La CNMC prorroga su contrato de luz con Iberdrola hasta 2027 por 390.797,78 euros, impuestos incluidos.
El organismo que vigila la competencia en los mercados energéticos extiende así un año más el suministro eléctrico de su sede central, en el número 47 de la calle Alcalá, en Madrid. La cobertura arranca el 1 de enero de 2027 y se cierra el 31 de diciembre de ese mismo ejercicio. La comercializadora que atenderá el servicio es Iberdrola Clientes.
La CNMC prorroga el contrato con Iberdrola por 390.797 euros
El expediente desglosa la cifra con precisión de auditoría. La base imponible asciende a 322.973,37 euros y los impuestos suman 67.824,41 euros. Nada fuera de lo habitual en una licitación pública. La letra pequeña aparece en el calendario contable: la resolución distribuye 358.231,30 euros con cargo al ejercicio 2027 y otros 32.566,48 euros a 2028.
El reparto no es un error. Responde al desfase natural entre la prestación del servicio y el pago efectivo de las últimas facturas del año, que se liquidan en el ejercicio siguiente. Un detalle administrativo que, sin embargo, ayuda a dimensionar el contrato: el consumo de una sede administrativa de estas características se mueve en el entorno de los cientos de miles de euros, no en los millones.
La historia arranca antes. Iberdrola Clientes resultó adjudicataria del procedimiento original el 2 de diciembre de 2025, también por 390.797,78 euros. Aquel pliego contemplaba de forma expresa la posibilidad de ampliar la duración, y la CNMC ha ejercido esa opción. La contratación se canaliza a través del Acuerdo Marco 23/2024 para el suministro de energía eléctrica, dentro del lote de la Península, el mecanismo que permite a los organismos públicos comprar electricidad mediante un sistema centralizado.
El momento elegido para cerrar la prórroga no es neutro. El mercado mayorista atraviesa una fase de precios altos, con el megavatio hora por encima de los 210 euros de media en las referencias que maneja el sector. Fijar el coste ahora, con el pool en escalada, funciona como un seguro. La administración se aísla de las subidas que llegarían en los próximos meses.
El contrato se firma con el pool en máximos y un importe idéntico al de hace un año: la CNMC se protege del mercado, pero también renuncia a beneficiarse de una eventual caída.
Hay una segunda lectura, menos cómoda. La CNMC es el organismo que supervisa el funcionamiento del mercado eléctrico, sanciona prácticas anticompetitivas y vigila a las grandes comercializadoras. Y a la vez es clienta de la mayor eléctrica del país. La situación no es irregular ni excepcional —todas las administraciones compran a través del mismo acuerdo marco—, pero el simbolismo pesa. El regulador firma con el regulado. Sus competencias y funciones de supervisión pueden consultarse en la web institucional del organismo.
La coincidencia no implica conflicto, aunque deja al supervisor comprando electricidad a la empresa que supervisa con un nivel de detalle público muy limitado.
Conviene subrayar un punto que la resolución deja en el aire. El documento no especifica el volumen de electricidad contratado ni el precio por megavatio hora. Sin esos dos datos, cualquier comparación con el mercado resulta especulativa. Se conoce el gasto total, no el coste unitario. Y sin coste unitario no hay forma de saber si los 390.797,78 euros representan una compra inteligente o una prima de tranquilidad.
Qué implica para el precio de la luz y para el supervisor
Para el consumidor doméstico, el contrato no cambia nada. Los 390.797,78 euros de una sede administrativa no mueven el PVPC ni la tarifa regulada. La cifra es una gota dentro de un mercado mayorista que se mide en miles de millones.
Para el sector, en cambio, la prórroga funciona como un termómetro. Cuando el comprador público blinda precio a doce meses vista, está descontando que la volatilidad no va a desaparecer. La Administración no compra electricidad al pool cada hora; firma un precio fijo y se cubre. Esa lógica, replicada en cientos de contratos públicos, explica por qué los pliegos del acuerdo marco se han convertido en un indicador tan seguido por las comercializadoras.
El Acuerdo Marco funciona como una subasta agregada. Las comercializadoras pujan por lotes —Península, Canarias, Baleares— y los organismos adheridos compran a ese precio sin licitar cada uno por separado. El sistema ahorra costes administrativos, aunque diluye la capacidad de negociación individual. Un ministerio con un edificio consume poco; cien organismos juntos pesan más. Esa lógica cooperativa permite a la CNMC cerrar la prórroga sin abrir un procedimiento nuevo.
El detalle del importe invita a otra reflexión. La prórroga replica exactamente la cifra de la adjudicación de 2025. Ni un euro de diferencia en un año en que el pool ha escalado. Eso admite dos interpretaciones. La primera: el precio original ya incorporaba una prima suficiente para absorber la volatilidad. La segunda: la revisión se ha hecho sobre el mismo importe por razones administrativas y el desglose real se ajustará con las liquidaciones. La resolución no aclara cuál de las dos es cierta.
La firma del documento corresponde a Paloma Rosado Santurino, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, una vez recabados los informes y autorizaciones preceptivos. El texto precisa que la tramitación es anticipada, de modo que la ejecución económica queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Un formalismo que, en la práctica, blinda el suministro: la CNMC no se queda sin luz en enero.
El blindaje a precio de 2025 que deja una pregunta abierta
La compra pública de energía dejó de ser un trámite hace años. Desde la entrada en vigor del acuerdo marco, ministerios, organismos y agencias contratan electricidad bajo un paraguas común que les permite fijar precio y reducir la exposición al mercado diario. La CNMC no ha inventado nada. Ha usado la herramienta que tiene a mano, y lo ha hecho con antelación suficiente para no depender del pool en el peor momento del ciclo.
Ahí está el acierto. Y ahí, también, la contradicción. El mismo organismo que recomienda prudencia regulatoria y advierte contra los picos de precio se está protegiendo de esos picos con un contrato a tipo fijo. No hay ilegalidad alguna: es una decisión de gestión razonable. Pero conviene no perder de vista que la CNMC no publica el precio unitario al que compra. Cuando el regulador predica transparencia sobre las tarifas del resto, el detalle de su propia factura pesa.
La comparación con el sector privado tampoco es sencilla. Una empresa industrial con el mismo consumo firma a plazo y negocia indexados; una administración tiende al precio fijo porque su presupuesto es anual y no admite sorpresas. Los dos enfoques son racionales. El problema surge cuando el regulador que vigila las reglas del juego elige el mismo tipo de contrato que las comercializadoras a las que audita y no publica el precio unitario. La asimetría informativa se vuelve incómoda.
El riesgo evidente no es el coste. Es la lectura simbólica. Cada vez que se publica un contrato de este tipo, el debate sobre la independencia de los supervisores vuelve a la superficie. La respuesta institucional suele ser la misma: el procedimiento es reglado, concurrencial, y auditado. Cierto. También es cierto que la coincidencia entre supervisor y suministrador, en el sector más vigilado de la economía, merece algo más que un párrafo en un pliego.
Lo que queda por ver ocurrirá dentro de un año. Cuando arranque el ejercicio 2027 y el mercado marque los primeros precios trimestrales, se podrá calcular si los 390.797,78 euros fueron un seguro barato o una prima cara. Para entonces, la CNMC ya habrá renovado o no, y el pool habrá dictado su veredicto. Los precios del mercado diario que publica OMIE darán la respuesta con precisión de céntimo.
Cuentas claras.
