La crisis entre Rusia y Ucrania, con EEUU y la OTAN de por medio, causa hartazgo en Europa. Nadie en el viejo continente desea una guerra en sus fronteras pese a prepararse ante lo que parecía inevitable: la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente conflicto armado. Las informaciones en las últimas horas son contradictorias. Rusia asegura estar retirando sus tropas de zona, tras concluir sus maniobras militares, pero rebeldes prorrusos y el gobierno ucraniano se acusan mutuamente de algunos bombardeos en el este del país (donde son habituales las escaramuzas desde hace años). Mientras se confirman las intenciones de los rusos en Ucrania, los europeos pagan las exhibiciones de fuerza con un precio del petróleo en el entorno de los 90-100 euros y con un precio del gas que sigue sin dar tregua.

La preocupación sigue siendo máxima y la inteligencia de EEUU, que había puesto como fecha a la invasión el 16 de febrero, no cree las declaraciones del líder ruso. Putin afirma que retiró unos miles de militares de su frontera con Ucrania y otros miles de Crimea. Este hecho ha sido acogido como un guiño a la diplomacia por unos pocos y con mucho escepticismo por la mayoría.

Y en los preliminares del eventual conflicto en el este de Europa el fuerte componente energético condiciona el impacto económico en el primer trimestre del año. La excesiva dependencia de la Unión Europea del gas ruso era un dato a tener muy en cuenta a la hora de enquistar las relaciones con el Kremlin. Conocedor de esa gran baza, Vladimir Putin no ha hecho otra cosa que tensar la cuerda durante meses, poniendo inquietando a los Estados Unidos, y al resto de países miembros de la OTAN, que bailan al son del gigante americano.

Joe Biden decidió el pasado verano que el gasoducto Nord Stream 2 no se pusiera en funcionamiento y ordenó a Alemania no conceder los permisos para su explotación, contra los propios intereses del país germano. Putin, que ha invertido 11.000 millones de euros en la infraestructura, no se quedó de brazos cruzados y siguió tensando y tensando la cuerda. Hasta ahora. Él dice que está retirando tropas, intentando dejar en ridículo a la inteligencia norteamericana, mientras que los EEUU y la OTAN dicen lo contrario. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, habla de los primeros enfrentamientos, aunque de momento, todos los implicados se lavan las manos.

Entretanto, los ciudadanos de a pie seguimos pagando el combustible más caro que nunca (1,575 euros la gasolina de 95 y 1,462 euros el gasoil, de media esta semana en España), la electricidad se ha acomodado en el entorno de los 200 euros el MWh, la cesta de la compra se ha encarecido como hacía años que no pasaba y los pequeños inversores están perdiendo dinero con la tendencia bajista de los mercados.

SE RETRASA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Con esta coyuntura geopolítica, geoeconómica y geoenergética, la recuperación económica de la zona euro se ve seriamente perjudicada, y países como España sufren de forma adicional, debido a las decisiones del Gobierno en materia financiera y fiscal. El bolsillo de los españoles no da para más. Lo saben desde el Ejecutivo, extremadamente nervioso ante el descalabro de las elecciones de Madrid el año pasado y de Castilla y León hace unos días. Los votantes dan la espalda al PSOE y a Unidas Podemos.

En este contexto, la semana comenzaba con el aumento del precio del barril de petróleo Brent por encima de 96 dólares algo que no ocurría desde el año 2014 y con la prima de riesgo en España que supera los 100 puntos. Ya se habla de una subida de tipos de interés inminente, lo que afectará a millones de españoles que pagan sus hipotecas con interés variable.

Por todo esto, es normal la indignación ciudadana ante líderes mundiales que juegan a la guerra, aunque de momento sea solo sobre el papel y con declaraciones más o menos gruesas. Políticos que viven ajenos a todo lo que conlleva cada movimiento en un sentido u otro, en un mundo globalista donde todo afecta a todos.

CONFIANZA EN LA DIPLOMACIA FRENTE A RUSIA

Al respecto del conflicto bélico, el analista de inversiones de Portocolom, Daniel Mayor, estima que «es probable que al final se alcance una solución por la vía diplomática, pero también existe el riesgo de que cualquier error puede encender la mecha bélica. China por su parte no pierde ojo sobre lo que está sucediendo en el tablero europeo. Su anhelo por Taiwan no marchita».

