Los nuevos accionistas de Celsa avanzan en la aplicación de su plan de reestructuración aprobado judicialmente, con el nombramiento de Rafael Villaseca como nuevo presidente, mientras que Jordi Cazorla tomará posesión en enero como consejero delegado, informa el grupo en un comunicado este viernes.
LO DE CELSA
Villaseca fue consejero delegado de Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) de 2005 a 2018, y ahora es presidente de la Fundación Naturgy y consejero de Cementos Molins y VidaCaixa.
Cazorla, ingeniero industrial por la UPC y MBA por la UB, ha sido director general de Ds Smith para el sur de Europa y antes ocupó posiciones directivas en Ideal Standard, American Standard, General Electric y Hewlett Packard.
Hasta que Cazorla se incorpore a la compañía, el director general será el responsable de FTI Consulting España, Sergio Vélez; y el abogado del Estado Daniel Alaminos será el secretario del consejo de administración.
En paralelo, el grupo formalizó ante notario este jueves la capitalización de la deuda, según ha avanzado ‘Bloomberg’ y han confirmado fuentes de los nuevos propietarios.
CONSEJEROS INDEPENDIENTES
A la espera de la designación definitiva del consejo, se incorporan de manera provisional cuatro consejeros independientes: María Esther Alfonso, Antonio Arenas, Francisco Javier Díaz-Gálvez y Luis Aurelio Martín.
Con estos nombramientos «se inicia una nueva etapa que supone un punto de partida para consolidar el liderazgo de Celsa en el sector», ha destacado Villaseca.
Estos nombramientos se producen en aplicación del plan de reestructuración aprobado en septiembre por sentencia judicial, «que permitirá a Celsa reducir su deuda en 1.400 millones y ampliar en 5 años el vencimiento de la deuda restante, dejando a la compañía con una situación financiera muy mejorada», explica en un comunicado.
La operación ha incluido la aceptación por parte de los nuevos accionistas de «una serie de compromisos con las autoridades, entre los que destacan el mantenimiento de la viabilidad de la compañía a largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y la capacidad productiva».
