La pinza conformada por PP, Vox y Junts per Catalunya tumbará hoy la prórroga de los alquileres, por lo que este es el último día para solicitar la ampliación de dos años. En paralelo, estas mismas formaciones se preparan para intentar frenar uno de los pilares de la ley de vivienda: la declaración de zonas tensionadas, un mecanismo que lleva dos años limitando las subidas del alquiler en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto especialmente difícil.
La coincidencia no es menor. En el mismo momento en que se desactiva una herramienta de protección directa para inquilinos, se pone en cuestión otra que, según los datos disponibles, ha contribuido a contener los precios en distintos territorios.
Comunidades como Euskadi, Cataluña o Navarra han logrado frenar, en mayor o menor medida, la escalada del alquiler gracias a esta figura jurídica. Y, de forma más llamativa, también algunas localidades de Galicia. Ahí es donde emerge una de las principales contradicciones del momento político: Galicia es, a día de hoy, la única comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que está aceptando aplicar la ley estatal de vivienda en este punto, atendiendo a las solicitudes de ayuntamientos gobernados por la izquierda.
Lo hizo con A Coruña y ahora se prepara para hacerlo con Santiago de Compostela, en un movimiento que marca distancias con la estrategia fijada desde Génova 13. El Gobierno gallego dará luz verde a la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado.
El departamento autonómico ya ha firmado la resolución, paso previo a su tramitación definitiva. Ahora será el Ayuntamiento de Santiago el encargado de presentar un plan de acción, que posteriormente deberá ser recogido por el Gobierno central en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a este avance, la Xunta mantiene su discurso crítico con la medida.
Desde la administración autonómica insisten en que siguen estando en contra de esta herramienta, al considerar que no tiene efectos reales en el mercado residencial. Sin embargo, los hechos reflejan una aplicación práctica que contradice esa posición política: la capital gallega seguirá así los pasos de A Coruña, que fue declarada zona tensionada el 30 de julio de 2025, convirtiéndose en la primera ciudad de Galicia en acogerse a esta figura.
Este movimiento sitúa a Galicia en una posición singular dentro del mapa autonómico. Mientras otras comunidades gobernadas por el PP han optado por rechazar frontalmente la ley de vivienda o recurrirla judicialmente, la Xunta está permitiendo que, al menos en determinadas ciudades, se desplieguen sus instrumentos. Es un equilibrio incómodo entre el rechazo político y la gestión administrativa que evidencia las tensiones internas dentro del propio partido.
En paralelo, el desarrollo de las zonas tensionadas continúa en otras comunidades. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana prevé publicar en el BOE la declaración de tres nuevos municipios vascos: Arrasate, Pasaia y Zestoa. Estas incorporaciones se suman a un proceso ya consolidado en Euskadi, donde esta herramienta ha ido ganando peso en los últimos meses. De hecho, Euskadi cuenta ya con 14 municipios declarados como zonas tensionadas, tras la incorporación reciente de localidades como Hernani, Lezo y Tolosa.
Esta expansión responde a una estrategia clara: utilizar la capacidad reguladora de la ley para intervenir en mercados locales donde el precio del alquiler se ha disparado por encima de la capacidad económica de la población. Cataluña fue la comunidad pionera en la aplicación de esta medida y sigue siendo el principal referente empírico en el que se apoya el Gobierno central para defender su eficacia. Actualmente, 140 municipios catalanes están declarados como zonas tensionadas, lo que ha permitido analizar con mayor precisión sus efectos sobre el mercado.
Según datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), un año después de la aplicación de estas medidas, los alquileres descendieron un 4,9% en el conjunto de municipios afectados. En Barcelona, la caída fue aún más significativa, alcanzando el 8,9%. En el total de Cataluña, el descenso se situó en el 4,7%.
Además, uno de los argumentos más utilizados por los detractores —la posible reducción de la oferta— no se ha materializado en estos términos: se registraron 3.112 contratos de alquiler más que el año anterior. Estos datos refuerzan la idea de que la intervención pública puede tener efectos moderadores en mercados tensionados sin necesariamente provocar un colapso de la oferta.
En ese sentido, la experiencia catalana, junto con la extensión progresiva del modelo en Euskadi y Navarra, dibuja un escenario en el que las zonas tensionadas funcionan como una herramienta útil para contener precios y mejorar el acceso a la vivienda.
Hasta julio de 2025, había un total de 301 municipios declarados como tensionados en España. Con las incorporaciones posteriores —en octubre de ese mismo año y febrero de 2026— la cifra ascendió a 308, sin contar aún Santiago de Compostela ni los tres nuevos municipios vascos, que están pendientes de su publicación oficial en el BOE.
En este contexto, el intento de PP, Vox y Junts de frenar esta herramienta introduce un elemento de incertidumbre sobre el futuro de una de las principales palancas regulatorias del mercado del alquiler. La paradoja es evidente: mientras algunas administraciones, incluidas algunas gobernadas por el propio PP, comienzan a aplicar la medida ante la presión del mercado y de sus ciudadanos, a nivel estatal se plantea su desactivación.
