La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) registró un incremento en su producción diaria durante el mes de diciembre de 278.000 barriles de petróleo, como consecuencia de la tregua alcanzada en Libia, que ha permitido reiniciar desde hace varios meses la producción de crudo y su exportación, según se desprende del informe mensual que elabora el cartel sobre el mercado petrolero.

En concreto, los 13 países que conforman la OPEP produjeron 25,362 millones de barriles por jornada en el último mes del año, frente a los 25,083 millones de barriles diarios de noviembre. Estos datos proceden de las fuentes secundarias que maneja la OPEP, que son las únicas que ofrecen datos fiables de todos los países.

El país que más elevó su producción diaria fue Libia, con 136.000 barriles. Por detrás se situó Irak, con 76.000 y Emiratos Árabes Unidos, con 63.000. Por el contrario, la mayor reducción se registró en Nigeria, con 28.000 barriles diarios menos, y Angola y Congo, con 14.000 barriles por jornada menos en ambos casos.

Arabia Saudí, el mayor productor de los 13 países de la OPEP y líder ‘de facto’ del cartel, bombeó 8,964 millones de barriles por cada día de diciembre, apenas 2.000 menos que en noviembre.

El mes de julio fue el último en el que los países recortaron su producción en 9,7 millones de barriles diarios. Desde agosto y hasta final de año, el recorte fue de 7,7 millones diarios. Desde este mes de enero estaba previsto que la producción se recortara en 5,8 millones, pero en diciembre el cartel y sus aliados (OPEP+) acordaron limitar el alza en la producción en 500.000 barriles, por lo que el recorte en enero será de 7,2 millones de barriles diarios.

A principios de este mes, la OPEP+ acordó limitar la producción en febrero en 7,125 millones de barriles diarios, mientras que en marzo el recorte pasará a ser de 7,05 millones.

PREVISIÓN PARA 2021.

El cartel ha revisado al alza su estimación de la demanda de petróleo para todo el mundo en 2021, hasta 95,91 millones de barriles diarios, lo que supone una corrección al alza de 0,02 millones. La demanda prevista de petróleo de la OPEP para este año se ha mantenido sin cambios en 27,2 millones de barriles.

Los datos preliminares de noviembre, los últimos disponibles, apuntan a que el ‘stock’ de petróleo de la OCDE se redujo en 24,5 millones de barriles respecto al mes anterior, por lo que las reservas totalizaron 3.104 millones de barriles. Esta cifra está 163,1 millones por encima de la media de los últimos cinco años y es 205,1 millones superior al dato registrado un año antes. El nivel de reservas indica que la OCDE tiene petróleo disponible para 70,5 días, lo que representa 8,8 días más que la media del último lustro.

En diciembre, el precio medio del crudo de la OPEP se elevó en 6,56 dólares con respecto a noviembre, situándose en 49,17 dólares por barril, debido a la recuperación del mercado físico de petróleo y a la demanda de las refinerías asiáticas.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europeo ha publicado este jueves un informe sobre el funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el que ha reclamando la puesta en marcha de instrumentos que garanticen las necesidades de liquidez en el caso de que se inicie un proceso de resolución de una entidad bancaria.

A juicio de los auditores europeos, es «fundamental» que una vez iniciado el proceso de liquidación de un banco, este pueda acceder a la liquidez necesaria para «refinanciar sus pasivos a medida que vencen, debido, por ejemplo, a la incertidumbre sobre su viabilidad».

La falta de avances en relación a la «continuidad financiera» de una entidad que se enfrente a estas circunstancias sigue siendo «preocupante», advierte el organismo en un comunicado, en el que añade que esta situación «puede restringir las opciones para la resolución de un banco de la manera más eficaz».

«Hemos visto que algunas políticas muy importantes no han sido atajadas, como la continuidad financiera. Es un tema crucial en caso de que un banco sea resuelto», ha explicado Rimantas Sadzius, responsable del informe, en una rueda de prensa en la que ha desgranado las conclusiones del mismo.

En concreto, el documento recuerda que, según los expertos, la red de seguridad de hasta 70.000 millones que proporcionaría el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) si los fondos del Fondo de resolución no son suficientes «podría ser insuficiente para satisfacer las necesidades de financiación para la resolución, en particular en lo que se refiere a la inyección de liquidez».

