La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de súplica presentado contra la autorización de la extradición a territorio mexicano del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él en el país azteca.

El pasado mes de julio el industrial depositó una fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba su entrega.

En un auto dado a conocer este viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de este órgano confirma de forma unánime la entrega de este empresario al considerar que los hechos por los que le persigue la Justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.

La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México SA a la empresa Tochos Holding, vinculada al ex director General de Pemex Emilio Lozoya por un importe de 3.4 millones de dólares.

En noviembre del mismo año Emilio Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de ciudad de México y un mes después, una vez elegido director general de Pemex propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.

Los hechos investigados, según los veinte magistrados que conforman la Sala de lo Penal de la Audiencia española, encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, «refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación», concluyen los magistrados.

El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, » pagando por adelantado ( dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando ya sea director General de la empresa estatal Pemex la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos».

La Sala descarta la prescripción alegada por la defensa del empresario al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.

DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Rechaza igualmente los argumentos sobre una presunta persecución política alegada igualmente por el empresario en tanto que se persigue un delito común «de clara corrupción donde deviene ínsita legalmente la existencia de una Autoridad política, que no es la persona del reclamado, sino su contraparte, y donde se denuncia un fraude por sobre precio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agro nitrogenados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México que es lo que constituye el núcleo de los que se persigue ante el hecho de haber pretendido y momentáneamente conseguido ocultarlo».

Insiste en que, según los indicios, Ancira introdujo en el mercado lícito mexicano el bien inmueble investigado mediante tan complicada operación con triangulación de envíos económicos al extranjero, a empresa constituida en un paraíso off shore, en entregas fraccionadas de dinero, con la utilización de un testaferro familiar, y gran perjuicios al dinero público, circunstancias que, objetivamente, nada tienen que ver con la persecución política».

De acuerdo con la Justicia mexicana, Ancira está acusado de varios delitos de corrupción en colaboración con otros miembros de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como el que fuera director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, también detenido en España, en relación a unos negocios con la brasileña Odebrecht.

El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, extenderá a partir de diciembre el pago del Bono Contra el Hambre, una ayuda económica dirigida a personas mayores de 18 años que no reciban ningún salario para impulsar la demanda interna del país.

«El bono contra el hambre busca reforzar, busca iniciar la reconstrucción de la demanda interna en el país, este es el primer elemento que va a generar el crecimiento económico que todos los bolivianos estamos esperando. Si no se reactiva la demanda interna, es muy difícil reactivar el aparato productivo», explicó el presidente durante la promulgación de la ayuda.

Para la extensión de la ayuda, cuya cuantía no ha sido revelada, Arce promulgó la Ley 1345 para aprobar un préstamo de hasta 450 millones de dólares (380,6 millones de euros) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Ley 1346, que aprueba el convenio de financiación del Banco Mundial por más de 54 millones de dólares (45,6 millones de euros).

El nuevo mandatario manifestó que el diagnóstico realizado por su gobierno apuntará a soluciones para mejorar la economía del país y retomar los índices de crecimiento y desarrollo.

«Seguimos sufriendo una recesión profunda en la economía y el bono contra el hambre se ha de constituir en una de las primeras medidas que vamos a lanzar para poder sacar al país adelante», añadió Arce.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido una «tregua política» a los partidos para que sean capaces de llegar a acuerdos como así lo han hecho las organizaciones empresariales y sindicales.

En una conferencia sobre recuperación laboral en el XXV Encuentro de Economía de S’Agaró, celebrado este viernes en Barcelona, Álvarez ha señalado que, tanto en el Gobierno como en la oposición, «falta sentido de Estado» ante una situación económica y sanitaria sin precedentes.

Ha coincidido en ello Garamendi, que ha destacado los seis pactos entre patronal y sindicatos durante la pandemia, y ha asegurado que los empresarios «echan de menos esta capacidad de acuerdo en otros ámbitos de la sociedad».

«El diálogo social se ha puesto en valor en este país. Empresarios y trabajadores, si es necesario, pactamos los desacuerdos», ha afirmado el líder empresarial, que ha intervenido a través de videoconferencia.

También se ha referido al diálogo social Unai Sordo, que ha valorado que gracias a él –con el acuerdo sobre los ERTE–, se ha evitado una gran destrucción de puestos de trabajo, algo tradicional de la economía española cuando sufre una crisis, ha apuntado.

El profesor de economía y miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Marcel Jansen ha reflexionado que, a diferencia de la crisis pasada, se han alcanzado «acuerdos rápidos» que han permitido dar una mejor respuesta.

