La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta ha solicitado al Gobierno de España garantías para que la actividad pesquera de arrastre en el Mediterráneo sea al menos como en 2020 para la subsistencia de la flota y ha defendido la necesidad de compensaciones inmediatas tras los inaceptables compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Unión Europea, que dejan al sector en una situación insostenible.
El director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, ha participado este viernes en la reunión convocada por la Secretaría General de Pesca, dependiente del ministerio, con las comunidades autónomas y representantes del sector. La Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno de España una defensa más sólida de los intereses de los pescadores para que en el futuro no se sigan recortando más recursos que son fundamentales en el litoral mediterráneo español. La flota andaluza ya ha hecho un esfuerzo al pasar de 212 a 93 barcos antes de la aprobación del nuevo Reglamento y un nuevo esfuerzo hace inviable su supervivencia.
«Las medidas que nos han trasladado, con recortes que incluyen vedas permanentes en determinadas zonas, provocan que la actividad deje de ser rentable. Las condiciones son cada vez más duras y se reducen las posibilidades de pesca, pero tampoco se ofrecen alternativas», ha explicado el director general.
Las reducciones en las cuotas afectan directamente a 300 barcos andaluces y 2.000 pescadores entre el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz. Martínez Malia comprende el malestar y comparte la preocupación general del sector, al tiempo que lamenta que «no se está apostando por una actividad fundamental para la economía de muchas familias. A pesar de lo mal que lo están pasando, los pescadores están dispuestos a colaborar, pero no detectan ni empatía ni predisposición del ministerio».
De hecho, se han adoptado decisiones sin tener en cuenta el impacto y la recuperación del caladero, que ya ha supuesto el recorte del 10%, basado en datos científicos desactualizados, pues en el día de hoy se ha reconocido que hasta 2022 el Instituto Español de Oceanografía no dispondrá de datos fiables.
Por todo ello, Andalucía ha solicitado que se garantice la actividad este año, que se presume igual de duro que 2020, y se modifique el Reglamento para poder recuperar días perdidos. La próxima semana está prevista una reunión para seguir estudiando la zonas de gestión proponer algo asumible por el sector y evitar que se produzcan imposiciones irreversibles.
