El Banco de Inglaterra (BoE) someterá este año a los ocho mayores bancos y sociedades de crédito del Reino Unido, incluida la filial británica del Santander, a unos test de estrés bajo el supuesto de una caída del PIB del país del 37% entre 2020 y 2022, con el fin de evaluar si el sector contaría con capacidad para seguir prestando apoyo a la economía en una doble recesión tras el impacto de la pandemia.

En concreto, los balances de las entidades examinadas serán sometidos a un escenario con una caída acumulada del PIB del 37% respecto de la situación registrada en 2019, junto con una contracción mundial del 31%, lo que provocaría un hundimiento del 33% de los precios de la vivienda en Reino Unido y dispararía el nivel de desempleo hasta el 11,9%, casi seis puntos porcentuales más.

El escenario de estrés resulta así mucho más severo que las últimas proyecciones macroeconómicas de ‘la Vieja dama de Threadneedle Street’, que el pasado mes de noviembre auguraba una caída del PIB del Reino Unido del 11% en 2020, seguida de un rebote en 2021 del 7,2% y del 6,2% en 2022.

La entidad decidió en marzo de 2020 cancelar las pruebas de resistencia a las que somete anualmente a los ocho mayores bancos del Reino Unido con el fin de que las entidades concentrasen sus esfuerzos en hacer frente a las necesidades de crédito de las familias y empresas británicas ante el impacto de la crisis de la Covid-19.

Sin embargo, a través del Comité de Política Financiera (FPC), la institución llevó a cabo el pasado mes de diciembre una evaluación de la resiliencia del sector y de su posición de capital para poder otorgar préstamos ante diferentes contextos.

De este modo, el Banco de Inglaterra indicó que el objetivo de las prueba de resistencia de 2021 será «actualizar y perfeccionar esta evaluación».

Los bancos participantes en el examen deberán presentar sus proyecciones de deterioro crediticio y de activos ponderados por riesgo (APR) el próximo mes de abril, en lugar de la fecha habitual de junio, cuando se presentarán las proyecciones estresadas adicionales, mientras que los resultados específicos de cada entidad se darán a conocer en el cuarto trimestre de 2021.

Los resultados de la prueba de resistencia de 2021 actuarán como una verificación cruzada del juicio de la FPC sobre la intensidad de las turbulencias necesarias para poner en peligro la resistencia de los bancos y amenazar su capacidad para absorber pérdidas y seguir prestando, subrayó el banco central del Reino Unido.

Además de la filial del Santander en Reino Unido, también tomarán parte en las pruebas Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Nationwide Building Society, NatWest Group, Standard Chartered y Virgin Money UK.

El Tesoro Público realizará este jueves una emisión de bonos y obligaciones del Estado, con la que espera captar entre un mínimo de 5.500 millones de euros y un máximo de 6.500 millones de euros, así como cerrar el calendario de subastas del primer mes del año.

En concreto, emitirá bonos del Estado a cinco años, con cupón del 0%; obligaciones del Estado a siete años (vencimiento el 30 de julio de 2027), con cupón del 0,8%; obligaciones a 15 años, con cupón del 1,85% y obligaciones a 20 años, con cupón del 1,20%.

La referencia en los bonos a cinco años es el tipo marginal del -0,396% del pasado 7 de enero, mientras que en las obligaciones a siete años (vencimiento el 30 de julio de 2027) es el marginal del -0,260% de la subasta del 19 de noviembre del año pasado.

En las obligaciones a 15 años es el tipo del 0,642% marcado el pasado 3 de septiembre del año pasado y en el caso de las obligaciones a 20 años, la referencia es el tipo del 0,614% del pasado 5 de noviembre de 2020.

El interés de los inversores por la deuda pública española se ha mantenido en el inicio del año 2021, si bien está cobrando menos a los inversores tras haber registrado mínimo históricos en los tipos de interés de las emisiones de la última parte del 2020.