Sadzius, no obstante, ha preferido no pronunciarse sobre un la forma que tomaría un modelo que buscase atajar esta deficiencia de la Unión Bancaria y ha afirmado que se trata de una tarea que corresponde a la Comisión Europea y a las instituciones con poderes legislativos (Eurocámara y países).

Otro problema identificado por los auditores europeos es la falta de coherencia en la elaboración de planes de resolución. La Junta Única de Resolución (JUR) es el organismo encargado de diseñarlos para los bancos más grandes, pero este trabajo se delega a las autoridades nacionales en el caso de entidades más pequeñas.

El responsable del informe del Tribunal de Cuentas de la UE ha defendido que, en búsqueda de una mayor homogeneidad de dichos planes, las directrices elaboradas por la JUE deberían ser «vinculantes». En nuestra opinión, los planes de resolución deben ser coherentes en Europa, y ahora vemos alguna creatividad», ha apuntado.

Además, los auditores europeos han señalado que no existe «ninguna política sobre gobernanza y comunicación» para la resolución, que incluye medidas para garantizar el suministro de datos y o para mejorar la eficacia en la supervisión y en la toma de decisiones durante la fase de planificación y en caso de crisis.

Por otro lado, ponen el acento en la necesidad de una mejor armonización entre el marco de resolución europeo y los procedimientos nacionales de insolvencia y recomiendan que las normas sobre la resolución de bancos establezcan umbrales «objetivos y cuantificados» para poner en marcha medidas de «atención temprana».

«El MUR ha logrado avances en los últimos años, pero es necesario seguir avanzando para planificar correctamente la liquidación ordenada de bancos inviables», ha resumido Sadzius. «Hemos constatado que todavía no se han abordado todos los ámbitos en los que se existen insuficiencias», ha zanjado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valora que el acuerdo del Brexit supone «limitar el retroceso» previsto para el sector pesquero, mientras permite «continuar la actividad» a la flota.

En su intervención durante una visita al puerto de Celeiro, en el municipio de Viveiro (Lugo) –en el marco de una visita de dos días a Galicia–, Planas remarca que hasta 2026 el acceso a aguas británica estará garantizado, si bien a partir de entonces habrá que negociar anualmente.

Asimismo, ha relatado que la reciente negociación sobre TAC y cuotas para 2021 fue «particularmente difícil» con la «sombra del Brexit», pero se consiguió el objetivo de minorar las propuestas de reducción de la Comisión Europea, que «iban demasiado lejos».

A este respecto, defiende un «resultado razonable» para la merluza, el rape y el gallo, mientras las disminuciones se esperan cubrir con intercambios.

Pero la «parte más difícil» en las negociaciones de las últimas semanas ha sido el Brexit, con la pesca como lo último que se ha abordado, pues «significaba en términos británicos recuperar la soberanía sobre sus aguas».

Aunque inicialmente este jueves ha hablado de un resultado «favorable» en la negociación del Brexit, después ha querido «matizar» sus palabras para aclarar que «nunca es favorable» una separación entre Reino Unido y la UE. «Podremos mantener de una forma importante nuestras capacidades de pesca», ha remarcado.

En lo tocante a las posibilidades de pesca, asegura: «Hemos conseguido en el caso español limitarlas a un nivel que me parece posible continuar la actividad que veníamos efectuando desde el punto de vista empresarial».

A modo de ejemplo, indica que la reducción tras cinco años y medio, hasta 2026, será de poco más del 1% en el caso de la merluza norte con la que se faena en Celeiro. «Es una buena muestra de un esfuerzo que se ha hecho», defiende.

FONDOS EUROPEOS Y MEJORA DE BARCOS

En una visita en la que también se ha reunido con representantes del sector, se ha referido al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa) para el periodo 2021-2027 para recordar que España recibirá 1.120 millones –160 millones anuales–, por lo que se muestra «muy satisfecho» con el resultado.

De hecho, subraya que es superior a los fondos del anterior periodo entre 2014-2020 (que se prolonga hasta 2023). Junto a esto, pone en valor que habrá una mayor flexibilidad y «muchas más posibilidades que no se tenían hasta ahora autorizadas por la UE».

