sábado, 14 diciembre 2024

La PAH celebra la moratoria de cuatro años para desahucios y el «alivio» que supone para los inquilinos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha celebrado la intención del Gobierno de incluir los desahucios por impago de alquiler en una nueva moratoria de desahucios durante cuatro años, ya que supone un «alivio» para todas las personas hipotecadas e inquilinos.

Según la plataforma, esta decisión del Ejecutivo es «consecuencia directa» de la campaña de presión que inició el pasado 21 de febrero llamada ‘#ViviendaPorDerecho’, así como de todos los colectivos «que luchan por garantizar el derecho a una vivienda en todo el Estado».

La PAH defiende que esta ampliación del acuerdo de Gobierno servirá para frenar, al menos, una parte importante de «la sangría» de 198 desahucios diarios que se producen en todo el país.

«Sin duda, esta noticia supone un alivio para todas las personas hipotecadas que hasta la fecha no sabían si se prorrogaría la moratoria hipotecaria, pero también para miles de inquilinos que, por primera vez, no verán truncados sus proyectos de vida por culpa de la especulación, que nos ha llevado a precios inasumibles que acaban con las familias en la calle», denuncia la plataforma.

No obstante, la PAH insiste en que no se han aprobado otras medidas que también considera «urgentes», como la paralización de los desahucios derivados de la ocupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad de viviendas vacías de entidades financieras o «fondos buitre», algo que tilda de «violación de derechos humanos».

Por ello, avanza que seguirá presionando hasta conseguir el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ya que el próximo 30 de abril vence el plazo dado a España por el comité de la ONU para el cumplimiento de las medidas propuestas.

Asimismo, propone la constitución de una mesa de diálogo interministerial por el derecho a la vivienda, en la que estén presentes también todas las organizaciones sociales «hasta conseguir modificar elementos estructurales que a día de hoy impiden que el derecho a la vivienda sea una realidad en el país».


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