En la subasta del pasado martes captó 2.035 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, dentro del rango medio previsto para la emisión, pero cobró menos a los inversores por ambas referencias al reducir notablemente los tipos de interés negativos de ambos papeles.

Con las dos emisiones de esta semana el Tesoro culmina las previstas para el mes de enero y no volverá a testar a los mercados de nuevo hasta el mes de febrero.

LA ESTRATEGIA DE 2021

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, presentó el pasado 8 de enero la Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021, que contempla una reducción en 10.000 millones de la emisión de 110.000 millones de euros inicialmente prevista en los Presupuestos por la mejor evolución de los ingresos el año pasado.

De este modo, la emisión neta se limitará a 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

A medio y largo plazo, la emisión bruta será de 184.380 millones, un 0,5% más que el año pasado, y la emisión neta de 90.000 millones, un 8,6% menos; mientras que la estrategia del Tesoro contempla 104.758 millones de emisión bruta en letras este año, un 11,9% más, y una neta de 10.000 millones, un 12,5% menos.

La Estrategia de 2021 contempla la realización de 48 subastas ordinarias de letras y de bonos y obligaciones del Estado, recurrir nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de obligaciones y emitir deuda mediante colocaciones privadas, que se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora.

Además, el organismo realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, previsiblemente en el tercer trimestre, con una referencia a 20 años y una primera sindicación con la que captará entre 5.000 y 10.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este miércoles por continuar acometiendo políticas económicas «contracíclicas» de impulso de la inversión pública y ha aplazado la reforma fiscal y la reducción del déficit y de la deuda pública a cuando España recupere los niveles de PIB y crecimiento previos a la pandemia. También ha reclamado una armonización fiscal europea.

Así lo ha señalado durante la inauguración de un ciclo de encuentros sobre los fondos europeos para la Recuperación, organizado por la agencia EFE y KPMG, donde, ante la previsión de que 2021 sea el «año de la gran recuperación» por los fondos europeos, ha indicado que cuando la economía crezca «con vigor» se tendrá que abordar el debate sobre el sostenimiento de la deuda pública y su reducción, así como sobre el déficit público y seguir fortaleciendo el Estado de bienestar.

«Parece una ecuación imposible, pero no lo es; para ello hay que garantizar un crecimiento mucho más sólido, vigoroso y cuando toque, que no es ahora, cuando se recuperen los niveles de PIB y crecimiento previos a la pandemia es evidente que otra de las reformas estructurales será la de la reforma fiscal», ha afirmado.

A este respecto, ha indicado que con la digitalización e incluso con el confinamiento se plantean debates sobre el aporte que hacen las plataformas digitales a la contribución del sostenimiento del Estado de bienestar, sobre lo que ha recordado que España ha sido de los primeros países en poner en marcha los impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, conocidos como tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, dirigidos a las plataformas que no pagan impuestos en los países que operan.

A su juicio, se trata de un debate que hay que dilucidar y materializar a nivel OCDE y sino a nivel europeo, pero ha valorado en todo caso el hecho de que España esté «a la vanguardia» de ellos, porque «dice mucho de la sociedad que quiere para que haya justicia social que haya justicia fiscal», de forma que «no pague impuestos solo el autónomo, el pequeño y mediano empresario, sino que dentro de las restricciones que hay en la economía global las grandes corporaciones digitales aporten.

«Si uno ve la evolución de la Bolsa, los valores y niveles de capitalización de las grandes plataformas digitales, sobre todo después de la pandemia, nos tiene que llevar a una reflexión a todos los gobiernos del mundo», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que las reformas ligadas a los fondos europeos de recuperación «no serán impuestas» sino que se buscará que cuenten con el «mayor consenso posible» para que perduren en el tiempo, y ha vinculado el «éxito» de los fondos europeos a la colaboración público-privada.

Al tiempo, ha avanzado que los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) buscarán resolver «fallos de mercado» ante la infrafinanciación privada en ámbitos como las baterías para vehículos eléctricos, los microchips o la tecnología 5G.

