Hoy, 6 de julio de 2026, mientras Ankara se blinda para la cumbre de la OTAN que arranca mañana, lo que más me sorprende no es el dispositivo de seguridad que prohíbe manifestaciones y reparto de folletos, sino la ola de detenciones selectivas que ha silenciado a más de 225 personas en vísperas de la cita. Las autoridades turcas han encarcelado a periodistas, académicos y miembros de la oposición bajo acusaciones genéricas de terrorismo, una operación que el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), califica ya de «golpe judicial».
La cumbre, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países aliados, incluido Donald Trump, se celebra en una ciudad donde desde el 28 de junio rige una prohibición absoluta de protestas. Pero la verdadera «limpieza» va más allá: el aparato judicial turco, controlado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, ha acelerado una ofensiva contra la oposición que se remonta a meses atrás. El 21 de mayo, el Tribunal de Apelaciones anuló el congreso del CHP de 2023, destituyendo a su líder, Özgür Özel, y restaurando al veterano Kemal Kılıçdaroglu. Al mismo tiempo, más de una veintena de alcaldes y cuadros del partido permanecen en prisión preventiva por delitos como malversación y supuestos vínculos con organizaciones terroristas, entre ellos el carismático ex alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado el principal rival con opciones reales de disputar la presidencia en 2028.
La ofensiva judicial previa a la cumbre
El golpe más visible llegó a finales de junio: bajo leyes de seguridad nacional laxas y ambiguas, se detuvo a 225 activistas y se ordenó el ingreso en prisión preventiva de 103 ciudadanos, mientras otros 26 quedaron bajo arresto domiciliario o control judicial estricto. La operación, presentada como medida preventiva para garantizar el orden durante la cumbre, es en realidad un episodio más de una estrategia de acoso sistemático que busca descabezar al CHP y fracturar su estructura.
«Erdogan se ha postulado como candidato a las elecciones presidenciales de 2028 con dos frentes abiertos que se retroalimentan. Por un lado, desde principios de 2025 se ha vuelto a abrir un proceso de paz con el PKK; por otro, está aprovechando ese mismo proceso para debilitar a la oposición que le arrebató la mayoría en las municipales de 2024», explica Pol Mauri, investigador doctoral en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones a LA RAZÓN.
«Erdogan se ha postulado como candidato a las elecciones presidenciales de 2028 con dos frentes abiertos que se retroalimentan. […] Esta estrategia permitirá al presidente turco mantener su control sobre la oposición hasta las elecciones y le servirá para dividir aún más la brecha entre el CHP y los kurdos del Dem Parti.» — Pol Mauri, investigador doctoral en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid
El trasfondo económico y la estrategia electoral de Erdogan
Lo que subyace a esta ofensiva es una estrategia de supervivencia política con profundas implicaciones económicas. Los inversores internacionales, que ya observaban con cautela la deriva autoritaria de Erdogan, verán reforzadas sus dudas sobre la seguridad jurídica en Turquía. La lira turca, que ha perdido más del 80% de su valor frente al dólar en los últimos cinco años, necesita desesperadamente confianza institucional para que fluya el capital extranjero. Sin embargo, la instrumentalización del poder judicial y la persecución de adversarios políticos manda una señal contraria: Turquía se aleja del estándar democrático que los grandes fondos exigen para apostar por economías emergentes.
La cumbre de la OTAN, pensada para proyectar unidad ante los desafíos de seguridad global, se convierte así en un escenario incómodo. Ankara puede exhibirse como anfitrión indispensable, pero la imagen de represión doméstica debilita su posición negociadora y ofrece munición a quienes, dentro de la Alianza, cuestionan la fiabilidad del socio turco. En mi análisis, la verdadera fractura no está en las calles blindadas, sino en la erosión de los contrapesos institucionales que cualquier economía necesita para crecer de forma sostenida.
🌍 El impacto en España y Europa
Para España y el resto de socios europeos, la deriva represiva turca no es un asunto lejano. España mantiene una presencia militar significativa en la base aérea de Incirlik y una relación comercial que ronda los 14.000 millones de euros anuales. Además, más de 600 empresas españolas operan en el país, con la banca —BBVA a través de Garanti— como el principal inversor. Cualquier deterioro del clima político se traduce en un incremento de la prima de riesgo y en un encarecimiento del crédito que afecta directamente a esas firmas.
El pacto migratorio UE-Turquía, que mantiene contenidos los flujos hacia las costas españolas e italianas, también pende de un hilo: una Turquía que se siente acorralada por las críticas occidentales podría utilizar esa carta como moneda de cambio. Por ello, la cumbre de Ankara no solo definirá las líneas de defensa colectiva; también marcará el tono de unas relaciones económicas y diplomáticas que, hoy, están más tensionadas que nunca.
