Alcoa necesita un precio eléctrico ‘competitivo y estable’ para que San Cibrao sobreviva en 2027. Sin él, la planta de aluminio de Lugo no dejará de sangrar dinero.
Esa es la exigencia que la multinacional ha puesto sobre la mesa en la última reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de viabilidad, celebrada este miércoles en la Delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña. El encuentro, que duró más de dos horas, congregó al secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; al delegado del Gobierno, Pedro Blanco; y a representantes del comité de empresa.
El trasfondo es conocido, pero no por ello menos urgente. La planta de Cervo completó en abril el rearranque de sus 510 cubas de electrólisis tras dos años de hibernación forzosa, un hito que devolvió cierta esperanza a una comarca que depende casi en exclusiva del aluminio. Sin embargo, el ruido de las cubas en funcionamiento no basta. Alcoa ha dejado claro que el futuro de la factoría depende de un marco eléctrico estable.
La factura eléctrica, la línea roja de Alcoa
La multinacional Alcoa ha sido clara. En un comunicado remitido tras la reunión, la compañía insiste en que ‘se mantiene centrada en su objetivo de que el complejo pueda operar sin pérdidas para 2027’. Y añade: ‘Teniendo en cuenta las significativas pérdidas financieras en la refinería, Alcoa ha insistido, una vez más, en lo esencial, que es obtener un marco de precios de electricidad para San Cibrao que sea competitivo y estable’.
No es un matiz menor. La planta de Cervo consume alrededor de 3.200 gigavatios hora al año, lo que la convierte en uno de los mayores consumidores eléctricos industriales de España. Cada incremento de un céntimo de euro en el precio del megavatio hora se traduce en un sobrecoste de aproximadamente 32 millones de euros anuales. En un mercado mayorista volátil, donde el pool eléctrico ha oscilado entre los 50 y los 200 euros por MWh en los últimos años, la factura puede dispararse sin remedio.
Por eso, la Xunta ha pedido que se levanten las suspensiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a una decena de parques eólicos. La conselleira Lorenzana confía en que esos aerogeneradores, una vez operativos, permitan a Alcoa acceder a contratos PPA a largo plazo con precios más bajos. También ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que convoque de manera inmediata permisos para que no decaigan las declaraciones de impacto ambiental de otros proyectos.
El horno de cocción, los lodos y la paciencia del comité
Mientras la empresa pone el foco en la electricidad, el comité de empresa y las administraciones presionan en el otro frente. El vicepresidente del comité, Alejandro Martínez, fue contundente a la salida del encuentro: ‘Después de 14 meses sin reunión de seguimiento, que tenía que ser trimestral, Alcoa viene a la mesa sin fechas; no nos valen los compromisos, nos valen los hechos’.
Martínez reclama ‘fechas concretas’ para la construcción del horno de cocción de ánodos, una inversión que eliminaría la dependencia de ánodos importados y reduciría los costes estructurales de la planta. Además, exige que la Xunta apruebe la cuota 110 para el vertido de los lodos y que haya una consignación presupuestaria similar a la que ya se aplicó en la cuota 104. ‘Lo necesitamos para garantizar la producción’, subrayó.
La Secretaría de Estado de Industria ha confirmado que Alcoa recibirá 40 millones de euros del Perte de Descarbonización para el horno de cocción. Pero, como aclaró García Brustenga, la aceptación de la subvención aún está pendiente. Lorenzana fue tajante: ‘Es fundamental que se acepte la subvención y que la empresa diga los plazos para que comience la fabricación del horno’.
En paralelo, la Xunta ha informado de que la tramitación del aumento de capacidad del embalse de lodos avanza ‘en tiempo y forma’, con seis de los dieciséis informes preceptivos ya recibidos.
El dilema industrial: sin energía estable no hay aluminio rentable
La reunión de San Cibrao es un microcosmos de un problema más amplio: la supervivencia de la industria electrointensiva en España. Plantas como la de Alcoa compiten en un mercado global del aluminio donde los precios los marcan fundiciones alimentadas con energía hidroeléctrica barata de Canadá, Islandia o los productores del Golfo Pérsico. En ese contexto, la factura eléctrica no es un gasto más: es la línea de flotación.
La apuesta de la Xunta por desbloquear parques eólicos es coherente, pero corre el riesgo de eternizarse en los tribunales. A día de hoy, varios de esos proyectos llevan meses paralizados por recursos judiciales, y el calendario para que inyecten energía a la red sigue siendo incierto. Alcoa, mientras tanto, no puede esperar.
La realidad es que la industria electrointensiva española lleva años reclamando un marco de precios energéticos competitivo. Los mecanismos de compensación de costes indirectos de CO2 o las subastas de interrumpibilidad han sido parches insuficientes. Sin un marco estable, el riesgo de fuga de carbono es real. Las empresas miran a Francia, donde la energía nuclear ofrece un coste mucho más predecible, o a Alemania, que ha blindado a sus industrias electrointensivas con exenciones millonarias en los peajes de red. La clave está en los contratos bilaterales con renovables, pero para eso hacen falta parques que funcionen y un entorno regulatorio que dé certidumbre más allá de dos años vista.
Desde esta redacción creemos que la aceptación de los 40 millones del Perte sería un gesto de compromiso real por parte de Alcoa. Sin embargo, de poco servirá un horno de última generación si la planta sigue expuesta a precios de la luz que la abocan a pérdidas. El secretario de Estado lo resumió bien: ‘Aún hay mucho camino para que todo sea viable’.
Si en los próximos meses no se cierran las fechas para el horno y el suministro eléctrico sigue al albur de resoluciones judiciales, el objetivo de 2027 podría quedarse en papel mojado. San Cibrao ya sabe lo que es apagar sus cubas; el reto ahora es que no vuelva a hacerlo.
