El Consejo de Ministros ha aprobado el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras podrán adherirse para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas y los autónomos, que contempla la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO, la conversión dichos créditos en préstamos participativos y la posibilidad de aplicar quitas para reudcir la deuda avalada.

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de un marco de referencia para implementar, en colaboración con las entidades financieras, las medidas de reestructuración que se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.

El acuerdo establece las líneas de actuación y requisitos para que las empresas y autónomos que se beneficiaron de créditos con aval del ICO puedan reestructurar su deuda. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.

En concreto, podrán extender hasta diez años el plazo de amortización de los préstamos avalados, frente a los ocho actuales, al tiempo que los periodos de carencia podrán ampliarse más allá de dos años, siempre con previo acuerdo entre el cliente y el banco.

Esta medida será de obligada aplicación por las entidades que hayan suscrito el Código de Buenas Prácticas para las empresas que lo soliciten y que cumplan los requisitos establecidos, entre otros, no estar en mora de ninguno de los préstamos que tenga suscritos con la entidad, ni estar en procedimiento concursal y haber registrado una caída de la facturación en 2020 respecto a 2019 de al menos el 30%.

Cuando no se cumpla el requisito de caída mínima de la facturación, será posible la ampliación del vencimiento por acuerdo entre las partes.

Por otro lado, se permite mantiene las coberturas del aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre las partes, se conviertan en préstamos participativos, lo que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Para ello, la empresa deberá haber tenido una caída de su facturación del 30% en 2020 y un resultado neto negativo. Tampoco puede estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad financiera y ni estar en concurso de acreedores.

LAS QUITAS DE DEUDA, EL ÚLTIMO RECURSO

Como medida de último recurso, se contempla la realización de transferencias directas a autónomos y empresas para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia, un eje que se ve apoyado con la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.

Para la concesión de estas ayudas será necesario que la entidad financiera y el deudor alcancen un acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco y que se haya generado entre el 17 de marzo de 2020 y la aprobación del RDL 5/2021.

La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de cada operación si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70%, y de hasta 75% del importe avalado si la caída superó el 70%. Para optar a estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una caída de la facturación en 2020 del 30% y pérdidas netas en dicho ejercicio.

Esta medida supondrá también un esfuerzo para las entidades financieras, que deberán asumir una quita por la parte proporcional no avalada del préstamo.

El abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, estando limitado al agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido préstamos avalados: 2.750 millones de euros para avales gestionados por el ICO, 100 millones para avales de CESCE y 150 millones para avales gestionado por CERSA.

UN CÓDIGO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria para las entidades financieras, que tendrán un mes para comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro, que publicará un listado de entidades con avales públicos que lo han suscrito y otro con las que no. Es obligatorio que las entidades informen a los clientes si están adheridas o no.

Los bancos que se adhieran se comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y autónomos que pidan beneficiarse del nuevo marco y que cuenten con financiación con aval público.

También a mejorar la coordinación con otras entidades financieras con las que el autónomo o empresa mantenga una deuda financiera con el fin de ofrecer alternativas a los clientes para mantener su solvencia y viabilidad. A estos efectos, se establecen unas reglas de coordinación con mayorías de arrastre entre entidades financieras.

La banca ha concedido 126.000 millones de euros de financiación, con aval público de 96.000 millones de euros, en un millón de operaciones formalizadas, el 98% con pymes y autónomos.

«Sin duda, la aprobación del Código va a reforzar la colaboración de los organismos públicos y las entidades financieras, de manera que sea eficiente la aplicación de medidas que refuerce la solvencia de autónomos y preserve nuestro tejido productivo para afrontar en las mejores condiciones la recuperación», ha destacado Montero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de ‘riders’, por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley «va a cambiar el signo de los tiempos» y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues «no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto».

El decreto de los ‘riders’ aprobado hoy es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Según los datos aportados por la ministra, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

El decreto aprobado hoy contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La ministra considera precisamente que esta medida es la «más ambiciosa» de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden «sesgar» las relaciones laborales. «Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales», ha apuntado.

COMISIÓN DE EXPERTOS SOBRE ALGORITMOS

Precisamente, Díaz ha aprovechado su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con «tranquilidad», el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España.

