El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha elogiado este miércoles el modelo de distribución alimentaria que conforma la Red de Mercas en España y que, en su conjunto comercializa, al año, más de 8 millones de toneladas entre frutas, verduras, pescados, mariscos y carnes.

En concreto, Planas ha visitado a primera hora de la mañana las instalaciones de Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España, que se ha consolidado como el mayor mercado europeo de alimentación perecedera.

Mercamadrid es una de las 24 unidades alimentarias que forman la Red de Mercas de Mercasa, empresa pública cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Del conjunto de unidades alimentarias integradas en la Red de Mercas, Mercamadrid ocupa la primera posición en volumen de actividad y en facturación (36,4% en volumen y el 41,7% en valor).

Planas durante su recorrido por los diferentes puestos ha puesto en valor la «gran labor» realizada por toda la cadena alimentaria y, ha querido destacar especialmente el trabajo de los mercados mayoristas para asegurar el suministro de alimentos a la población en los momentos más duros de la pandemia.

Por otro lado, ha señalado el esfuerzo que está realizando Mercasa para que las operaciones comerciales se hagan en un entorno más sostenible. La empresa pública está acometiendo mejoras para hacer más eficiente sus instalaciones y adoptando iniciativas para optimizar los sistemas de recogida y gestión selectiva de residuos, así como para reducir el desperdicio alimentario.

Asimismo, la red de mercas facilita la comercialización directa de los productos locales, procedentes de la agricultura familiar y de proximidad, así como de los ofrecidos por cooperativas de agricultores y ganaderos, con lo que contribuye a mantener la actividad económica y a fijar la población de las zonas rurales.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado este miércoles, antes de la reunión con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) porque, en su opinión, «va a contraer más el empleo».

«¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible», ha señalado Garamendi en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

El Ministerio de Trabajo y los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reunirán este miércoles para iniciar las negociaciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año, que se encuentra ahora en 950 euros mensuales y que el Gobierno se ha comprometido a que alcance el 60% del salario medio en esta legislatura.

«Estas medidas generalistas en una España diversa no encajan», ha criticado. En este sentido, Garamendi ha puesto el ejemplo de que el coste de vida en ciudades como Madrid o Barcelona «no tiene nada que ver» con otras zonas.

Ante esta reunión, Garamendi ha reprochado que aún no le han contado nada de lo que van a tratar y ha asegurado que sí está abierto a hablar de temas como la senda de incremento del SMI más a largo plazo, los jóvenes o la situación del campo.

Garamendi ha defendido que la patronal ha firmado varios pactos con Gobierno y sindicatos pero cree que, en este caso, se está hablando de política y que es «bastante populista» lo que se está oyendo.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha avanzado este miércoles que la autoridad monetaria llevará a cabo una mejora de sus perspectivas macroeconómicas debido a que la recuperación de 2021 está siendo más intensa de lo que se había estimado.

«La evolución económica en 2021 está siendo mejor de lo que esperábamos y eso se reflejará en las proyecciones que serán públicas en los próximos días», ha subrayado el exministro español en una entrevista con el diario ‘El Confidencial’. El BCE tiene previsto publicar dichas previsiones el jueves 9 de septiembre al finalizar su reunión de política monetaria.

Guindos ha afirmado que los indicadores adelantados «son positivos». Además, ha explicado que la recuperación de la economía europea en el segundo trimestre ha sido «muy intensa» y que ese dinamismo está previsto que continúe durante la segunda mitad de 2021.

Aunque no ha adelantado ninguna decisión con respecto a la política monetaria del instituto emisor, Guindos ha asegurado que si la inflación y la economía se recuperan, el BCE tendrá que iniciar una «normalización paulatina» de la política monetaria.

No obstante, el banquero central ha vuelto a repetir que cualquier retirada de estímulos, monetarios o fiscales, debe ser poco a poco y no de forma prematura, ya que la economía europea «sigue siendo frágil». Pero esta consideración también es simétrica, por lo que se debe evitar que las medidas de apoyo estén en vigor «demasiado tiempo» y generen situaciones «de riesgo moral o zombificación».

Además, y aunque no ha mencionado a ningún país en concreto, Guindos ha indicado que los Estados con una mayor ratio de deuda/PIB que la media de la Unión Europea tendrán que hacer un «esfuerzo mayor» para corregir su sobreendeudamiento con un «plan creíble». Entre esos países, está España, cuya ratio se situó en el 122,1% en el segundo trimestre.

Con respecto a la modificación del objetivo de inflación del BCE, Guindos ha asegurado que pese a que el organismo ha admitido que de forma temporal el incremento de precios pueda situarse por encima del 2%, el BCE no es «como la Reserva Federal». «No aceptamos la compensación de inflación», ha asegurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno «se hace cargo de la preocupación social» provocada por la escalada de la factura eléctrica y que por ello «actuará hasta solucionar el alza de los precios», pero que lo hará «siempre dentro del marco regulatorio europeo».

