Más de 936.000 empleados públicos son temporales a enero de 2026, según los datos del Boletín Estadístico del Personal (EPSAP) que acaba de publicar Función Pública. Una tasa del 30,5% que, aunque mejora el 32,2% de hace un año, sigue triplicando el umbral del 8% exigido por la Comisión Europea y pone presión para nuevas Ofertas de Empleo Público de estabilización.
Por qué sigue tan alta la temporalidad
El nuevo informe, el séptimo elaborado por el Registro Central de Personal, desvela que el total de efectivos públicos se situó en 3.071.725, un ligero descenso respecto a los 3,1 millones contabilizados en julio de 2025. A pesar de las sucesivas leyes de estabilización (2017, 2018 y la más reciente Ley 20/2021), casi uno de cada tres empleados públicos no tiene plaza fija.
El 55% del personal es funcionario de carrera, pero el dato no incluye a los laborales fijos; las cifras de temporalidad se extraen de los microdatos. Los funcionarios interinos sumaban 659.405 (frente a 700.749 en julio de 2025) y los laborales temporales, 277.560 (bajaron desde 298.989). La reducción obedece a la finalización de procesos masivos de estabilización, pero el volumen de temporales sigue siendo inasumible.
Los datos clave del boletín de enero de 2026
El reparto de la temporalidad por administraciones confirma que el problema es sobre todo autonómico:
- Comunidades Autónomas: 702.901 temporales (el 36,4% de sus plantillas). Acaparan tres cuartas partes de toda la interinidad del país.
- Entidades locales: 215.138 temporales (36,1%).
- Sector público estatal: apenas 18.926 temporales (3,5% de su personal).
Por áreas, destacan la sanidad, con un 42,4% de temporalidad (306.407 empleados), la docencia no universitaria (31,6%, 224.324) y la Administración General de las CCAA (32,3%, 76.415). Estas cifras, junto a la estimación de que el 18% del personal del Estado tiene entre 60 y 64 años, sugieren que habrá que cubrir unas 100.000 jubilaciones anuales sin poder recurrir a la temporalidad estructural.
El abuso de temporalidad que la ley no pudo corregir
El informe no mide la antigüedad del personal temporal, pero el análisis de los expertos es demoledor: si se jubilan 100.000 personas al año y las plazas solo pueden cubrirse con temporales de menos de tres años, el volumen actual de 936.000 interinos indica que más de 600.000 puestos llevan más de tres años cubiertos temporalmente, en fraude de ley.
La Ley 20/2021 buscó estabilizar 300.000 plazas estructurales con concursos de méritos. El Gobierno dio por cumplido ese hito en diciembre de 2024, pero la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal denunció ante la Comisión Europea que al menos tres cuartas partes del personal en abuso en los sectores de Administración General, sanidad y educación –equivalente a medio millón de personas– no consiguió la fijeza. Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción y ha suspendido 626 millones de euros de fondos Next Generation hasta que España introduzca sanciones efectivas contra la temporalidad abusiva.
Mientras que los procesos de estabilización de la ley 20/2021 han logrado consolidar más de 320.000 plazas fijas, la realidad es que al menos el triple de puestos temporales siguen en fraude de ley, una brecha que las futuras OEP deberán abordar con urgencia.
¿Qué significan estos números para el opositor? Las próximas OEP de estabilización
Con la temporalidad todavía por encima del 30%, las administraciones están obligadas a lanzar nuevas ofertas de estabilización. El artículo 2 del Real Decreto Ley 14/2021 ya preveía convocatorias adicionales si no se alcanzaba el 8% en 2025, y el dato de enero de 2026 confirma que habrá una nueva oleada de procesos selectivos, previsiblemente mediante concurso de méritos o concurso-oposición con fase de oposición reducida.
Las comunidades autónomas, que concentran el grueso del problema, deberán acelerar las convocatorias en sanidad, educación y administración general. Para el opositor, esto se traduce en miles de plazas fijas con condiciones de acceso más laxas que una oposición tradicional: sin examen teórico extenso y con valoración de la experiencia previa en el puesto.
📨 Cómo presentar la solicitud (cuando se abran las convocatorias)
Aunque los nuevos procesos aún no están publicados, el mecanismo de inscripción sigue el patrón de concursos de méritos de estabilización. La presentación de instancias será electrónica, sin tasa o con una tasa reducida, y te permitirá acreditar tu antigüedad y formación sin examen de contenidos.
- Paso 1: Accede a la sede electrónica de la comunidad autónoma o del organismo convocante (se anunciará en el BOE o en el boletín autonómico).
- Paso 2: Identifícate con certificado digital, Cl@ve o DNIe y rellena el modelo de solicitud (similar al Modelo 790).
- Paso 3: Selecciona la categoría o plaza a la que optas y adjunta la documentación que acredite tus méritos (tiempo de servicio, cursos, titulaciones).
- Paso 4: Abona la tasa, que suele ser de entre 10 y 30 euros, o solicita la exención si eres demandante de empleo.
- Paso 5: Presenta y registra tu solicitud antes del plazo fijado. Guarda el justificante de presentación.
📋 Ficha de la Convocatoria (previsión)
- Organismo / País: Comunidades autónomas y entidades locales, con coordinación del Ministerio de Función Pública.
- Número de plazas: Aún sin determinar (se estima que superarán las 200.000 en varias anualidades).
- Sueldo estimado: Variable según cuerpo; desde 1.600 euros brutos al mes en catorce pagas para categorías C2.
- Fecha límite de inscripción: Pendiente de publicación (se espera el anuncio de las primeras convocatorias a lo largo de 2026-2027).
- Dónde inscribirse: Sedes electrónicas de cada comunidad autónoma y portales de empleo público.
