EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado el Programa de Defensa del Vecino, con ayudas, orientación y asistencia jurídica para las comunidades que restrinjan los pisos turísticos en sus edificios.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, despliega su ofensiva contra las viviendas de uso turístico (VUT) en zonas tensionadas.
- ¿Qué impacto tiene? Las comunidades podrán elevar a tres quintos el umbral para vetar apartamentos y pleitear con respaldo municipal, pero sin cuantías ni presupuesto publicados.
Valencia estrena una vía para frenar los pisos turísticos después de que la justicia anulara su moratoria de licencias. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado el Programa de Defensa del Vecino, que combinará ayudas económicas, orientación administrativa y asistencia jurídica para las comunidades de propietarios.
Qué incluye el Programa de Defensa del Vecino y qué cuantías faltan
El plan, presentado durante el debate sobre el estado de la ciudad, se apoya en tres palancas. La primera son ayudas para que las comunidades creen o modifiquen sus estatutos e incorporen el requisito de los tres quintos, el umbral que permite impedir la apertura de un apartamento turístico en el edificio. La segunda es la orientación a los vecinos que no quieren VUT en su finca, con acceso facilitado a los expedientes municipales. La tercera es asistencia jurídica para quienes inicien acciones penales contra actividades molestas.
Catalá no detalló ni las cuantías ni el presupuesto del programa. Ese silencio deja la medida a medio armar: sin importe concreto, ninguna comunidad sabe a qué atenerse ni cuánto le costará la batalla. La estructura municipal y los canales de participación vecinal pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Valencia.
La nueva Ordenanza de Convivencia y el desplome del 32%
La alcaldesa aseguró que los apartamentos turísticos han caído un 32% en la ciudad, un descenso que atribuye en parte a la moratoria de licencias aprobada a principios de año. Conviene recordar que esa moratoria fue declarada nula por la justicia, de modo que el desplome responde más al enfriamiento del sector que al bloqueo administrativo.
Para el otoño, el consistorio prepara la Ordenanza de Convivencia, que prevé aprobar antes de que acabe el año. El texto prohibirá los grupos de más de 25 turistas con guía, 20 en el caso de Ciutat Vella, y pondrá coto a las despedidas de soltero y a las concentraciones en la vía pública que alteren el descanso vecinal entre las 22 y las 8 horas. La norma llega sin concretar cómo se sancionará.
Valencia descubre que el verdadero frente contra los pisos turísticos ya no está en las licencias, sino en los estatutos de cada comunidad y en los juzgados.
La misma comparecencia dejó otras cifras de calado: cuatro promociones con cerca de de 809 viviendas. Entre ellas, 59 de alquiler asequible en Quatre Carreres con casi 20 millones de presupuesto, 161 públicas en Patraix, 170 protegidas para jóvenes repartidas entre Ciudad Bella, Malva-rosa y Torrefiel, y 419 ligadas a la modificación del Plan Especial de La Torre tras la Dana, con aparcamientos en altura como medida antinundaciones.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume el giro es el desplome del 32% en apartamentos turísticos que exhibe el Ayuntamiento, un dato que el propio consistorio vincula a una moratoria que los tribunales anularon. Sin presupuesto publicado, el incentivo económico por comunidad queda indefinido; en la práctica, lo que más pesa no es la subvención, sino la asistencia jurídica puesta a disposición de los vecinos.
Tendencia a seis meses: con la Ordenanza de Convivencia en el horizonte y varios recursos judiciales previsibles, la presión sobre el alquiler turístico se desplazará del control de licencias al derecho privado de las comunidades. Madrid, Barcelona y Baleares llevan años ensayando fórmulas parecidas con resultados dispares, así que Valencia no inventa nada, solo cambia de trinchera. El riesgo es doble: que las ayudas queden sin dotación y que la ordenanza caiga en los tribunales como la moratoria.
Perfil recomendado: el propietario que vive en un edificio con VUT, el inversor con cartera turística y el comprador de vivienda habitual en zonas tensionadas. El destinatario del programa no es el gran tenedor, sino el vecino que decide en junta y que hasta ahora no tenía herramientas para pelear.
El pulso se dirimirá antes en los juzgados que en el salón de plenos. La próxima cita es la aprobación definitiva de la Ordenanza de Convivencia antes de fin de año, y con ella llegará la primera tanda de recursos de los propietarios de VUT. El Ayuntamiento ha decidido convertir a los vecinos en su guardia de corps urbanístico.
