Bruselas pide recortar la demanda de gas de la UE con los almacenes al 70%, doce puntos por debajo del año pasado. La petición va firmada por el comisario europeo de Energía, el danés Dan Jørgensen, en una carta remitida a las capitales que recoge Euronews y que devuelve el consumo doméstico al centro de la política energética comunitaria.
El diagnóstico oficial evita el alarmismo. Según la misiva, la UE no afronta una crisis inmediata de seguridad de suministro, pero sí una pinza de precio y oferta que puede endurecerse conforme avance la temporada de calefacción. El propio comisario admite que la situación ‘no ha mejorado’ desde su primera advertencia, formulada en marzo.
La diferencia con entonces es de grado, no de naturaleza. Europa entra en el otoño con menos colchón que hace un año, más competencia internacional por el gas licuado y una factura energética que los ministerios vuelven a mirar con lupa. El colchón es más fino.
Hay, además, un mensaje implícito para la industria: el abaratamiento estructural que prometía la transición energética no se está materializando al ritmo previsto. La electrificación avanza, pero el sistema sigue necesitando gas para cubrir las horas en que las renovables no bastan, y ese gas se compra en un mercado global que no entiende de planes nacionales.
Unos almacenes al 70% y un TTF que ya cotiza a 72 euros
Los números sostienen la preocupación. El nivel de llenado de los almacenes europeos ronda el 70%, unos doce puntos porcentuales menos que en la misma fecha del año pasado, según los últimos datos de la patronal Gas Infrastructure Europe. En paralelo, el TTF holandés, la referencia europea del gas, cotiza en torno a 72 euros por megavatio hora, unos 40 euros más que antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán el pasado 28 de febrero.
La respuesta que propone la Comisión es la de 2022. El manual es el mismo. Reducir el consumo eléctrico en horas punta —menos electricidad implica quemar menos gas en los ciclos combinados—, desplazar demanda con contadores inteligentes y tarifas minoristas, limitar la temperatura de los edificios públicos, restringir la calefacción en terrazas, y apagar el alumbrado ornamental nocturno. Medidas probadas, subraya la carta, durante la crisis energética de hace cuatro años.
Ninguna de ellas será obligatoria. El texto apela a la voluntariedad y recuerda que las actuaciones ‘bien planificadas’ ya dieron resultado en 2022. Por debajo de esa capa queda otra, la de los planes de emergencia nacionales, con herramientas más severas que solo se activarían si la situación se deteriora: contratos de gas interrumpibles y el cambio de combustible en centrales eléctricas.
La Comisión ya no discute solo cómo proteger al consumidor del precio, sino cómo evitar que el propio consumo agrave la escasez.
Hay un matiz que interesa a los mercados. Bruselas invita a los gobiernos a usar la flexibilidad de las reglas de almacenamiento y a conformarse con un objetivo de llenado del 80% en lugar de forzar el 90%. Comprar gas a cualquier precio para cumplir cuotas, argumenta el Ejecutivo comunitario, tensa todavía más un mercado global estrecho y acaba encareciendo la factura de todos. La lógica es defendible y, a la vez, revela el problema: si el almacenamiento se llena despacio, el colchón de seguridad depende de que el invierno sea benigno.
La Comisión mantiene, eso sí, la puerta abierta a que los países recurran a sus planes de contingencia. Traducido: si el frío aprieta y los cargamentos no llegan, los Estados tendrán que decidir por su cuenta a quién se le corta el gas primero. La industria electrointensiva suele aparecer en esa lista antes que el consumo doméstico.
El precio del gas en España y la puja con Asia
El primer efecto se ve en el mercado mayorista. Los analistas citados por Euronews advierten de posibles picos por encima de los 100 euros por megavatio hora en pleno invierno si las exportaciones de gas licuado del Golfo no crecen o si se prolongan los trabajos de mantenimiento en las instalaciones noruegas. El rango de escenarios es amplio y ninguno resulta cómodo.
Para España el canal de transmisión es doble. La tarifa de último recurso del gas, revisada cada trimestre, se forma con las cotizaciones internacionales y el mercado ibérico, de modo que un TTF sostenido por encima de los 70 euros termina trasladándose al recibo doméstico con uno o dos trimestres de retraso. En paralelo, el sistema gasista afronta la temporada alta con sus plantas de regasificación como principal herramienta de flexibilidad. La puja con los compradores asiáticos por cada cargamento de GNL decidirá el coste final.
Existe un mecanismo conocido desde hace años. Cuando el gas sube, sube también la electricidad, porque las centrales de ciclo combinado marcan el precio del mercado diario. Ese acoplamiento sigue vigente en la mayoría de las horas, pese al creciente peso de la fotovoltaica y la eólica en el mix. De ahí que Bruselas insista en desplazar consumo fuera de las horas punta: cada megavatio que no se demanda en el pico evita quemar gas y ahorra coste en toda la cadena.
El calendario juega en contra. Las compras de invierno se cierran justo cuando Asia reactiva su demanda por calefacción y cuando el mercado ya descuenta riesgo geopolítico en Oriente Medio. Basta un recorte de oferta, un mantenimiento que se alarga o un invierno más frío de lo previsto para que esos euros aterricen en la factura del consumidor europeo en cuestión de semanas.
El riesgo no es quedarse sin gas, sino pagarlo
La lectura de fondo es incómoda para Bruselas. La UE ha construido buena parte de su seguridad de suministro sobre la capacidad de atraer cargamentos de gas licuado cuando los precios son altos, y ese modelo funciona: siempre aparece oferta si el comprador paga. El problema es el coste de esa garantía y quién lo asume. Durante la crisis de 2022 lo amortiguaron los presupuestos públicos, con rebajas fiscales y ayudas directas. Cuatro años después, con las reglas fiscales reactivadas y el gasto en defensa compitiendo por el mismo dinero, ese margen es mucho más estrecho.
La UE tiene gas para pasar el invierno; la pregunta abierta es a qué precio lo comprará y quién cargará con la diferencia.
Hay además una contradicción que el propio texto deja al descubierto. La Comisión pide a los gobiernos que ahorren, pero renuncia a obligarles. Sugiere moderar la compra para no inflar los precios, pero mantiene el marco del reglamento de almacenamiento con sus objetivos y sus exigencias de información. Voluntad política arriba, disciplina de mercado abajo. En un invierno templado esa combinación se sostiene sin ruido. En uno frío, con el TTF por encima de los 90 euros, el reparto de culpas entre capitales será inmediato.
Los precedentes ayudan a calibrar el escenario. Los planes de reducción voluntaria de demanda activados en 2022 recortaron el consumo gasista europeo más de lo que muchos gobiernos esperaban, pero su eficacia se apoyaba en una señal de precio brutal, muy lejos de los 72 euros actuales. Con el TTF en estos niveles es razonable dudar de que hogares y empresas ahorren con la misma intensidad que entonces.
Queda por ver si el aviso de Jørgensen es el último gesto antes de las medidas duras o el primero de una nueva normalidad. El termómetro será semanal: los inventarios que publica Gas Infrastructure Europe, la evolución del TTF y las temperaturas de los próximos meses. Si el llenado se estanca cerca del 80% y el mercado no cede, la Comisión tendrá que elegir entre repetir la palabra voluntario o abrir la carpeta de las medidas obligatorias.