Una de las cuestiones acerca de las que pone el foco es que se han conseguido apoyos para la mejora de la seguridad, confortabilidad y eficiencia energética de barcos, una demanda de la que España había «hecho bandera» en sus reivindicaciones.

De hecho, considera que estas mejoras en la renovación de la flota será «importante» para atraer a jóvenes al sector y fomentar el relevo generacional en un oficio «tan duro» que debe tener condiciones «más dignas y seguras».

Junto a esto, el ministro ha remarcado que «hay que acelerar» para aprovechar los fondos del anterior periodo FEMP. También observa como un «excelente instrumento» para el sector el programa de recuperación y resiliencia con fondos hasta 2023 como respuesta a la pandemia.

También ha indicado que, mientras algunos países europeos se plantean paradas, «este ministro no tiene intención de llevar ningún barco pesquero al desguace». «Es un sector de futuro que no debe detener su actividad», sostiene.

Por todo ello, Luis Planas ha mostrado su «compromiso» con el sector pesquero español, «en particular» con el gallego.

CELEIRO Y BURELA, AUTORIZADOS PARA SERVICIOS A BUQUES BRITÁNICOS

Precisamente, Planas realiza esta visita a la Mariña lucense en la misma semana en la que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución por la que se autoriza a los puertos de Celeiro, en el municipio Viveiro, y de Burela como aptos para operaciones de desembarque y transbordo de productos de la pesca de terceros países, como es Reino Unido tras el Brexit.

El Gobierno indica que, desde el momento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se hace necesario aumentar el número de puertos que ofrezcan la prestación de servicios portuarios para los buques pesqueros del Reino Unido.

En este sentido, los puertos de Burela y Celeiro «reúnen las características idóneas para ser incluidos» en la lista en la que también hay otros puertos gallegos.

En la actualidad, ninguno de estos dos puertos dispone de Punto de Control Fronterizo, por lo que el BOE indica que en estos casos «solo se permite que los buques pesqueros de terceros países tengan acceso a la prestación de servicios portuarios, así como a la carga de pescado, estando autorizado el desembarque y el transbordo de productos de la pesca originarios o procedentes de terceros países».

REUNIÓN CON FEIJÓO ESTE VIERNES

La visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a Galicia continuará este viernes, 15 de enero, con un encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Tras reunirse el jueves con representantes del sector pesquero gallego, el viernes le tocará el turno a miembros del sector agrario.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se reunirá mañana viernes a las 12.00 horas con los agentes sociales para avanzar en las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que España debe remitir a Bruselas próximamente.

Al encuentro asistirán el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, junto a los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva.

Con este encuentro se da continuidad a las reuniones celebradas el pasado 16 de noviembre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la del día 27 de noviembre que lideró la propia ministra de Asuntos Económicos.

Precisamente hoy Nadia Calviño, durante su partipación en el ‘Spain Investors Day’, ha indicado que la intención del Gobierno es incluir en dicho plan las reformas laboral y de pensiones y consensuarlas con los agentes sociales, así como la prometida reforma fiscal.

La ministra ha indicado que es preciso implementar reformas del mercado de trabajo y de las pensiones que «cuenten con el consenso de los agentes sociales y que aseguren la estabilidad en los próximos años», y ha confirmado que se incluirán en el Plan de Reformas e Inversiones, que remitirá a Bruselas «tan pronto como el proceso legal lo permita», previsiblemente en marzo al trabajarse ya en el segundo borrador.

La vicepresidenta tercera ha indicado que las reformas estructurales se dirigen a incrementar el crecimiento potencial por encima del 2%, así como a reducir el desempleo estructural, aumentar la productividad y avanzar hacia un patrón de crecimiento «más inclusivo y sostenible» desde el punto de vista económico y financiero, ambiental y social.

Calviño ha destacado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos ejes pasan por la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, conllevará unas inversiones de unos 60.000 millones hasta 2023 a financiar con fondos europeos, al tiempo que movilizará un «significativo» volumen de inversión privada, del orden de 500.000 millones de euros, lo que permitirá un aumento del crecimiento potencial del 2% del PIB al año.