Ese error del que habla el analista de Portocolom podría ser la escaramuza entre los rebeldes prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania en el este del país. Los primeros afirman haber sido atacados por las fuerzas gubernamentales ucranianas, mientras que el gobierno de este país afirma que las atacadas han sido sus fuerzas armadas y que estas no han respondido a la agresión. De lo que se tiene constancia es de un ataque, sin saber su procedencia, a una escuela infantil, con dos profesores heridos. Se espera que estos movimientos no sean el detonante del conflicto bélico y que sirvan como un empujón más hacia la vía diplomática.

El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, también es de la opinión de que no habrá invasión, «debemos estar poco preocupados», afirma. «A mí me parece, desde la prudencia, que habrá pocas probabilidades de un conflicto armado. Si hay conflicto sería la III Guerra Mundial; también creo que no va a haber un enfrentamiento bélico entre tropas terrestres», argumentaba en Telemadrid. Pero todos los expertos coinciden en que estas demostraciones militares que están llevando a cabo tanto Rusia, como Estados Unidos y Europa, las pagan los ciudadanos, especialmente de la Unión Europea.

Mayor reconoce que «la inflación sigue acaparando titulares. En España el IPC anual de enero ha sido del 6,1% frente al 6,0% esperado y al 6,5% anterior. Es un dato históricamente alto. Las tensiones en el mercado del petróleo no facilitan las expectativas en el corto plazo». Por el contrario, «la tasa subyacente, que excluye productos energéticos y alimentos no elaborados, en el mes de enero se situó en el 2,4%, por encima del 2,1% del mes de diciembre».

Así pues, malas perspectivas económicas para los españoles, máxime si tenemos en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez había previsto en los Presupuestos Generales del Estado de este año, un precio del petróleo alrededor de los 60 euros, cuando llevamos ya casi dos meses en el entorno de los 90-100 euros. Si se mantiene durante más meses ese precio, los presupuestos, de por sí poco realistas, se convertirán en papel mojado.

La Ley General de Comunicación Audiovisual que previsiblemente se aprobará durante el primer semestre del año, si el Gobierno corrige los matices centralistas que le critican el PNV y otros de sus socios, pondrá el foco sobre la publicidad que dosifican los influencers.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya se pronunció hace unos meses en favor de regular la actividad de «vloggers o nuevos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos», en demasiadas ocasiones con el hastag #Ad como única indicación de que su pieza audiovisual tiene fines comerciales.

Los creadores de contenido profesionales, algunos instalados en Andorra tras desplegar un discurso victimista con bajas proteínas, serán considerados «prestadores de servicio de comunicación audiovisual», lo que conllevará que pasen a tener los mismos derechos y obligaciones que otros medios.

EL PRECIO DE SER NOTICIA

La Ley General de Publicidad prohíbe difundir publicidad sin indicación previa de la misma, pero esta regulación es sorteada por los periódicos digitales que ceden sus espacios a pseudonoticias patrocinadas por empresas personalistas como la célebre cadena de distribución alimentaria satirizada en ‘El buen patrón’, o la ‘generosa’ multinacional textil cuyos almacenes son nutridos, en parte, por niñas costureras del tercer mundo.

Ambos mastodontes, que oficialmente gastan cero céntimos en publicidad, contratan a gran parte de los más de 200 medios españoles que ofrecen publicar este tipo de noticias en plataformas como Coobis, Growwer, Prensalink, Publisuites o Unancor.

La web Neeo.es y el podcast ‘Los mediatizados’ ha abordado este asunto en un reportaje de investigación titulado «El precio de ser noticia», que subraya que la gubernamental CNMC sanciona a las televisiones por publicidad subliminal y mira para otro lado con este tipo de prácticas en la prensa escrita.

MEDIOS DE TODO TIPO

Medios de todo tipo ofrecen sus espacios a cualquier marca interesada que no contravenga los límites de las plataformas (que suelen prohibir anuncios relacionados con el sexo, las drogas o la videncia). Aparecer en uno de los principales diarios españoles por 7.012 euros o incluso ‘lucir palmito’ a nivel internacional en un conocido medio francés (por 19.360 euros) está al alcance de las empresas.

Es cierto que en estas plataformas se encuentran la legítima venta de branded content, que intenta relacionar determinadas marcas con contenidos que resulten simpáticos para el lector (véase la campaña de los productores de espinacas estadounidenses con Popeye hace casi un siglo).

Pero también reina la opacidad… y eso se cobra: insertar una noticia en un diario gratuito autóctono tiene un coste de 2.888 euros a través de Unacor y de 4.212 euros en Growwer. ¿La diferencia? La segunda cobra 1.324 euros extra a cambio de que el texto aparezca sin indicación publicitaria.

