La crisis por el precio del recibo de la luz ha dejado en evidencia al Gobierno que preside Pedro Sánchez. La inacción durante semanas, pese a los sucesivos récords del precio del MWh, así como la tardanza en adoptar medidas, han sido sólo el principio. Luego llegaría un plan de choque que suscita serias dudas en los inversores, por la inseguridad jurídica que genera. La popularidad y confianza en el Ejecutivo caen bajo mínimos mientras se multiplican las voces que critican los grandes errores que han puesto al sector energético en vilo.
De hecho, de los testimonios de analistas, expertos y empresas del sector eléctrico, renovable y de inversión, se desprenden, como mínimo, 10 grandes torpezas que han derivado en una regulación para contener los disparados precios del recibo de la luz, que no contenta a nadie, redunda en la minoración de ingresos de las energéticas y merma la seguridad jurídica ahuyentando a los inversores, sobre todo extranjeros, del sector español.
EL ECOLOGISMO LLEVADO AL EXTREMO
La obsesión del presidente del Gobierno por ser el más ecológico del mundo es desmesurada. Él quiere pasar a la historia por ese motivo y no parece escatimar esfuerzos ni sacrificios de los consumidores para conseguirlo.
Conociendo o, lo que sería peor, desconociendo el sistema de generación eléctrica español que, como hemos visto presenta unas carencias estructurales severas, el presidente del Gobierno se sitúe del lado de los países que proponían subir el precio por las emisiones de CO2.
Quizás en una década España sea autosuficiente con las energías renovables, pero en la actualidad depende, y mucho todavía, del gas del exterior para generación, y eso lastra el recibo de la luz.
El portavoz de energía del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal, se lo reprochaba en una entrevista a MERCA2, «lo que no puede ser es que en la última cumbre fuera el Gobierno español el que haya demandado que se reduzca el volumen de derechos de emisión de CO2, para incrementar su precio». No se entiende «cómo es posible que un país que cuenta con tan poca tecnología de respaldo sea quien castigue el consumo de energía».
LA MINISTRA VISIONARIA
Tras los efectos de la tormenta Filomena, que disparó el precio de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló en declaraciones a ‘El País’ que «no hay que generar alarma», porque «lo que está pasando estos días es muy llamativo pero el efecto final sobre el consumidor va a ser relativo».
Y añadía, a modo de visionaria, «esto es muy importante que se comprenda, porque en un momento en el que la gente lo está pasando mal, generar angustia y la sensación de que va a subir la factura de la luz un 123% no es responsable. Y, además, no es verdad, porque el recibo puede subir como mucho unos cuantos euros».
CASO OMISO A LA SUBIDA DEL GAS EN MARZO
En el mes de marzo comenzó a subir el precio del gas natural de una manera poco habitual. El recibo volvió a repuntar con fuerza después de la tregua experimentada en febrero, cuando bajó tras el fuerte incremento provocado por la borrasca ‘Filomena’ y la tremenda ola de frío de enero.
Los factores que explicaban la subida de marzo eran la caída de la producción eólica que se cubrió, en gran parte, con los ciclos combinados de gas, materia prima que seguía disparada y que, además, debe compensar sus emisiones con los derechos del CO2, un mercado que también estaba en máximos en ese mes.
Todos los indicadores de futuros auguraban que el precio del gas y de los derechos de CO2 iban a seguir subiendo por la coyuntura mundial, pero desde el Gobierno se hizo caso omiso a esa advertencia.
EL TARIFAZO ELÉCTRICO, A DESTIEMPO Y SIN CRITERIO
Entonces llegó el mes de junio, y con él, el nuevo tarifazo eléctrico del Gobierno para el recibo de la luz, con el fin de fomentar el uso eficiente y responsable de la energía (poniendo lavadoras y cocinando a partir de las 12 de la noche o los fines de semana) o que nos pasáramos al autoconsumo (el que pueda claro).
Pero en el Ejecutivo no se percataron de que no es lo mismo el consumo energético de un particular que de una pyme y, lógicamente, los pequeños negocios no pueden cambiar a su antojo las peculiaridades de sus negocios, ni apagar sus máquinas o mover sus consumos de franja horaria.
Ángel Pérez Valero, CEO de Universal Energía, reconocía a MERCA2 que «el cambio tarifario se ha hecho rápido, mal y en el peor momento», ante el malestar social por el nuevo modelo de tarifación eléctrica.
REDUCCIÓN DEL IVA, PERO SOLO A UNOS CUANTOS
Tras unos meses de abril, mayo y junio como los más caros de la historia en el precio de la luz, por fin, el 24 de junio el Ejecutivo decidió hacer algo para paliar de alguna forma los incrementos constantes en los precios del recibo de la luz.
Aunque algunas voces como la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpaban a Europa de la imposibilidad de bajar el IVA de la electricidad, «Bruselas nos viene llamando la atención por el abuso del IVA reducido», aunque fue desde Bruselas precisamente desde donde se dijo todo lo contrario, y por fin el Gobierno lo bajó del 21 al 10%.
Pero sólo a aquellos que tuvieran contratada una potencia de hasta 10Kw, con lo que se excluían a la gran mayoría de pymes, negocios medianos y grandes empresas. A partir de esa fecha, miles de autónomos están pagando unas facturas desorbitadas y sin tener ninguna ayuda por parte del Gobierno.
