4ChatGPT ya no podrá responder a preguntas sobre salud, política, derecho o religión sin un descargo previo
Desde el 29 de octubre de 2025, OpenAI ha cambiado las reglas del juego: ChatGPT ya no responde sobre salud, derecho o finanzas sin anteponer un descargo en el que se declara «no médico», «no abogado» o aclara que su respuesta no sustituye a un profesional. La compañía unificó sus tres políticas de uso en un solo documento que prohíbe la «asesoría personalizada que requiera licencia sin la participación de un profesional habilitado», lo que en la práctica significa que el modelo ya no interpreta una radiografía, diagnostica síntomas, redacta ni interpreta contratos ni recomienda inversiones concretas. No es un capricho corporativo: es la adaptación al Reglamento de IA europeo, que considera de alto riesgo estos usos, y a las guías de la FDA estadounidense. La frontera queda entre lo general y lo individual: explicar qué es la migraña o la Ley de Arrendamientos Urbanos sigue permitido; aplicarlos a tu caso concreto, ya no. Quien sube una analítica o pide una estrategia procesal se topa con la negativa y una advertencia de que consulte a un especialista.
El golpe afecta a los usos que más valoraban millones de usuarios: la consulta gratuita que evitaba pagar a un abogado o la segunda opinión médica sin cita previa. En Reddit, quienes gestionaban enfermedades crónicas o trámites legales con el chatbot lamentan perder ese «coste cero». Y Bruselas está detrás de todo: al clasificar ChatGPT como gran motor de búsqueda en línea al superar los 45 millones de usuarios mensuales en la UE, la Ley de Servicios Digitales le obliga a mitigar riesgos sistémicos como la desinformación electoral, el impacto en la salud mental o la vulneración de derechos fundamentales, bajo amenaza de multas de hasta el 6% de su facturación global. El Reglamento de IA añade otro frente: prohíbe inferir opiniones políticas o creencias religiosas a partir de datos biométricos, y la nueva política impide decisiones automatizadas de alto riesgo en educación, vivienda, empleo o inmigración sin revisión humana. El descargo previo es el paraguas legal de OpenAI; el coste práctico, lo asume el usuario.