Así lo ha señalado durante la inauguración de un ciclo de encuentros sobre los fondos europeos para la Recuperación, organizados por la agencia EFE y KPMG, con una Plan de Reformas que incorpora unas 170 reformas estructurales «en todos los ámbitos», entre los que se incluyen la reforma de las pensiones, del mercado de trabajo, de la educación o la transición ecológica.

Sánchez ha asegurado que en el diálogo «casi diario» del Gobierno con la Comisión Europea ésta les traslada que las reformas no sean impuestas, sino que tengan una «prolongación en el tiempo» y cuente con el «mayor consenso posible», algo que el Ejecutivo pretende impulsar y que él mismo ve «fundamental.

En este sentido, ha afirmado que hay «consenso» en el Congreso y en el diálogo social con una «mayoría a amplia» para acometer modificaciones del actual marco laboral y dejar atrás la reforma de la pensiones de 2013 que «no contó con el acuerdo social ni la mayoría parlamentaria» y llevó al PP a suspender la aplicación del índice de revalorización.

También ha anticipado que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) «han venido para quedarse» al ser una reforma estructural que es «alternativa al despido», si bien ha apuntado que hay que definir los instrumentos de financiación por parte de las empresas, el sector público y los trabajadores, asi como la formación para que los trabajadores bajo ese mecanismo se puedan recalificar y garantizar su empleabilidad.

A su vez, ha dicho que hay que «institucionalizar y reforzar» la negociación colectiva y por el «equilibrio» en la negociación entre trabajadores y empresarios, algo sobre lo que cree que las diferencias «no son tan amplias», sino que ha un «Territorio de consenso muy amplio».

Respecto a la reforma de las pensiones, tras recordar que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha desmentido que se vaya a elevar a 35 años la vida laboral para calcular las pensiones, ha indicado que se busca garantizar una jubilación «digna» a las generaciones futuras mediante el «mayor consenso posible», en línea con el Pacto de Toledo.

Ha citado compromisos extraídos de este órgano garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, equiparar la jubilación real con la efectiva, mejorar la contributividad eliminando gastos impropios del sistema de la Seguridad Social, la cotización de los autónomos por sus ingresos reales o los permisos de paternidad y maternidad.

«Escrivá está trabajando en esa dirección con bastante solvencia y empatía», ha añadido Sánchez, quien cree que hay «margen» y se tienen las «cosas claras» sobre «las teclas a tocar» para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

PATRONAL Y SINDICATOS PIDEN PARTICIPAR EN LOS FONDOS Y TRANSPARENCIA

Precisamente Sánchez se ha mostrado de acuerdo con avanzar en las reformas, algo que ha reclamado mediante un vídeo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien ha pedido «acompasar» las 170 reformas con los fondos de recuperación y que los empresarios estén «presentes».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido «transparencia, claridad y participación de las organizaciones sindicales» ante la gran oportunidad» para cambiar el tejido productivo y mejorar la calidad del empleo, algo en lo que también ha coincidido el líder de CC.OO., Unai Sordo, quien piensa que los fondos pueden ser una «oportunidad magnífica» para acometer políticas expansivas de gasto y no se usen para buscar «condicionalidad que mantenga las reformas de austeridad».

Tras coincidir con estos diagnósticos, Sánchez ha explicado que los principales «vectores horizontales» para cualquier tipo de política o proyecto a financiarse en el marco de recuperación son la transición ecológica, la digitalización y la perspectiva integradora a nivel territorial y de género.

PERTE: HIDRÓGENO VERDE, BATERÍAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, MICROCHIPS O 5G

De igual forma, ha indicado que la estructura de gobernanza es «compleja» porque «el Estado es complejo», si bien ha afirmado que el «éxito» en la gestión de los fondos se explicará por la colaboración público-privada, algo sobre lo que ha dicho ver un «grado de ambición máximo» ante los desafíos y proyectos a poner en marcha.