Es decir, para hacer en prensa escrita lo que desde hace décadas llevan haciendo las radiofórmulas musicales con la ‘payola’, que es radiar determinadas canciones de forma machacona después de que la discográfica o artista pasen por caja.

O lo que antes se le achacaba a periodistas como Luis María Anson, que según Luis Herrero cobraba por convertir ABC en una ‘charcutería’: los precios de 1996, según Herrero en el libro ‘El Poder Popular’, eran de 1 millón de pesetas (6.000 euros) por portada, 750.000 por una ‘tercera’, 500.000 por una columna editorial y 250.000 por ser una de las ‘caras de la noticia’, y nunca mejor dicho.

CAMBIOS DE CRITERIO

Resulta llamativo el volantazo de algunos medios que antaño denunciaban estas prácticas, véase Infolibre, que antes de ser controlado por José Miguel Contreras denunciaba «el nuevo ‘camuflaje’ de las marcas publicitarias en los medios de comunicación«.

Afeaba el citado medio en 2018 que su ahora socio, eldiario.es, decía que el contenido patrocinado era una fórmula «para que los anunciantes puedan comunicarse con nuestros lectores de una manera transparente fundamentada en su capacidad para captar la atención del lector con contenido que vaya más allá de la publicidad tradicional e invasiva».

LA AGENCIA EFE

Una de las plataformas de referencia para contratar este tipo de espacios es Prensalink, que en su web señala que mantiene vínculos con un medio público como la Agencia Efe, amén de la web de la Cadena SER o Público.

Growwer explican que ellos, «con más de 10 años de experiencia haciendo SEO y más de 1.000 millones de visitas orgánicas gestionadas, sabemos la evolución que ha tenido el link building. No somos un marketplace ni un mercadillo de enlaces. Somos lo que te hacemos el trabajo duro de búsqueda, análisis y prospección. Solo te vamos a dar los medios que tengan valor para tu proyecto, al precio más competitivo y listos para poner».

El fin de semana de la integración tecnológica de Unicaja y Liberbank una parte de los trabajadores estará de guardia, según revelan fuentes sindicales. El espejo en el que se puede mirar Unicaja Banco es CaixaBank, que saldó con éxito esta operación. El banco de la estrella azul empleó los días de la integración a un equipo de vigilancia de 2.000 personas. Esta cifra supone el 5% de la plantilla a fecha 12 de noviembre de 2021. Está por ver cuál será la determinación que tome Unicaja a este respecto. Si se extrapolan los números, unos 500 empleados se dedicarán a estar pendientes de unos de los procesos más delicados que hay para un banco.

MIGRACIÓN DE DATOS

La plantilla de Unicaja Banco estará de guardia los días críticos de la integración tecnológica, según fuentes sindicales consultadas por MERCA2. El banco está trabajando en la integración tecnológica y está por ver que decide. No obstante, tiene lógica que se vigile este proceso el fin de semana critico.

UNICAJA PUEDE MIRARSE EN EL ESPEJO DE CAIXABANK EN LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Unicaja Banco cuenta con una red de oficinas con mucha capilaridad y las fuentes consultadas se aventuran a a señalar que habrá un empleado por sucursal vigilando. La red de oficinas, que está compuesta por 1.368 sucursales, se reducirá hasta las 973 y la plantilla se reducirá en casi un tercio. Unicaja Banco tiene 9.604 empleados, incluyendo Liberbank, pero el ERE, las excedencias y las prejubilaciones previas a la fusión dejarán la plantilla en unas 7.000. La previsión es que haya 2.700 bajas en total y se cierren 395 oficinas (presumiblemente a partir de la integración tecnológica).

Está por ver en qué se plasma el trabajo de Unicaja en este materia. Si bien, la entidad que tiene como CEO a Manuel Menéndez tiene un espejo en el que mirarse: CaixaBank. El banco que encabeza José Ignacio Goirigolzarri tuvo a una parte de la plantilla en labores de vigilancia el fin de semana del 12 a 14 de noviembre del año pasado. Unos 2.000 empleados estuvieron pendientes de la integración tecnológica derivada de la absorción con Bankia ese fin de semana crítico. Estos 2.000 empleados suponían entonces el 5% del total.  Si se extrapola este 5% a Unicaja Banco, sobre el papel, unos 480 empleados estarían guardia el fin de semana de la integración tecnológica. Se trata de que al día siguiente, el lunes, todo funcione con normalidad.

OTRA CUESTIÓN PENDIENTE ES LA DE LAS COMPENSACIONES POR REALIZAR LA GUARDIA

CONOCER MÁS DETALLES

Los detalles que faltan por conocer tienen que ver con la operativa de los clientes. Estos tendrán que esperar aún para saber si deberán afrontar restricciones en la operativa, como por ejemplo sucedió con CaixaBank.

