Ignacio Galán no ha ido a la junta de accionistas de Iberdrola a repasar las cuentas. Ha ido a colocar una mina bajo uno de los consensos más sólidos del sector eléctrico español: la red de transporte es cosa de Redeia y el Estado. La propuesta de escindir Red Eléctrica, separar la gestión de las líneas de alta tensión de la operación del sistema y abrir esa infraestructura al capital privado ha sido el misil político y regulatorio de la mañana. Galán, con el 98% de los votos a favor de su gestión, ha utilizado el altavoz de la junta para decir en público lo que en los despachos ya se rumiaba desde el gran apagón.
La idea no es nueva en Europa, pero sí explosiva en España. Una privatización de las líneas de alta tensión —aunque Iberdrola evita el término y prefiere hablar de «competencia»— cambiaría la arquitectura del sistema eléctrico y el negocio de transporte que hoy tiene en exclusiva Redeia, sociedad cotizada participada en un 20% por el Estado. La propuesta introduce de lleno la disputa sobre si el monopolio de Red Eléctrica está justificado por razones técnicas o si es una barrera heredada que lastra la inversión en redes.
La propuesta de Galán: escindir Red Eléctrica y abrir la alta tensión al capital privado
Galán pidió ayer una «escisión clara y nítida» de las dos funciones que conviven bajo el paraguas de la antigua REE —ahora Redeia—: la operación del sistema, que es un servicio público, y la inversión y gestión de las redes de transporte, que es un negocio puramente regulado pero rentable. «En ninguno de los países en los que tenemos redes eléctricas se da esta situación», subrayó ante los accionistas. Iberdrola maneja redes de distribución en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, y aspira a entrar en el negocio de alta tensión español en igualdad de condiciones con el actual monopolista.
El trasfondo es la batalla regulatoria que se libra en Bruselas y en los foros de ACER: la Comisión Europea quiere más inversión en redes para acompañar el despliegue renovable, y ve con buenos ojos modelos en los que varios operadores compiten por construir y mantener líneas de transporte —el llamado modelo merchant— siempre que se garantice la seguridad del sistema. La cuestión es si España está dispuesta a romper su modelo integrado.
La CNMC ya ha empezado a allanar el terreno. Hace unos días publicó un informe en el que reclamaba una separación más estricta de los negocios dentro de Redeia, apuntando riesgo de conflicto de intereses entre la operación del sistema y la gestión de activos. Galán ha recogido ese guante y lo ha lanzado a la arena política. Sabe que sin respaldo del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la escisión de la red de transporte no avanza. Pero el debate ya está abierto.
Galán ha ido más allá de las cuentas: su junta pone el foco sobre una estructura de red que ningún ejecutivo ha desafiado desde la liberalización.
El choque con Redeia y la CNMC: ¿hacia un nuevo modelo?
Redeia, con un 20% de capital público y el resto en manos de inversores institucionales, niega que exista conflicto alguno entre sus dos patas de negocio. Defiende que el modelo actual garantiza la seguridad del suministro, evita la duplicidad de infraestructuras y permite una planificación centralizada que otros países envidian. Los sindicatos de la compañía ya han advertido de que una eventual segregación pondría en riesgo la operación del sistema en momentos de tensión, justo lo ocurrido durante el gran apagón que aún colea en los tribunales.
Sin embargo, el frente de las grandes eléctricas se ha ido ensanchando. Endesa y Naturgy siguen con cautela el movimiento de Galán, aunque fuentes del sector afirman que comparten el diagnóstico: el monopolio de la alta tensión limita la competencia y encarece la inversión en redes, en un momento en que hace falta acelerar para evacuar la potencia renovable. Redeia se defiende con las cifras de inversión, que en los últimos cinco años superan los 6.000 millones de euros, pero sus críticos replican que la planificación no sigue el ritmo de los proyectos eólicos y fotovoltaicos que esperan enchufe.
Iberdrola tiene abiertos varios contenciosos con Redeia por el apagón y por discrepancias en la conexión de sus nuevas plantas. La junta de ayer demostró que la disputa ha escalado de lo técnico a lo estratégico. «No es comprensible que en España se impida la participación privada en redes de transporte mientras las comercializadoras compiten hasta por el último céntimo del kWh», señaló un alto directivo de la eléctrica en los márgenes de la reunión. El mensaje ha llegado al Ministerio para la Transición Ecológica, que guarda silencio por ahora.
La CNMC ha puesto el cascabel, Galán lo ha agitado y ahora el Gobierno tendrá que decidir si la alta tensión sigue siendo territorio exclusivo del Estado o se abre a la inversión privada.
Análisis: ¿privatización o competencia? Lo que está en juego en la red de transporte
Conviene no confundir competencia con venta de activos. Lo que Galán propone no es exactamente una privatización de líneas de alta tensión al uso —no pide que Redeia venda sus torres y subestaciones— sino que se permita a otras empresas construir, poseer y operar nuevas líneas de transporte, en competencia con Red Eléctrica. En el sector esta figura se conoce como merchant transmission y ya se aplica en tramos muy concretos de Estados Unidos, Reino Unido y Chile, con resultados desiguales.
El potencial de esta apertura, sin embargo, es enorme. Si España desbloqueara la alta tensión, Iberdrola podría destinar miles de millones a tender líneas donde más falta hacen, acelerando la evacuación de energía renovable y reduciendo los vertidos. Pero los riesgos son igual de importantes. Una red gestionada por varios actores exige una planificación centralizada mucho más sofisticada y un regulador con dientes para evitar el sobrecoste que pagaría el consumidor eléctrico.
La CNMC parece dispuesta a asumir ese papel, pero el Gobierno tendrá que valorar si el coste político merece la pena. Tocar la red de transporte en España es abrir el melón de un sistema que, con sus defectos, ha funcionado durante décadas y ha mantenido las luces encendidas incluso en crisis graves. Este análisis no cree que el Gobierno se lance antes de las próximas generales, pero sí que usará los meses siguientes para sondear al sector y a Bruselas. Lo que sí está claro es que Ignacio Galán ha colocado el balón en el centro del campo. Y que este partido acaba de empezar.
