En 2022, el sector de la energía eólica generó el 0,5% de la riqueza nacional, lo que traducido a dinero contante y sonante resulta en una aportación de 5.896 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) registrado el año pasado. El dato procede del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
En concreto, el sector contribuyó de forma directa con 4.012 millones el año pasado, mientras que de forma indirecta aportó 1.883 millones de euros. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles permitió ahorrar a los consumidores españoles 7.358 millones de euros en 2022 (31,25 euros por megavatio hora), debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico.
Por su parte, la potencia eólica se incrementó en 1.640 megavatios (MW), por lo que al cierre de 2022 España contaba con 29.813 MW en total. A su vez, la generación eólica fue de 61.069 GWh, lo que supone una cobertura de la demanda del 24%, frente al 8% en 2005. De esta manera, fue la segunda tecnología en el mix energético.
ADEMÁS DE LA RIQUEZA DIRECTA GENERADA, LA EÓLICA LE AHORRÓ A LAS CUENTAS NACIONALES LA IMPORTACIÓN DE CASI 6.500 MILLONES DE EUROS EN PETRÓLEO
En cuanto a empleo, el sector dio trabajo a 39.015 personas (18.278 empleos directos y 20.737 empleos indirectos), con un incremento del 14% frente al año anterior.
El informe muestra también que, en 2022, la actividad exportadora supuso 2.512 millones de euros, siendo España el quinto exportador bruto del mundo de aerogeneradores, por detrás de Alemania, Dinamarca, China e India. Asimismo, la energía eólica ahorró la importación de 86 millones de barriles de petróleo equivalentes (11,7 millones de teps), con un valor de 6.491,7 millones de euros, que equivale al gas natural que transportan 147 buques metaneros.
En términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en 2022 se dejaron de emitir 32 millones de toneladas de CO2, lo que supuso un ahorro en los derechos de emisión de 2.314,4 millones de euros.
El informe de Deloitte concluye que el sector eólico «continúa soportando una carga fiscal importante», pues por cada 1.000 euros de ingresos, 123 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos.
Sobre I+D, el sector eólico realizó inversiones en esta materia a los largo de 2022 equivalentes al 3,36% de su contribución al PIB, es decir, 134,9 millones de euros.
UN 10% DE LOS MUNICIPIOS TIENEN PRESENCIA EÓLICA
A nivel local, un 10% de los municipios españoles tienen presencia eólica y un 11% de la población española vive en municipios en los que hay parques eólicos. En concreto, la potencia se concentra en cinco comunidades autónomas, que aglutinan el 79% del total: Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía.
A su vez, el informe apunta que las provincias en las que una mayor cantidad de población está situada en un municipio con potencia eólica son Albacete (82%) y Zaragoza (81%), seguidos de Valladolid (63%), Palencia (61%) y Las Palmas de Gran Canaria (49%).
Analizando el número de provincias el informe apunta que los parques eólicos tienden a localizarse en municipios en los que la población es más baja, «contribuyendo a fijar población, dado que generan actividad económica y empleo».
RETOS PARA EL SECTOR EÓLICO
En términos generales, los autores del documento sostienen que la apuesta de España por la eólica ha resultado ser la mejor inversión país en el campo energético de los últimos 20 años. Según las conclusiones de la obra, el balance neto es claramente positivo hacia esta tecnología, por los beneficios que supone para la economía y la sociedad. La energía de viento es estratégica para la economía y la autonomía industrial y tecnológica de nuestro país, con una aportación al PIB equivalente al de otros sectores de la denominada «marca España».
El estudio, no obstante, explica que el ritmo anual de instalación de la eólica «es inferior al necesario para cumplir con los objetivos nacionales y europeos de integración de renovables». Por ello, considera que acelerar el ‘permitting eólico’ «debe ser una prioridad», además de «dar señales de estabilidad regulatoria para atraer financiación al país y evitar deslocalizaciones industriales a futuro».
El informe también apuesta por la repotenciación de parques eólicos y el avance en la electrificación. Asimismo, recalca la urgencia de proteger la cadena de suministro eólica frente a la presión de terceros mercados (principalmente China) por liderar la capacidad de fabricación global.
Además, señala que el Wind Power Action Plan europeo debe ser implementado en España «con la mayor celeridad posible» y que es necesario aprobar el marco regulatorio de la eólica marina y que para conseguir los retos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se debe disponer de la primera subasta a lo largo de 2024.