La otra cuestión es si los trabajadores que se encarguen de la guardia recibirán algún tipo de compensación económica. La otra opción, como pasó en Caixabank, es que se les compense con días libres en función del tiempo de la guardia.

DATOS SOBRE PETICIONES DEL ERE

Por otro lado, Unicaja Banco tiene previsto iniciar un proceso de traslado voluntario a provincias deficitarias (donde si puede colocar personal). Se trata de atender a todos los traslados pendientes que sea posible y cubrir las necesidades de personal de las provincias deficitarias. Esto último evitará la movilidad forzosa de aquellas provincias donde sigue habiendo excedentes.

UNICAJA QUIERE CUBRIR LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN LAS PROVINCIAS DEFICITARIAS

COMUNICACIÓN POR MAIL

El pasado 11 de febrero Unicaja comunicó por email a cientos de empleados que no aceptaba su petición de salir mediante el ERE. «En muchos casos la negativa se dio porque se encuentran en provincias donde no hay excedentes de personal o quedaron cubiertos».

A este respecto, las centrales sindicales ya han empezado a realizar gestiones con la empresa y a buscar soluciones para dar salida a todas las personas, especialmente a las de más edad, que han quedado excluidas de este ERE, para antes de que acabe este año.P

PETICIONES NUMEROSAS EN MADRID

La empresa tendría que haber aceptado todas las solicitudes de adhesión si no se hubiesem superado el número establecido de 1.513 personas. Sin embargo, ese número se ha superado en más de 500 personas y, por eso, las han rechazado. «. Después de este ERE, será la provincia más envejecida y con más falta de personal de todo Unicaja Banco», señalan.

El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha realizado su primera visita al Puerto de Algeciras (Cádiz) desde que accediera al cargo el pasado noviembre. En su visita, ha destacado «los cerca de 300 millones de inversión pública que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) tiene programados para 2021-2025, y a los que se sumarán las inversiones privadas, lo que permitirá seguir avanzando en el objetivo de conseguir la completa, segura y eficiente intermodalidad de sus instalaciones». Sin embargo, Rodríguez Dapena ha omitido cualquier alusión a los otros 300 millones de euros que están en juego en favor del Puerto Tánger-Med si no cambia el sistema de control de emisiones de CO2 de los buques propuesto por la UE.

Profundo conocedor de la realidad del Puerto de Algeciras, tras su paso por el Consejo de Administración de la APBA, el presidente de Puertos del Estado ha analizado la evolución de los tráficos del Estrecho en los últimos años, que siguen creciendo a un ritmo de dos dígitos, sin verse afectados en pandemia.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha hecho hincapié en que esta terminal es «un paso en la materialización del Plan Hércules, conjunto de iniciativas que tienen por objetivo impulsar las cadenas de valor regionales y el desarrollo de las relaciones comerciales con la vecindad Sur de la Unión Europa a través del puente intercontinental Europa-Africa que representa el Puerto de Algeciras».

Este plan tiene como eje principal la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza que discurre por el Ramal Central de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Precisamente Landaluce ha insistido en que «el ritmo de crecimiento de la actividad entre Algeciras y Tánger-Med hacen más urgente aún la ejecución de los proyectos que permitirán su puesta en marcha en 2024».

Pero, en una intervención un par de días antes en Madrid, durante la reunión de la Comisión de Industria de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Landaluce reiteraba su inquietud por el impacto económico que tendrá el control de las emisiones en los buques, al entrar el Puerto de Algeciras en competencia en inferioridad de condiciones con el puerto marroquí de Tánger-Med, a escasas 16 millas, en la otra orilla, pero fuera del ámbito territorial europeo.

El representante de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, insistía en que si realmente queremos conseguir el objetivo de reducir emisiones globales «todos debemos tener las mismas reglas de juego», y criticaba que, «de la forma que la propuesta está concebida las emisiones no se reducirán mientras el daño económico y laboral a los puertos con actividad de transbordo de contenedores en el Sur de Europa será irreversible».

En la actualidad, las autoridades portuarias, junto con Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, están trabajando para que durante la tramitación en el Parlamento y el Consejo Europeo se establezcan enmiendas que mejoren la propuesta actual, evitando la distorsión de la libre competencia con terceros países vecinos, protegiendo la cadena logística europea y haciéndola más ambiciosa y efectiva en la consecución de sus objetivos.