Estas inversiones se desplegarán junto con un conjunto «coherente» de reformas estructurales, que ha indicado que van desde la educación y la formación profesional hasta la energía; del mercado laboral a las pensiones; de la mejora del clima empresarial a la reforma fiscal; y de la movilidad sostenible a la modernización de la administración pública.

La reunión de mañana con Calviño se produce después de que este mismo lunes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reuniera también con los líderes de patronal y sindicatos para compartir los distintos planes del Ministerio a abordar este año con el objetivo de modernizar el mercado de trabajo.

En este encuentro se abordaron, en general, las reformas estructurales, la evolución del diálogo social en la actualidad y de las mesas que se abrirán en los próximos meses, así como el uso que pretende dar el Ministerio a los fondos europeos, con especial atención a las políticas activas de empleo, la garantía juvenil y la formación.

El índice compuesto de indicadores líderes (CLI), que sirve a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de termómetro económico para detectar cambios de tendencia en la coyuntura, detuvo en diciembre su deterioro en el caso de España, después de cinco meses consecutivos de empeoramiento, impulsado por la mejora del mercado bursátil y la construcción, que compensó el deterioro desde el lado de la demanda, incluyendo la pérdida de confianza de los consumidores españoles.

De este modo, la lectura del indicador adelantado se situó en 95,14 puntos, frente a los 95,09 del mes anterior, una mejora de apenas cinco centésimas, pero que interrumpe la secuencia de cinco meses consecutivos a la baja. No obstante, el dato aún se situaba 5,02 puntos por debajo de su lectura del mismo mes del año anterior.

«El CLI de España registró un crecimiento positivo en diciembre, liderado por el incremento registrado por los indicadores bursátiles y de construcción», explicaron desde la OCDE, añadiendo que la contribución positiva de estos indicadores ha sido compensada solo parcialmente por la contracción de los indicadores del lado de la demanda, como la confianza del consumidor y la matriculación de vehículos nuevos.

«Se observan signos similares en otras grandes economías europeas», destacaron desde la organización internacional, advirtiendo de que «se requiere precaución al interpretar las mejoras recientes, ya que se limitan solo a la última observación», además de que los indicadores compilados para elaborar los CLI pueden fluctuar ante la naturaleza rápidamente cambiante de las medidas de los gobiernos para contener la pandemia, a pesar del inicio de las vacunaciones.

A nivel general, el indicador adelantado para la OCDE se situó en 99,45 puntos, mejorando así en casi dos décimas la lectura anterior, lo que equivale a una estabilidad de la tendencia de crecimiento de la economía, una tendencia semejante a la observada en la zona euro, cuyo termómetro económico en diciembre marcó 98,73 puntos, 0,11 puntos más que el mes anterior, mejorando la moderación del ritmo de crecimiento que apuntaba previamente.

Entre las principales economías de la zona euro, los CLI registraron en diciembre moderados avances, consolidando la tendencia de estabilización del crecimiento, con una subida a 100,12 puntos en Alemania, 97,7 puntos en Francia y 99,5 en Italia. En el caso del Reino Unido, por contra, el indicador adelantado de la OCDE subió a 99,28 puntos, aunque aún apunta a una «desaceleración» de la actividad.

De su lado, la lectura del dato correspondiente a los Estados Unidos, el indicador subió hasta 99,25 puntos desde los 98,98 del mes anterior, lo que implica una tendencia de crecimiento estable.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves ante más de 200 inversores internacionales que el Ejecutivo está «comprometido» a que 2021 sea un año de «recuperación y transformación», con un crecimiento del 7% sin contar los fondos europeos y con la consolidación fiscal.

También ha confirmado que se consensuará la reforma laboral con los agentes sociales y se incluirá, junto a las reformas de pensiones y fiscal, en el Plan de Inversiones y Reformas a remitir a Bruselas «tan pronto como sea posible».

Así lo ha señalado durante su intervención en la XI edición del Foro Spain Investors Day, que reúne en Madrid telemáticamente y de forma presencial a 46 cotizadas y más de 200 inversores internacionales, a los que ha trasladado que se han «mitigado» los principales riesgos, aunque eso «no significa que los próximos meses vayan a ser fáciles».