«Necesitamos el saber de los expertos para tener solvencia y claridad sobre cómo abordamos estos aspectos porque las fórmulas matemáticas deben ser neutras (…) Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas», ha explicado.

El decreto que regula las condiciones laborales de los repartidores entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, por lo que las empresas tendrán ese plazo para convertir en asalariados a sus repartidores.

DÍAZ: LAS PLATAFORMAS DEBEN CUMPLIR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Preguntada por las críticas de las asociaciones de repartidores a la norma y a su previsión de que destruirá puestos de trabajo, la ministra ha subrayado que, igual que los trabajadores no deben temer los cambios tecnológicos, «las empresas tampoco deben temer los derechos laborales».

Además, Díaz ha respondido a estas asociaciones que la mayor parte de las empresas hacen uso de plataformas, pero cumpliendo con los derechos laborales, por lo que, si las plataformas no cumplen, existe competencia desleal.

En una democracia sólida hay que cumplir las normas y con las resoluciones de los tribunales. Y no sólo es que diez tribunales hayan dictado que existe laboralidad, es que el Tribunal Supremo ha hablado claro (…) Los tribunales europeos también están resolviendo de manera similar a los españoles», ha aseverado.

La vicepresidenta tercera ha resaltado además que esta norma incorpora cambios en el paradigma social y trata de proteger a las personas más vulnerables y protección social. Díaz ha subrayado que los cambios tecnológicos son «imparables» y que el Gobierno «no les tiene miedo», pero que debe cuidar y proteger los derechos de las personas.

«Lo que hacemos es gobernar esa transición tecnológica. Todas las empresas hacen uso de inteligencia artificial de una u otra manera. Por eso hay que ser valiente y gobernar esa transición tecnológica», ha resaltado la ministra, que ha agradecido a los agentes sociales que no hayan sentido miedo y hayan mostrado «valentía» al acordar esta norma pionera en Europa.

Los precios de las viviendas, sobre todo los de obra nueva, están mostrando una «mayor resistencia a la baja» pese a la pandemia, que sí que está influyendo, aunque de forma «muy heterogénea» a escala regional, según se desprende de un artículo del Banco de España sobre el impacto de la crisis sanitaria del Covid en el mercado de la vivienda en España.

De hecho, asegura que el precio medio de la vivienda nueva se ha acelerado en el segundo semestre de 2020, hasta alcanzar «un nuevo máximo» en términos nominales, coincidiendo con una alta demanda y una reducida oferta en esta modalidad.

No obstante, el Banco de España ha resaltado que, en términos reales, el precio de la vivienda nueva se sitúa casi un 10% por debajo de su nivel máximo alcanzado en 2007. «Con todo, la información de las escrituras públicas correspondientes a los últimos meses apunta a un posible agotamiento de esta aceleración de los precios», ha añadido.

MAYOR IMPACTO DEL COVID EN LA COSTA Y EN LAS ISLAS

Aunque la desaceleración de los precios es generalizada por regiones, la pérdida de dinamismo es mayor en zonas de la costa mediterránea y en las islas, que han presentado, tradicionalmente, un mayor porcentaje de compraventas por parte de ciudadanos extranjeros por su mayor atractivo turístico, según ha explicado.

La institución apunta que la pandemia impactó en el país cuando el ciclo inmobiliario se encontraba en una fase de madurez, con varios indicadores que evidenciaban una desaceleración, tras el periodo expansivo iniciado en 2014.

Así, ha apostillado que, pese a la intensa contracción de la actividad económica, los precios de la vivienda no han mostrado, por el momento, caídas generalizadas, en un contexto de ausencia previa de grandes desequilibrios en este mercado y de una posición financiera de los hogares «más sólida» respecto a la que tenían en los años posteriores a la crisis de 2008.

Asimismo, ha confirmado que las medidas adoptadas por las autoridades para combatir la pandemia supusieron que, en los primeros meses del año, la actividad del mercado inmobiliario se redujese intensamente, pero que a partir de verano del año pasado la actividad comenzó a recuperarse.

CAMBIOS EN LAS PREFERENCIAS DE LAS VIVIENDAS

No obstante, ha señalado que los desarrollos acerca de la pandemia han condicionado su evolución y se ha constatado el cambio en las preferencias sobre el tipo de vivienda demandada hacia viviendas de mayor tamaño y con espacios exteriores.

