Hoy se cumplen exactamente diez años del Brexit, el referéndum que cambió la historia de Europa. El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó salir de la Unión Europea por un margen de 51,9% frente a 48,1%. Y la fecha no podría ser más simbólica para hacer esta pregunta, porque ayer mismo, lunes 22 de junio de 2026, Keir Starmer anunció su dimisión como primer ministro tras una debacle electoral histórica, convirtiéndose en el sexto jefe de gobierno británico en dimitir en una década de inestabilidad casi permanente. Y quien lidera ahora las encuestas para sucederle, con holgura, es Nigel Farage, el hombre que más hizo por sacar a su país de la Unión Europea. La ironía no podría ser más perfecta: diez años después de votar irse, una mayoría de británicos dice que volvería. Y al mismo tiempo, el político que personifica el Brexit está más cerca que nunca de gobernar el país.
Vamos a desenredar esto con los datos reales encima de la mesa.
Qué ocurrió realmente con el Brexit
El divorcio se ejecutó formalmente el 31 de enero de 2020, tras un periodo de transición que se cerró a finales de ese mismo año. El Reino Unido salió del mercado único, de la unión aduanera y de la libre circulación de personas. A cambio, negoció el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA), que evita aranceles pero ha levantado una montaña de barreras no arancelarias: controles fronterizos, certificados sanitarios, papeleo aduanero y costes de cumplimiento que ninguna campaña electoral prometió en 2016.
El balance económico, una década después, es inequívoco. Un informe del Global Trade Policy Observatory difundido esta misma semana cuantifica una contracción del PIB británico de entre el 6% y el 8% comparado con el escenario de permanencia en la UE. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria británica calcula que las exportaciones e importaciones serán aproximadamente un 15% inferiores a largo plazo de lo que habrían sido dentro del club europeo. Un estudio independiente con datos del propio Banco de Inglaterra, presentado justo antes de este aniversario, sitúa la pérdida en un 6% del PIB, con la mitad del impacto atribuible a la incertidumbre del periodo posterior al referéndum y la otra mitad al aumento permanente de las barreras comerciales. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, lo resumió sin rodeos: el nivel de actividad y crecimiento de la economía fue menor por culpa del Brexit.
Y el coste no se repartió igual entre todos. Los microexportadores británicos perdieron alrededor del 31% de sus flujos comerciales hacia la UE, mientras que las multinacionales pudieron absorber los nuevos costes administrativos sin gran dificultad. El encarecimiento de los alimentos importados por la burocracia fronteriza —en torno a un 6% adicional— ha golpeado con mucha más fuerza a los hogares con menos ingresos, que destinan una proporción mayor de su renta a bienes básicos. El decil más pobre de la población británica sufrió un impacto en su coste de vida un 52% mayor que el de las familias ricas. La soberanía prometida en 2016 no se ha traducido en acuerdos comerciales rentables con terceros países —el más citado, el pacto con Japón, en gran medida replica lo que la UE ya tenía firmado con Tokio— ni ha frenado la inmigración neta, que ha alcanzado récords históricos, aunque ahora compuesta mayoritariamente por personas de fuera de la Unión Europea en lugar de comunitarios.
Si se votara hoy: el resultado sería el contrario
Aquí está el dato que da sentido al titular de este artículo. Una encuesta de YouGov realizada el 2 y 3 de junio de 2026 sitúa el apoyo a volver a la UE en el 55%, frente a un 34% que se opondría y un 11% de indecisos. Es un vuelco casi exacto del resultado de 2016. El propio sondeo de Statista que recoge la pregunta «¿en retrospectiva, cree que Reino Unido hizo bien o mal en votar salir?» lleva años mostrando una mayoría sostenida diciendo que fue un error.
Pero hay un matiz que cambia completamente el análisis, y es el que conecta con la actualidad política de este mismo lunes. Ese apoyo al reingreso se desploma en cuanto se introduce la letra pequeña de las condiciones reales. Cuando YouGov preguntó en julio de 2025 si los británicos apoyarían el reingreso sabiendo que tendrían que adoptar el euro y entrar en el espacio Schengen sin fronteras —es decir, perder los dos grandes opt-outs históricos—, el apoyo cayó a un 36%, con un 42% en contra. La opinión pública británica quiere volver a Europa. Lo que no quiere, mayoritariamente, es volver a una Europa distinta de la que dejó.
Y aquí entra la paradoja política del momento: mientras la opinión pública se mueve hacia el reingreso, el partido que lidera ahora mismo las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones generales es Reform UK, de Nigel Farage, con proyecciones de hasta el 35% del voto en algunos sondeos recientes, muy por delante de los laboristas hundidos tras la marcha de Starmer y de unos conservadores en mínimos históricos. El Reino Unido vive hoy la contradicción de una mayoría social europeísta y una mayoría parlamentaria potencialmente euroescéptica. Esa brecha entre lo que la gente dice en una encuesta y lo que vota en las urnas es exactamente el mismo fenómeno que produjo el Brexit en primer lugar.
