarias para contribuir a aminorar el impacto de la pandemia sobre la sociedad, pero manteniendo un equilibrio entre la protección frente a la vulnerabilidad y la garantía de los derechos de los arrendadores.

En ASVAL y APCEspaña aseguramos que cuestionar un derecho fundamental para garantizar otro genera inseguridad jurídica, tanto en nuestro país como internacionalmente, en un momento donde la recuperación económica precisa de los mayores niveles de inversión posibles», concluyen.