Esta es la principal conclusión del último informe Observatorio del Coste de los Servicios de Operación que apunta a que se está dando un sobrecoste creciente y estructural en la factura de la luz española. Poniendo datos sobre la mesa, el observatorio calcula un total de 25,3 euros/MWh que se están sumado de media sobre el precio de la electricidad. Ante esto el informe señala que la situación se ha agravado especialmente tras la aplicación de medidas extraordinarias como la operación reforzada para reforzar el sistema tras el apagón, que se produjo el 28 de abril del año pasado.
El encarecimiento de los servicios de operación amenaza con lastrar el desarrollo económico y energético del país
A partir de este diagnóstico, el observatorio reclama una actuación inmediata de las administraciones y organismos reguladores para frenar un incremento de costes que, según advierte, está impactando de lleno tanto en los consumidores domésticos como en la competitividad de la industria española. Por ello, el informe considera prioritario introducir mayores niveles de transparencia en todos los conceptos asociados a los servicios de operación del sistema eléctrico, especialmente aquellos vinculados a las medidas extraordinarias adoptadas tras el apagón del pasado año.
En este sentido, el observatorio defiende que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe asumir un papel más activo en la supervisión y fiscalización de estos costes. La entidad subraya que muchos de los cargos adicionales aplicados actualmente continúan siendo poco comprensibles para consumidores y empresas, lo que dificulta conocer con exactitud qué parte de la factura responde realmente al precio de la energía y cuál deriva de servicios de ajuste y operación del sistema.
Además, el informe insiste en la necesidad de que exista información pública, periódica y accesible sobre el impacto económico de estas medidas. Entre las principales reclamaciones figura la publicación de un calendario o plan de acción que permita conocer cuándo dejará de aplicarse el denominado modo de operación reforzada, implantado tras el apagón para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico. Según el observatorio, la retirada progresiva de este mecanismo supondría un ahorro significativo para consumidores e industrias, además de favorecer una integración más eficiente de las energías renovables en el sistema.
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El documento también pone el foco en la necesidad de impulsar soluciones regulatorias que permitan repartir de una manera más equilibrada el coste de estos servicios. Actualmente, buena parte de la carga económica recae directamente sobre el precio final de la electricidad, una circunstancia que, según alertan, penaliza especialmente a los sectores industriales con un alto consumo energético. Por ello, proponen estudiar fórmulas que permitan financiar estos servicios esenciales a través de costes regulados del sistema eléctrico, garantizando así la estabilidad de suministro sin deteriorar la competitividad empresarial.
Junto a las reformas regulatorias, el observatorio considera imprescindible acometer una reforma estructural de la fiscalidad energética en España. El informe apuesta por consolidar de forma permanente medidas como la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, al considerar que su recuperación supondría un encarecimiento artificial de la factura eléctrica. A juicio de los expertos, avanzar hacia un marco fiscal más estable y coherente resulta clave para reforzar la competitividad industrial y acelerar los objetivos de descarbonización.
Finalmente, el informe advierte de que el incremento sostenido de estos costes amenaza con lastrar el desarrollo económico y energético del país en un momento especialmente sensible para la transición ecológica. Por ello, reclama que todas las decisiones regulatorias y operativas estén alineadas con una estrategia que combine seguridad de suministro, reducción de costes y fortalecimiento de la autonomía energética española.
