La crisis de la vivienda en España ya no es solo un problema económico o social: se ha convertido en un factor clave de transformación política. La imposibilidad de emanciparse, el encarecimiento sostenido del alquiler y la percepción de bloqueo institucional están moldeando las prioridades, los valores y hasta la ideología de toda una generación.
En ese contexto, la caída de medidas como la prórroga de los alquileres —tumbada ayer por PP, Vox y Junts per Catalunya a pesar de la histórica crisis habitacional— no solo tiene consecuencias materiales inmediatas, sino que también alimenta un malestar que está reconfigurando el mapa político juvenil. Los datos son contundentes.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de siete de cada diez jóvenes menores de 34 años siguen viviendo con sus padres. En concreto, el 67,1% de los jóvenes entre 18 y 34 años no ha podido emanciparse, una cifra que sitúa a España muy por encima de la media europea, que ronda el 48%, según Eurostat.
La situación es aún más extrema entre los más jóvenes: el 93,4% de quienes tienen entre 18 y 25 años continúan en el hogar familiar. Pero el problema no desaparece con la edad. Entre los 26 y los 34 años, el 44,3% sigue sin independizarse, y lo más relevante: el 47,3% de ellos afirma que no lo hace porque no puede permitirse una vivienda. No se trata, por tanto, de una elección cultural o de comodidad. Es, en gran medida, una imposibilidad económica. El factor determinante es el coste de la vivienda.
Tanto el alquiler como la compra se han disparado en los últimos años, muy por encima de la evolución de los salarios. Esto ha generado una brecha cada vez mayor entre ingresos y precios. Los datos reflejan claramente esta relación: entre los jóvenes con ingresos inferiores a 6.000 euros anuales, el 55,5% sigue viviendo con sus padres.
En cambio, entre quienes superan los 24.000 euros, el porcentaje baja al 29,4%. Aun así, incluso en este grupo más favorecido, independizarse no es sencillo. Además, casi la mitad de los jóvenes que permanecen en el hogar familiar lo hacen exclusivamente por razones económicas. Solo un 1,9% declara que podría emanciparse pero prefiere no hacerlo. El resultado es una generación que ve cómo sus proyectos vitales —formar una familia, desarrollarse profesionalmente, construir un hogar propio— se retrasan o directamente se frustran.
Menos valor a la democracia
Este contexto no solo afecta a las condiciones materiales, sino también a la forma en que los jóvenes entienden el mundo. Según el informe ‘Jóvenes españoles 2026. Cómo son, piensan y actúan’, elaborado por la Fundación SM a partir de más de 1.600 encuestas, se está produciendo un cambio significativo en las prioridades. La seguridad financiera se ha convertido en el eje central: tener un buen empleo, acceder a una vivienda y disponer de estabilidad económica son ahora los principales objetivos. Valores más idealistas, como la igualdad de género o la protección del medioambiente, han perdido peso en comparación con hace apenas unos años.
Por ejemplo, la importancia atribuida a la igualdad de género ha caído del 67% en 2020 al 45% actual. El medioambiente pasa del 55% al 42%, y la igualdad social del 59% al 47%. En paralelo, crecen las aspiraciones vinculadas al dinero, el tiempo libre y la estabilidad. Este cambio de prioridades viene acompañado de una creciente desconfianza hacia el sistema político. El 68% de los jóvenes declara poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia, y el 74% cree que «todos los políticos son iguales».
Más preocupante aún es el aumento de posiciones autoritarias: el 56% considera que en ocasiones es necesario «mano dura» aunque se sacrifiquen libertades, y el 47% cree que un régimen autoritario podría facilitar la convivencia.
En este contexto, el giro ideológico es evidente. Desde 2020, ha disminuido en unos 12 puntos el número de jóvenes que se identifican con la izquierda o el centroizquierda, mientras que han aumentado en casi 14 puntos quienes se sitúan en la centroderecha o la derecha. No es un cambio puntual, sino una tendencia sostenida que los propios autores del estudio consideran estructural.
La conexión entre vivienda y orientación política no es directa, pero sí profunda. La imposibilidad de acceder a una vivienda genera frustración, inseguridad y sensación de estancamiento. Y cuando estas emociones no encuentran respuesta en las instituciones, algunas como el Gobierno de España gravemente salpicadas por la corrupción, se transforman en desafección.
Muchos jóvenes perciben que el sistema no les ofrece soluciones reales. Las medidas públicas, cuando llegan, lo hacen tarde o resultan insuficientes. Y decisiones como la caída de la prórroga de los alquileres refuerzan la idea de que los intereses económicos pesan más que las necesidades sociales. En ese vacío, ganan terreno discursos que prometen orden, seguridad o cambios drásticos, aunque impliquen recortes en derechos o simplificaciones de problemas complejos.
El informe de la Fundación SM también revela transformaciones en otros ámbitos. Aumenta la desconfianza hacia el feminismo: el 66% cree que algunas mujeres buscan privilegios en nombre de la igualdad, y casi el 40% considera que la mujer debe permitir que un hombre la proteja para estar segura.
En cuanto a la inmigración, el 72% opina que las personas migrantes deben adaptarse a la cultura española, el 60% cree que reciben demasiadas facilidades y el 61% vincula su presencia con el aumento de la inseguridad. Además, el 65% considera que «empieza a haber demasiados inmigrantes», una cifra que casi duplica la de hace cinco años.
Estos datos reflejan un endurecimiento de las posiciones en cuestiones sociales, que coincide con el giro hacia valores más conservadores. La clave para entender este cambio está en la incertidumbre. La dificultad para acceder a una vivienda es percibida por los jóvenes como uno de los mayores obstáculos de su vida, con una puntuación de 6,7 sobre 10 en nivel de dificultad. Incluso por encima de encontrar empleo o lograr independencia económica.
Cuando el futuro se percibe como inaccesible, las prioridades cambian. La estabilidad pasa a ser más importante que la transformación, y la seguridad más valorada que la libertad. La juventud española no es homogénea, pero los datos apuntan a una tendencia clara: la crisis de la vivienda está actuando como catalizador de cambios profundos.
No se trata solo de que los jóvenes voten diferente, sino de que piensan diferente, priorizan diferente y se relacionan con la política de otra manera. La falta de acceso a la vivienda no solo retrasa la emancipación: redefine expectativas, altera valores y condiciona decisiones vitales.
