El intervencionismo de Trump en empresas ya coloca al Gobierno de EE.UU. en el capital de 30 compañías. He revisado el recuento del Instituto Cato y lo que veo es una cartera pública que alcanza los 27.000 millones de dólares desde junio del año pasado. La cifra no tiene precedentes recientes y concentra la participación estatal en semiconductores, minería, computación cuántica y energía.
Ese dato me obliga a distinguir entre la retórica anticomunista del presidente y una práctica que, en términos clásicos, se asemeja a la participación accionarial directa del Estado en el sector privado. La contradicción no es menor.
Una cartera estatal en expansión
El recuento del Instituto Cato detalla tres tipos de intervención: adquisiciones de capital, pactos de gobernanza y desembolsos condicionados. He agrupado las cifras más relevantes.
- 30 empresas forman la cartera pública acumulada desde junio de 2025.
- 8.900 millones de dólares se destinaron a Intel hace un año, equivalentes al 10% del fabricante de chips.
- U.S. Steel firmó un acuerdo en junio de 2025 por el que el Gobierno obtuvo una “acción de oro” con derecho de veto y a nombrar consejero.
- Seis empresas de semiconductores se incorporaron a finales de julio; el Departamento de Defensa sumó 85,5 millones en una compañía de bauxita la semana pasada.
La aceleración es evidente. No se trata de participaciones testimoniales: la Casa Blanca argumenta que el objetivo es asegurar las capacidades de EE.UU. en sectores críticos y reducir la dependencia de China. Eso, en mi lectura, es la cara industrial de una pugna geopolítica que ya ha superado el marco arancelario.
“Haré tratos como este para nuestro país una y otra vez.” — Donald Trump, presidente de EE.UU., tras la compra del 10% de Intel, agosto de 2025
El problema tampoco es solo ideológico. La analista Veronica de Rugy, de orientación próxima al pensamiento libertario, ha planteado la pregunta que recorre al propio Partido Republicano: si los conservadores se están acercando abiertamente al socialismo. El sondeo de la CNBC citado por La Vanguardia refuerza la incomodidad: el 49% de los estadounidenses rechaza que el Gobierno sea accionista, frente al 19% que lo apoya.
De hecho, el Instituto Cato, un centro de orientación libertaria, es alérgico a cualquier intervención del Estado en la economía. Su recuento no es sospechoso de simpatías intervencionistas: subraya una práctica que, desde la derecha clásica, se ve como una anomalía. Su advertencia no es una opinión aislada: el malestar ciudadano cruza líneas partidistas.
Riesgos, contradicciones y precedentes
Lo que observo en este giro es una tensión estructural entre seguridad nacional y capitalismo de Estado. El argumento de la dependencia de China es real, sobre todo en semiconductores y materias primas militares. Pero la discrecionalidad con la que se eligen las empresas introduce riesgos de amiguismo y politización que ni siquiera los simpatizantes del libre mercado pueden ignorar.
Hay además un precedente incómodo para el discurso republicano. Trump ha agitado el fantasma socialista contra los demócratas, mientras su fortuna personal se dispara desde que regresó a la Casa Blanca. La frase que pronunció en un mitin en junio, en la que se autoproclamaba “el mejor comunista de la historia, a la altura de Lenin”, no es una anécdota: muestra hasta qué punto la frontera entre retórica electoral y política económica se ha desdibujado.
“América nunca será un país comunista, eso no pasará.” — Donald Trump, presidente de EE.UU., discurso del 4 de julio
Este calendario político añade presión. Las elecciones de medio mandato de noviembre mantienen viva la disputa ideológica entre demócratas y republicanos, y la estrategia republicana de etiquetar a los demócratas como comunistas convive con decisiones ejecutivas que, en la práctica, amplían la huella del Estado en la economía. Esa paradoja ya ha dejado de ser una curiosidad retórica.
🌍 El impacto en España y Europa
El efecto directo sobre el Euríbor es limitado, ya que este giro no modifica por sí solo las expectativas de tipos de la Reserva Federal. No obstante, una mayor intervención estatal en semiconductores, minería y energía puede alterar la competencia global por materias primas críticas y presionar a Bruselas para acelerar sus propias ayudas de Estado. Para el tejido exportador español, el riesgo no está en las compras de Washington, sino en que la respuesta europea derive en más restricciones y subvenciones que fragmenten el mercado único.
Ese precedente obliga a leer con más atención los programas de inversión pública europeos en chips y transición energética. Si Washington justifica la entrada en capital privado por seguridad nacional, los Gobiernos europeos podrían invocar argumentos similares; el BCE, por su parte, no ve alterada su hoja de ruta a corto plazo, pero una escalada de gasto estatal en sectores estratégicos reintroduce presión inflacionista a medio plazo. Cabe vigilar la próxima comparecencia de Trump ante inversores y la reacción del Eurogrupo en septiembre, como hitos concretos para medir si este intervencionismo se convierte en norma.