Calviño ha afirmado que se avanza «en la buena dirección», lo que «no significa que la recuperación económica vaya a ser fácil, pero sí se dispone de las herramientas necesarias para combatir a la crisis del Covid».

De esta forma, ha indicado que la previsión es un crecimiento inercial del 7%, sin tener en cuenta el Plan de inversiones y los fondos europeos, y continuar el camino de creación de empleo que se ha iniciado en el tercer trimestre de 2020, cuando se crearon 570.000 empleos.

Según Calviño, los datos disponibles indican que esta «tendencia positiva» continuó durante el último trimestre de 2020, especialmente en el mercado laboral, ya que la afiliación a la Seguridad Social ha mantenido una «tendencia ascendente» en octubre, noviembre y diciembre, los trabajadores en ERTE se estabilizaron en alrededor de 750.000 a pesar de la segunda ola y la afiliación de los autónomos «ha recuperado registros prepandémicos».

Así las cosas, ha aseverado que el impacto de la segunda ola de la pandemia «no ha sido tan profundo como en el primer semestre» y las empresas y los trabajadores autónomos han demostrado una «fuerte resiliencia» desde que se levantaron las restricciones.

España se vuelve a levantar más fuerte», ha enfatizado, recordando que «el PIB ha caído en todos los países», pero que la «prioridad» es «estimular e impulsar la economía, creando nuevos puestos de trabajo.

Como prioridades para el ejercicio 2021, ha citado controlar la pandemia, implementar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y terminar de implementar el Plan de Recuperación, que supone una «oportunidad» para modernizar el país, por ejemplo con la Agenda España Digital 2025, y es una «buena noticia» para los inversores.

En este sentido, ha detallado que los nuevos Presupuestos ya recogen 27.000 millones de euros del total de 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España hasta 2026, de ellos unos 72.000 millones en transferencias hasta 2023 y el resto en préstamos.

La vicepresidenta tercera también ha querido lanzar un mensaje de «compromiso» con la consolidación fiscal y ha explicado que el Ejecutivo ha realizado una previsión «moderada», en paralelo a una mayor recaudación fiscal de la esperada.

A pesar de que «los capitales internacionales siguen confiando en España», ha remarcado igualmente que hay que seguir reduciendo la deuda pública, que este año alcanzará en torno al 120% del PIB.

REFORMA DE PENSIONES CONSENSUADA E INCLUIDA EN EL PLAN PARA BRUSELAS

Ha centrado buena parte de su intervención en hablar sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos ejes pasan por la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, y que conllevará unas inversiones de unos 60.000 millones hasta 2023 a financiar con fondos europeos, al tiempo que movilizará un «significativo» volumen de inversión privada, del orden de 500.000 millones de euros, lo que permitirá un aumento del crecimiento potencial del 2% del PIB al año.

Estas inversiones se desplegarán junto con un conjunto «coherente» de reformas estructurales, que ha indicado que van desde la educación y la formación profesional hasta la energía, del mercado laboral a las pensiones, de la mejora del clima empresarial y una mejor regulación de la reforma fiscal, de la movilidad sostenible, y de la modernización de la administración pública, así como de las normas concursales.

REFORMAS LABORAL Y DE PENSIONES CONSENSUADAS

A este respecto, ha indicado hay que implementar reformas del mercado de trabajo y de las pensiones que «cuenten con el consenso de los agentes sociales, y que asegure la estabilidad en los próximos años», y ha confirmado que se incluirán en el Plan de Reformas e Inversiones que remitirá «tan pronto como el proceso legal lo permita» a Bruselas, previsiblemente en marzo al trabajarse ya en el segundo borrador.

La vicepresidenta tercera ha indicado que las reformas estructurales se dirigen a incrementar el crecimiento potencial por encima del 2%, así como a reducir el desempleo estructural, aumentar la productividad y avanzar hacia un patrón de crecimiento» más inclusivo y sostenible» desde el punto de vista económico y financiero, ambiental y social.

CC.OO. y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos.

Las Comisiones Ejecutivas de los dos sindicatos celebrarán el próximo día 19 de enero una reunión en la sede de CC.OO. para concretar las acciones a desarrollar en el marco de esta campaña de movilizaciones.

