El Congreso de los Diputados ha activado la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que el Gobierno prometió a la Comisión Europea aprobar antes de finalizar 2024 y de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros en fondos europeos.
Presentadas las enmiendas el año pasado, ahora se ha convocado una ponencia a puerta cerrada para que los grupos parlamentarios vayan ordenando sus trabajos y se vayan poniendo sobre la mesas sus principales propuestas. Fuentes parlamentarias confirman a Europa Press que la reunión será el próximo martes, 18 de febrero.
La norma en cuestión busca descarbonizar el transporte, reconocer la movilidad como un derecho y aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector. El proyecto comenzó a tramitarse ya en la legislatura pasada, pero decayó con el adelanto electoral y el Gobierno la retomó en 2024.
Sin embargo, la ley tuvo que superar una enmienda de totalidad del PP y después los grupos registraron 700 enmiendas al articulado del texto, por lo que el Ejecutivo tuvo que posponer la tramitación de la norma y no aprobarla en 2024 como pretendía.
EL PP DICE QUE LA LEY NO ESTABLECE OBJETIVOS CLAROS
Además, el texto no tiene asegurados los apoyos suficientes para prosperar su tramitación. El PP quiso devolver el texto al Ejecutivo porque considera que la ley no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España.
Los de Alberto Núñez Feijóo argumentaban en su enmienda de totalidad que la norma no menciona plazos transitorios, cronogramas de ejecución de medidas, obligaciones de ciudadanos y empresas ni previsión de inversiones públicas cuantificables. No obstante, el Congreso no respaldó la enmienda del PP, que sólo consiguió el respaldo de Vox y UPN.
DISCREPANCIAS CON SUMAR POR EL MAPA CONCESIONAL DE AUTOBUSES
Uno de los puntos más relevantes de esta ley es un nuevo mapa concesional del transporte de autobuses en toda España. La idea es ordenar el mapa concesional de líneas de autobús interurbanas y reducir el número de paradas estatales.
A cambio, se compensaría a las comunidades autónomas con 40 millones de euros, una cuantía que Sumar ya ha avisado de que no es suficiente. El diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo, le dijo al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que esa compensación «no da en absoluto».
De este modo, los socios de Gobierno tendrán que negociar el diseño de este nuevo mapa concesional o destinar una mayor cuantía para que las autonomías puedan reestructurar mejor sus servicios de transporte.
