La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, entre otros, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, los once delitos fiscales computarían 53 años, por lo que sumados a los otros cargos arrojarían 70 años de cárcel, a los que hay que añadir las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la administración tributaria.
De acuerdo con las tesis fiscales, de las que ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.
Anticorrupción calcula que las cuotas defraudadas suman 7.470.163,96 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional.
UN ENJAMBRE SOCIETARIO
La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias, y del asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara –filial de la británica Vivaway– y organizando la repatriación del dinero blanqueado a través del ‘trust’ gibraltareño Finsbury.
Conforme al escrito de acusación, Rato también ha titulado cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza desconocidas para la Hacienda Pública, que ha operado a través de otras cuentas en la Isla de Man, Curaçao o Kuwait, y se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de ‘trust’ y sociedades opacas.
El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el ex vicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado ‘crédito lombardo’, que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores; las propias inversiones de las sociedades de Rato en la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh; o las millonarias ampliaciones de capital en Kradonara y Vivaway.
LA AMNISTÍA FISCAL
Destacan, siguiendo el relato de la Fiscalía Anticorrupción, las declaraciones tributarias bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero) para limpiar el origen ilícito de los bienes que Rato intentó reintegrar a la actividad mercantil lícita.
Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades suyas, con lo que reconoció un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros por el que pagó a Hacienda 11.533,35 euros.
A juicio del Ministerio Fiscal, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (…), utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior».
COMISIONES POR LA PUBLICIDAD DE BANKIA
La Fiscalía ha recordado que durante la instrucción han aflorado asimismo indicios de que Rato cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad firmados por Bankia con las empresas Publicis y Zenith de cara a la salida a bolsa de la entidad bancaria cuando él era su presidente.
Las comisiones se habrían canalizado desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del también acusado Alberto Portuondo, que además habría sido contratado como asesor de Bankia. Albisa habría cobrado el dinero y enviado parte del mismo a Kradonara –una de las empresas de Rato– con la cobertura de un supuesto contrato de asesoría a la otra mercantil.
A Kradonara llegaron 835.059,97 euros entre 2011 y 2012 procedentes de dichas comisiones y desde ahí fueron transferidos por el propio Rato a cuentas bancarias de otras dos sociedades –Bagerpleta Gmbh y Arada–, logrando así difuminar el origen del dinero, de igual modo que hizo con las cuotas defraudadas, de acuerdo con Anticorrupción.
LA FIANZA DE LAS ‘BLACK’
Por otro lado, el Ministerio Público ha detallado que la fianza de tres millones de euros que la Audiencia Nacional impuso a Rato por el caso de las ‘tarjetas black’, que fue avalada por la sociedad Ership –vinculada a un familiar suyo–, conllevó que el ex jefe del FMI entregara en prenda al dueño de la mercantil las 2.349 participaciones que constituían el accionariado de Vivaway, valoradas en 6.485.389,23 euros.
La Fiscalía ha indicado que actualmente se desconoce si las participaciones entregadas volvieron a manos de Rato o si se despatrimonializó definitivamente Vivaway a causa de dicha operación de prenda, que puso ese patrimonio fuera de todo control judicial, pese a tener causas penales abiertas.
Asimismo, ha señalado que el 14 de abril de 2015, dos días antes de las entradas y registros efectuados, Rato vendió valores de Donald Inversiones por 380.276,60 euros y, el mismo día de las entradas y registros, transfirió 487.032,24 euros desde su empresa Cor Comunicación sin que se haya podido determinar el destino.
SEIS AÑOS DE INVESTIGACIÓN
Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, pusiera fin en febrero a la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato, tras casi seis años de pesquisas.
El juez ha propuesto procesar a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.
Además, por corrupción en los negocios ha apuntado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis y Zenith y a siete personas relacionadas con ellas.
En cuanto al blanqueo de capitales, ha señalado igualmente a Santiago Alarcó, mientras que también ha achacado el delito fiscal a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.