Ha reivindicado la filosofía del «Estado emprendedor» y ha avanzado que se detectarán los «fallos de mercados», para atender algunos cambios en la economía con «alto impacto» en el crecimiento potencial y que sufren una «infrainversion privada»; como el hidrógeno verde, las baterías para vehículos eléctricos, la tecnología 5G, los microchips, los nanosatélites o la ‘nube.

Por ello se han creado los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTES) , un instrumento de colaboración público-privada que se desarrollarán con tres pasos: determinando los proyectos en los que el Gobierno quiere involucrarse de manera protagonista, identificando las empresas interesadas en coliderarlos y materializándolos mediante vehículos de inversión, convenios o unión de empresas.

Respecto al turismo, ha indicado que se tendrán que adaptar los destinos turísticos a la «realidad climática» y a los fenómenos climáticos adversos, lo que pasará porque los paseos marítimos tengan que retranquearse o mejorar las infraestructuras ferroviarias y los materiales de los edificios del desarrollismo.

«ESPAÑA, CAPACITADA PARA ABSORBER LOS FONDOS»

Ha respondido con un «sí rotundo» a la pregunta de si España está preparada para recibir los fondos europeos, aclarando ante la «verdad a medias» de que España solo absorbe el 38% de los fondos europeos, que en realidad no ha devuelto «ninguno de los euros que se han transferido desde Bruselas».

Eso sí, ha reconocido que una parte se ejecuta con demora en el «periodo de cola» y, en cualquier caso, ha puntualizado que el fondo de recuperación es nuevo y tiene «característica distintas» a los fondos de cohesión o a la política agraria común (PAC).

«Hay una capacidad de absorción real por parte de las instituciones y la arquitectura institucional», ha aseverado Sánchez, quien ha insistido en que España «está capacidad» para recibir esos fondos por las empresas y sus funcionarios públicos «altamente cualificados» para poder gestionar de manera «óptima».

También ha recordado que España recibió unos 8.000 millones de euros de fondos estructurales de la UE en los años 90 que supusieron una «transformación importante».

Sobre la estructura de gobernanza ha detallado que pasa por una comisión interministerial con los miembros del Consejo de Ministro y órganos dependientes de Moncloa y otros ministerios; una comisión técnica integrada por altos funcionarios de la Administración npara asesorar a la comisión interministerial; conferencias sectoriales liderada por Hacienda; foros de alto nivel con el sector privado y una mesa de diálogo social con los agentes sociales.

Sánchez ha defendido que «la unidad se ha practicado» y ha sido «razonablemente positiva» en los últimos meses, tanto en Europa con el acuerdo de julio del Fondo de recuperación, como con los agentes sociales, sin ir más lejos con el acuerdo de este martes para extender los ERTE hasta finales de mayo, así como con la cogobernanza con las CC.AA.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina ha introducido un nuevo reglamento sobre el teletrabajo y la desconexión digital de los trabajadores mediante la ley 27.555 publicada en el Boletín Oficial de Argentina.

El decreto ha sido firmado por el presidente argentino, Alberto Fernández, el ministro de Trabajo, Claudio Omar Moroni, y el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

La norma, que se aprobó el pasado mes de julio en el Congreso, recoge algunas limitaciones en su aplicación. Así, el reglamento no será aplicable a las prestaciones laborales que se lleven a cabo en establecimientos, dependencias o sucursales donde el empleador preste servicios de manera continuada o regular.

Tampoco será aplicable en los casos en los cuales la labor se realice de forma esporádica y ocasional, en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a petición de esta por alguna circunstancia excepcional.

Asimismo, la iniciativa regula el «derecho a la desconexión digital». De este modo, cuando la actividad empresarial se realice en diferentes horarios se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la norma establece que «la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada».

Las empresas no podrán conceder incentivos condicionados al no uso del derecho a la desconexión digital, de modo que los incrementos salariales vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos, según se desprende del texto.

Por otra parte, el nuevo texto decreta que en el caso de que el trabajador interrumpa sus labores en modalidad de teletrabajo por razones de cuidado personal, se deberá comunicar «de forma virtual y con precisión» en el momento en que comienza la inactividad laboral y cuando esta finaliza.