¿Aceptaría la UE el regreso? Sí, pero con condiciones (que dolerían)
La vía legal existe y es sencilla de describir, aunque larga de ejecutar: el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea permite a cualquier país europeo solicitar la adhesión, que debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete y con el consentimiento del Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen ha expresado en el pasado su apoyo a que el Reino Unido regrese eventualmente. El politólogo Anthony Salamone calculó que los Estados miembros exigirían una mayoría social «significativa, estable y duradera» antes de aceptar la solicitud, sugiriendo un umbral plausible cercano al 60% sostenido en el tiempo. El 55% actual está cerca, pero no ha demostrado todavía la estabilidad temporal que Bruselas necesitaría ver antes de mover ficha.
Sobre las condiciones, ha habido una declaración reciente que merece atención especial. Michel Barnier, el negociador jefe de la UE durante el Brexit y hoy una voz influyente en Bruselas, declaró esta misma semana, coincidiendo con el aniversario, que no ve ningún obstáculo para que el Reino Unido mantenga sus antiguos opt-outs de la libra y de Schengen si regresara. «Hay otros Estados miembros que no están en ellos. Es perfectamente posible tener exenciones en estos campos», dijo. Es una declaración significativa porque contradice a otras voces autorizadas —entre ellas el propio ministro de Exteriores de Polonia— que han sugerido que Londres se enfrentaría a condiciones más duras, incluyendo la obligación de adoptar el euro.
La realidad jurídica es más matizada de lo que cualquiera de los dos bandos quiere admitir. Todos los Estados miembros están técnicamente obligados a adoptar el euro salvo Dinamarca, que tiene la única exención permanente por tratado. Pero cinco de los trece países que se han incorporado a la UE desde 2004 todavía no han adoptado la moneda única, lo que demuestra que el precedente —no la letra del tratado— es lo que realmente determina estos procesos. Lo mismo ocurre con Schengen: Irlanda es el único país con exención oficial, pero la realidad práctica permite más flexibilidad que la teoría. Lo que Barnier dejó deliberadamente sin responder es si el Reino Unido podría recuperar el famoso rebate presupuestario que Margaret Thatcher arrancó en 1984, alegando el principio de solidaridad que sustenta el presupuesto comunitario. Esa es, probablemente, la concesión que la UE estaría menos dispuesta a devolver.
Por qué probablemente no será fácil, ni rápido, ni barato
Más allá de la teoría legal, hay obstáculos prácticos enormes. El proceso de adhesión, incluso para un país con un nivel de desarrollo económico comparable al de la UE, puede llevar varios años de negociación técnica sobre la incorporación del acervo comunitario completo. Y el Reino Unido tendría que renegociar prácticamente todo lo que negoció para salir: la política agrícola común, la política pesquera común, la unión aduanera, las cuatro libertades fundamentales, la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo.
Además, el propio gobierno laborista de Starmer dejó claro durante el llamado «reset» de las relaciones UK-UE que no estaba buscando reingresar en el mercado único, en la unión aduanera ni en la libre circulación de personas. El reset firmado en la cumbre de mayo de 2025 en Londres avanzó en cooperación de seguridad y defensa, en un acuerdo de pesca hasta 2038 y en una posible vinculación de los mercados de carbono, pero evitó deliberadamente cualquier paso hacia la reincorporación plena. La negociación sobre la participación británica en el fondo de defensa europeo SAFE colapsó en noviembre de 2025 porque la UE pedía miles de millones de euros de contribución y Londres ofrecía solo unos pocos millones. Canadá, mientras tanto, sí cerró su acuerdo de participación en SAFE. Ese fracaso puntual ilustra bien la dificultad estructural: incluso en el terreno más fácil de acordar —la cooperación de defensa frente a la amenaza rusa, donde ambas partes tienen incentivos claros para colaborar— las negociaciones técnicas se han estancado por dinero.
Lo que el Reino Unido perdería y ganaría con el regreso
Para Londres, el cálculo tiene dos columnas muy distintas.
Lo que ganaría: acceso pleno al mercado único de 450 millones de consumidores sin las actuales barreras no arancelarias que han hundido las exportaciones de las pequeñas empresas; recuperación de la libre circulación de profesionales, estudiantes e investigadores; participación en programas de investigación e innovación a gran escala; y, en el contexto geopolítico actual, una integración plena en la arquitectura de defensa y seguridad europea en un momento en que la fiabilidad de Estados Unidos como garante de seguridad transatlántica genera dudas crecientes en ambos lados del Atlántico.
Lo que perdería: el rebate presupuestario histórico, casi con seguridad. La libra, probablemente no, según las declaraciones más recientes de Barnier, aunque la obligación teórica de adoptar el euro seguiría existiendo sobre el papel. Su antigua capacidad de bloquear decisiones que no le convenían mediante el voto unánime en según qué materias —ya no tendría la influencia institucional que tuvo como miembro fundador del club antes de irse. Y, sobre todo, perdería buena parte del argumento político que sostuvo el Brexit: que el Reino Unido recupera control total sobre sus fronteras y su legislación. Volver significaría, en la práctica, admitir que la soberanía recuperada no compensó la prosperidad perdida.