En cuanto a las condiciones de financiación, la actuación del Banco Central Europeo, tanto a escala monetaria como financiera, ha contribuido al descenso de los tipos de interés medios aplicados a los nuevos préstamos para la compra de vivienda. A pesar de ello, la institución dice que se observan indicios de un cierto endurecimiento de los criterios de aprobación y de algunas condiciones aplicadas a los préstamos.

El artículo también señala que los indicadores de oferta muestran una pérdida de dinamismo en la parte final del año pasado y una prolongación de la atonía de la actividad constructora residencial a inicios e este año, «como consecuencia de los nuevos desarrollos adversos acerca de la pandemia y de su impacto sobre la demanda de obra nueva».

REDUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS TERMINADAS EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

El Banco de España ha puesto de relieve que en el conjunto de 2020 la cifra de visados descendió un 20% respecto a 2019, «año en el que ya se mostraban niveles muy bajos», por lo que anticipa que habrá un número de viviendas terminadas aún más reducido para los próximos dos años.

Respecto a las compraventas, ha subrayado que también acusaron el impacto inicial del Covid, pero que se reactivaron e iniciaron una recuperación progresiva, aunque a lo largo de lo que va de año, según datos hasta febrero, el número de compraventas es inferior al registrado en el periodo análogo del año anterior antes de la irrupción de la pandemia.

Así, según la institución, la evolución reciente sigue condicionada tanto por la continuidad de algunas limitaciones a la actividad como por del descenso de la confianza de los hogares y el empeoramiento de sus perspectivas sobre el mercado de trabajo y su acceso a la financiación.

La inversión en vivienda se habría visto más afectada por la incertidumbre acerca de la pandemia y de su impacto en las perspectivas económicas de las familias, en un contexto en el que el recrudecimiento de esta en la parte final de 2020 propició el aplazamiento de proyectos que debían iniciarse.

CRECE LA DEMANDA EN MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS

Según el Banco de España, la pandemia también ha podido acelerar alguna tendencia previa en la demanda de vivienda, como su reorientación desde los municipios más poblados hacia otros con menor densidad poblacional.

«Este desarrollo ya estaba condicionado por una mayor escasez en la oferta de vivienda nueva y un precio medio más elevado en las grandes ciudades, pero se ha exacerbado debido a las nuevas preferencias de la demanda hacia espacios abiertos y más amplios por la mayor presencia en el hogar a raíz de los confinamientos y el aumento del teletrabajo», ha remarcado.

Por otro lado, el informe destaca que las adquisiciones de vivienda de los ciudadanos extranjeros han mostrado una mayor debilidad que las compraventas de nacionales por las restricciones a la movilidad, pero que «no se observa un impacto diferencial de la pandemia entre las nacionalidades extranjeras».

«EL AJUSTE NO ESTÁ SIENDO TAN INTENSO COMO EN LA CRISIS FINANCIERA»

El organismo ha indicado que en esta crisis el ajuste de los precios de la vivienda no está siendo tan intenso como en la crisis financiera global. Desde su punto de vista, esto se debe a un menor sobredimensionamiento del sector inmobiliario, a un menor endeudamiento de los agentes implicados y a unos criterios de concesión de crédito más rigurosos.

«Asimismo, el despliegue temprano de las distintas políticas económicas por parte de las autoridades europeas y nacionales ha evitado una destrucción mayor del tejido productivo y del empleo, y ha permitido un sostenimiento de las rentas de las familias», ha añadido.

CAÍDAS DE LOS PRECIOS DE ALQUILER

Sobre los alquileres, el Banco de España ha dicho que los precios han descendido en algunas áreas, lo que ha revertido su trayectoria al alza de los años anteriores, y que la pérdida de dinamismo de los precios del alquiler es mayor en algunas de las ciudades más grandes, debido tanto al aumento de la oferta como al descenso de la demanda.

El empeoramiento de la demanda del alquiler se debe a la reducción de estudiantes que alquilan vivienda por el aumento de la educación a distancia y a que se ha producido un desplazamiento de la demanda hacia otros municipios menos poblados con niveles de precios más bajos. El debilitamiento de los precios también se explica por el empeoramiento del mercado de trabajo.