En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en el convenio.

En este punto, el Gobierno advierte de que los empleadores y los trabajadores «deberán velar por un uso equitativo, en términos de género», con el objetivo de promover «la participación de los varones en las tareas de cuidado.

En lo que respecto al material de trabajo, la norma establece que no se considera remunerativa, por lo que no se integrará en la base retributiva del empleado ni se considerarán en contribuciones de la Seguridad Social. Sin embargo, las partes sí podrán acordar las pautas para su determinación. Las compensación de gasto tampoco se considera remunerativa.

Por otra parte, el reglamento introduce el punto de la reversibilidad, que se traduce en que el consentimiento por parte del trabajador presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo «podrá ser revocado por la mismo en cualquier momento de la relación».

Tras la solicitud del trabajador para teletrabajar, el empleador «deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación de o de los establecimientos al momento del pedido». El texto determina que en ningún caso dicho plazo podrá ser superior a los 30 días.

Al mismo tiempo, los trabajadores que hubieran pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de su relación laboral «no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos del trabajo o en los contratos individuales».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado este miércoles a la Comisión Europea certidumbre y celeridad en la fijación definitiva de TACs (Total Admisible de Capturas) con Reino Unido para 2021.

El titular de Agricultura ha presidido los Consejos Consultivos de Política Agrícola y de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, con la participación de los consejeros de las comunidades autónomas, para analizar los asuntos que se tratarán en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que tendrá lugar la próxima semana, por videoconferencia.

En relación con los efectos del brexit en el sector pesquero, Planas ha señalado que la Unión Europea tiene ahora la tarea de llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre la fijación definitiva de TACs para 2021, o 2022 en el caso de las especies profundas, para los stocks compartidos.

Dado el gran número de stocks compartidos con el Reino Unido, la propuesta que finalmente se adoptó en el Consejo del pasado mes de diciembre fue un adelanto de cuota provisional hasta el 31 de marzo, del 25%. Entre estos stocks, se encuentran principalmente especies pelágicas como jurel, caballa o bacaladilla.

El ministro pedirá a la Comisión que avance lo más rápido posible en los contactos con Reino Unido, en la tarea de llegar a un acuerdo sobre la fijación del TAC para aquellas pesquerías compartidas y conocer qué cantidad de capturas corresponderá a cada parte.

A este respecto, el ministro ha asegurado que España trabajará para propiciar la mayor claridad y colaboración entre la Comisión y el Consejo, tanto a nivel político como técnico, en el desarrollo de las negociaciones y en el posicionamiento de la Unión Europea en este proceso.

También se trasladará a la Comisión que valore todas las circunstancias que concurren en cada una de las pesquerías para la fijación del TAC, respetando todos los pilares de la Política Pesquera Común.

POLITICA AGRARIA

En relación con los temas agrarios, el ministro ha señalado que la Presidencia portuguesa presentará al Consejo su programa de trabajo. Entre sus objetivos, que España comparte, será finalizar las negociaciones de los tres reglamentos de la futura Política Agraria Común (PAC), mediante un acuerdo institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.

En el caso de España, el ministro ha informado de que habrá una reunión sectorial sobre la PAC con las comunidades autónomas en mayo. «Es importante que haya un texto consolidado sobre la estrategia de aplicación que interesa en el territorio español», ha señalado.

Según ha precisado el ministro, España defenderá que se mantenga el acuerdo alcanzado en el Consejo de Luxemburgo, que recoge los objetivos planteados por nuestro país, ya que proporciona un equilibrio adecuado entre una mayor ambición ambiental y climática de la PAC y los objetivos económicos y sociales de esta política, además de incorporar suficientes elementos de flexibilidad para garantizar su aplicación óptima.

Además, la Comisión realizará un repaso del estado de situación de las negociaciones comerciales en curso. En este sentido, España defiende la necesidad del buen funcionamiento de un comercio global basado en reglas, sin obstáculos al libre comercio, pero que satisfagan las demandas de los consumidores europeos en materias como la salud, la protección del medio ambiente o el bienestar animal.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido más de una treintena de advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en el extranjero.

