Los interinos van a vender caros sus despidos y están dispuestos a plantar batalla al ERE de Montoro. De hecho, han pasado al ataque. A través de una demanda interpuesta contra el Gobierno buscan paralizar toda la oferta de empleo público en España. No están para bromas. Ya avisó MERCA2 que sus opciones pasaban por demandar al Ejecutivo Central.
Pues dicho y hecho. Los interinos y laborales a través de Manuel Martos, abogado y actual presidente de ANIL -asociación que defiende los derechos de estos-, han interpuesto una denuncia contra el Gobierno de Mariano Rajoy y contra los sindicatos -CCOO, U.G.T y C.S.I.F-.
La Audiencia Nacional ha admitido la demanda contra el Acuerdo de 27 de marzo de 2017, conocido como el ‘acuerdazo’, que puede significar el despido de cientos de empleados públicos –cerca de 700.000-. Según Martos y sus clientes este pacto atenta a las normas europeas y a las propias sentencias que se han empezado dar con respecto al fraude en la contratación.
En la demanda presentada, además, se solicitan medidas cautelares, las cuales ya han sido también admitidas y a los demandados. Ahora es el turno de las partes para alegar contra ellas.
Entre las medidas cautelares los interinos solicitan que se paralice toda la oferta de empleo público programada para este 2018. Esto puede suponer un grave contratiempo para la Administración Pública que lanzó una oferta de más de 8.000 puestos para este año 2018. De ellas, 6.024 plazas serán de acceso libre, 1.664 de promoción interna y 422 de acceso a relación de servicios permanente.
Ahora deben presentar alegaciones a las medidas cautelares, así como a la propia demanda presentada, las partes incluido el Ministerio Fiscal. “Pretendemos paralizar las ofertas y convocatorias que se basen este acuerdo en tanto no se resuelva su legalidad y acomodo a la legalidad”, afirma Martos. En su caso el objetivo de la demanda (no de las medidas) es que se reconozca la ilegalidad del “acuerdazo”, cuyo expediente administrativo sólo consta las citaciones por correo electrónico a las partes, simplemente, nada más, ni informes, ni autorizaciones, ni orden del día.
“Es una demanda importante y la solicitud de medidas sabemos que es también de gran trascendencia, pero los perjuicios serían mucho mayores si no se adoptan”, afirma Martos.
El pasado jueves 17 de mayo Martos ya tuvo la primera toma de contacto con el Congreso de los Diputados para ver cómo respiraban los representantes del pueblo. En concreto, el representante de los interinos intentó averiguar la situación jurídica en la que se encuentra este asunto y las acciones que se han llevado y se llevarán a cabo en un futuro próximo.
“Nos llamó poderosamente la atención cómo eran desconocedores del asunto y de la trascendencia. Siempre habían dado por hecho que los afectados estaban conformes con todo por cuanto se avalaba la Ley de Presupuestos de 2017 por los sindicatos”, afirma Martos. El encuentro no fue demasiado positivo porque la idea que sustrajo el abogado no deja en buen lugar al Ejecutivo Central.
“Se nos trasladó que, en números, para el Gobierno y la Administración, el hecho de que muchos longevos suspendan y vayan a la calle, es más rentable que mantenerlos”, explican desde ANIL.
De hecho, el Gobierno ya ha hecho un primer cálculo de lo que pueden costar las indemnizaciones. Y la conclusión es que si las reclamaciones no son muchas al Ejecutivo puede sopesar la rentabilidad de las mismas en términos macroeconómicos. Las previsiones apuntan a que en dos años se habría amortizado el gasto. “Ciertamente si todos reclamaran el problema sería otro, pero hasta el 17 de mayo de 2018 no han sido conscientes de la importancia y transcendencia social del tema comprometiéndose a crear mesas de estudio”, afirma Martos.
El abogado también ha sido el encargado de poner sobre la pista a la Unión Europea sobre el problema con la temporalidad en España. La Comisión impuso una multa de cien millones de euros al Ejecutivo Central. ¿El motivo? El abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes, consideradas por el TJUE contrataciones “en fraude de ley”.
MONTORO NO TITUBEA ANTE LA PRESIÓN DE EUROPA
Lo cierto es que el ‘multazo’ cayó como agua fría en el Ministerio de Hacienda. Montoro comenzó a mirar a las mermadas arcas públicas y suplicó una prórroga de la sanción a la Unión Europea. Al final, esta última acepta el aplazamiento, pero con una única condición: que el Estado garantice la estabilidad de sus trabajadores interinos.
Lo que pasa es que la picaresca española no tiene límites. Porque como dice el refrán: hecha la ley hecha la trampa. En marzo de 2017, Montoro firmó un acuerdo con los sindicatos para mejorar la oferta de empleo público. El objetivo de este pacto firmado con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CCOO) era reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública del 23% al 8%.
Con lo que pocos contaban es que la artimaña de Montoro contará con la complicidad y el beneplácito de los organismos autonómicos y municipales. Son precisamente estas administraciones las que más interinos tienen en sus plantillas.
Lo cierto es que a efectos legales MontERE –así le llaman muchos de los afectados por esta medida- cumple con la petición de la Unión Europea de regular el empleo público, pero a costa de los trabajadores temporales. Es decir, las nuevas plazas fijas no son para los interinos que llevan años desempeñando estas funciones.
De momento, las oposiciones –si finalmente se celebran porque la demanda no llega a buen puerto- estarán abiertas a todos los ciudadanos, pero se tendrá en cuenta y se computará el tiempo que se lleve trabajando para una administración pública, según la versión del Gobierno Central. Esta fórmula permitirá, que no garantizará, que los interinos se hagan con una plaza fija. Es decir, el Ejecutivo intenta con esta medida dar prioridad a los interinos sobre el resto de competidores para hacerse con la plaza.
Pero la realidad para Martos y sus representados es bien distinta. “Tengo un interino en Granada con más de 30 años en el puesto. Además de obligarle a aprobar las oposiciones se le limita a diez años la experiencia y la nota del examen cuenta un 60%. Por lo tanto, ¿dónde está la ventaja? “, se preguntaba Martos hace menos de dos semanas en MERCA2.
