Vodafone España ha presentado un incidente de nulidad ante el juzgado de lo mercantil de Alicante, el movimiento más agresivo hasta la fecha para revertir el auto que desde abril le impide tomar el control efectivo de Finetwork. La operadora británica intenta anular una resolución que paralizó la ejecución de la compra y que mantiene el consejo de administración en un limbo jurídico con pocos precedentes en el sector.
La maniobra procesal, adelantada por Cinco Días y confirmada por fuentes cercanas al litigio, apunta a vicios de procedimiento en la suspensión dictada hace pocas semanas. Vodafone sostiene que el juez no escuchó a todas las partes antes de decidir, un quebranto de las garantías básicas que, de prosperar, dejaría sin efecto la paralización. Finetwork, por ahora, no ha emitido un comunicado oficial sobre el nuevo paso judicial.
Un órdago jurídico sobre el auto de abril
El incidente de nulidad es una herramienta excepcional en el derecho procesal español. No se trata de un recurso de apelación convencional, sino de una denuncia directa ante el mismo tribunal que dictó la resolución, alegando que ésta incurre en defectos insalvables. En este caso, la defensa de Vodafone España ha argumentado que el juez se apoyó en documentos aportados por la propia Finetwork o por terceros sin dar traslado completo a la compradora. Vulnerar el principio de contradicción puede convertir un auto en papel mojado.
La respuesta del juzgado podría tardar semanas o incluso meses. Mientras tanto, el consejo de administración de Finetwork sigue formado por los miembros designados tras la suspensión, a la espera de la documentación que acredite quién tiene realmente la potestad de gobernar la compañía. Varias fuentes jurídicas consultadas apuntan a que este tipo de incidentes prosperan en contadas ocasiones, pero en escenarios donde la audiencia fue claramente sesgada, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido contundente: el auto debe anularse.
Una guerra corporativa con demasiados frentes
La compra de Finetwork por Vodafone se cerró formalmente en abril, pero el control permanece trabado. Lo que parecía una operación más de consolidación en el mercado de los operadores móviles virtuales ha mutado en un conflicto con ramificaciones accionariales, regulatorias y ahora procesales. Finetwork, fundada en 2007 y con sede en Elche, se ha consolidado como el quinto OMV por clientes, con una base que supera el millón de líneas y un crecimiento especialmente fuerte en fibra convergente.
Vodafone pagó una cantidad que, según datos del sector, ronda los 130 millones de euros, aunque las cifras nunca se han hecho públicas de forma oficial. La operadora británica buscaba fortalecer su músculo en el segmento de bajo coste, donde Finetwork tiene una posición sólida, sin canibalizar su marca principal. Sin embargo, el auto de suspensión ha abierto un boquete en esa estrategia. Ahora, el consejo espera despejar cuanto antes la incertidumbre para aprobar cuentas y plan comercial, pero la parálisis se alarga cada día.
Lo que está realmente en juego: el factor humano de una pyme que ya no es tan pequeña
Nadie discute que Finetwork es una compañía rentable. Su agilidad comercial y la cercanía al cliente —atributos que las grandes telecos envidian— explican buena parte del interés de Vodafone. Perder el control justo después de pagar el precio acordado no solo supone un trastorno financiero: es un daño reputacional para la gestión de integraciones del grupo británico. El mercado de las telecomunicaciones observa con atención porque el precedente podría enfriar futuras adquisiciones de operadores de nicho si la seguridad jurídica se resiente.
Además, el litigio ha reabierto la incógnita sobre los accionistas minoritarios de Finetwork, muchos de ellos fundadores y directivos que ven en la dilación un riesgo para la cultura empresarial que construyeron. La pugna judicial, de hecho, refleja una tensión de fondo entre el valor de una marca local y la lógica industrial de una multinacional. Como señaló a este medio un analista que siguió la operación desde el principio, «Finetwork no es un simple activo: es un equipo, y perderlo sería un fracaso estratégico para Vodafone aunque ganara el juicio».
El incidente de nulidad presentado es, en el fondo, una jugada a dos bandas: presión judicial para recuperar el control rápido y, al mismo tiempo, un mensaje a los actuales gestores de que Vodafone no va a soltar la presa sin pelear en en los tribunales. El desenlace está lejos de escribirse, pero una cosa es clara: la guerra por Finetwork no ha hecho más que empezar.
La vista para resolver el incidente podría fijarse para este mismo verano, aunque los juzgados de lo mercantil en Alicante soportan una carga de trabajo notable. Si el auto cae, Vodafone retomaría el mando de inmediato; si no, deberá plantear un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, lo que alargaría la batalla un año más. En términos financieros, la incertidumbre ya ha provocado que los bonistas de Vodafone Group hayan preguntado en las últimas reuniones por el estado del litigio, según dos fuentes del mercado de deuda consultadas.