El supervisor británico FCA ha avisado a la CNMV de varios clones como Charter Saving Bank, Bonor Capital, Today Loans UK, British Telecom Bond o RFX Capital. Ninguno de ellos guarda vinculación con las entidades debidamente registradas con nombres similares.

También ha añadido a su lista una serie de ‘chiringuitos financieros’, como Claim Circle, Lead Investment Leads LTD –operando como Investment Comparison Group–, Vera Loans o Everycmarkets.

Por su parte, la FSMA de Bélgica ha advertido sobre siete firmas: Atlantix Services, Blessing Services, Finev Finance, FNL Groep, Global Bank Investment, Hontabal Invest y Private Finance Group.

El Consob de Italia ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo desde el país a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como energy.markets.cc, fxcitizen.com o axedo.co.

La CCSF de Luxemburgo ha avisado sobre dos clones: Mir Capital, que no guarda ninguna relación con Mir Capital S.C.A., y Personal Financial Solutions, que tampoco está vinculada con Personal Financia Solutions Ltd.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de Iosco, a través del enlace ‘Investor Alerts’.

Las peluquerías y salones de belleza han salido este miércoles a la calle en una movilización histórica en España, que ha tenido lugar simultáneamente en 77 ciudades españolas, para exigir la bajada del IVA al 10% y solicitar un plan de rescate para el sector en el contexto de la crisis del coronavirus en un momento de especial vulnerabilidad para estas pymes, que estiman una caída de la facturación en 2021 del 31,8% en comparación con la de 2019.

En concreto, la movilización más importante de la historia de la peluquería y estética en España ha discurrido en diferentes ciudades españolas como Madrid, Bilbao o Valladolid, entre otras, cumpliendo con todas las medidas de prevención higiénico-sanitarias. En todas las concentraciones se ha leído el manifiesto por la dignificación profesional del sector de la imagen personal y la bajada del IVA.

El sector de la imagen personal es uno de los más afectados por la crisis sanitaria y económica, y ha demandado con esta jornada de protesta la implicación de todas las administraciones para que adopten medidas y un plan de choque para evitar la desaparición de miles de establecimientos y salvar decenas de miles de puestos de trabajo, sobre todo de jóvenes mujeres, predominantes en el sector.

La imagen personal lleva meses reclamando a partidos políticos y a las administraciones, y particularmente al Gobierno de España, la bajada del IVA al 10% para reparar la «injusticia histórica» que viene sufriendo un sector considerado esencial, y cuya crítica situación, a consecuencia de la crisis económica y sanitaria, hace necesaria la bajada del IVA como principal medida del plan de rescate para evitar su colapso.

Estas acciones de protesta y las venideras pretenden poner el foco sobre el Partido Socialista (PSOE) y el resto de partidos que respaldan al Gobierno para denunciar la «traición» a los compromisos adquiridos con el sector de la imagen personal cuando estaban en la oposición, y que ha provocado su indignación tras boicotear las PNL y las enmiendas presentadas durante las votaciones a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso y el Senado impidiendo la recuperación del IVA reducido para la imagen personal.

Esta acción reivindicativa, organizada conjuntamente por las plataformas ‘Creer en nosotros’ y la Plataforma de Peluqueros Unidos de España, y que cuenta con el apoyo de ANEIP y el conjunto de asociaciones integradas en Alianza por la bajada del IVA al 10% a la peluquería y estética, muestra el clima de unidad del sector, que reclama con una «única voz y al unísono» la recuperación de un IVA reducido y la implementación de un verdadero plan de choque y rescate a todas las administraciones en un contexto como el actual.

De esta forma, más de 100 asociaciones, colectivos, plataformas, marcas, proveedores, y clubes profesionales del sector de la imagen personal han refrendado esta acción, representando a más de 10.000 peluquerías y salones de estética de todo el territorio español, es decir, uno de cada cuatro salones que existen en España.