El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado este miércoles que se está produciendo un descenso de las bajas laborales por contagios de Covid entre el personal sanitario y de residencias de la tercera edad desde que se inició el proceso de vacunación.

Escrivá, en declaraciones a Antena 3 ha señalado que el ritmo al que están reduciéndose los contagios de estos colectivos de profesionales en la tercera ola no sólo es «claramente más intenso» con respecto a lo ocurrido en anteriores olas, sino también en comparación con el resto de profesiones.

«La vacuna es muy efectiva», ha subrayado el ministro, que ha añadido que España «está vacunando muy bien» al ser uno de los países europeos que más ha vacunado ya contra el Covid, con un porcentaje que llega al 4,6% de la población.

Además, ha destacado que España es uno de los países que más ha vacunado ya con dos dosis, con un porcentaje que se sitúa en el 1,8%, frente al 1,1% de Alemania, el 0,4% de Francia o el dato de Reino Unido, inferior al 1%. «España no sólo está vacunando muy bien, sino que está llevando el proceso de dosis a muy buen ritmo», ha dicho el ministro.

REFORZAR VACUNAS CON LAS MUTUAS

No obstante, Escrivá ha apuntado que, cuando lleguen las nuevas vacunas, «es posible» que se tenga que reforzar el proceso de vacunación, para lo que su Ministerio está trabajando con las mutuas de accidentes de trabajo para que pongan a disposición sus capacidades logísticas y sanitarias.

«Las mutuas están totalmente dispuestas. Estamos hablando con ellas y se está preparando», ha avanzado el ministro, que ha subrayado que, si todo va bien con los ritmos de aprobación de las vacunas y la llegada de las mismas, el mes de abril será un mes «de gran intensidad de vacunación».

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del programa más importante del fondo europeo de recuperación, que establecen las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que distribuirá a los Estados miembros entre transferencias y préstamos.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF) ha salido adelante con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. Ahora debe ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE (que representa a los países) y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados de febrero.

Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas. A España le corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y un montante en créditos de hasta el 6,8% del PIB de 2019.

Bruselas ya lleva trabajando varios meses con las capitales para diseñar estas estrategias, aunque el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, explicó en un debate este martes que todavía que da «mucho trabajo por delante». El letón informó de que incluso los 18 países que tiene unos borradores «más avanzados» tienen que seguir trabajando en los detalles.

Estos planes deben contener un «equilibrio adecuado» entre reformas e inversiones, señaló Dombrovskis ante los eurodiputados. El RRF, en concreto, financiará medidas puestas en marcha desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2026. El 70% de los fondos serán desembolsados entre este año y 2021.

Finalmente serán seis los pilares en los que estará centrado el RRF y los más importantes apoyar las transiciones ecológica y digital. Las estrategias nacionales tendrán que reservar un 37% y un 20% de las ayudas a estos dos objetivos, respectivamente. Además, deberán impulsar el crecimiento económico, apoyar la cohesión social y territorial o mejorar el funcionamiento institucional.

EL PROCESO DE APROBACIÓN

Bruselas dispondrá de un plazo de dos meses para evaluar los planes remitidos por cada gobierno. En esta tarea tendrá que valorar si las estrategias se adecuan a los objetivos establecidos, si recogen el equilibrio exigido entre inversiones y reformas o si contribuye a impulsar las transiciones ecológica y digital, entre otras cuestiones.

Otra de las condiciones para acceder a estos fondos es que los planes nacionales aborden «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho a cada uno de los países en sus evaluaciones macroeconómicas anuales. Es decir, en palabras de Dombrovskis, el plan anticrisis estará «anclado» al llamado Semestre Europeo.

Este punto es el que obliga a España a acometer reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones o retocar la legislación laboral para facilitar la contratación indefinida. Otras recomendaciones que las autoridades europeas han dirigido a España pasan por mejorar le apoyo a las familias, adoptar inversiones para fomentar la innovación, la eficiencia energética, mejorar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, aumentar el apoyo a la I+D y avanzar en la ley de unidad de mercado.

El análisis que haga el Ejecutivo comunitario haga de cada plan nacional pasará entonces a las manos del resto de socios, que tendrá que determinar si da su visto bueno o exige algunos cambios antes de aprobarlo. Una vez obtenida la ‘luz verde’ del resto de los Estados miembros, la UE podrá desembolsar a un anticipo equivalente al 13% de la ayuda total, que en el caso de España ascendería a unos 10.000 millones.

DOS DESEMBOLSOS AL AÑO

A partir de este punto, los países sólo recibirán las ayudas comprometidas a medida que vayan completando una serie de hitos y objetivos establecidos previamente en los planes de recuperación que hayan sido aprobados.