Por último, ha señalado que la evolución del saldo del crédito para la adquisición de vivienda en 2020 estuvo marcada por el comportamiento de la actividad crediticia, junto con las moratorias de la deuda hipotecaria de las personas físicas, «que han frenado el volumen de las amortizaciones».

El número de empresas con asalariados del sector de la construcción inscritas en la Seguridad Social se disparó un 13,8% en abril, con 16.208 empresas inscritas más que hace un año, lo que supone la mejor cifra de los últimos ocho años a pesar de la evolución de la pandemia.

En su comparativa con el mes anterior, el de marzo, el número de empresas también registró una mejoría al incrementarse un 2,1%, en torno a 2.700 empresas más de la construcción en solo un mes, hasta representar ya el 10,4% de todos los sectores productivos, según el Observatorio Industrial de la Construcción, herramienta de análisis sectorial de la Fundación Laboral de la Construcción.

«Este buen dato reconfirma el efecto tractor y creador de empleo del sector de la construcción. La recuperación económica de España pasa por apostar claramente por la construcción como uno de los motores principales de la misma», aseguran desde la Fundación los representantes de la patronal y sindicatos del sector.

En este sentido, los agentes sociales ya han puesto a disposición de las autoridades los 50 centros de formación de los que dispone la Fundación en todo el país para aprovechar los fondos procedentes de Europa y formar a 200.000 personas para su posterior incorporación al sector, captando a los trabajadores actualmente en ERTE del sector de la hostelería y el turismo.

CAEN LAS GRANDES EMPRESAS

Por tamaño de empresa, destaca el aumento de todos los estratos salvo el de 250 a 499 trabajadores, que disminuye un 6,1% en tasa interanual. Los mayores aumentos se dan en las empresas de 50 a 249 trabajadores con un incremento del 17,8%, seguidas de las de 6 a 9 trabajadores, que crecen un 17,7%.

Por comunidades autónomas, todas presentan tasas de crecimiento interanual en abril, destacando Extremadura (29,1%), Andalucía (25,6%), Castilla-La Mancha (22%) y Canarias (15,3%). En términos absolutos, las Comunidades con mayor volumen de empresas de construcción son Cataluña, con 23.708 empresas; Andalucía, con 21.864; la Comunidad de Madrid, con 18.896; y la Comunidad Valenciana con 15.454.

En el conjunto de la economía, el número de empresas aumentó un 4,2% en términos interanuales, con la construcción encabezando la lista, seguida del sector Servicios (3,7%) e Industria (2,4%), mientras que el sector Agrario las disminuyó un 0,4% interanual.

El 45,79% de las agencias inmobiliarias prevé aumentar su plantilla este año, según se desprende de una encuesta realizada por la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI) para radiografiar el estado de salud de las agencias inmobiliarias un año después de que estallara la crisis sanitaria.

Según la encuesta, a día de hoy, solo un 7,7% de los agentes inmobiliarios mantiene trabajadores en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras que un 65,2% ya ha reincorporado a todos sus trabajadores y un 27,1% ha afirmado que no recurrió a los ERTE.

Teniendo en cuenta el volumen de negocio, el 51% de las agencias inmobiliarias ha afirmado que su nivel de facturación descendió en 2020 respecto a 2019, pero para casi el 37% fue superior y para casi un 13% se mantuvo en línea con la de un año antes.

Sobre las causas del descenso de facturación en 2020, el estudio indica que la principal causa fue la parálisis del mercado durante los meses de confinamiento domiciliario (para el 82,91% de los encuestados), seguido del descenso de las compraventas en su región en período Covid (según el 33,76%).

También lo achacan a factores ajenos al Covid, como lo fue el bajo inventario de inmuebles en la zona geográfica en la que opera la agencia, según el 14,53% de los encuestados.

Preguntados sobre las expectativas a cierre de este año a tenor de la evolución del sector y de los datos en el primer trimestre, un 89% cree que se mantendrá igual o crecerá este año.

Los confinamientos perimetrales han afectado ocasionalmente al 66,4% de las agencias inmobiliarias, pero para casi un 20% han impactado de forma «muy negativa». Por su parte, un 14,7% de los encuestados dice que no le ha afectado.

