Tubos Reunidos ha dado un paso decisivo en su crisis. La magistrada del concurso de acreedores ha validado las condiciones que exige la administración concursal para la venta del grupo industrial vasco: el comprador deberá mantener la unidad empresarial y subrogar los más de 1.200 puestos de trabajo, según el auto fechado el 15 de junio al que ha tenido acceso El Confidencial.
El pliego de PKF Attest: compra en bloque y nueve fases
La letra pequeña la ha elaborado PKF Attest, administrador concursal de las filiales de Tubos Reunidos. La matriz cotizada, Tubos Reunidos S.A., aún carece de administrador concursal propio –se nombrará antes de que acabe la semana–, pero el perímetro de las ocho sociedades del grupo ya está definido. El documento, validado por la magistrada María Teresa Trinidad Santos del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz, impone una premisa clara: solo se admitirán ofertas que garanticen la continuidad de la actividad productiva y los contratos de trabajo.
La vía preferente es la transmisión del negocio en bloque, excluyendo cualquier puja por activos individuales o elementos aislados. No obstante, se aceptarán ofertas por unidades productivas completas (por ejemplo, una filial que constituya una entidad económica autónoma), pero no se permite trocear una sociedad –imposible ofertar por una nave o maquinaria suelta–. Además, un mismo comprador puede presentar varias ofertas jerarquizadas: una principal y subsidiarias en orden de preferencia. Sidenor, cuyo presidente José Antonio Jainaga mantuvo contactos previos, podría pujar por una unidad productiva, aunque la siderúrgica de Basauri negó entonces cualquier negociación.
El proceso está estructurado en nueve fases. Los interesados disponen de cinco días hábiles desde la publicación de las reglas para firmar un acuerdo de confidencialidad. Después, acceden durante 30 días hábiles a un data room con la información financiera y legal, pueden visitar las plantas de Amurrio, Trápaga e Iruña de Oca y celebrar hasta dos reuniones con los representantes de los trabajadores de cada centro.
La opción de comprar unidades productivas completas sí está permitida, pero fragmentar una sociedad es una línea roja inquebrantable para el administrador concursal.
Las ofertas iniciales se depositan en sobre cerrado ante notario de Vitoria-Gasteiz, acompañadas de un depósito del 5% del precio ofrecido en una cuenta de Caja Laboral. Si en la oferta final el comprador mejora el precio, debe consignar otro 5% sobre la diferencia; retirarse tras ser seleccionado supone perder el depósito. Solo un máximo de cinco candidatos pasan a la fase final, donde la financiación interina –opcional en la primera oferta– se convierte en requisito imprescindible.
La sombra judicial del rescate de 112,8 millones de la SEPI
La venta se produce bajo la presión de una investigación de la Audiencia Nacional que examina el rescate público concedido por la SEPI en 2021 por importe de 112,8 millones de euros. El informe 89/2026 de la UCO sitúa esa operación dentro de las actividades del grupo Hirurok –la red que los investigadores atribuyen a Santos Cerdán, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso– y apunta que la trama habría recurrido a un miembro del PNV para desbloquear el préstamo participativo. Fuentes cercanas al concurso advierten de que la judicialización de esa deuda coloca la liquidación como único escenario realista si no se encuentra un comprador que asuma la unidad productiva sin trocear.
El trasfondo agrava la dimensión política: PNV y EH Bildu, con once diputados conjuntos, sostienen al Gobierno de Sánchez, y la caída de una empresa con más de 1.200 empleos en Euskadi se convierte en un problema de primer orden. La propia magistrada confirma que la venta en bloque es la mejor solución para satisfacer a los acreedores y mantener la actividad, pero la incertidumbre jurídica que rodea al rescate hace que el comprador asuma un riesgo reputacional y, potencialmente, financiero.
Para que una oferta sea válida, el comprador debe acreditar una estructura de capital suficiente, subrogar los empleos y mantener la actividad durante un mínimo de dos años. La adjudicación no recaerá necesariamente en el precio más alto: el pliego establece un orden de criterios donde se ponderan el perímetro de la oferta, la continuidad y viabilidad futura del negocio, el mantenimiento del empleo, la asunción de pasivos, la certidumbre jurídica, la rapidez de ejecución y el apoyo de los representantes sindicales. El documento habla de “la oferta globalmente más ventajosa”.
Análisis: viabilidad incierta y presión política sobre el comprador
La combinación de una subasta condicionada y un procedimiento judicial abierto complica la llegada de compradores puramente financieros. Sin embargo, la estructura –que permite pujar solo por una unidad productiva viable– podría atraer a grupos industriales como Sidenor, que ya tiene presencia en el sector siderúrgico vasco. La experiencia de concursos como el de Celsa o Abengoa sugiere que la clave no está en el precio, sino en la capacidad de convencer a los sindicatos y al juez de que el proyecto mantendrá el empleo. Si ningún oferente logra cerrar el acuerdo laboral en los 60 días naturales previstos, la oferta decae y se pasa al siguiente candidato, un mecanismo que puede desincentivar pujas agresivas pero también alargar el proceso de manera peligrosa para la tesorería de la concursada.
La presión añadida de la trama Hirurok convierte cualquier operación en un acto de equilibrio. La Audiencia Nacional podría exigir responsabilidades sobre los 112,8 millones, y cualquier comprador que tome el control de Tubos Reunidos arrastraría, al menos, el foco mediático. La letra pequeña de PKF Attest busca blindar el empleo, pero el verdadero desenlace dependerá de si el interés industrial supera la judicialización del rescate.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La publicación formal de las reglas de la administración concursal, prevista en los próximos días, activará el plazo de cinco días hábiles para los acuerdos de confidencialidad. También habrá que seguir los avances de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de la SEPI.
- Reacción del valor: Tubos Reunidos S.A. cotiza con una valoración casi testimonial tras el concurso, por lo que el verdadero impacto se medirá en la prima que los acreedores puedan recuperar en la oferta final. La señal más clara será la aparición –o no– de ofertas industriales sólidas.
- Precedente sectorial: La experiencia de Celsa, resuelta con la entrada de fondos alemanes que asumieron la deuda sin trocear la compañía, sugiere que el empleo se convierte en la moneda de cambio frente al juez y los sindicatos. Tubos Reunidos sigue un guion similar, pero con la agravante del escándalo político.