Aún así, Jansen ha hablado de la «responsabilidad histórica» de los agentes sociales y del Gobierno para aprovechar los fondos europeos y volver a facilitar el empleo a quienes hayan perdido su trabajo en los últimos meses sin haberse acogido a un ERTE.

REFORMA LABORAL

Donde no han coincidido plenamente patronal y sindicatos ha sido sobre la necesidad de retocar la reforma laboral y, sobre todo, cuándo deberían hacerse esos cambios.

Sordo ha hablado del «problema de sobrecualificación» de los empleados españoles para los trabajos que realizan y se ha mostrado partidario de derogar o eliminar algunos aspectos destacados de la reforma laboral.

Por su parte, Garamendi no ha descartado la posibilidad de modificar algunos aspectos de la reforma, pero ha instado a no precipitarse por la elevada deuda de España, el déficit público y los inversores internacionales.

«Es importante generar marcos de seguridad jurídica. Hay anuncios que hacen más daño que acuerdos», ha asegurado Garamendi, y ha incidido en la importancia de incrementar la confianza en las instituciones.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) han mantenido este viernes la primera ronda de negociaciones sobre el reglamento que fijará el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), principal programa del fondo de recuperación, con la condicionalidad macroeconómica como principal punto de desencuentro entre ambas partes.

Los equipos negociadores han celebrado su primer reunión –en la que también ha participado la Comisión Europea– después de que la Eurocámara aprobara a principios de esta semana sus líneas rojas. Los gobiernos del bloque habían pactado su posición semanas antes.

Con el acuerdo político sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años y desbloqueado también el mecanismo que vincula ayudas europeas y Estado de derecho, el reglamento del RRF es la única pieza que falta para poner en marcha el fondo de recuperación.

Sin embargo, «todavía hay mucho que trabajar» para lograr un acuerdo, según ha afirmado un portavoz del Gobierno alemán, que representa a los socios europeos como presidencia de turno de la UE. A pesar de ello ,todos los actores comparten la urgencia y la necesidad de llegar «rápido» a un consenso para «mitigar» el impacto de la pandemia en la economía.

«Estamos comprometidos con una conclusión rápida. Respetamos mucho la posición del Consejo y esperamos que ellos respeten la nuestra. Cuanto antes se acerquen las posiciones, más rápido pueden concluir las conversaciones», ha dicho en una rueda de prensa el eurodiputado del PPE Sigfried Muresan, del equipo negociador de la Eurocámara.

Los debates, sin embargo, no serán fáciles. El Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE tienen posturas muy alejadas principalmente en las condiciones aparejadas a la recepción de los fondos del RRF. Entre subvenciones y préstamos, este instrumento repartirá hasta 672.500 millones de euros entre todos los gobiernos europeos.

Algunas fuentes parlamentarias, de hecho, avanzan una «guerra nuclear» en las negociaciones y parte del problema está en el artículo que prevé una suspensión de las ayudas si un Estado miembro incumple sus objetivos de reducción del déficit y deuda públicos.

Este aspecto es defendido por los gobiernos, pero la Eurocámara prefiere eliminarlo y dejar el debate sobre la condicionalidad macroeconómica a una etapa posterior en la que las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora suspendidas, vuelvan a aplicarse.

«No es el momento de tener ese debate. Tenemos que identificar los programas, reformas e inversiones que realmente queremos hacer, y después lo tendremos, pero ahora no añade ningún valor al RRF», ha explicado en la misma comparecencia la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal, que también forma parte del equipo negociador del Parlamento Europeo.

Además, la Eurocámara es partidaria de que las recomendaciones económicas que Bruselas hace anualmente a cada país no sean el elemento principal de la valoración que la Comisión debe hacer de los planes nacionales de reformas e inversiones.

Por contra, la posición adoptada por el Consejo de la UE defiende que cada uno de estos planes debe abordar o todas o un grupo «significativo» de estas recomendaciones, así como que el Ejecutivo comunitario debe prestar atención en su análisis a los «aspectos fiscales» de las mismas.

Otro aspecto que podría generar fricciones entre ambas partes es que los eurodiputados abogan por elevar al 20% el anticipo que cada país puede obtener una vez ha recibido luz verde a su plan nacional y sin necesidad de ir completando las etapas que desbloquean más fondos. Los países quieren ceñirse al 10% que recoge el borrador legislativo.

Además de lo anterior, la Eurocámara quiere ampliar a seis la lista de objetivos en los que deben centrarse las reformas e inversiones de los planes (entre ellos las transiciones verde y digital) y han elevado al 40% la parte de las ayudas que tienen que estar destinadas a combatir el cambio climático y favorecer la biodiversidad.