El barómetro FAI también ha señalado que el 50,7% de las agencias inmobiliarias encuestadas ha aumentado su inversión en nuevas tecnologías adaptadas a la digitalización de visitas o trámites de venta o alquiler de viviendas virtuales, aunque la visita física al inmueble y el cara a cara con un agente a la hora de tomar la decisión final de la compra o alquiler de una vivienda sigue siendo la tónica predominante.

No obstante, una de cada tres agencias encuestadas ha indicado que sí que ha cerrado operaciones sin la visita presencial por parte del cliente, con una media de operaciones cerradas del 5,2%.

Por último, el estudio realizado por FAI también recoge de qué manera el Covid ha cambiado el desarrollo de su profesión. Así, el 55,1% de los encuestados ha apuntado que en el tipo de citas con los clientes, relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, el 46,7% que en una mayor posibilidad de conciliar la vida familiar con la profesional al poder optar por el teletrabajo y el 42,70% a la hora de seleccionar los clientes y los inmuebles.

El coordinador general de FAI, José María Alfaro, ha afirmado que el hecho de que un alto porcentaje de agencias inmobiliarias hayan sorteado la crisis económica derivada de la sanitaria «va en paralelo al buen comportamiento del mercado de las compraventas, pese al fuerte parón durante los meses de hibernación durante el confinamiento domiciliario».

Además, ha remarcado que la gran mayoría de las agencias inmobiliarias que sobrevivieron a la crisis del 2008 han mostrado «madurez, sentando unos cimientos fuertes en los últimos años, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y los consumidores, y apostando por las nuevas tecnologías, la formación y a la colaboración con otros profesionales del sector inmobiliario en beneficio de los clientes».

El volumen de negocio de los establecimientos hoteleros se situó en 2020 en 4.000 millones de euros, un 76,8% por debajo de la cifra del ejercicio anterior, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de CESCE), que asegura que los hoteleros confían en que el avance en los procesos de vacunación les ayude a recuperar a partir de mediados de año parte del negocio perdido el pasado año.

La actividad hotelera se vio en 2020 condicionada por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y el estado de alarma declarado en España en el mes de marzo. El cierre de establecimientos, inicialmente obligado por las autoridades sanitarias, provocó un desplome de los ingresos en el primer semestre del año.

Posteriormente, las restricciones a la movilidad, los cierres perimetrales y de fronteras, junto con la incertidumbre y el miedo al contagio, motivaron una sensible contracción de la demanda turística nacional e internacional.

El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros disminuyó un 68,4% en 2020, pasando de los más de 100 millones alcanzados en los tres años anteriores hasta los 34 millones.

El número de pernoctaciones, por su parte, bajó a 92 millones de noches, un 73,3% menos, con una caída del 58% en el caso de los turistas españoles y del 82% en el de los extranjeros.

La facturación hotelera cayó hasta los 4.000 millones de euros de ingresos (1.600 millones de euros en establecimientos de ciudad y 2.400 millones de euros en los de playa) La caída fue del -73,3% en ciudad y del -78,7% en establecimientos vacacionales.

RECUPERACIÓN LIGADA A LA VACUNACIÓN

A pesar del efecto de los rebrotes en los primeros meses de 2021, del deterioro económico y el aumento del desempleo, los hoteleros prevén una progresiva mejora de las condiciones del mercado a partir de mediados de año, en consonancia con el avance del proceso de vacunación, y según vayan levantándose las restricciones a la movilidad, tanto a escala nacional como internacional.

Las cifras de la campaña veraniega, no obstante, quedarán todavía lejos de los niveles prepandemia. En julio de 2020 se encontraban abiertos unos 12.000 establecimientos, un 30% menos que un año antes.

Los efectos de la crisis sanitaria, las medidas adoptadas para su contención y el desplome de la demanda que ocasionaron, explican el cierre temporal de buena parte de la planta hotelera.

El negativo escenario descrito, que afecta de forma más acusada a los operadores pequeños e independientes, «estimulará el proceso de concentración sectorial», según los expertos.

Las cinco primeras cadenas reunieron en 2020 el 24% de la facturación total en España. Los diez primeros operadores, por su parte, alcanzaron una cuota conjunta del 39,5%, según datos del Observatorio Sectorial de DBK.