La posición de los Veintisiete y de sus ciudadanos
Aquí está uno de los datos más reveladores de toda esta historia, y curiosamente no habla de los británicos sino de los europeos continentales. Una encuesta de YouGov de enero de 2026 mostró que el 50% de los votantes del Reino Unido votaría hoy ser miembro de la UE si hubiera un referéndum, frente al 45% en Francia y el 46% en Italia. Los números fueron sustancialmente más altos en Alemania (62%), Dinamarca (75%) y España (66%). Es decir: en pleno 2026, los ciudadanos de varios países fundadores y de gran peso de la Unión Europea muestran más entusiasmo europeísta que el propio Reino Unido que quiere regresar.
Esto tiene una lectura política importante para los gobiernos de Berlín, París o Madrid. A ningún Ejecutivo europeo le interesa electoralmente parecer «blando» con el país que protagonizó la mayor crisis existencial de la Unión en su historia, aunque las encuestas de sus propios ciudadanos sugieran apoyo a esa reincorporación. Francia, en particular, ha sido históricamente la voz más cauta en el «reset» de relaciones, llegando a vincular en enero de 2025 los avances en seguridad y defensa con las concesiones británicas en materia de pesca y movilidad juvenil —aunque el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, rechazó después que esa vinculación bloqueara el pacto de seguridad. Polonia, por su parte, es de los países que más ha insistido en que el regreso británico debería implicar condiciones más exigentes, no menos.
Cómo cambiaría la eurozona, la seguridad y el PIB de Europa
El impacto económico de un reingreso británico sería, casi con seguridad, sustancialmente positivo para ambas partes, aunque asimétrico. Para el Reino Unido, recuperar buena parte del 6-8% de PIB perdido en una década llevaría años, pero el acceso renovado al mercado único revertiría gradualmente la caída de la inversión empresarial, que el NIESR británico cifra entre un 12% y un 18% por debajo de la trayectoria que habría tenido sin el Brexit. Para la Unión Europea, sumar de nuevo la quinta economía mundial —con Londres como uno de los grandes centros financieros del planeta— reforzaría el peso económico agregado del bloque en un momento de competencia creciente con Estados Unidos y China.
En seguridad y defensa, el impacto sería más inmediato y más relevante geopolíticamente. El Reino Unido tiene uno de los ejércitos más capaces de Europa, disuasión nuclear propia y una industria de defensa de primer nivel —BAE Systems, Babcock, Rolls-Royce—. La cooperación plena dentro de la arquitectura de defensa europea, en vez de la actual asociación parcial firmada en mayo de 2025, encajaría con el aumento masivo del gasto militar continental impulsado por la guerra de Ucrania y la incertidumbre sobre el compromiso de Washington con la OTAN bajo la actual administración estadounidense.
¿Una Europa más fragmentada, más dubitativa o más fuerte? La respuesta honesta es que dependería enteramente del cómo, no del qué. Un regreso británico negociado con calma, con condiciones claras y aceptadas por ambas partes, fortalecería objetivamente a la Unión: más PIB agregado, más capacidad militar, fin de una década de fricción diplomática constante por temas como Irlanda del Norte o derechos de pesca. Pero un proceso mal gestionado, con un Reino Unido que pretenda recuperar privilegios sin asumir obligaciones, o con un gobierno británico —pensemos en un eventual primer ministro Farage— que utilice la amenaza de reingreso como arma de negociación sin intención real de cerrarlo, generaría exactamente el tipo de desgaste institucional que ya vivió la UE entre 2016 y 2020. La fragmentación no vendría del reingreso en sí, sino de una negociación fallida que reabriera viejas heridas sin cerrarlas.
La pregunta que de verdad importa
Lo más fascinante de este décimo aniversario no es el resultado hipotético de una encuesta. Es que el Reino Unido en 2026 vive simultáneamente dos realidades contradictorias: una opinión pública que se arrepiente y un sistema político que, tras la caída de Starmer, podría entregar el poder a la persona menos dispuesta del país a reconocer ese arrepentimiento. Nigel Farage no va a liderar ningún proceso de reingreso. Si gana las próximas elecciones generales, el debate sobre volver a la UE quedará congelado, probablemente durante años.
Lo que esto demuestra, en última instancia, es que el Brexit nunca fue solo una decisión económica que se pudiera deshacer cuando los números salieran mal. Fue una decisión identitaria, sobre quién decide qué en quién manda en casa. Y las decisiones identitarias, a diferencia de las económicas, no se revierten simplemente porque las cifras del PIB digan que fue un error. Se revierten cuando una generación entera decide que la identidad nacional y la pertenencia europea ya no son cosas incompatibles. Esa generación, a juzgar por las encuestas de los más jóvenes británicos, ya existe. Lo que no está claro es si llegará al poder antes de que se cumplan otros diez años.