El Tribunal de Cuentas quiere que las sociedades mercantiles estatales realicen periódicamente auditorías externas o internas, independientes del órgano de vigilancia, sobre el efectivo funcionamiento de sus sistemas de prevención de delitos y de ética.

Así lo plantea el órgano fiscalizador en su ‘Informe de Fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018’.

En el documento se insta las sociedades a incorporar estos sistemas a su planificación estratégica, incorporar los riesgos de estos comportamientos a los procedimientos de gestión, a simplificar los canales de comunicación y promover el conocimiento de estos sistemas y aportar claridad a los manuales con el fin de facilitar su aplicación práctica, como por ejemplo una política de regalos expresamente detallada.

También pide que los órganos de vigilancia estén integrados por personal de diferentes niveles de la sociedad y que los trabajadores de estas sociedades participen en la elaboración y revisión de los códigos éticos.

SISTEMAS PARA EVITAR DELITOS Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA

Esta fiscalización aborda por primera vez las medidas adoptadas por las principales empresas estatales como consecuencia de la extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, recogida en la modificación del Código Penal en 2010 y ampliada en 2015 a todas las sociedades mercantiles públicas.

Y es que la ley prevé eximir la responsabilidad penal a la sociedad del delito que se le imputa si tiene implantado un sistema eficaz para evitarlo (sistemas o modelos de cumplimiento normativo penal). Este tipo de sistemas, señala el Tribunal, tiene como objetivo no solo evitar la posible sanción, sino promover una verdadera cultura ética empresarial, basado en principios como la integridad, la independencia, la objetividad, la competencia, la profesionalidad y la transparencia.

La fiscalización no se ha extendido a todas las sociedades estatales, sino a aquellas más relevantes. En total, 30 sociedades que emplean a un total del 80% de toda la plantilla del sector público empresarial, constatando un esfuerzo por poner en marcha estos sistemas de prevención, y «un importante nivel de concienciación» al respecto, con más recursos destinados a este tipo de modelos.

En la redacción del informe, el Tribunal advierte de que «ha primado el enfoque positivo, resaltando los logros y buenas prácticas observadas en algunas de las sociedades», con el fin de «exportar las mejores prácticas al resto de sociedades» e «impulsar y fomentar la prevención de comportamientos delictivos o contrarios a la ética».

De las 30 sociedades, todas menos una había aprobado a 31 de diciembre de 2018 sus planes de prevención de riesgos penales, la mayoría de ellas –23 de las 29– recurriendo a empresas externas para su elaboración, y 27 contaban con códigos éticos y/o de conducta aprobados (9 de ellas con empresas externas). El coste externo para ambos documentos supuso 1,5 millones de euros para 27 sociedades.

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DEPENDE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto al nivel de implantación de los sistemas de prevención de riesgos penales, se considera que 11 sociedades tenían implementado el sistema en grado evolucionado; 14 lo tenían implementado pero en grado inicial; tres estaban en fase de desarrollo; y dos contaban con un grado de desarrollo incipiente. Entre las once que contaban con un sistema más evolucionado, hay que destacar a Aena, Ineco, Isdefe, Navantia, Loterías y el Grupo Tragsa.

Por lo que respecta al grado de implantación de sistemas de ética o integridad, en 13 sociedades el sistema estaba implementado en grado inicial; en 14 el sistema se encontraba en fase de desarrollo; en una su desarrollo era incipiente; y en dos la implementación era inexistente. Hay que destacar, por contar con los sistemas cuyo grado de implantación estaba más avanzado, a Ineco, Enusa y el Grupo ENSA, que habían alcanzado ya un cierto grado de desarrollo.

La mayoría de los sistemas analizados preveían directa o indirectamente que el Órgano de Vigilancia dependiera orgánicamente del Consejo de Administración de la propia Sociedad o de la Entidad matriz del Grupo al que aquella pertenecía, sin perjuicio de la independencia del órgano en el ejercicio de sus funciones.

179 DENUNCIAS POR CANALES DE ALERTA

Todas las sociedades tenían, en general, canales de alerta, denuncia y/o consulta y regímenes sancionadores establecidos. Se formularon a través de estos canales un total de 75 denuncias en 2017 y 104 en 2018. El 75% de estos canales tenían prevista su utilización por terceros, lo que potencia su grado de eficacia.

La planificación estratégica de las sociedades no incluía objetivos relacionados con ambos sistemas. Sin embargo, un aspecto muy positivo apreciado por el Tribunal en el caso de Aena y de las sociedades del Grupo Renfe, es que han incorporado la gestión de los riesgos por incumplimientos de la normativa penal en su sistema global de gestión de riesgos, lo que aporta una visión estratégica del conjunto de riesgos a los que se enfrentan, resulta más eficaz y promueve una aplicación más eficiente de los recursos de esas Sociedades.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que impulse medidas «urgentes y eficaces» para ayudar a la hostelería y la restauración ante los «momentos trágicos» que está viviendo el sector, entre las que ha citado extender los ERTES hasta el fin del estado de alarma, más créditos ICO o bajadas de impuestos.

