La multa que la CNMC nunca llegó a imponer a Endesa tiene precio: cinco años de compromisos vinculantes. La Sala de Competencia del supervisor cerró el pasado 20 de octubre el expediente abierto contra Edistribución, la mayor distribuidora eléctrica de España, con una terminación convencional que evita la sanción económica y obliga a la filial del grupo Enel a blindar por contrato la separación entre su negocio regulado y su rama comercializadora.
El desenlace, adelantado por Cinco Días, deja al grupo sin penalización directa en uno de los procedimientos más complejos tramitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el sector energético. No es un archivo limpio. Es un intercambio: la compañía se queda sin multa y, a cambio, hipoteca su gestión operativa durante los próximos cinco años a la vigilancia del regulador.
El marco que se ha esquivado no era menor. La Dirección de Competencia investigaba posibles infracciones muy graves por abuso de posición de dominio, conductas castigadas con sanciones de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora. La multa potencial no estaba acotada por una cifra fija, sino por el tamaño del grupo. Con ese denominador, el rango teórico se movía en el terreno de las nueve cifras.
Qué ha firmado Edistribución para cerrar el expediente sin multa
La resolución del organismo presidido por Juan José Ganuza no declara acreditada la existencia de infracción alguna ni impone sanción a Edistribución, según subrayan fuentes de la compañía. Para el supervisor, los ocho compromisos presentados bastan para eliminar los problemas de competencia detectados y preservar el interés público. La terminación convencional tiene una consecuencia jurídica precisa: no hay culpable declarado, pero tampoco hay una absolución plena. El expediente se cierra sin calificación.
El paquete asumido es estructural, no cosmético. La distribuidora suprime de forma definitiva cualquier canal prioritario, implanta un protocolo de comunicaciones que trata a todas las comercializadoras en igualdad de condiciones y crea nuevos establecimientos presenciales de atención al público separados física y operativamente de las oficinas comerciales de la matriz Endesa. A eso se añaden auditorías internas y externas sobre sus sistemas de información y un refuerzo de las cláusulas de confidencialidad con contratistas.
La distribuidora conserva el monopolio de la red, pero pierde la capacidad de usarlo como ventaja comercial. Ese es el intercambio real.
El calendario también pesa. Los compromisos son vinculantes y quedan bajo seguimiento del supervisor durante cinco años, un horizonte que se extiende hasta bien entrado 2031. En ese periodo, cualquier incumplimiento reabre la vía sancionadora con el expediente ya instruido y la prueba ya recopilada. La propia compañía resume el resultado en términos de estanqueidad: ‘el conjunto de los compromisos asumidos resulta adecuado para reforzar la separación efectiva entre las actividades reguladas y liberalizadas del grupo Endesa’.
Un archivo convencional no cierra el caso: lo convierte en un contrato con fecha de caducidad y cláusulas de vigilancia.
De las inspecciones de junio de 2023 a los 22 CUPS de Roquetas de Mar
El origen del expediente se remonta a junio de 2023, cuando la Dirección de Competencia entró en las sedes corporativas de Endesa en Madrid y Zaragoza. La visita respondía a una oleada de denuncias de comercializadoras independientes que llevaban meses señalando lo mismo: la filial libre del grupo disponía de una puerta más rápida que la suya para resolver altas, cambios de potencia y expedientes de autoconsumo ante la distribuidora.
Las pesquisas se articularon en torno a dos conductas. La primera, un canal de comunicación directo y exclusivo mediante buzones específicos que, entre octubre de 2019 y junio de 2023, permitió a Endesa Energía tramitar incidencias y reclamaciones con lo que el expediente describe como ‘una visión de grupo. La segunda, el uso de información comercialmente sensible de la distribuidora por parte de la fuerza de ventas de la comercializadora.
El material probatorio más contundente llegó de Factor Energía, la comercializadora del grupo japonés Marubeni dirigida por Emili Rousaud. La compañía aportó las conclusiones de una investigación encargada a la agencia de detectives Intelligence Bureau, acompañada de grabaciones en vídeo recabadas en oficinas comerciales de Barcelona, Sabadell, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Granada.