Los sindicatos pretenden con esta iniciativa retomar la agenda de reformas comprometidas, entre las que se encuentran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora congelado en 950 euros mensuales, la derogación de las reformas laborales, y la supresión de la reforma de pensiones de 2013.

A estos objetivos se suman la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la firma de un nuevo acuerdo de convenios con la patronal, la regulación de las plataformas digitales, la Ley de Igualdad Salarial y un plan de choque contra la siniestralidad laboral.

Para CC.OO. y UGT, resulta «injustificable» la negativa del Gobierno a subir el SMI y le recuerdan que se comprometió a dar cumplimiento en esta legislatura a la Carta Social Europea, que establece que esta renta mínima debe alcanzar el 60% del salario medio neto. «Y ahora sí que toca», defienden.

Los sindicatos argumentan además que también es un compromiso del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo y hacerlo desde el diálogo social.

El Gobierno no cesa de lanzar propuestas a través de los medios de comunicación, sin presentarlos en dicha mesa. Y no vamos a aceptar una ampliación de 25 a 35 años del periodo de tiempo para calcular la pensión de jubilación, ni propuestas concretas para alargar la edad de jubilación», han advertido al respecto.

Insisten de nuevo en que el Ejecutivo debe «cumplir su palabra» y derogar las reformas laborales, poniendo fin a la actual «táctica dilatoria para no perturbar» a la CEOE.

«La derogación y adaptación de temas como la ultraactividad, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, regulación de las subcontratas, y la reforma del despido colectivo tienen que ser un hecho ya. En este último caso con carácter urgente porque es preciso causalizarlos para evitar una mayor destrucción de empleo en los próximos meses», avisan.

Los sectores de digital, tecnología y cuidados sanitarias son las actividades en las que se espera un mayor repunte en los salarios este año, según se desprende del estudio remuneración 2021 realizado por Michael Page, perteneciente a PageGroup.

El estudio remarca que habrá una moderación salarial entre los perfiles cualificados a nivel general con respecto al año anterior. Así, espera que los salarios se mantengan en seguros, comercial, ingeniería, banca, finanzas, ‘tax & legal’, retail, educación, ‘secretarial & business support’.

Sin embargo, en recursos humanos se prevé un alza del 15% de los salarios de los perfiles de expertos en relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y otros enfocados a la innovación digital por la alta demanda.

El estudio destaca la mayor demanda de profesionales durante la pandemia de las áreas de tecnología y digital por parte de las compañías para poder hacer frente a la implantación del teletrabajo o el traslado de la actividad de las organizaciones al entorno online, que ha hecho que los profesionales de las áreas tecnológicas se conviertan en protagonistas.

Por otro lado, ha apuntado que en el sector de la educación ha aumentado en un 50% de la demanda de perfiles docentes por las medidas de distanciamiento social, pero que se trata de una de las áreas donde las remuneraciones están «muy reguladas».

En ‘tax & legal’ se ha producido un aumento del 35% en las contrataciones de perfiles laboralistas, que se ha visto equilibrado por el descenso registrado en la demanda de otros perfiles, como los especialistas en fusiones y adquisiciones, que ha alcanzado el 20%.

Por su parte, en el sector comercial el comportamiento ha sido «desigual», ya que ha aumentado la contratación en sectores como logística, farmacéutico o alimentación, mientras que ha disminuido en otros como automoción o servicios.

Asimismo, ha remarcado el aumento de la demanda de perfiles de prevención de riesgos laborales y de especialistas en automatización.

En el sector de ‘sectarial & business support’ es donde más ha afectado la crisis del Covid y donde la demanda de perfiles ha bajado un 54% con respecto al año pasado, aunque en el último trimestre se ha producido un ligero repunte que, según Michael Page, «permite augurar una recuperación durante 2021».

Hostelería y turismo han vivido un descenso de la caída de las contrataciones del 53% por la pandemia, aunque en el informe se apunta que se prevé un repunte este año a medida que se reactive el mercado.

De su lado, en retail los niveles de contratación se han reducido un 48%, pero se registró una recuperación a partir de septiembre. En este caso, ha destacado el perfil de ‘e-commerce’, que ha aumentado hasta un 18% para hacer frente a la digitalización de muchos modelos de negocio tradicionales.

