Vox ha registrado una enmienda para convertir en opcional la baliza V-16 de preseñalización de peligro, que desde el 1 de enero de 2026 es obligatoria en todos los vehículos y cuyo incumplimiento ya está siendo sancionado con multas de hasta 80 euros. La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se cuela en la tramitación de la ley socialista que endurece las penalizaciones por aparcar en plazas reservadas para personas con discapacidad, y ataca directamente la decisión de la Dirección General de Tráfico de imponer este dispositivo conectado.
Con la enmienda, los triángulos de emergencia de toda la vida recuperarían su vigencia sin fecha de caducidad y la conectividad con los sistemas de detección de la DGT dejaría de ser un requisito. Una vuelta atrás que, de prosperar, eliminaría de un plumazo la obligación que ya pesa sobre millones de conductores y flotas empresariales. La multa actual por no llevar la baliza asciende a 80 euros, reducidos a 40 si se abona de inmediato, mientras que la señalización incorrecta de una avería puede elevar la sanción hasta los 200 euros.
Triángulos de emergencia sin fecha de caducidad
El texto presentado por Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como «alternativa» a los triángulos, «sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026». Además, «no será exigible su conectividad con los sistemas de detección de la DGT» ni la geolocalización del dispositivo, lo que permite seguir usando los modelos más básicos y baratos. Los triángulos, por su parte, «podrán continuar utilizándose sin limitación temporal».
Vox justifica su propuesta en la falta de evidencia científica independiente sobre la eficacia real del sistema conectado. El partido cita las dudas expresadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que se ha inclinado por la complementariedad en lugar de la obligatoriedad, y recuerda que la baliza V‑16 es la única de este tipo exigida en la Unión Europea. No se entiende que el Gobierno descarte la opción de que el conductor decida voluntariamente si incorpora la baliza o continúa con los triángulos reflectantes», señala la enmienda.
Una medida exclusiva de España que Bruselas no respalda
La Comisión Europea ha dejado claro que no existe normativa comunitaria que regule estos dispositivos, por lo que cada Estado miembro tiene libertad para establecer sus propias reglas. En respuesta a tres iniciativas del Parlamento Europeo, un alto funcionario subrayó que el Gobierno español se ampara en el Convenio de Viena sobre tráfico viario, que permite definir nuevos medios para garantizar la seguridad. «No se ha infringido la legislación europea», afirmó, descartando cualquier incompatibilidad con el derecho de la UE.
Esa respuesta da cobertura legal a la imposición actual, pero deja intacto el debate sobre su pertinencia. La obligación entró en vigor hace meses y, según las asociaciones de conductores y talleres, la mayoría de de los vehículos ya ha sustituido los triángulos por una baliza que cuesta entre 40 y 60 euros. El gasto, repartido entre hogares y flotas, ha inyectado decenas de millones al mercado de accesorios de automoción, pero no ha traído consigo todavía un estudio de siniestralidad que demuestre que las señales conectadas reducen atropellos en arcenes.
La imposición de la baliza V‑16 conectada añade un coste de entre 40 y 60 euros a cada vehículo sin que exista evidencia concluyente de que mejora la seguridad vial.
Análisis: una regulación que tensa el bolsillo del conductor
La propuesta de Vox reabre una discusión que va más allá del gadget: ¿hasta qué punto debe el regulador imponer un dispositivo cuyo beneficio no está contrastado con datos abiertos? La DGT argumentó que la conectividad permite que los centros de control conozcan en tiempo real la posición exacta de un vehículo detenido, algo valioso en autovías y condiciones de baja visibilidad. Pero los críticos señalan que los arcenes siguen siendo mortales incluso con la baliza, porque el factor determinante es la velocidad de los vehículos que se aproximan.
El historial de la V‑16 ilustra una tendencia recurrente: normas que se adoptan con urgencia sobre la base de promesas tecnológicas y después se topan con el escepticismo de los usuarios. En 2021 el Gobierno presentó la baliza como un salto de seguridad; hoy, tras el cambio de ciclo político y con cientos de miles de dispositivos vendidos, nadie en el Ejecutivo puede ofrecer una cifra de accidentes evitados. La enmienda de Vox, aunque difícil de prosperar en el actual equilibrio parlamentario, sirve al menos para forzar un debate que la DGT evitó: el de la voluntariedad.
Y mientras, el conductor de a pie ya ha pagado el dispositivo. Lo siguiente será saber si el Congreso está dispuesto a devolverle la libertad de elegir, o si la baliza conectada se queda para siempre como la marca de una prisa regulatoria que costó 50 euros por vehículo y que, de momento, ningún vecino europeo ha querido copiar.