Así, en su comparecencia en la conferencia ‘Una recuperación justa’, en la Casa de América de Madrid, el presidente se ha detenido en «la compleja situación del sector energético y la evolución del mercado mayorista», a la cual, ha dicho, no es posible «dar una única respuesta, sino una agenda reformista, con medidas coyunturales, estructurales y también con un compromiso inequívoco de protección social hacia aquellos consumidores más vulnerables».

Sánchez ha defendido la rebaja temporal de impuestos acometida por el Gobierno y ha pedido una «tramitación rápida» en las Cortes para las reformas legales aprobadas para rebajar la factura.

Defendiendo las medidas ya acometidas, como la rebaja temporal del IVA al 10% sobre la factura, o la suspensión temporal del Impuesto sobre la generación que pagan las eléctricas, Sánchez ha subrayado que el Gobierno va «a seguir actuando», pero «siempre dentro del marco regulatorio europeo».

En este sentido, ha recogido las medidas avanzadas en el Congreso por su vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre dar mayor estabilidad a la tarifa regulada PVPC, e impulsar un debate en la Unión Europea sobre «la adaptación de las reglas de mercado».

Y es que, pese a la exigencia de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, de establecer precios máximos a la energía hidráulica y fijos a la nuclear, Ribera aludió a una «prohibición expresa» en el derecho europeo a esta clase de intervenciones en el mercado.

Por otro lado, Sánchez ha saludado la posibilidad de que el Congreso inicie una comisión para estudiar el mercado eléctrico y, a partir de la escucha de expertos, pueda elaborar recomendaciones para su reforma. «Nosotros damos la bienvenida a esta comisión. Escuchar, debatir, acordar y actuar son cuatro verbos con los que el Ejecutivo se siente total y absolutamente comprometido», ha dicho.

Todo ello tras la propuesta de Más País-Equo y Nueva Canarias de iniciar una comisión de investigación la semana pasada y que Ribera este lunes celebró, eso sí, en forma de comisión de estudio.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que «España ha conseguido ser percibida como un destino seguro por millones de viajeros», tras recibir en julio 4,4 millones de turistas internacionales, un 78,3% más que en el mismo mes de 2020, mientras que el gasto alcanzó los 5.231 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el gasto medio por turista en julio se situó en los 1.190 euros, un 19,3% más que hace un año y la duración media de los viajes es de 8,3 días.

También ha señalado que la confianza de los turistas internacionales en España se debe al «eficaz» avance del proceso de vacunación, que «nos sitúa a la cabeza de las potencias mundiales», unido al liderazgo demostrado por el sector turístico español en el desarrollo y despliegue de estrictos protocolos de seguridad.

A ello se une el impulso decidido del Gobierno del Certificado Digital Covid-UE y la eficaz labor de promoción de nuestros destinos que ejerce Turespaña y su red de consejerías en el exterior», ha añadido la ministra.

SE DUPLICA EL GASTO DE LOS TURISTAS

El gasto de los turistas internacionales en julio duplica el registrado en el mismo mes del año pasado (+112,8%) y alcanza el 43,7% del desembolsado en julio de 2019.

Sobre estos datos, Maroto ha afirmado que esperan que esta tendencia se mantenga en los datos de agosto y seguirán trabajando en favor de una reactivación mayor de la movilidad internacional, «sin perder de vista la evolución de la pandemia a nivel global.

«Decisiones como la de Alemania de dejar de considerar a España como zona de alto riesgo, lo que elimina el requisito de la cuarentena al regresar allí para los no vacunados, suponen un paso en la buena dirección», ha apuntado la titular de Turismo.

Además, al menos siete de cada diez turistas que visitaron España en julio entró al país por avión, circunstancia a la que ha contribuido, a juicio de Reyes Maroto, el «rápido y eficaz» despliegue impulsado desde el Gobierno de España del Certificado Covid Digital de la UE, así como la flexibilización de los requisitos de entrada para ciudadanos de terceros países.

El nuevo decreto de calidad y trazabilidad del aceite de oliva y orujo de oliva, que fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prohíbe la mezcla de aceites y el denominado ‘refrescado’ para garantizar la calidad y revalorizar este producto, que es emblemático para España.

En concreto, esta nueva norma llega para revalorizar el aceite de oliva, en especial el virgen extra o AOVE, atender las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y satisfacer una reivindicación histórica del sector oleícola, ya que la anterior normativa databa de 1983.

De esta forma, se refuerza la prohibición de mezclar aceite de oliva con otros aceites. A partir de ahora, queda prohibido que alimentos que llevan en su composición aceite de oliva puedan destacarlo en la denominación de venta (si deberán hacerlo en la lista de ingredientes) con el fin de evitar engaños al consumidor. Así, los aliños o condimentos con base de aceite de oliva no podrán utilizar las menciones ‘aceite de oliva’ u ‘orujo de oliva’ en su denominación comercial.

Para garantizar a los consumidores un producto de máxima calidad, se prohíbe en España la práctica conocida como ‘refrescado’, que consiste en mezclar aceites de oliva vírgenes de la campaña en curso con otros de campañas precedentes a fin de mejorar las características organolépticas del producto más antiguo.