Para ello, Bruselas evaluará las solicitudes que envíen los gobiernos dos veces al año y los fondos serán desbloqueados si la Comisión comprueba que se han logrado las metas fijadas. Por el contrario, si el Ejecutivo comunitario concluye que el país no ha logrado superar los hitos y objetivos establecidos «satisfactoriamente», puede suspender todo o parte del desebombolso.

El reglamento también prevé que se congelen las ayudas de este fondo si un país incumple sus objetivos de reducción de déficit y deuda públicas. Sin embargo, esto sólo podrá suceder cuando las reglas fiscales europeas, ahora suspendidas por la pandemia, vuelvan a aplicarse. Además, la suspensión sólo afectará al 25% de los fondos comprometidos o a un montante de hasta el 25% del PIB del país afectado.

No obstante, no podrá efectuarse ningún pago hasta que los veintisiete parlamentos nacionales hayan aprobado la Decisión de Recursos Propios de la UE, que es la normativa que permite a la Comisión Europea captar fondos en los mercados de deuda. A día de hoy, sólo seis países han completado este procedimiento (Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal, Francia y Bulgaria).

Casi siete de cada diez personas confía más en la Inteligencia Artificial (IA) que en un ser humano para gestionar sus finanzas, según recoge un estudio elaborado por la compañía tecnológica Oracle y la empresa de finanzas personales Farnoosh Torabi, que apunta además que la pandemia del Covid-19 ha incrementado la ansiedad en cuanto a las finanzas, así como la tristeza y el miedo.

El informe, realizado a partir de las respuestas de más de 9.000 consumidores y directivos de diferentes países, apunta que la incertidumbre financiera generada por el coronavirus ha cambiado en quién y en qué confían las personas para gestionar sus finanzas, aumentado el peso de la tecnología a la hora de encontrar ayuda para moverse mejor en la complejidad financiera reinante.

En concreto, los resultados de la encuesta reflejan que el 67% de los consumidores y directivos confía más en la Inteligencia Artificial que en un ser humano para gestionar sus finanzas, así como que el 73% de los directivos confía más en la IA que en sí mismo para administrar su dinero.

En esta línea, el informa señala que el 77% de los directivos se fía más de chatbots o de asistentes digitales que de sus propios equipos financieros, así como que el 89% cree que la IA puede mejorar su trabajo detectando fraudes (34%), generando facturas (25%) y realizando análisis de coste/beneficio (23%).

Asimismo, el 53% de los consumidores confía en la tecnología más que en sí mismo para administrar sus finanzas y el 63% confía más en la IA que en cualquier asesor financiero personal. Además, el 66% de los consumidores cree que la tecnología pueden contribuir a detectar posibles fraudes (33%), reducir sus gastos (22%) y realizar inversiones en el mercado de valores (15%).

ANSIEDAD FINANCIERA

Por otro lado, el estudio elaborada por Oracle y Farnoosh Torabi también indica que la pandemia mundial del Covid-19 ha tenido un impacto negativo en la relación de las personas con el dinero, tanto en el hogar como en el trabajo, y ha incrementado la ansiedad y la tristeza en cuanto a las finanzas.

En concreto, apunta que entre los directivos la ansiedad y el estrés financieros aumentaron un 186% y la tristeza se elevó un 116%, mientras que entre los consumidores la ansiedad y el estrés financiero se duplicaron y la tristeza aumentó en un 70%.

Además, la encuesta refleja que nueve de cada diez directivos están preocupados por el impacto del Covid-19 en su organización, siendo las preocupaciones más comunes la lenta recuperación económica o la recesión (51%), los recortes presupuestarios (38%) y la quiebra (27%).

Por su parte, el 87% de los consumidores están experimentando temores en relación con sus finanzas, abarcando cuestiones como la pérdida de empleo (39%), la pérdida de ahorros (38%) y la imposibilidad de saldar sus deudas (26%). Además, el 41% de los consumidores confesaron haber perdido el sueño debido a sus finanzas personales.

GESTIÓN DE PROCESO FINANCIEROS

Por otra parte, el informe también señala que la crisis sanitaria ha transformado el modo en que los consumidores conciben el dinero y las finanzas y ha aumentado la necesidad de que las organizaciones reconsideren cómo utilizan la IA y otras nuevas tecnologías para gestionar los procesos financieros.

Así, el 60% de los consumidores dice que la pandemia ha cambiado la forma en que compran bienes y servicios y el 72% que ha cambiado su sentimiento respecto de la gestión del dinero en efectivo, con personas que se muestran ansiosas (26%), temerosas (23%) y «sucias» (19%). En este sentido, un 29% dice ahora que la opción «solo en efectivo» es un factor que condiciona sus decisiones de compra.

