La Moncloa acusa a las instituciones gobernadas por el PP de obstaculizar el proceso bajo directrices «racistas y xenófobas», en un clima de creciente tensión institucional que, sin embargo, está teniendo una presencia desigual en el debate público y una cobertura muy limitados en algunos espacios mediáticos, especialmente en Madrid.
Los primeros días del proceso de regularización extraordinaria están dejando aflorar también una realidad muy distinta en el terreno: gestos de solidaridad organizados en forma de «cadena de favores», donde migrantes que ya han logrado presentar su solicitud vuelven para ayudar a otros en el mismo trámite. Este fenómeno se está produciendo, entre otros espacios, en la entidad colaboradora Acción Triángulo.
Su portavoz, Gerjo Pérez, ha descrito cómo el proceso ha generado una dinámica comunitaria inesperada, en la que las propias personas beneficiarias se convierten después en voluntarias. Según explica, muchas regresan para ayudar a otros en tareas básicas como escanear documentos, orientar o acompañar, en un circuito de apoyo mutuo que define como una cadena de favores «muy emocionante» por las historias personales que hay detrás de cada expediente.
También ha subrayado que el acompañamiento va más allá de lo administrativo, incluyendo orientación y apoyo ante la desinformación y la complejidad del proceso. Este tejido social contrasta con la fuerte disputa institucional que acompaña la implementación de la regularización.
El Gobierno central ha acusado al Partido Popular de trasladar «directrices políticas» a sus ayuntamientos para dificultar el proceso, especialmente en la emisión de certificados de vulnerabilidad, un documento clave en determinados supuestos. En ese contexto, la Moncloa ha endurecido su discurso al hablar de prácticas «racistas y xenófobas», enmarcando las trabas administrativas como algo que va más allá de la simple gestión técnica.
En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la regularización extraordinaria y ha apoyado las acciones judiciales impulsadas contra el Real Decreto, cuestionando la medida por su impacto en la capacidad administrativa y por su diseño acelerado.
Desde su posición, el proceso genera inseguridad jurídica y falta de planificación, mientras el Gobierno central lo defiende como una respuesta necesaria para ordenar una realidad migratoria ya existente y garantizar derechos básicos. Más allá del enfrentamiento político, el mapa territorial muestra respuestas muy diferentes según la administración.
En Navarra, el Gobierno foral ha activado ayudas de 150.000 euros para entidades sociales y sindicales que están sosteniendo la tramitación sobre el terreno. Este refuerzo busca precisamente acompañar a las organizaciones que están absorbiendo la mayor parte de la demanda y evitar que el sistema colapse en sus fases iniciales.
Cataluña ha optado por reforzar la colaboración con entidades sociales. Cáritas ha comenzado a emitir informes de vulnerabilidad en varias diócesis, lo que permite acelerar expedientes y distribuir mejor la carga de trabajo entre administración y tercer sector. Este modelo de cooperación está permitiendo que el volumen de solicitudes se gestione con mayor fluidez en zonas de alta demanda.
En contraste, en algunos ayuntamientos gobernados por el PP se han producido posiciones abiertamente contrarias al proceso. En Madrid capital, el consistorio ha cuestionado su viabilidad en los términos actuales, mientras que en otros municipios como Pozuelo de Alarcón se han registrado tensiones en torno al uso de espacios municipales para actividades de asesoramiento a migrantes.
En Andalucía, Juanma Moreno (PP) se ha desmarcado de la actitud de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, y se ha negado a descalificar la regularización que beneficiará a más de medio millón de personas que carecían de derechos en España.
Voluntarios
En este contexto, el papel de organizaciones como Acción Triángulo se vuelve especialmente relevante. Con más de 90 voluntarios y un sistema de atención continuo, la entidad está sosteniendo un volumen elevado de expedientes mediante revisión documental, digitalización y acompañamiento.
Gerjo Pérez insiste en que el proceso está generando una red de apoyo espontánea en la que muchas personas, tras ser atendidas, se integran como voluntarias para ayudar a otras, reforzando así la capacidad de respuesta del sistema.
El resultado es un proceso que avanza en dos planos claramente diferenciados pero interdependientes. Por un lado, un nivel institucional marcado por tensiones políticas, recursos judiciales y acusaciones cruzadas sobre el grado de colaboración o bloqueo entre administraciones. Por otro, una realidad social en la que redes ciudadanas, entidades y voluntarios están sosteniendo de forma efectiva la regularización en el día a día.