Con el fin de evitar confusiones entre los consumidores, los términos ‘virgen’ y ‘virgen extra’, denominaciones para el puro zumo de aceituna, solo se podrán utilizar para el aceite de oliva y no para ninguna otra grasa vegetal en el mercado español.

Además, la nueva norma, según consta en el BOE, prohíbe el trasvase o rellenado de recipientes o envases destinados al consumidor final, de aceite de oliva o de orujo de oliva en las colectividades, así como que las almazaras reciban o procesen orujos procedentes de otras almazaras, entre otras.

De esta forma y con esta medida, el sector oleícola contará a partir de ahora con un plan nacional específico de control de trazabilidad, coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y gestionado por las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

Agricultura ha recalcado que la búsqueda de la máxima transparencia también se va a reforzar con la publicación de informes de resultados de los controles de conformidad y de trazabilidad del producto. El acceso de los consumidores a estos informes es otro elemento para trasladarles la máxima seguridad sobre los productos que consumen.

De esta forma y por primera vez, se obliga a llevar un sistema de trazabilidad estandarizado, «muy exigente», que redundará en mayores garantías para el consumidor.

Además, se obliga a que los movimientos de aceite vayan amparados por documentos de acompañamiento, herramienta indispensable para un mayor control, mientras que los movimientos de aceites a granel deberán ir acompañados de un boletín de análisis que garantice que la categoría declarada es la que dice ser.

Por otro lado, el Ministerio pondrá a disposición del sector y autoridades de control un sistema informático para realizar la notificación previa y obligatoria de cualquier movimiento que afecte al producto.

Respecto a las sanciones que se impongan como fruto de los controles llevados a cabo serán «eficaces, proporcionadas y disuasorias», y se impondrán de acuerdo con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

Por otro lado y con el objetivo de promover la imagen del aceite de oliva virgen extra (AOVE), se elaborará un código de buenas prácticas, consensuado entre los Ministerios de Agricultura y el de Consumo, así como con las asociaciones representativas del sector productor, de la industria, de la distribución y de los consumidores.

El objetivo de esta medida es mejorar la percepción por parte de los consumidores del aceite de oliva virgen y reforzar la calidad de la categoría ‘virgen extra’.

De esta forma, el código incluirá medidas concretas como la mejora del envasado y la presentación del AOVE, de tal forma que el consumidor identifique que está comprando un producto de calidad extraordinaria.

La adhesión a este código de buenas prácticas será voluntaria y desde su adhesión, los operadores quedarán obligados al cumplimiento de los principios y reglas que contenga e informarán anualmente del cumplimiento de éste a ambos Departamentos.

Por otro lado, se recuerda que los envases dispuestos con aceite de oliva virgen extra para los consumidores finales en los restaurantes y colectividades deben ser irrellenables, con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas.

España cuenta con más de 350.000 agricultores se dedican al cultivo del olivar, producción que ha generado un importante tejido industrial en zonas rurales, con 1.831 almazaras, 1.763 envasadoras y 63 orujeras, que mantiene unos 15.000 empleos en la industria.

El aceite de oliva es el tercer producto agroalimentario más exportado por España, a más de 150 países de destino, con un valor de más de 2.800 millones de euros anuales.

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España se situó en 1.853 euros por metro cuadrado en agosto, lo que supone una subida del 0,31% frente al pasado mes de julio y del 1,83% con respecto a agosto de 2020, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.

«El mercado residencial sigue aferrado a las subidas discretas, dibujando un horizonte de crecimiento sostenible que concede un alto grado de estabilidad al sector», ha afirmado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

El portavoz del portal inmobiliario ha admitido que «la segunda mano presenta un panorama de precios muy aceptable, que no tiene nada que ver con la sobrevaloración de hace 15 años».

«Esta toma de distancia frente a los máximos unida al escenario de bajos tipos de interés permite que la demanda con ahorro retome los planes de compra que dejó aparcados antes del estallido de la pandemia, algo que ya se ha empezado a reflejar en las estadísticas de compraventa y de concesión de hipotecas», ha señalado el experto.

En cuanto a la obra nueva, Font estima que «su precio experimentará más presión que la vivienda usada debido al mayor interés hacia las promociones por cuestiones de superficie, espacios exteriores y zonas comunes, escasez de desarrollos e incremento de los costes de construcción».

Según el informe mensual de pisos.com, las regiones más caras en agosto de este año fueron: Baleares (3.224 euros por metro cuadrado), Madrid (3.044 euros) y País Vasco (2.802 euros), y las más baratas Extremadura (802 euros), Castilla-La Mancha (849 euros) y Murcia (1.034 euros).

Interanualmente, los repuntes más llamativos se dieron en Madrid (+5,71%), Castilla-La Mancha (+4,11%) y Murcia (+3,08%), registrándose los ajustes más intensos en Asturias (-1,76%), La Rioja (-1,27%) y Aragón (-0,79%).