EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros de este martes ha acordado partir en dos reales decretos ley el paquete de vivienda que el Gobierno aplazó en julio.
- ¿Quién está detrás? PSOE y Sumar, con Junts, Podemos y Esquerra como socios decisivos para la convalidación en el Congreso.
- ¿Qué impacto tiene? El reparto definitivo de medidas se conocerá cuando el Gobierno publique el articulado y arranque el reloj de 30 días en la Cámara baja.
PSOE y Sumar parten en dos los decretos de vivienda para salvar al menos un texto en el Congreso. El acuerdo se cerró este martes en un Consejo de Ministros que arrancó una hora tarde, con los dos socios llegando divididos a Moncloa y con el borrador bajo reescritura continua desde la semana anterior.
El objetivo es aritmético. Un solo real decreto ley —la norma de urgencia que el Gobierno aprueba sin pasar por el Parlamento y que el Congreso debe convalidar o tumbar en un plazo de 30 días— concentraba dos reales decretos ley de exigencias contradictorias entre los socios de investidura. Desde Junts hasta Podemos, cada grupo tenía su línea roja. Trocearlo permite que al menos uno salga adelante.
Qué entra en cada decreto y qué se queda en el limbo
A falta del texto final, el borrador que impulsa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incluye la prórroga de los contratos de alquiler, la prohibición a los fondos de inversión de comprar vivienda y bonificaciones fiscales para los caseros que bajen la renta. Son los diez puntos de Moncloa: protección ante los desahucios, regulación del alquiler de temporada, subida del IVA a los pisos turísticos, ayudas a la compra de primera vivienda para quien no puede costear la entrada y blindaje del parque estatal.
El principal escollo, según fuentes del Gobierno, era la exigencia de Sumar de regular el alquiler de habitaciones y blindar la prórroga automática de los contratos. La formación de Yolanda Díaz pedía dos años de extensión obligatoria; el ala socialista defendía uno. El borrador sí equipara el alquiler de habitaciones y el turístico a la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la iniciativa prospere, acusa al Ejecutivo de dar un volantazo de última hora y de romper el preacuerdo. Los catalanes sostienen que una prohibición generalizada de desahucios perjudica a los pequeños propietarios y recuerdan que ya votaron en contra, en mayo, de un real decreto similar que acabó tumbado en el Congreso.
Trocear el decreto no resuelve el fondo del problema: si los votos no están atados, dos textos pueden caer exactamente igual que cayó uno en mayo.
Quién bloquea la convalidación y con qué precio
Los números siguen sin salir. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tachó el decreto de ‘tomadura de pelo’ y rechazó trocear las medidas; si el Ejecutivo aprueba lo que considera un ‘parche’, su partido pedirá que se retire. El Sindicato de Inquilinas, la organización detrás de las protestas de la Puerta del Sol, ha insistido en en la renovación automática de todos los contratos hasta convertirlos en indefinidos y avisa de que ‘no aceptaremos un decreto-farsa’.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apeló a la ‘responsabilidad’ de los grupos parlamentarios en un acto de Expansión y KPMG. Sumar ha renunciado además a la expropiación del piso de Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada de su vivienda de renta antigua, ahora en manos de Urbagestión.
El precio medio del alquiler cerró agosto en 15,1 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual del 5,8%, según el último informe de Idealista. Entre junio de 2018 y agosto de 2026 la renta media se ha disparado un 45,3%. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, el stock de alquiler tradicional ha caído en las capitales que declararon zonas de mercado residencial tensionado (aquellas donde la administración topa el precio de la renta) y parte de esa oferta ha migrado al alquiler de temporada, fuera de la LAU.
La Ficha del Inversor
La métrica que ordena esta operación no es política, es de oferta. Un piso de 80 metros en una capital tensionada ronda los 1.200 euros mensuales a los precios actuales de Idealista, y la diferencia entre aplicar el tope del 2% a la renovación o dejar correr el IPC actúa directamente sobre el recibo anual del propietario.
A seis meses vista, la tendencia apunta a dos velocidades. Si el primer decreto se convalida en octubre, la paralización de desahucios para personas vulnerables y el tope del 2% entrarán en vigor con efectos desde su publicación; el segundo, el del alquiler de temporada, quedará atascado hasta que Junts y Podemos muevan ficha. El paquete apunta al inquilino que renueva y al comprador de primera vivienda sin entrada, no al inversor institucional, al que se le cierra temporalmente la compra.
El riesgo inmediato es de credibilidad legislativa. Un decreto troceado que se convalida a medias deja el peor escenario para el mercado: inseguridad jurídica sin efecto neto sobre el precio. El precedente de mayo demostró que el Gobierno puede anunciar medidas que nunca llegan a aplicarse, y la convalidación en el Congreso vuelve a ser la ventana crítica, con un plazo de 30 días que la anterior intentona agotó sin acuerdo.
Queda saber qué medidas viajan en cada texto. Y con ellas, si las zonas tensionadas vuelven a la agenda este curso o esperan otra legislatura.
