El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha iniciado esta semana la ejecución forzosa de la sentencia que anula las Zonas de Bajas Emisiones de la capital. Si el procedimiento avanza, 3,5 millones de multas impuestas desde su entrada en vigor quedarían sin efecto. La resolución judicial se suma a una cascada de recursos que ponen en jaque las restricciones de tráfico en ciudades como Barcelona, Málaga o Gijón y que amenazan con cambiar el mapa de la movilidad urbana.
El TSJ de Madrid fuerza la anulación y las sanciones quedan en el aire
La sala de lo Contencioso‑Administrativo del TSJ ha confirmado el inicio del trámite para ejecutar de forma forzosa el fallo que declaró nulas las ZBE madrileñas. El tribunal entiende que el Ayuntamiento, que se resiste a aplicarlo, ha agotado el plazo sin subsanar los defectos que motivaron la nulidad.
La consecuencia inmediata es que todo el régimen sancionador de las ZBE podría derrumbarse. Los controles de acceso con cámaras y las multas automatizadas —200 euros por infracción— descansan sobre una ordenanza que la justicia considera inválida. Si la ejecución sigue adelante, los conductores sancionados en los últimos meses verían anulados sus expedientes.
El TSJ de Madrid ha decidido no esperar más y fuerza la mano al consistorio: la anulación de las ZBE ya no es una posibilidad, es un mandato judicial que puede dejar sin efecto más de 3,5 millones de multas.
No es un caso aislado. Desde 2024, los tribunales superiores de Cataluña, Andalucía, Asturias y Castilla y León han tumbado —temporal o definitivamente— ordenanzas de ZBE por defectos formales, falta de informes económicos o vulneración de la libertad de empresa.
Vox extiende la ofensiva judicial a siete municipios del área de Barcelona
El partido ha anunciado la presentación de recursos contra las Zonas de Bajas Emisiones de Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. La impugnación alcanza también al Plan Metropolitano de Movilidad Urbana de la AMB, que prevé eliminar los vehículos de combustión en 2030 y prohibir el acceso a los coches con etiqueta B a partir de 2028 en los 36 municipios del área metropolitana.
Vox califica las restricciones de “peaje clasista” y denuncia la falta de justificación técnica y socioeconómica. El éxito del recurso contra la ZBE de Málaga —donde el TSJA estimó que la norma vulneraba la unidad de mercado— anima a la formación a replicar la estrategia en Cataluña.
¿Qué significa esto para el conductor? Las multas siguen en pie… de momento
La cascada de sentencias no implica que las restricciones hayan desaparecido de la noche a la mañana. En Madrid, los radares de acceso y las cámaras siguen activos y el Ayuntamiento mantiene la tramitación de las sanciones. Circular sin etiqueta ambiental en una zona restringida continúa siendo infracción sancionable con 200 euros.
En Barcelona, la nueva ordenanza validada por el TSJC en 2026 blinda temporalmente la ZBE mientras Vox recurre los municipios vecinos. La experiencia demuestra que un tribunal puede anular una ZBE por defectos formales y, meses después, convalidar otra redacción de la misma restricción. La inseguridad jurídica es máxima.
Mientras los tribunales deciden, al volante conviene no confiarse: hoy por hoy, entrar sin etiqueta a una ZBE sigue costando 200 euros.
La batalla legal que deja en evidencia la improvisación normativa
El aluvión de recursos judiciales no cuestiona tanto la necesidad de reducir las emisiones como la forma en que se han aprobado las ZBE. Muchas ordenanzas municipales carecen de memoria económica suficiente, no justifican por qué se restringe el acceso a la totalidad del centro urbano o imponen trabas desproporcionadas a autónomos y pequeñas empresas.
El resultado es un mapa fragmentado: ciudades como Madrid mantienen la presión sancionadora pese a tener una sentencia firme en contra, mientras que en Gijón o Segovia las restricciones quedaron suspendidas al primer recurso. La falta de una ley estatal armonizada convierte cada ZBE en un traje a medida que los jueces revisan costura por costura.
Para el conductor, la consecuencia práctica es un escenario de incertidumbre total. Una multa pagada hoy podría ser anulada mañana, pero también podría ejecutarse sin remedio si el tribunal valida la ordenanza. Lo más sensato, mientras el Supremo no unifique doctrina, es asumir que las ZBE están vigentes y circular con la etiqueta ambiental correspondiente. El ahorro de 200 euros no compensa el riesgo de un recurso perdido.
🚨 Ficha de la Normativa
- Infracción / Novedad: Ejecución forzosa de la anulación judicial de las ZBE de Madrid y recursos de Vox contra siete ZBE del área de Barcelona.
- Sanción económica: 3,5 millones de euros en multas podrían quedar sin efecto solo en Madrid; cada sanción anulada son 200 euros. En el resto de ciudades las sanciones se mantienen mientras los tribunales no ordenen lo contrario.
- Puntos del carnet: No aplica.
- Entrada en vigor: El trámite de ejecución forzosa del TSJ está en marcha desde julio de 2026; aún no hay fecha de levantamiento de las restricciones ni de anulación automática de expedientes.
