La Comisión Europea dio luz verde el pasado viernes 29 de mayo al mecanismo de capacidad del sistema eléctrico español, una herramienta que la Asociación Española del Gas (Sedigás) venía reclamando desde 2020. El visto bueno de Bruselas llega tras años de negociaciones y, según la patronal gasista, supone «un hito relevante para la seguridad de suministro» en un sistema cada vez más dominado por las renovables.
Un respaldo que llega con tres años de retraso
El mecanismo de capacidad permite remunerar la disponibilidad de tecnologías capaces de respaldar al sistema cuando la generación eólica o solar no alcanza, especialmente en momentos de alta demanda o baja producción renovable. La idea es sencilla: los ciclos combinados de gas, el almacenamiento y la gestión de la demanda participan en subastas competitivas para recibir pagos por su firmeza, garantizando que siempre haya electricidad suficiente.
En la práctica, el diseño lleva sobre la mesa desde 2020. Sedigás recuerda que el sector ha insistido en la necesidad de contar con este mecanismo durante más de tres años, en un contexto de penetración récord de renovables. En 2026, la generación eólica y fotovoltaica ha superado con frecuencia el 60% del mix, lo que refuerza la urgencia de contar con un paraguas de respaldo.
La decisión de la Comisión Europea, adoptada en el marco de las ayudas de Estado, despeja el camino para que el Gobierno español pueda poner en marcha la normativa que regulará las subastas. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es que el mecanismo esté operativo en 2027, aunque los detalles técnicos aún deben perfilarse.
Sedigás pide máxima celeridad: calendario y parámetros técnicos
La patronal gasista no ha dejado enfriar la noticia. En un comunicado emitido horas después del anuncio de Bruselas, Sedigás instó al Ministerio a culminar la normativa de desarrollo «en el menor plazo posible», y se puso a disposición del departamento que dirige la vicepresidenta Ribera para contribuir a «una implementación ágil y efectiva».
Joan Batalla, presidente de Sedigás, calificó la aprobación como «una excelente noticia para el conjunto del sistema energético español y para todos los consumidores». En su opinión, el mecanismo es «una herramienta imprescindible para asegurar que la transición energética avance manteniendo los máximos niveles de seguridad, fiabilidad y competitividad».
La organización considera «prioritario» que los desarrollos regulatorios y operativos pendientes se tramiten con la máxima celeridad. Entre ellos, destacan la definición del calendario de celebración de la subasta, los coeficientes de firmeza que determinarán qué tecnologías pueden participar y el resto de parámetros técnicos. La falta de concreción en estos puntos ha generado cierta inquietud entre las empresas gasistas, que temen que la burocracia dilate aún más la puesta en marcha.
El mecanismo de capacidad es el reconocimiento de que la transición energética necesita algo más que megavatios verdes: exige respaldo firme para que la luz no falle.
Competitividad industrial y seguridad de suministro
Para Sedigás, la aprobación no es solo una cuestión técnica. La patronal sostiene que un sistema eléctrico más predecible y estable favorece la competitividad de la economía española, «facilitando un entorno energético más seguro para los consumidores y para la industria. El gas, a través de los ciclos combinados, ofrece una flexibilidad rápida que las renovables aún no pueden proporcionar por sí solas sin almacenamiento masivo.
Sin embargo, no todos los actores del sector comparten el entusiasmo de los gasistas. Organizaciones ecologistas y asociaciones de energías limpias han criticado que el mecanismo pueda prolongar la vida de los ciclos combinados más allá de lo necesario, lastrando las inversiones en almacenamiento y demanda flexible. La tensión entre respaldo y descarbonización será uno de los grandes debates de los próximos meses.
De momento, el respaldo de Bruselas sitúa a España en el grupo de países que ya han implantado o están desarrollando mecanismos de capacidad, como el Reino Unido, Francia o Italia. En todos ellos, el gas ha jugado un papel central en la fase de transición, aunque con calendarios de salida progresivos.
El análisis: ¿puente necesario o freno a la transición?
Aquí es donde el debate se vuelve interesante. La autorización europea al mecanismo de capacidad pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo necesitará realmente el sistema eléctrico español para prescindir del gas? La respuesta no es sencilla. Aunque las renovables baten récords casi cada mes, la intermitencia sigue siendo un desafío, y el almacenamiento a gran escala —tanto en baterías como en hidroeléctrica de bombeo— avanza a un ritmo más lento de lo que muchos desearían.
En este contexto, los ciclos combinados de gas actúan como un seguro. En 2026, estas centrales han cubierto entre un 5% y un 12% de la demanda en horas punta y en momentos de baja generación renovable, un margen que aún resulta crítico. El mecanismo de capacidad pretende que ese seguro no se cierre por falta de rentabilidad económica, algo que ya ha ocurrido en otros países europeos donde las centrales de gas dejaron de ser viables y, cuando se las necesitó, ya no estaban disponibles.
La clave estará en el diseño de la subasta. Si los parámetros de firmeza son demasiado laxos, el gas podría acaparar todas las adjudicaciones, desplazando a tecnologías de almacenamiento que también necesitan señales de precio para desarrollarse. Si son demasiado estrictos, el mecanismo podría no atraer a suficiente capacidad de respaldo, dejando al sistema expuesto. En el Ministerio son conscientes de este equilibrio de filigrana.
Desde Merca2.es creemos que la aprobación es un paso lógico, casi inevitable, para evitar sobresaltos en los próximos inviernos. Pero también pensamos que la verdadera prueba de fuego llegará cuando se concreten los coeficientes de firmeza: si el gas se lleva la mayor parte del pastel sin exigencias de reducción de emisiones, el mensaje será contradictorio con los objetivos de descarbonización. Si, por el contrario, la subasta se diseña con visión de largo plazo, puede ser el empujón que necesitan las baterías, el bombeo y la gestión activa de la demanda.
En todo caso, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. La autorización de Bruselas es el banderazo de salida. Lo que ocurra en los próximos meses definirá si el mecanismo de capacidad se convierte en un salvavidas temporal o en una losa para la ambición climática española.