LA OBSESIÓN ‘VERDE’ EUROPEA

La actividad del Puerto de Algeciras, el primer puerto de España y del Mediterráneo por tráfico de mercancías, está en juego. La ambición verde de la Unión Europea amenaza con hundir una infraestructura primordial para Europa, en beneficio del Puerto marroquí de Tánger-Med que, desde su inauguración en 2007, no ha hecho más que aumentar su negocio, gracias a millonarias inversiones públicas y privadas. El control europeo de emisiones de CO2 de los buques desviaría el 60% del transbordo del Puerto de Algeciras al hub de Tánger-Med (Marruecos).

La pérdida de la conectividad del Puerto de Algeciras afectaría a más de 1.600 empleos directos y podría suponer pérdidas de más de 300 millones de euros, a la vez que supondría una gran traba a las empresas andaluzas especialmente a la hora de importar y exportar mercancías.

Manuel Piedra, presidente de Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA), reconocía recientemente en declaraciones a MERCA2 que «el Puerto de Algeciras, al igual que otros puertos del sur de Europa, vería mermada su competitividad, pudiéndose exponer a la pérdida de hasta un 60% de su tráfico de tránsito de contenedores».

Estas medidas están integradas en la acción conjunta presentada hace unos meses por la Unión Europea bajo la denominación de Fit for 55 y, por eso, el pasado verano, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y las asociaciones empresariales del Puerto de Algeciras, mantuvieron un encuentro con la secretaria general de la Organización de Puertos Europeos (ESPO), Isabelle Ryckbost, a la que trasladaron la preocupación existente.

Tanto desde el Puerto de Algeciras como desde ESPO quedó clara la conformidad con los objetivos climáticos del Green Deal, pero también los devastadores efectos económicos que la aplicación de la propuesta inicial tendría a este lado del Estrecho de Gibraltar.

Según Piedra, «se están proponiendo diversas medidas que deberán definirse en detalle antes de su presentación en el Parlamento Europeo. Una de ellas consistiría en que el reporte anual de emisiones de los buques no haga distinción entre determinados puertos, en función de su actividad y condición de país vecino no miembro de la Unión Europea».

MARRUECOS SE FROTA LAS MANOS

Para los puertos del sur de Europa sería dramático que se implementaran las medidas previstas para reducción de emisiones en el transporte marítimo, especialmente para el Puerto de Algeciras. Los buques que quisieran hacer escala en Algeciras tendrían que pagar por la emisión de CO2 a la atmósfera unas tasas que en otros países de fuera de la Unión Europea no deberían pagar.

Y es ahí donde entra en juego Marruecos. El reino alauita se frota las manos con la política verde de la UE, porque sus efectos hacen más competitiva a la industria, a las empresas y a las infraestructuras marroquíes. En este caso, el gran beneficiado sería el Puerto de Tánger-Med, una de las infraestructuras más importantes en la actualidad para el país norteafricano y que se encuentra a tan solo 16 millas náuticas de Algeciras.

El ETS es la iniciativa que más perjudicaría al Puerto de Algeciras en beneficio del Puerto de Tánger-Med, y pasa por la inclusión en un plazo que va desde 2023 a 2026, de los buques mercantes en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El mismo sistema que se aplica a las industrias desde 2005 y al transporte aéreo desde 2012. El mismo mercado del CO2 que está siendo pasto de la especulación y que hace que suba el precio de la luz, y que muchas industrias españolas hayan tenido que hacer parones en su producción o estén pensando en cerrar porque han perdido competitividad.

Tánger-Med ya ha superado en 2021 en volumen de actividad al Puerto de Valencia, y es competencia directa del Puerto de Algeciras en el negocio del transbordo de contenedores en el Estrecho de Gibraltar. Si a la mano de obra barata que ofrece el norte de África, le unimos que Marruecos está fuera de la Unión Europa y de sus normativas, la competitividad de la infraestructura marroquí aumenta por momentos.

De hecho, desde Algeciras se mira con cierta envidia el interés que muestra el Gobierno de Marruecos por su puerto de Tánger, mientras se sufre la desidia y el ilógico desinterés del Gobierno de España por potenciar una de sus infraestructuras más importantes.

Y aquí radica principalmente la incongruencia de las medidas de la UE tal y como están pensadas, porque con las mismas, en ningún caso se evitaría la emisión de CO2 a la atmósfera de esos buques que en vez de hacer el trasbordo de contenedores en Algeciras lo hicieran en Tánger. Los buques contaminarían lo mismo, pero se ahorrarían mucho dinero por las penalizaciones a los puertos europeos frente a los de fuera de la UE. El daño al medio ambiente sería el mismo, pero el daño a la economía española sería irreversible.