España va a usar el comodín europeo para que el gasto militar no le cuente en la regla fiscal. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Gobierno activará la cláusula de escape nacional prevista por Bruselas para excluir el incremento del gasto en Defensa del cómputo de la senda pactada con la Comisión Europea. La decisión llega justo cuando el techo de crecimiento del gasto neto comprometido para 2025 —el 4,5%— amenazaba con saltar por los aires por culpa de los compromisos militares con la OTAN.
Qué activa exactamente España con la cláusula de escape
La cláusula es un mecanismo recogido en el nuevo marco fiscal europeo que permite a los Estados miembros desviarse temporalmente de la senda de gasto acordada cuando concurren circunstancias excepcionales. Bruselas habilitó en 2025 una vía específica para Defensa, con el aval del Consejo, que permite excluir hasta un 1,5% del PIB anual en gasto militar adicional durante cuatro años.
España se acoge ahora a esa vía. Según el marco fiscal europeo reformado, el país tendrá que notificar formalmente a la Comisión la activación y justificar el incremento del gasto. Cuerpo lo confirmó este lunes: sin esa exclusión, el cumplimiento del 4,5% pactado para 2025 sería inviable con las cifras de gasto militar comprometidas.
El detonante es conocido. El presidente del Gobierno anunció el pasado año la elevación del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB para alcanzar el compromiso OTAN, lo que se traduce en una inyección adicional de unos 10.000 millones de euros respecto al nivel previo. Ese salto, concentrado en pocos ejercicios, hacía matemáticamente imposible respetar simultáneamente el techo de gasto neto y el nuevo compromiso atlántico.
El impacto inmediato sobre el déficit y la negociación con Bruselas
La activación tiene consecuencias técnicas relevantes. El gasto militar excluido no desaparece del déficit ni de la deuda —sigue computando para Eurostat—, pero sí queda fuera del indicador de gasto neto que vigila la Comisión Europea para evaluar el cumplimiento del plan fiscal a medio plazo presentado por España.
¿Hasta dónde puede estirarse este recurso? La cláusula tiene caducidad y límites. La propia Comisión advirtió en su comunicación de marzo de 2025 que el mecanismo no es un cheque en blanco y que evaluará caso por caso si el gasto declarado responde efectivamente a Defensa o si se cuelan partidas de otra naturaleza. España deberá presentar un desglose detallado, y aquí es donde aparece la primera fricción técnica: la frontera entre gasto militar puro, infraestructuras de doble uso y ayudas a la industria de Defensa no siempre está clara.
Los socios europeos no están aplicando el mecanismo de forma homogénea. Alemania ya lo activó en 2025 con un volumen muy superior. Francia ha optado por una senda mixta. Italia mantiene la prudencia y por ahora no se ha acogido. España llega tarde al grupo de los que activan, y eso le da margen, pero también la sitúa bajo el foco: cualquier desviación adicional sobre lo declarado tendrá un coste reputacional en la próxima evaluación de Bruselas.
Una herramienta útil que esconde un problema fiscal de fondo
Dicho con franqueza: la cláusula de escape resuelve el problema contable, no el problema económico. Lo que España está haciendo es trasladar a un compartimento estanco un gasto estructural creciente que tarde o temprano tendrá que financiarse con ingresos recurrentes o con más deuda. Y la deuda pública española sigue por encima del 100% del PIB, en niveles que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal viene señalando como preocupantes desde hace varios ejercicios.
El precedente histórico invita a la cautela. Las cláusulas de escape activadas durante la pandemia se justificaron por una emergencia acotada en el tiempo. La de Defensa responde a un cambio geopolítico estructural —la guerra en Ucrania, la presión de Washington sobre el reparto de cargas en la OTAN, el rearme alemán— que no va a revertirse en cuatro años. Cuando el mecanismo expire, España se encontrará con un nivel de gasto militar consolidado y sin la red de seguridad europea para sacarlo del cómputo.
Hay además una incógnita política. La aprobación parlamentaria de los presupuestos sigue siendo un terreno minado, y el incremento del gasto en Defensa no goza del consenso del bloque que sostiene al Gobierno. Activar la cláusula es una decisión técnica del Ejecutivo que no requiere votación, pero ejecutar el gasto sí pasará por las Cortes en algún momento. Habrá que ver si el ministerio que dirige Cuerpo logra mantener la coherencia entre el discurso fiscal de disciplina y la realidad de un gasto militar que crece a doble dígito.
El próximo hito relevante llegará con la evaluación que la Comisión Europea publicará sobre los planes fiscales nacionales en su revisión semestral. Ahí sabremos si Bruselas valida el desglose presentado por Madrid o si pide ajustes. Y el verano traerá otra prueba: la elaboración del cuadro macro y la senda de ingresos para 2027, donde el agujero estructural que está dejando este gasto adicional empezará a ser visible incluso con la cláusula activada.
