El déficit del Estado se disparó un 17,6% en el primer semestre de 2026 hasta alcanzar los 23.210 millones de euros, el equivalente al 1,3% del PIB, según los datos publicados este viernes por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La brecha entre ingresos y gastos se amplía con fuerza respecto al 1,17% registrado un año antes.
El gasto público total se situó en 180.194 millones de euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de 2025. Los ingresos no financieros, en cambio, crecieron un 7%, hasta 156.984 millones. Aunque la recaudación fiscal resiste, la dinámica de las partidas de gasto —especialmente las transferencias entre administraciones, que copan el 60,7% del total— está empujando el déficit por encima de las previsiones iniciales.
El saldo primario, que descuenta los intereses de la deuda, empeora de forma notable: registra un déficit de 3.471 millones (0,19% del PIB), un 47% más que los 2.361 millones de hace un año. Es la señal más clara de que el desequilibrio no responde a un repunte de la carga financiera, sino a un gasto corriente que avanza a mayor velocidad.
En la partida de gasto extraordinario vinculado a la dana apenas figuran 138 millones en el semestre, muy lejos de los 2.316 millones del mismo tramo de 2025. La normalización de esa factura libera recursos en teoría, pero no ha sido suficiente para contener el aumento general del desembolso público.
Los ingresos por IVA repuntan un 3,9% (58.739 millones), limitados aún por las medidas energéticas vigentes hasta mayo. El IRPF, con una subida del 15,6% hasta 39.428 millones, y el Impuesto sobre Sociedades, que avanza un 13,2% hasta 15.656 millones, son los principales motores de la recaudación. Las cotizaciones sociales, en cambio, retroceden un 3,2%.
El déficit del conjunto público bajó hasta mayo
La foto del agregado de administraciones públicas (sin corporaciones locales) hasta mayo de 2026 arroja un déficit de 18.355 millones, un 6,5% inferior al del mismo periodo de 2025. En términos de PIB, la ratio desciende del 1,16% al 1,03%. La Administración central ya apuntaba entonces un déficit de 12.540 millones (0,70% del PIB), ligeramente por encima del año anterior, mientras las comunidades autónomas registraban un desequilibrio de 10.408 millones (0,58% del PIB), un 1,8% menos.
El superávit de los fondos de la Seguridad Social —4.593 millones, un 79,4% más— explica buena parte de la mejora agregada. La hucha de las pensiones sigue aguantando la foto consolidada, pero el dato del Estado en junio anticipa un deterioro en el segundo tramo del año que aún no aparece en las cuentas de mayo.
El gasto público estructural crece por encima del PIB nominal y la recaudación, aunque vigorosa, no logra seguir ese ritmo. Esa brecha ya no se cierra sola.
Análisis: dos velocidades en las cuentas españolas
El informe de la IGAE deja una paradoja incómoda: el déficit público consolidado hasta mayo mejoraba, pero el del Estado en el semestre empeora de forma significativa. La diferencia radica en el peso del mes de junio, que todavía no está incorporado al dato del conjunto, y en la evolución de las transferencias del Estado hacia otros niveles de la administración.
En los seis primeros meses, los gastos por transferencias entre administraciones crecen un 8,4%, hasta 109.348 millones. Esa cifra refleja en gran medida las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, que aumentan año a año. A diferencia de otros ejercicios, el gasto extraordinario de la dana ha pasado de ser un lastre a casi desaparecer, lo que debería haber aliviado el déficit. Sin embargo, el gasto ordinario sigue ganando inercia.
La recaudación por IRPF y Sociedades dibuja un mercado laboral y empresarial que aguanta. Las nóminas suben, los márgenes mejoran y las bases imponibles responden. Pero el IVA apenas crece un 3,9%: la demanda interna pierde tracción y la retirada parcial de las rebajas fiscales a la energía no ha compensado. Esa debilidad relativa del consumo pone una nota de cautela sobre la sostenibilidad de los ingresos en la segunda mitad del año.
A mi juicio, el dato del semestre obliga a revisar la senda de déficit para el conjunto de 2026. El Gobierno mantiene una previsión de déficit público próximo al 2,5% del PIB, pero con el Estado en el 1,3% en solo seis meses y las comunidades con gasto rígido, el margen se reduce. Si el Banco de España o la AIReF elevan sus estimaciones en los próximos meses, la presión sobre la deuda soberana podría trasladarse a la prima de riesgo.
Veredicto Merca2
Prima de riesgo al cierre: La prima de riesgo española se situaba en 84 puntos básicos tras conocerse el dato, dos puntos por encima del cierre del jueves. El bono a 10 años supera el 3,35% de rentabilidad.
Clave técnica: El déficit primario en aceleración (47% más) es un aviso para los inversores que miran la solvencia a largo plazo. Si los tipos de interés no bajan, el coste de la deuda podría absorber parte del margen fiscal en 2027.
Apunte macro: El objetivo de déficit público consolidado para 2026 ronda el 2,5% del PIB, pero el dato del Estado hasta junio ya alcanza la mitad de esa cifra. La ejecución del segundo semestre será determinante; un tercer trimestre sin ajustes dispararía las alarmas de las agencias de calificación.
