La Comisión de Industria del Parlamento Europeo (ITRE) aprobó el 10 de septiembre abrir el debate sobre separar a los gestores de redes eléctricas de la propiedad de los activos, un frente regulatorio que tensiona a Redeia y Enagás.
El texto respalda la revisión del Reglamento de redes eléctricas transeuropeas (TEN-e), pieza central del llamado Grid Package. Lejos de rechazar la propuesta previa de la Comisión Europea de crear un supervisor de las planificaciones nacionales de las líneas de transporte, la comisión parlamentaria va un paso más allá y plantea evaluar la figura de un planificador europeo independiente del propietario de la red.
La propuesta concreta habla de analizar la creación de una entidad europea permanente e independiente de los TSO —los operadores del sistema de transporte— que pudiera asumir determinadas funciones de planificación, hoy repartidas entre las asociaciones sectoriales Entso-e, Entso-g y Ennoh. El planteamiento no es inmediato: la medida se remite a la siguiente revisión del Reglamento, pero coloca en el centro del debate el doble papel de compañías como Red Eléctrica de España.
La justificación bebe del informe Draghi, que señala como una de las causas de la escasa integración del mercado energético europeo que entidades privadas con intereses comerciales desempeñen funciones regulatorias y que un mismo operador sea propietario de las infraestructuras y responsable, a la vez, de su operación y de su planificación.
Por ahora existe consenso en la tramitación para una supervisión europea de los TSO y de sus planificaciones, pendiente de desarrollo normativo. La metodología vinculante correspondería a ACER, la agencia de los reguladores energéticos, cuyo brazo español es la CNMC.
Bruselas admite un conflicto de interés estructural: quien planifica la red es, al mismo tiempo, dueño de los activos que esa planificación revaloriza.
Por qué el modelo de Redeia y Enagás queda en el aire
En la mayoría de los países europeos, los transportistas de alta tensión compatibilizan la función de operador del sistema con la de planificador. Cada seis años presentan sus propuestas de inversión en las redes de transporte, un calendario que arrastra inversiones millonarias en distribución y que acaba pagando el consumidor en los peajes de su factura. Red Eléctrica de España, integrada en Redeia, es el TSO eléctrico; Enagás ocupa la posición equivalente en el sistema gasista.
El accionariado español reduce, en teoría, el conflicto que denuncia el informe Draghi. Ningún privado puede superar el 5% del capital de Redeia: el Estado posee el 20% a través de SEPI y el resto de inversores son puramente financieros. La separación entre propiedad y gestión ya existe, aunque la planificación siga en manos del operador.
Desvincular la propiedad de las redes de la planificación implicaría, en la práctica, separar también al operador, que es quien formula la propuesta de inversiones. Fuentes del sector interpretan que el Parlamento está reconociendo conflictos de interés y apuntan a dos vías: agencias nacionales independientes coordinadas desde Bruselas o una entidad supranacional con funciones propias.
Tres modelos que marcan el precedente
| País | Propiedad del TSO | Movimiento reciente |
|---|---|---|
| Reino Unido | ESO, unidad de National Grid | El Estado asumió el control del operador por unos 730 millones de euros |
| Portugal | REN, con un 25% en manos de State Grid | El Gobierno estudia separar operación y planificación tras comprar un 13,7% a Pontegadea |
| España | Red Eléctrica (Redeia), Estado con el 20% vía SEPI | Sin decisión: el debate llega por vía del Reglamento europeo |
El precedente británico y portugués marca el camino
El debate no es teórico. El Reino Unido asumió el control de ESO, hasta entonces una unidad de National Grid, en una operación por la que el Estado pagó unos 730 millones de euros hace ahora dos años. Portugal ha elegido la vía intermedia: el Gobierno anunció este verano su intención de separar las funciones de operación y planificación de REN después de acordar con Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, la compra de un 13,7% del capital por razones estratégicas.
Portugal es el único socio comunitario con el TSO en manos privadas —un 25% corresponde al grupo chino State Grid—, lo que explica la sensibilidad política del movimiento. La ministra de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho, admitió en agosto que una reforma inspirada en el modelo británico está sobre la mesa, sin decisión tomada, y la idea cuenta con el respaldo de nombres como el expresidente del regulador luso, Vítor Santos.
Para el inversor en activos regulados, el riesgo no es la expropiación, sino el desplazamiento de la decisión de inversión. Si la planificación sale del TSO, la compañía deja de fijar el ritmo y el volumen del capex que engorda su base de activos retribuidos, principal sostén del beneficio de Redeia y del negocio regulado de Enagás. El informe Draghi apunta en esa dirección. Los trílogos entre Parlamento, Consejo y Comisión, que arrancarán cuando el Consejo fije su posición, serán el termómetro real de un cambio que hoy sigue siendo una hipótesis de trabajo.
España juega con una ventaja relativa. El Estado mantiene el control indirecto, y los accionistas privados carecen de intereses industriales en la red, lo que aleja el escenario de una nacionalización al estilo británico. Pero la aparición de un supervisor con poder sobre las planificaciones nacionales alteraría el reparto de poder en un sector donde cada ciclo inversor mueve miles de millones de euros.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La posición del Consejo de la UE y el arranque de los trílogos, que decidirán si el planificador independiente entra en el reglamento o queda para la siguiente revisión.
- Reacción del valor: El mercado no descuenta todavía un cambio de modelo; el castigo llegaría al fijarse el calendario regulatorio y revisarse la retribución de los activos.
- Precedente sectorial: La reforma británica de ESO y la separación en estudio en REN marcan la pauta que Bruselas podría replicar a escala comunitaria.
