EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los concursos de obra pública en Cataluña han quedado desiertos por valor de 150 millones de euros en el último año, lastrando la construcción de infraestructuras y vivienda.
- ¿Quién está detrás? La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), que alerta de la desconexión entre los precios de licitación y el alza real de costes.
- ¿Qué impacto tiene? La parálisis frena la obra pública, eleva los retrasos en equipamientos y vivienda social, y reduce la concurrencia de empresas, con solo 1 o 2 ofertas en el 38 % de los contratos.
La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya ha cuantificado en 150 millones de euros el valor de las licitaciones públicas que han quedado desiertas en el periodo de julio de 2025 a junio de 2026, una cifra que podría aumentar si las administraciones no actualizan los presupuestos para reflejar el disparatado incremento de los materiales. En los cinco primeros meses de 2026, el acero se encareció un 14,7 %, la cal un 16 %, el aluminio un 18 % y los asfálticos un 17 %. Un cóctel de costes que, según el presidente de la CCOC, Lluís Moreno, está detrás de la baja concurrencia y del goteo de concursos que se quedan sin adjudicatario.
La patronal presentó este lunes el balance del primer semestre, que arrojó una actividad licitadora total de 1.714,1 millones de euros, apenas un 2,1 % más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la lectura de fondo es más preocupante: la Generalitat retrocedió un 2 % hasta los 433 millones, mientras que el Estado, con 396,3 millones, creció un 81 % pero partía de niveles «muy discretos», en palabras de Moreno. El verdadero motor siguen siendo los entes locales, con 838 millones (+2,8 %).
El 38 % de los concursos atrae a uno o dos licitadores
El síntoma más visible de la desconexión es la escasa competencia. En el primer semestre de 2026, en el 38 % de los contratos de obra se presentaron solo uno o dos licitadores. Aunque el dato mejora ligeramente respecto a 2025, Moreno recordó que está muy lejos de las recomendaciones de la Unión Europea y de la Autoritat Catalana de la Competència (Acco). La razón principal es que los precios que figuran en los pliegos no reflejan la realidad de un mercado sometido a una tensión geopolítica que ha disparado las materias primas.
«Las administraciones tardan hasta un año en notificar que un concurso ha quedado desierto y muchas veces lo hacen cuando convocan un segundo», explicó Moreno. Ese decalaje temporal oculta la magnitud del problema: los 150 millones de euros en contratos fallidos podrían ser solo la punta del iceberg.
Costes de materiales, en máximos: acero +15 %, aluminio +18 %
El ataque de Estados Unidos sobre Irán en los primeros meses de 2026 ha tensionado las cadenas de suministro y ha llevado a incrementos de dos dígitos en los principales insumos de la construcción. El acero, el aluminio, la cal y los asfálticos han subido entre un 15 % y un 18 % en lo que va de año. Una escalada que deja obsoletos los presupuestos de las administraciones y que la CCOC calcula que seguirá alimentando la lista de concursos desiertos si no se habilitan mecanismos de revisión de precios automáticos en los contratos públicos.
Entre los casos más significativos del semestre destaca la construcción de dos naves logísticas en la ZAL Port-Hub Aeri, promovida por Cilsa —la empresa mixta del Puerto de Barcelona y la socimi Merlin Properties—, que quedó sin adjudicar. El importe de esa licitación superaba los 23,7 millones de euros sin IVA.
Mientras las administraciones no incorporen mecanismos de revisión de precios, las empresas seguirán dando un paso atrás; el alza de costes ha roto el equilibrio de los contratos.
La Ficha del Inversor: ¿dónde se para la obra pública y cómo afecta al ladrillo?
Para el inversor y el promotor, el atasco de la obra pública es una señal de alerta. Los 150 millones de euros en contratos desiertos no son solo un problema de infraestructuras: retrasan la construcción de vivienda social, equipamientos y redes de transporte, tres pilares que a menudo condicionan la viabilidad de los desarrollos residenciales privados. Infraestructures.cat, el brazo inversor de la Generalitat, concentró 209,5 millones de euros en el semestre, seguido de Aena (165,5 millones) y Bimsa (101,9 millones), pero el ritmo es insuficiente para absorber la demanda.
La Métrica Clave hoy es el gap entre el precio de licitación y el coste real de ejecución, que ya supera el 15 % en partidas como acero o asfaltos. Si no se corrige, la tendencia a seis meses apunta a una estabilización en el número de concursos desiertos —pero en niveles elevados—, con un riesgo cierto de que las grandes contratistas se alejen de la obra pública y redirijan su capacidad hacia proyectos privados o concesionales donde el margen está mejor protegido.
El perfil más afectado es el de la empresa mediana de construcción, que depende de las adjudicaciones locales para mantener empleo y maquinaria. Para el inversor residencial, el retraso acumulado en obras de urbanización puede encarecer los suelos finalistas y dilatar la entrega de promociones. Y para el inversor institucional —representado aquí por la socimi Merlin, a través de Cilsa—, la paralización de naves logísticas en entornos portuarios frena el desarrollo de activos que son clave en la última milla.
El pulso entre Administración y contratistas se resolverá, previsiblemente, con una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que permita actualizar precios sin tener que rehacer todo el expediente. Hasta entonces, la lectura a 5-10 años es clara: sin obra pública ágil, la vertebración del territorio se resiente y la oferta de vivienda asequible se aleja. Un escenario que recuerda a los años posteriores a la crisis financiera, cuando la inversión en infraestructuras se desplomó y la construcción residencial quedó paralizada durante casi un lustro.
Habrá que seguir de cerca los próximos plenos municipales y la respuesta del Govern de Illa, que ya ha anunciado que aprobará por ley la concesión de licencias de obras en un máximo de 30 días. Una medida que, bien aplicada, podría aliviar la tensión, pero que por sí sola no arregla el problema de fondo: los números de la obra pública ya no salen.