En este contexto, las empresas han respondido rápidamente, ya que el 69% de los directivos ha invertido en plataformas o métodos de pago digital y el 64% ha creado nuevas formas de compromiso con el cliente o ha cambiado sus modelos de negocio en respuesta al Covid-19. Además, el 51% de las organizaciones ya están utilizando la IA para gestionar sus procesos financieros, en comparación con el 27% de los consumidores.

Por otro lado, el estudio también recoge que el 56% de los directivos cree que la tecnología reemplazará a los profesionales de las finanzas corporativas en los próximos cinco años, así como que el 42% de los consumidores cree que la IA reemplazará a los asesores financieros personales en el mismo periodo.

Asimismo, el 85% de los directivos querrían ayuda de chatbots o asistentes digitales en las tareas financieras, incluidas aprobaciones (43%), elaboración de presupuestos y previsión (39%), informes (38%) y cumplimiento y gestión de riesgos (38%), para que los profesionales de las finanzas corporativas se centren en comunicarse con los clientes (40%), en negociar descuentos (37%) y en aprobar transacciones (31%).

El vicepresidente senior de marketing global de Oracle, Juergen Lindner, ha remarcado que los procesos financieros en el mundo personal y el profesional se han vuelto cada vez más digitales desde hace muchos años y lo ocurrido en 2020 «ha acelerado esa tendencia». «Lo digital es la nueva normalidad, y tecnologías como la IA y los chatbots juegan un papel vital en la gestión de las finanzas», ha incidido.

En este contexto, ha subrayado que las organizaciones que no adopten estos cambios que señala el estudio corren el riesgo de quedarse atrás con respecto a sus homólogos y competidores, «y de ver como la productividad, la moral y el bienestar de sus empleados se ven perjudicados».

El Gobierno y los agentes sociales se reunirán este miércoles a las 10.00 horas en el que puede ser el último encuentro antes de cerrar la Ley de plataformas digitales, conocida como ‘Ley de riders’, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a patronal y sindicatos sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley.

Esta reunión se celebrará después de que durante la semana pasada los ‘riders’ se hayan manifestado en distintas ciudades de España en contra del último borrador.

A juicio del portavoz de RepartidoresUnidors.org, Gustavo Gaviria, dicho borrador «discrimina al colectivo de repartidores y los excluye de su actividad profesional». «Les da igual cómo trabajamos, si funcionamos realmente como autónomos o no, solo tienen en cuenta que lo hacemos a través de una app», añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), Jordi Mateo, afirmó que la mesa de diálogo social «ha sido un fracaso». «Es el fracaso político de todo un Ministerio ante la incapacidad de llegar a un acuerdo y de tener en cuenta el funcionamiento real del trabajo de los repartidores», resaltó.

De hecho, el viernes pasado remitieron una carta a los ministerios de Trabajo, Economía e Industria para plantearles la creación de la figura del ‘autónomo digital’, aceptando de este modo la realidad de «una cada vez mayor presencia de esta nueva oportunidad de empleo y adaptando la regulación al futuro. También propusieron asimilar a los trabajadores digitales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la futura creación de un sistema de cotización por ingresos reales.

«Todo ello, sin excluir que aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales», señalaron en la carta, en la que planteaban además reconocer el derecho de asociación de los trabajadores digitales autónomos y su representación en la mesa de diálogo social mediante mecanismos de elección democrática de sus representantes, en línea con las últimas propuestas presentadas por la Comisión Europea.

Desde su punto de vista, «la actual propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del trabajo en plataformas y discrimina un sector por el solo hecho de utilizar una aplicación para la actividad profesional, sin importar si la relación existente entre los repartidores y las empresas que desarrollan las plataformas es realmente laboral o de autónomos.

A pesar de estas reclamaciones, el Gobierno considera que estos trabajadores deben ser asalariados, como así lo han determinado diversas sentencias al respecto. Por ello, en el último texto que presentó el Ejecutivo a los agentes sociales sigue presente que se establezca una «condición de laboralidad», conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo.

La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

Igualmente, en el texto presentado se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.

También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.

Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, «constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas», señaló el Gobierno en su última propuesta.

La composición, la forma de designación de sus miembros y su régimen de funcionamiento se establecerá mediante una orden ministerial.

EL GOBIERNO, DISPUESTO A LEGISLAR SIN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

El Gobierno quiere legislar haya o no acuerdo. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló hace unos días que aunque el propósito de su Ministerio es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, «la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo».

Pérez Rey insistió en que en el caso de que no haya acuerdo, «aunque es un escenario al que no le gustaría enfrentarse», el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación entorno a la naturaleza jurídica de los trabajadores conocidos como riders.

EXISTE RELACIÓN LABORAL

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una «mera intermediaria» en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que «el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar.