El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, planea el mayor ERE jamás contado. Cerca de 700.000 personas están en riesgo de perder sus puestos de trabajo. Profesionales interinos de la Administración Pública con una media de 18 años de servicio que de la noche a la mañana pueden irse a la calle con una mano delante y otras detrás. ¿Sus opciones? Aprobar las oposiciones o denunciar al Gobierno ante los tribunales.
Toda esa historia comienza en el año 2012. Por aquel entonces Manuel Martos, abogado y actual presidente de ANIL (la asociación de interinos que defiende sus derecho), recibió un curioso caso en su despacho. Se trataba de un profesional de la Sanidad de Cádiz, con 14 años de antigüedad y con una concatenación de contratos firmados en el hospital donde ejercía su profesión. Lo que este empleado reclamó y posteriormente ganó fue ser reconocido como indefinido al haber trabajado más de tres años seguidos para la Administración Pública.
«Pensé que este sería un caso aislado, pero tirando un poco del hilo descubrí que la contratación de interinos para sustituir plazas fijas de empleo pública era una tónica habitual», afirma Martos a MERCA2. De hecho, la realidad es que a día de hoy en España hay médicos que firman contratos laborales cada tres meses, enfermeras que renuevan su compromiso cada semana, policiales locales con contratos temporales…
El juicio de este abogado contra la Administración levantó las primeras sospechas del Viejo Continente. De hecho, en diciembre del año 2014 la Comisión Europea citó a Martos para conocer la situación del trabajador interino defendido dos años atrás. El requerimiento también fue aprovechado para preguntar al letrado si conocía de más casos como el de su cliente.
«Desde que me llegó el primer caso me puse a investigar y cuando Europa me llamó ya tenía controlada cerca de 72 administraciones públicas que contaban con interinos de más de tres años de antigüedad», explica Martos.
El abogado -ahora defensor de muchos de los interinos españoles- puso sobre la pista a la Unión Europea. Meses más tarde, la Comisión impuso una multa de cien millones de euros. ¿El motivo? El abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes, consideradas por el TJUE contrataciones “en fraude de ley”.
LA UNIÓN EUROPEA ‘CRUJE’ A MONTORO
El ‘multazo’ cayó como agua fría en el Ministerio de Hacienda. Montoro comenzó a mirar a las mermadas arcas públicas y suplicó una prórroga de la sanción a la Unión Europea. Al final, esta última acepta el aplazamiento, pero con una única condición: que el Estado garantice la estabilidad de sus trabajadores interinos.
Pero esta promesa lejos de favorecer a los trabajadores eventuales sólo les ha perjudicado. En marzo de 2017, Montoro firmó un acuerdo con los sindicatos para mejorar la oferta de empleo público. El objetivo de esta pacto firmado con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CC OO) era reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública del 23% al 8%.
LA ‘TRAMPA’ DE MONTORO
La argucia de Montoro también contó con la complicidad de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, dos administraciones repletas de interinos. Argucia porque lo cierto es que el titular de Hacienda cumple con la petición de la Unión Europea de regular el empleo público, pero a costa de los trabajadores temporales. Es decir, las nuevas plazas fijas no son para los interinos que llevan años desempeñando estas funciones.
Las oposiciones estarán abiertas a todos los ciudadanos, pero se tendrá en cuenta y se computará el tiempo que se lleve trabajando para una administración pública, según el Gobierno Central. Esta fórmula permitirá, que no garantizará, que los interinos se hagan con una plaza fija.
Pero la realidad para Martos y sus representados es bien distinta. «Tengo un interino en Granada con más de 30 años en el puesto. Además de obligarle a aprobar las oposiciones se le limita a diez años la experiencia y la nota del examen cuenta un 60%. Por lo tanto, ¿dónde está la ventaja?«, se pregunta Martos.
LOS INTERINOS PASAN A LA ACCIÓN
La medida no tendrá ningún coste para las arcas públicas porque no se aumenta la plantilla global de las administraciones públicas. Sólo sustituirán puestos de trabajo temporales por fijos. Esta medida afecta según cifras oficiales a cerca de 300.000 personas. Aunque el presidente de ANIL defiende que esta cifra asciende a 700.000 individuos.
Por su parte, los interinos han pasado a la acción a través muchos de ellos de Martos. El abogado ha denunciado al propio Montoro y a los cuatros representantes sindicales que que firmaron el acuerdo para la oferta de empleo público. La denuncia fue presentada en la Audiencia Nacional, pero finalmente fue derivada al Tribunal Supremo en diciembre del año 2017.
LA OFERTA PÚBLICA, IMPUGNADA
Durante estos cinco meses de 2018, el gobierno central ha lanzado multitud de plazas de empleo público, a pesar de que el asunto está en los tribunales Nacional. Por este motivo, Martos se ha personado este lunes en la AN para impugnar toda la oferta pública de empleo publicada hasta ahora y pedir medidas cautelares. Esta petición podría parar todas las oposiciones que están ahora en curso.
Además, Martos también va a luchar por las indemnizaciones del los interinos consigan o no su plaza fija de funcionario. En este sentido, el abogado estima que las comensaciones podrían alcanzar los 7.200 millones de euros. El letrado se basa en la media de años trabajados de los trabajadores temporales. «Los primeros cálculos hablan de 18 años de media», afirma Martos. El Ejecutivo Central explica que cada caso será estudiado de manera individual.
Aunque la realidad es que el Ministerio de Hacienda, bajo las órdenes de Montoro, no ha previsto ninguna partida para indemnizar a los trabajadores despedidos. Desde Hacienda entienden que al ser interinos «no tienen derecho a la indemnización».