Así se ha pronunciado tras reunirse con el Gremio de Restauración de Barcelona, acompañado por el presidente del PPC, Alejandro Fernández, el presidente del PP de Barcelona, Óscar Ramírez, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou. Se trata del segundo viaje de Casado a Cataluña en siete días y se produce en plena precampaña electoral para las autonómicas que se prevén el 14 de febrero.

En ese encuentro, Casado ha expresado su apoyo al sector de la restauración en Cataluña y ha dicho que el PP se une a «sus reivindicaciones». «Pedimos medidas urgentes y eficaces: más liquidez, más créditos ICO y una carencia de un año para pagar los ya concedidos; que los ERTE se extiendan hasta después del estado de alarma y una reducción de impuestos como está haciendo Europa«, ha detallado.

«INFIERNO FISCAL» DE SÁNCHEZ

En este punto, el líder del PP ha denunciado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos quiera aprobar un «infierno fiscal con una subida de 9.000 millones de euros en impuestos a las clases medias y trabajadoras.

Ahora hay que bajar impuestos y ayudar a la gente a llegar a fin de mes», ha proclamado Casado, para criticar las subidas impositivas de los PGE en bebidas azucaradas, envases de plástico o impuesto al diésel.

Además, Casado ha señalado que las «ruinosas» cuentas públicas del Ejecutivo incluyen «despilfarro» con «subida de asesores, amiguismo y enchufismo», mientras se «abandona a los sectores que crean empleo como la restauración, el turismo o los autónomos».

En este punto, ha recalcado que esos empresarios que han bajando la persiana les necesitan «porque están cerrados» y porque «la pandemia les ha pegado muy fuerte». Sin embargo, ha criticado que el Gobierno no les esté «ayudando» cuando un sector como la restauración representa casi dos millones de empleos.

«Nosotros sí lo haremos desde el PP, escuchando a todos los colectivos afectados», ha manifestado, para añadir que el Gobierno está «a tiempo de rectificar» durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y hacer unos PGE «como los que merece España, y no como los que quieren destruirla».

Las estaciones de esquí españolas invirtieron 36,2 millones de euros durante la temporada 2019-2020 para adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de la crisis sanitaria, lo que supone un aumento del 33% con respecto al ejercicio anterior.

Así se desprende del informe ‘El esquí español, valor seguro’, presentado este viernes por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem) durante la IV Gala en honor a los deportes de la nieve, organizada por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), en las instalaciones de Madrid SnowZone.

El presidente de Atudem, Jesús Ibáñez, ha señalado que esta cifra de inversión demuestra que las estaciones «han trabajado más que nunca» en las instalaciones para adoptar las medidas y adaptaciones que garanticen la seguridad de los usuarios.

A pesar de que el final de temporada 2019-2020 se vio interrumpida por la llegada de la pandemia de coronavirus, con tan solo 96 días de apertura (frente a los 114 días de la temporada anterior), los ingresos de las estaciones alcanzaron los 118,7 millones de euros, una cifra similar a la de un año antes, gracias al aumento de la facturación media por visitante, que pasó de 22,79 euros a 24,78 euros.

En cuanto a empleo, las estaciones han dado empleo a 3.108 personas entre contratos fijos y de temporada, lo que supone 64 trabajadores más. De estos, 2.421 fueron empleos de temporada y 687 fijos.

El número de visitantes en la temporada 2019-2020 ha sido de casi 4,8 millones y un tercio de las estaciones de esquí que forman parte de Atudem ha registrado un aumento de afluencia. El Sistema Pirenaico sigue siendo el que mayor afluencia de visitantes ha registrado, concentrando el 71,9% del total.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Durante los meses estivales las estaciones Atudem han trabajado de forma coordinada en medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, elaborando de un protocolo de actuación común en todas ellas.

La guía de buenas prácticas es un documento que recoge los criterios de seguridad e higiene en todas las pistas e instalaciones, como la obligatoriedad de respetar la distancia social, el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico, la limitación de aforo, la señalización especial, la digitalización del forfait y la implantación de tecnología ‘contactless’.

Además, las estaciones han flexibilizado sus políticas de cancelación y han ampliado la aplicación de tecnologías ‘contactless’ en las instalaciones para reducir las posibilidades de propagación de la enfermedad.