DECISIONES IMPORTANTES SIN CONTAR CON LAS ELÉCTRICAS
Lo normal en una crisis energética sin precedentes es que el Gobierno se hubiera reunido unas cuantas veces con las grandes eléctricas para buscar soluciones, pero no fue así. En los meses de julio y agosto España encadenaba récords del precio del MWh sin que nadie del Ejecutivo moviera un dedo.
Solamente las encuestas, con una alarmante bajada del PSOE en la intención de voto de los españoles y una popularidad por los suelos, hicieron que al enésimo récord del precio del MWh saliera la ministra del ramo a proponer una comisión de estudio y a decir aquello de «las eléctricas no tienen empatía social». Ni un atisbo de negociación con las grandes eléctricas, al menos no, en los momentos decisivos.
SÁNCHEZ APUESTA POR PAGAR LO MISMO QUE EN 2018
Acabadas sus vacaciones, Pedro Sánchez, desaparecido en esta crisis hasta entonces, salió a la palestra a principios de septiembre para afirmar aquello de «me comprometo a que los españoles paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado».
Conociendo la hemeroteca del presidente, pocos confiaron en que se pudiera cumplir ese compromiso, pero al jefe del Ejecutivo le entraron las prisas y obligó a Teresa Ribera a ponerse las pilas de inmediato para apañárselas para cumplir con ese compromiso.
Hubiera sido mejor hacerlo al revés, negociar y pensar primero qué se podía hacer y después lanzar el compromiso. Las eléctricas se pusieron a rezar, porque ya preveían lo que podía venir.
ENTREVISTA AL PRESIDENTE QUE PUSO NERVIOSO AL SECTOR
El lunes 13 de septiembre, llegó la entrevista a Pedro Sánchez en TVE, en la que, ávido por zanjar la crisis, el presidente del Gobierno avanzó una serie de medidas que, algunos analistas calificaron de imposibles de realizar, con el ya popular ‘topar’ el precio del gas, en el que mezcló el gas para calefacción con el gas para generación eléctrica del recibo de la luz.
En su deseo de convencer a los españoles, Sánchez embarulló su respuesta trasladando la idea de una medida de calado internacional: «ante el alza de lo que va a venir en los próximos meses del precio del gas, lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es con esta medida, reducir el recibo de la luz», y siguió mezclando conceptos, «vamos a redirigir esos beneficios extraordinarios de las eléctricas, se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas».
Tuvo que ser la Ministra Ribera, tras el Consejo de Ministros, quien explicara que son dos medidas independientes y diferentes, y que poner un tope el precio del gas, se hará para que no se dispare el recibo de la calefacción este invierno, aunque lo que se perdona ahora, se pagará más tarde.
DECRETO LEY REHECHO Y SIN REVISAR
El martes 14 de septiembre Teresa Ribera salió en rueda de prensa e informó de las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros y del nuevo Real Decreto Ley con el que se pretende conseguir rebajar el precio del recibo de la luz.
Un Real Decreto Ley que se rehízo la misma tarde anterior de su anuncio, por mandato de Pedro Sánchez, porque lo propuesto en un principio por Ribera, que evitaba los conflictos que han surgido después con las eléctricas y el sector de las energías renovables, no era suficiente para conseguir lo prometido por el presidente días antes.
Por eso se aumentó considerablemente el ‘hachazo’ a las eléctricas, que el propio Sánchez había dicho el día anterior que sería de algo más de 600 millones euros, hasta los 2.600 millones.
Con esta medida se ha generado una inestabilidad jurídica en España que ha ahuyentado a los inversores extranjeros, que han deshecho sus posiciones en las grandes eléctricas españolas, lo que ha provocado pérdidas de entre 8.000 y 10.000 millones de euros a las tres grandes, especialmente a Endesa e Iberdrola, y por ende a sus pequeños accionistas, que han visto como sus acciones bajaban más de un 10% en pocos días.
Además, esta medida pone en serio peligro el propio Plan del Gobierno de inversión en renovables de aquí a 2030. El 80% de los más de 240.000 millones necesarios para llevarlo a cabo debe salir del sector privado, el mismo que ahora huye de la inseguridad jurídica creada por el propio Gobierno.
Además, el Foro Nuclear ya avisó de que la aplicación de esa medida podría derivar «en el cese anticipado de la actividad de todo el parque nuclear».
FALLOS EN LA REDACCIÓN Y TERROR EN LAS RENOVABLES
Las reacciones al Real Decreto Ley en cuestión todavía resuenan. Unas a favor, y otras en contra, pero la más sonada ha sido la de las empresas de renovables. Este sector vio en un día, como cientos de empresas podían estar avocadas a cerrar o a vender a pérdidas, ante la redacción errónea del Real Decreto Ley que, como se hizo a toda prisa, les metía en el mismo saco que a las grandes eléctricas, a la hora de devolver los famosos ‘beneficios caídos del cielo’.
«Al entrar en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma», se dijo de APPA.
Ribera tuvo que reunirse con el sector para calmarle, y reconocer que había sido un error en la redacción del Decreto Ley.
