He revisado esta mañana el texto publicado por el Consejo de Estado chino solo un día después de su difusión y el panorama para la inversión extranjera en el gigante asiático acaba de endurecerse de forma drástica. Pekín ha emitido un nuevo marco regulatorio que, a partir del próximo 1 de julio, le permitirá forzar la desinversión de operaciones transfronterizas ya completadas y restringir la transferencia de tecnología, datos y talento al exterior. La medida, que llega un mes después de que China ordenara a Meta deshacer la adquisición de la startup de inteligencia artificial Manus, supone la formalización legal de un arsenal de represalias contra las restricciones occidentales a la inversión china.
Un marco legal de represalia con alcance extraterritorial
El nuevo reglamento, divulgado por el gabinete chino el 1 de junio —y cuyo contenido he podido contrastar con la nota oficial—, codifica una serie de herramientas que Pekín ya venía utilizando de manera fragmentada. Entre sus puntos más relevantes destacan:
- Desinversiones forzosas: el Consejo de Estado podrá revisar operaciones ya cerradas si considera que afectan a la seguridad nacional y ordenar a los inversores que se desprendan de sus participaciones o cesen la inversión.
- Control de exportaciones ampliado: las empresas chinas necesitarán autorización previa para exportar bienes, tecnologías, servicios o datos considerados restringidos, incluso si la transferencia se realiza mediante el traslado transfronterizo de personal.
- Veto a la movilidad de talento: queda prohibido el movimiento de trabajadores con acceso a tecnologías sensibles sin aprobación gubernamental, un golpe directo a prácticas como el «Singapore-washing» —utilizado por Manus para trasladar empleados y operaciones a Singapur antes de la adquisición por Meta—.
- Sanciones personales y corporativas: Pekín podrá prohibir a empresas extranjeras comerciar con China e incluso cancelar los visados de trabajo y entrada de sus empleados si sus países de origen restringen la inversión china.
El analista Han Shen Lin, director para China de la consultora The Asia Group, lo resume con claridad en declaraciones recogidas por la fuente oficial:
‘Las normas están diseñadas en gran medida para evitar que las empresas chinas se deshagan de activos estratégicos a manos de partes extranjeras, no para impedir que las adquieran. La verdadera historia es cómo se codifica un completo arsenal de represalias contra las entidades estadounidenses que participan en el escrutinio de las inversiones chinas en el exterior.’ — Han Shen Lin, China Country Director, The Asia Group.
La guerra tecnológica sube de temperatura: Pekín blinda sus activos estratégicos
Lo que observo en este movimiento es una pieza más en el tablero de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Pekín no solo replica los controles de exportación que Washington viene aplicando desde 2022, sino que construye un espejo legal con el que retaliar de forma simétrica cada nueva restricción. La inclusión de Taiwán, Hong Kong y Macao bajo el paraguas de las nuevas reglas envía, además, una señal de soberanía en un momento de creciente rivalidad en el Estrecho.
El reglamento otorga un poder discrecional muy amplio al Consejo de Estado, que podrá determinar caso por caso qué operaciones o transferencias amenazan la seguridad nacional sin necesidad de definirlas con precisión. Esto incrementa exponencialmente el riesgo de cumplimiento para los inversores globales en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores o la biotecnología. La incertidumbre jurídica será, a partir de julio, un coste adicional para cualquier empresa extranjera con intereses en China o que pretenda colaborar con socios chinos.
Henry Gao, profesor de Derecho en la Singapore Management University, alerta en sus redes de que ‘cada vez es más difícil para los inversores chinos invertir en el exterior de manera independiente al control estatal’ y apunta a una creciente preocupación en Pekín por las salidas de capital y la presión sobre las reservas de divisas. De hecho, el nuevo marco se superpone a dos decretos de seguridad de la cadena de suministro publicados en abril que ya permitían imponer prohibiciones de salida a empleados de firmas extranjeras involucradas en sanciones contra China.
🌐 El efecto dominó en Occidente
Europa, y en concreto las empresas españolas con exposición a China, deberán recalibrar sus estrategias de inversión y contratación. El nuevo reglamento puede afectar directamente a los acuerdos de coinversión o transferencia tecnológica en sectores como el automóvil eléctrico, la energía o la digitalización. Si la Unión Europea avanza en mecanismos de filtro de inversiones chinas —algo que Bruselas discute activamente—, Pekín tiene ahora el instrumento legal para responder con prohibiciones simétricas sobre firmas europeas en China. Más allá del impacto directo en las grandes corporaciones, la medida añade una prima de riesgo geopolítico que los mercados financieros incorporarán a las valoraciones de las multinacionales con cadenas de valor integradas en Asia. Aunque el efecto en la inflación española es indirecto, un enfriamiento de los flujos de capital tecnológico y de las colaboraciones en I+D podría restar competitividad a la industria europea en el medio plazo, un factor que el BCE y los bancos centrales nacionales no pueden ignorar en sus modelos de crecimiento.