Los candidatos, por su parte, en un contexto de moderación salarial valoran otros aspectos a la hora de cambiar de empleo, como son la flexibilidad, las medidas de conciliación de la vida personal y profesional, la cultura de organización o la posibilidad de desarrollo y formación.

Por su parte, las empresas están optando por retrasar las revisiones salariales y apuestan por atraer al talento ofreciendo proyectos nuevos, crecimiento interno, estabilidad o flexibilidad.

El estudio también dice que los perfiles directivos no han visto el impacto de la crisis en sus salarios, al contrario que lo que han vivido los profesionales más jóvenes.

Por otro lado, se pone de relieve que ha habido un auge del empleo temporal y que en algunos sectores la demanda de este tipo de perfiles ha crecido hasta en un 50% para cubrir las necesidades de talento derivadas de la pandemia.

El director general de PageGroup, Jaime Asnai González, ha afirmado que estos últimos meses han estado marcados por la incertidumbre, factor determinante para la evolución del mercado laboral.

Por lo tanto, ha apuntado que la moderación salarial es el mensaje «principal» para este 2021, aunque «conforme avance el año y se reactive la economía, es de esperar que los salarios se vayan modulando y adaptando al mercado.

Por otro lado, espera que este año se sigan consolidando tendencias que ya se han visto, como la aceleración de la transformación digital, la evolución hacia nuevas formas de trabajo y un mayor foco en la cultura organizacional.

La agencia de calificación crediticia S&P Global considera que el ritmo de recuperación económica será «gradual, incierto y probablemente no lineal» en los próximos años, por lo que los sectores económicos y empresas volverán a registrar sus niveles previos a la pandemia a diferentes velocidades.

En este sentido, el responsable de la agencia para España, Leandro de Torres, ha asegurado en una rueda de prensa este jueves que durante este año se seguirán registrando rebajas en las calificaciones de las empresas. No obstante, ha anticipado que el ritmo será mucho menor que el observado durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y mayo.

La calificadora de riesgos ha indicado, en sus previsiones para el año 2021, que la tercera ola de contagios provocará un aplazamiento de la recuperación, aunque existen «motivos para la esperanza». Entre ellos, S&P ha citado las vacunas, las políticas monetarias, los bajos tipos de interés o el descenso de los riesgos asociados al Brexit.

Del lado contrario, todavía hay riesgos que subsisten, como el «difícil equilibrio» entre conciliar una distribución rápida de la vacuna y la retirada de los estímulos económicos. Además, también se sitúa como riesgo el hecho de que hay sectores económicos que no volverán a sus datos de 2019 hasta 2022 o, incluso, 2023.

En la presentación de su informe global de perspectivas para 2021 de ese jueves, S&P ha mantenido sin cambios las previsiones macroeconómicas que publicó a principios de diciembre. Así, espera que España crezca un 6,5% este año, mientras que la euro zona observará un alza del 4,8%.

Para el director de ratings soberanos de S&P, Marko Mrsnik, el plan europeo de recuperación supone un «gran alivio» para las finanzas públicas de los países europeos. No obstante, ha indicado que probablemente los países emitan deuda para prefinanciar algunos gastos.

«FUERTES INCENTIVOS» PARA LAS FUSIONES BANCARIAS

En lo que respecta a las previsiones para entidades financieras, el analista de S&P Luigi Motti ha alertado de que para la mayoría de bancos las perspectivas son negativas. No obstante, ha explicado que la situación comparada con las crisis anteriores «es muy diferente».

«Es difícil tener visibilidad de la magnitud del deterioro», ha alertado Motti, afirmando que el escenario de S&P es que el impacto es «manejable» y «no comparable» con la última crisis.

«Sigue habiendo incentivos económicos muy fuertes para que los bancos consideren posibles operaciones de consolidación», ha agregado el analista, aunque ha asegurado que las fusiones de por sí «no resuelven todos los problemas».

En este sentido, las entidades que más se beneficiarían serían las medianas y las pequeñas, ya que son las que «más presión» tienen en sus resultados y las que necesitan acometer inversiones en términos de digitalización y para seguir compitiendo con entidades más grandes. Así, en su caso las fusiones servirían para «aliviar» estas presiones y posicionarse «para poder seguir compitiendo en el mercado».