13.618 millones de euros. Esa es la cifra que el Ministerio de Hacienda ha reservado en la Cuenta General del Estado de 2025 para indemnizar litigios que la Administración ya ha perdido, un pasivo contingente que tensa las cuentas públicas de España y que llega justo cuando el mercado de deuda vuelve a mirar el déficit con lupa.
Una provisión que equivale a todo el plan inversor de Transportes
La Cuenta General del Estado de 2025 acaba de llegar al Tribunal de Cuentas y en sus páginas aparece un número difícil de digerir: 13.618 millones de euros en provisiones por indemnizaciones derivadas de procedimientos judiciales y arbitrajes perdidos. Para dimensionarlo, esa cuantía equivale a todo el presupuesto anual del Ministerio de Transportes destinado a inversiones en redes estatales.
El caso más reciente tiene nombre propio: a lo largo de este año el Estado ha tenido que abonar 300 millones de euros a Endesa por haber regulado deficientemente los costes de los combustibles en la generación eléctrica de los territorios no peninsulares. No es una excepción. Es el patrón.
La lista de derrotas crece cada trimestre.
La lentitud de la Justicia española explica por qué buena parte de ese dinero corresponde a errores de gabinetes anteriores, los de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, aunque también los hay ya del Ejecutivo actual. Un contencioso puede tardar una década en resolverse: lo que se provisiona hoy es, en muchos casos, una factura emitida hace doce años.
Provisionar no es pagar, pero ambas cosas salen del mismo bolsillo: el contribuyente acaba financiando dos veces la misma regulación mal diseñada.
Carburantes, renovables y financiación autonómica: el mapa de las derrotas
Casi la mitad de la provisión corresponden a las devoluciones a usuarios de carburantes por el fallido tramo autonómico de la Ley de Hidrocarburos que diseñó Cristóbal Montoro, que permitía a las comunidades aplicar tipos distintos al gasóleo y a la gasolina. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2024 que aquello contravenía la directiva de impuestos homogéneos e instó la devolución de lo cobrado indebidamente en la década anterior. Hacienda ha provisionado 6.500 millones tras esa derrota; en lo que va de 2026 ha abonado 317 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
El segundo bloque son los 2.943 millones provisionados por responsabilidad patrimonial en arbitrajes internacionales. El Estado acumula derrotas en los pleitos contra los grupos energéticos por el recorte de las primas a las renovables, una medida que persiguió contener el déficit de tarifa pero que tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica están resolviendo a favor de los demandantes, con embargos de bienes públicos incluidos.
El propio Ejecutivo actual carga con su mochila. Hay 1.540 millones reservados por los recursos de comunidades autónomas contra las liquidaciones de los sistemas de financiación autonómica de 2021, 2022 y 2023, ejercicios en los que la responsable de Hacienda era María Jesús Montero. A eso se suman 1.480 millones por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas de telefonía móvil, después de que Vodafone y Orange lograran sentencias favorables en Luxemburgo.
Y a la Administración Central hay que añadir las empresas públicas. Solo Adif Alta Velocidad mantiene 671 millones reservados por riesgos de obras de inversión instados por contratistas y por expropiaciones.
Del impuesto a la banca al almacén Castor: la factura aún no contabilizada
Lo provisionado es solo la parte visible. Quedan por cuantificar el futuro del impuesto a la banca y a las energéticas, las liquidaciones finales de las autopistas de peaje rescatadas y el almacén Castor, entre otros frentes. A mi juicio, aquí está la clave que el mercado todavía no ha interiorizado: no estamos ante una sucesión de tropiezos puntuales, sino ante un problema de diseño institucional. Se legisla deprisa, con vocación recaudatoria y sin el filtro técnico que exige el Derecho europeo.
El resultado es una factura que se paga dos veces. Primero, porque el impuesto se repercute en los precios que fijan las empresas. Después, porque el Estado devuelve lo cobrado con intereses cuando el tribunal de turno da la razón al afectado. El arbitraje internacional, con embargos de bienes incluidos, ha convertido ese mecanismo en una fuente de riesgo reputacional para la deuda española que rara vez aparece en los titulares.
Una provisión de 13.618 millones no rompe el balance del Estado, pero alimenta la sospecha de que cada tasa mal calibrada acaba en indemnización con intereses.
Hay una lectura de mercado. La provisión, si se compara con un producto interior bruto que ronda los 1,6 billones de euros, roza el 1% del PIB. No es una cifra que descarrile la trayectoria de la deuda pública, pero sí es un argumento incómodo cuando el Tesoro sale a colocar papel y los inversores preguntan por el déficit estructural. La prima de riesgo no se mueve por una provisión contable. Se mueve cuando el supervisor de cuentas constata que ese pasivo no deja de crecer.
La condición que conviene vigilar es concreta. Cuando Hacienda remita la Cuenta General de 2026 al Tribunal de Cuentas, previsiblemente a finales de 2027, se verá si el pasivo se estabiliza o si el impuesto a la banca y el Castor añaden un tramo nuevo. Un dato, además, que llegará en plena negociación presupuestaria y con varias comunidades autónomas reclamando liquidez.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: No hay un valor del IBEX 35 que recoja directamente el anuncio; el impacto se desplaza al mercado de deuda, donde el Tesoro afronta las próximas subastas con un pasivo contingente de 13.618 millones sobre la mesa. Cada sentencia que se formalice se suma al calendario de emisiones.
Clave técnica: El tramo de carburantes es el más sensible al calendario judicial. De los 6.500 millones provisionados, en 2026 se han abonado 317 millones; si el Supremo acelera la formalización de sentencias, el ritmo de salida de caja se duplica y presiona al alza el programa de financiación del Estado.
Apunte macro: La provisión equivale a todo el presupuesto de inversiones en redes estatales de Transportes y roza el 1% del PIB. Con la deuda pública en el entorno del 100% del producto interior bruto, cualquier pasivo que crezca sin techo termina trasladándose a la prima de riesgo.