Según la documentación examinada por Competencia, los vendedores de Endesa accedieron de forma continuada a datos reservados de la distribuidora —códigos CUPS e identidad de clientes de rivales— para lanzar campañas de captación selectiva. La denuncia acreditó el acceso indebido a información de 22 puntos de suministro en Roquetas de Mar (Almería). En una de las grabaciones, el responsable territorial de Andalucía Oriental y Canarias de Endesa Energía admitió ante un agente encubierto que disponían de una herramienta conectada a la base de datos de la distribuidora para filtrar clientes de la competencia por código postal, edad y fecha de contrato.
El detalle geográfico no es menor. El acceso privilegiado aparecía en las zonas donde Edistribución opera el monopolio de red —Cataluña, Aragón y Andalucía—, pero no en Madrid, donde el distribuidor es otro. La correlación entre el mapa del monopolio y el mapa del uso indebido de datos es lo que convirtió una queja comercial en un caso de competencia.
Lo que Endesa compra y lo que el regulador deja de vender
La comparación con el precedente inmediato del sector explica el cálculo. En mayo de este año, la CNMC archivó el expediente incoado contra UFD, la distribuidora de Naturgy, por presunta deslealtad en la gestión de incidencias: consideró acreditado que aplicaba criterios objetivos de priorización por antigüedad y que sus canales prioritarios estaban abiertos a rivales. En un procedimiento paralelo por abuso de posición de dominio, en cambio, Naturgy no pudo evitar una sanción de cinco millones de euros.
Endesa ha elegido otro camino: pagar en compromisos lo que no paga en caja. La decisión tiene lógica económica. Una multa se cuantifica, se provisiona y se recurre; un paquete de remedios estructurales, en cambio, se diluye en la operativa diaria y no aparece como línea negativa en la cuenta de resultados. El coste existe, pero es difuso: oficinas nuevas, protocolos, auditorías, formación, y un equipo dedicado a demostrar cada año que se cumple lo firmado.
Ahí está el riesgo que el expediente deja abierto. Los compromisos actúan sobre los canales y sobre la separación física, que es lo visible. No inciden, en cambio, sobre el incentivo económico que originó el problema: mientras la distribuidora y la comercializadora compartan grupo, el dueño de la red y el dueño del cliente seguirán teniendo algo que ganar con la información del otro. La estanqueidad se sostiene sobre sistemas, auditorías y cláusulas de confidencialidad. Y todo eso se puede cumplir al pie de la letra sin que desaparezca la asimetría de fondo.
Para las comercializadoras independientes, el resultado es agridulce. Ganaron el fondo del asunto —el supervisor admite que había problemas de competencia que había que eliminar— pero no habrá sanción que sirva de precedente económico. La señal que recibe el mercado es que la discriminación en el acceso a la información de la red se corrige con compromisos, no con multas proporcionales al daño. Para el consumidor, el efecto es más prosaico: menos demoras en altas y cambios de potencia, y oficinas donde no debería ser posible que se mezcle la gestión de la red con la venta de electricidad.
El punto de control llegará antes de lo que parece. Los compromisos son quinquenales y el supervisor tiene obligación de verificar su cumplimiento, con auditorías internas y externas que dejarán rastro documental. La pregunta que queda flotando es qué ocurre si dentro de tres o cuatro años una inspección detecta que el canal prioritario no desapareció, sino que cambió de forma. El expediente está cerrado. La vía para reabrirlo, también está definida.
El sector mira ahora al siguiente movimiento del regulador, que tiene pendiente de aclarar si la terminación convencional se consolida como vía preferente en los casos de separación de actividades o si vuelve a la sanción cuando el daño esté documentado con vídeos y denuncias. Endesa, mientras tanto, sigue operando la mayor red de distribución del país sin haber pagado un euro de multa. Lo que ha firmado vale menos en el balance y mucho más en la gestión diaria.
